Los últimos 100 días de Guantánamo

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Rebelion. Los últimos 100 días de Guantánamo





Los eternos prisioneros de Guantánamo

Introducción de Tom Engelhardt

He aquí una breve noticia de nuestra época: el contralmirante Peter Clark es el 16º comandante del tristemente célebre complejo penitenciario de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo, Cuba, inaugurado en enero de 2002; todo parece indicar que no será el último en comandarlo. Tal como informó recientemente New York Times, la administración Trump ya tiene listo el borrador de una orden ejecutiva que ordenaría al Pentágono que utilice esa prisión para “encarcelar a sospechosos de pertenecer a ‘al-Qaeda, al Taliban u organizaciones asociadas, incluyendo a personas y redes relacionadas con el Estado Islámico (en adelante, Daesh)’”. Se supone que uno de esos sospechosos de terrorismo, Abu Khaybar, mantenido preso en Yemen por “otro país” desde el final de la era Bush y asociado desde hace tiempo con al-Qaeda está entre los primeros posibles nuevos detenidos de Guantánamo.

Veamos todo esto como la garantía de que la prisión de peor fama del mundo tendrá sin duda el 17º, el 18º, el 19º comandante... gracias a la administración –creadora de empleo– de Donald J. Trump quien, durante la campaña electoral de 2016, juró que mantendría abierta la prisión y la “llenaría con algunos tipos malos”. Además, en lugar de gastar en ella –según sostenía– 40 millones de dólares por mes para mantenerla cuidada, él “garantizaba” que lo haría por una “miseria”. Después de las elecciones, según nada menos que Sean Spicer, secretario de prensa de la Casa Blanca, el presidente “cree aún que Guantánamo no tiene un cometido del todo saludable en la seguridad nacional”. Por supuesto, el Daesh estaría de acuerdo tanto con el presidente como con Spicer en que es verdaderamente “saludable”; para el Daesh, desde luego, que ya ha filmado horribles vídeos de tortura y asesinato, mientras viste sarcásticamente a sus prisioneros con los monos anaranjados que hicieron (tristemente) famosa la prisión de Guantánamo.

Todo lo que puedo hacer es agradecer a dios el hecho de que, a pesar de que en su primer día en el cargo prometiera que en un año cerraría Guantánamo, el presidente Obama en su último mes de gobierno no emitiera una orden ejecutiva para hacerlo (como ciertamente podría haber hecho). Habría proporcionado al presidente Trump un terrible precedente de uso abusivo* de las órdenes ejecutivas y marcado así el camino, a pesar de las interminables quejas de los republicanos acerca de esos excesos durante la época de Obama, para recurrir él mismo a las órdenes ejecutivas. (¡Qué pena!) Entonces, en relación con el futuro de la alegalidad guantanamera y de esa joya de la corona de lo que una vez fue un Triángulo de las Bermudas de la injusticia fuera de fronteras, todo parece sumamente débil, incluso aunque todavía no sepamos si acaso la administración Trump enviará allí a ciudadanos de Estados Unidos. Desgraciadamente, no todos las personas de este país han experimentado por igual los beneficios de la prisión de Guantánamo. Caren Greenberg, colaboradora habitual de TomDispatch, directora del Centro de Seguridad Nacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Fordham y experta en Guantánamo, que ha escrito sobre esta cuestión para este portal durante más de una década, ciertamente es una de ellas. Hoy nos cuenta su triste historia.

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La historia que nunca fue

En la primavera (del Hemisferio Norte) de 2017 le pedí a un estudiante que me hiciera un favor y calculara cuál sería el día número 100 antes de que Brack Obama terminara su presidencia. Me respondió que ese día sería el 12 de octubre; después, me hizo la pregunta obvia: ¿Por qué diablos quería saberlo?

La respuesta era simple. Unos años antes, yo había escrito un libro sobre los primeros 100 días de Guantánamo y ya estaba pensando en escribir otro sobre los últimos 100 días de ese campo de detención. Ya llevaba casi ocho años esperando ese momento, desde que en su primer día en el cargo, el presidente Obama firmó una orden ejecutiva para que en un plazo de un año se cerrara esa tristemente famosa prisión fuera de nuestras fronteras.

Sabía exactamente qué escribiría. Detalle a detalle, la obra narraría el desmantelamiento de esa instalación carcelaria, igual que una película proyectada al revés. Yo tendría la posibilidad de describir la forma en que los últimos detenidos se marcharían en aviones (aunque no como cuando habían llegado, amarrados al piso, llenos de llagas y llevando gafas de privación sensorial). Contaría el cierre de la cocina, el vaciamiento de la guarnición y la interrupción de todas las actividades.

Quince años después de su puesta en marcha por la administración Bush como un sitio importantísimo en su Guerra Global Contra el Terror, yo tendría que conocer los pensamientos de despedida, tanto los de los últimos militares estadounidenses destacados allí como los de los últimos presos, tal como una vez había registrado las impresiones de los primeros detenidos y sus captores cuando la prisión de Guantánamo fue inaugurada en enero de 2002. Podría dramatizar los inevitables diálogos entre agencias relacionadas con la seguridad y el control de los detenidos una vez cerrada la prisión y sobre la preparación de algunos de ellos para la vida en una cárcel de Estados Unidos. A pesar de que para mí hacía mucho tiempo que se trataba de un sueño distante, yo imaginaba con particular deleite cuando estuviese escribiendo sobre el cierre de las puertas de ese símbolo de la injusticia fuera de fronteras erigido por la administración Bush y sobre la reapertura de los tribunales federales para los reclusos de Guantánamo, entre ellos algunos de los implicados en la preparación de los ataques del 11-S.

Yo estaba impaciente por describir el alivio sentido por quienes habían luchado contra la existencia de esa prisión y cómo había sido, año tras año, continuar con lo que para muchos de ellos había sido una batalla perdida. Casi podía prever el alivio pintado en las caras cansadas de los abogados defensores y los psicólogos que habían llegado a conocer de primera mano el suplicio vivido por los prisioneros de Guantánamo – adolescentes, algunos de ellos– que habían sido destinados a ese limbo eterno, muchos de ellos torturados psicológicamente y alguna veces físicamente. También imaginaba –y podéis tenerme por la más soñadora de los optimistas– recopilando declaraciones de arrepentimiento de miembros del gobierno y las fuerzas armadas que en algún momento habían compartido responsabilidades en el emprendimiento Guantánamo.

A diferencia de mí, la mayor parte de los críticos y activistas que se oponen a ese establecimiento carcelario hace mucho tiempo que había abandonado toda esperanza de que Obama cumpliera con lo dispuesto en su temprana orden ejecutiva. Con el paso de los años, las razones para ese abandono fueron varias. Algunos se volvieron pesimistas en la primavera de 2009, cuando cinco meses antes de jurar su cargo, el presidente manifestó que la detención indefinida –mantener entre rejas a personas sin cargos ni intenciones de llevarlas a juicio ni liberarlas– continuaría siendo un criterio clave de la futura política de Washington. Un grito colectivo de indignación fue lanzado por la ACLU, el Centro por los Derechos Constitucionales y otras organizaciones que se ocupaban desde hacía tiempo del agujero negro –legal, moral y político– de Guantánamo. Desde entonces, pareció darse un interminable deslizamiento hacia la idea de que incluso si se cerrara Guantánamo las detenciones indefinidas no acabarían (en otras palabras: sencillamente, el corazón y el alma de esta unidad carcelaria serían trasplantados en prisiones de Estados Unidos).

Con los años, algunos otros perdieron toda esperanza a medida que el proceso de cuestionar la detención de los prisioneros de Guantánamo –conocido como pedido de habeas corpus– resultó ser cada vez más un callejón sin salida. Después de un par de años en los que tribunales inferiores concedieron la libertad a los detenidos aproximadamente en el 75 por ciento de los casos, empezaron a predominar las revocaciones y denegaciones, lo que ocasionó un virtual parón del habeas corpus; Brian Foster, destacado abogado de Cavington & Burling LLP, experto en ese tipo de recurso, lo planteó con toda claridad: “Es una situación lamentable”.

Entonces, en la ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés) el Congreso prohibió el traslado de cualquier preso en Guantánamo a Estados Unidos, fuera cual fuese el propósito –juicio, prolongación de detención o puesta en libertad–. Si los tribunales federales no podían ocuparse de ellos y las prisiones federales no podían alojarlos, ¿cómo diablos podía cerrarse alguna vez Guantánamo?

Todavía hubo otros que perdieron la esperanza; en los años de Obama, se constituyeron unas novedosas comisiones militares que pretendían convertir a los prisioneros de Guantánamo en un grupo de inútiles. Desde 2002, murieron más prisioneros (nueve) que los que fueron juzgados con éxito (ocho) por esas comisiones militares. Y de las ocho condenas que consiguieron, dos mediante juicio y seis mediante negociaciones entre el fiscal y la defensa, cuatro ya habían sido rechazados totalmente o en parte.

En otras palabras, esas comisiones, supuestamente la respuesta de la administración Obama a la detención sin juicio, nunca funcionaron. Se espera que en los casos aún pendientes las vistas previas al juicio, en curso durante años, continúen en el décimosexto año después de que se realizaran los ataques por los cuales los acusados son procesados. El fiscal jefe de los cinco demandados por los hechos del 11-S, que fueron llevados a Guantánamo en 2006 y acusados en 2012, ha propuesto recientemente –sin la menor señal de ironía o remordimiento– que los juicios comiencen en marzo de 2018. Si se tienen en cuenta las apelaciones, esos procesos podrían acabar en la tercera década de este siglo.

Los 100 últimos días que no fueron

Si sumamos todo lo anterior, tenemos una aplanadora de hechos que van más allá de lo ominoso y sugieren que jamás se cerrará Guantánamo. A medida que se aproximaban los últimos días de la presidencia Obama, parecía que yo era la única persona que tenía alguna fe de que nuestro presidente número 44 mantendría la promesa hecha en su primer día en el cargo. Algunas veces, me parecía que mi optimismo era preocupante pero yo no podía renunciar a él y, para ser justa conmigo misma, no solo estaba rechazando porfiadamente sumarme al negativismo que me rodeaba. Había razones para mi optimismo, por más eterna optimista que pudiera haber sido.

Después de todo, era evidente que la prisión de Guantánamo era completamente merecedora de ser clausurada. Después de un siglo de abordar cuestiones relacionadas con la seguridad nacional, los tribunales federales estaban más que preparados para ocuparse de lo que estuviera involucrado en este tipo de casos (a pesar de los reclamos de los congresistas republicanos). No había excusa alguna para la existencia de Guantánamo. Hacia el final del periodo Obama ya había habido cerca de 500 acciones judiciales contra personas acusadas de terrorismo, entre ellas tanto autores de ataques con resultado de muertes como personas que se habían adiestrado con los jefes de al-Qaeda, y al revés de los sucedido en Guantánamo, los tribunales habían –legal y eficazmente– puesto entre rejas a los culpables.

Las pruebas confidenciales se habían manejado como para que no se revelara información sensible y aun así permitieran la realización de procesos públicos. Los jurados se habían reunido repetidamente sin que su integridad corriera riesgo alguno; al mismo tiempo se habían adoptado medidas de seguridad perfectamente razonables para proteger las sedes judiciales y a sus funcionaros. Es verdad, mayormente los tribunales federales habían preferido no ocuparse del extendido maltrato y la tortura a los prisioneros de la guerra contra el terror, pero en el único caso en que un preso de Guantánamo, torturado en un sitio clandestino de la CIA, había llegado a un tribunal federal, un juez había dictaminado que las prueba obtenidas mediante tortura no eran válidas y de todas maneras el proceso siguió su curso sin interrupciones hasta su conclusión.

Además, a pesar de que los recursos de habeas corpus habían resultado en cada vez menos liberaciones de presos en Guantánamo, el ritmo de las sesiones para determinar qué prisioneros podían quedar libres de sospecha y ser puestos en libertad sin pasar por un tribunal se aceleró radicalmente. En 2011. el presidente Obama puso en marcha comisiones de revisión periódicas con la intención de identificar a detenidos cuya liberación ya no representaba peligro alguno (en algunos casos, nunca lo había representado).

Entonces, cuando en el otoño de 2015, Obama nombró enviado especial para el cierre de Guantánamo a Lee Wolosky, mis esperanzas se reanimaron. Yo conocía a Wolosky, un abogado muy sensato que se había desempeñado en el consejo de seguridad nacional tanto con Bill Clinton como con George W. Bush; él parecía ese tipo de hombre capaz de llegar a diplomáticamente a delicados acuerdos para conseguir que el trabajo se realizara. De hecho, gracias a su trabajo se consiguió que 75 prisioneros –de los cuales cerca del 40 por ciento pertenecía a la población de Guantánamo heredada por Obama– fueran puestos en libertad para ser recibidos por terceros países de buena voluntad. Cuando Obama dejó su cargo y lo asumió Trump, la población de la prisión había disminuido a 41 reclusos: cinco de ellos –con la libertad concedida– aún permanecían allí cuando Wolosky dejó su empleo; 10 casos estaban en manos de comisiones militares y 26 detenidos eran los “prisioneros eternos, como los llamó acertadamente la periodista del Miami Herald Carol Rosemberg (se refería a quienes debían permanecer presos indefinidamente porque eran considerados demasiado peligrosos como para quedar en libertad aunque no había pruebas suficientes para llevarles a juicio).

Había otro aspecto que parecía hablar en favor de la lógica del cierre de la prisión: la pieza económica del rompecabezas. A medida que se producían traslados de prisioneros, el costo de cada uno de los quedaban en una prisión que no se cerraba iba aumentando. Cuando Obama llegó a la presidencia, con 174 detenidos en custodia, el gasto anual por cada uno de ellos ascendía a cuatro millones de dólares. Cuando solo quedaban 41 recluso, el costo por cada uno de ellos se disparó a cerca de 11 millones de dólares por año. Potencialmente, este parecía ser el argumento más convincente de todos; sin embargo, el Congreso no se inmutó por este extraordinario gasto. No importaba en absoluto que el traslado de esos prisioneros a, digamos, la prisión de máxima seguridad de Florence, Colorado, donde normalmente están presos los más conspicuos condenados por terrorismo, habría reducido ese costo a unos 78.000 dólares por año.

Después hubo aquellos rumores de que Obama podría sortear por completo el Congreso y simplemente cerrar la prisión mediante una orden ejecutiva. De hecho, en febrero de 2016, el Congreso rechazó un proyecto de clausura presentado por el Pentágono y, en julio, la administración Obama decidió no recurrir a una orden ejecutiva para cerrar Guantánamo.

Por encima de todo, ya sabía una cosa: en realidad, si acaso Obama tomaba alguna vez esa decisión, teniendo en cuenta sobre todo que el presidente electo Donald Trump tenía la intención de mantener abierto ese lugar, quizá lo hiciera muy rápidamente. Tal como descubrí en los primeros días de mi investigación para escribir el libro sobre Guantánamo, la unidad militar encargada de poner en marcha las instalaciones de detención en la bahía de Guantánamo en enero de 2002 recibió la orden de que en apenas 96 horas debía tener lista la primera infraestructura, consistente en alambradas al aire libre, barracas para interrogatorios, letrinas, duchas y dependencias para los guardias, lo mismo que un servicio de cocina, el equipo y un sistema de comunicaciones; la mayor parte de esto provendría de Estados Unidos. No había razón para que, del mismo nodo, la prisión no pudiese ser desmantelada en pocos días, sobre todo cuando en principio la clausura solo implicaría el traslado de prisioneros y guardias, sin que desmontaran las instalaciones.

Era bastante fácil imaginar los pasos para la clausura de Guantánamo: acelerar el proceso de revisión; convencer al Congreso de que 11 millones anuales por prisionero era una inaceptable carga económica; y, sí, de momento incluso tragarse tal vez la idea de la detención indefinida en Estados Unidos. Desgraciadamente, yo no era la presidenta.

Una utópica página de opinión sobre el cierre de Guantánamo

Por supuesto, tal como se dieron las cosas, los pesimistas no pudieron estar más acertados. Cuando llegó el día de la toma de posesión del presidente de Estados Unidos, la prisión de Guantánamo continuaba funcionando y esperando a un nuevo gobernante que parecía decidido a volver a poblarla por completo, dando así la seguridad al resto del mundo –y particularmente, al mundo islámico– de que Estados Unidos será asociado eternamente con un país en cuyo ADN están grabadas la violencia, la tortura y la injusticia. La guerra contra el terror, la guerra eterna, ahora tendrá también sus prisioneros eternos.

Hoy en día, el cierre de Guantánamo parece ser algo tan inconcebible como el poner fin a la interminable guerra contra el terror que le dio origen. Parece que nunca tendré la posibilidad de comparar la despedida de los prisioneros con su llegada, jamás tendré la posibilidad de ver al revés esa terrible película que es un estigma para nuestro país. La trayectoria legislativa ya está dispuesta para que Guantánamo sea eternamente nuestra. A mediados de febrero, 11 senadores republicanos escribieron una carta en la que solicitan al presidente Trump que suspenda las comisiones de revisión periódicas y disponga que Guantánamo vuelva a ser una prisión que admita detenidos (el último de ellos fue llevado allí en 2008, durante los declinantes días de la presidencia de George W. Bush). En estos momentos, se sabe que la nueva administración ha identificado al primer posible nuevo detenido en nueve años.

Es bastante fácil colegir que se trata de una mala idea. La reacción en el mundo islámico (y no solo allí) será intensa y perdurable. Incluso un número de altos funcionarios de la administración Bush ha llegado a esta conclusión, incluyendo el propio ex presidente Bush, que ha señalado que Guantánamo “se ha convertido en un arma propagandística para nuestros enemigos y en una distracción para nuestros aliados”. El ex director de la CIA, David Petraeus ha indicado que “ciertamente, el enemigo ha utilizado contra nosotros la existencia de Guantánamo”. El ex jefe de estado mayor conjunto, almirante Mike Mullen, hizo notar que Guantánamo “ha sido un simbólico banderín de enganche par reclutar a los extremistas y yihadistas que nos combatirán”. Poniendo el acento en la “pobre reputación” de Estados Unidos, los ex secretarios de Estado republicanos Henry Kissinger, Colin Powell y James Baker coincidieron con sus pares demócratas Warren Christopher y Madeleine Albright en la recomendación de cerrar la prisión.

Durante 15 años, quienes se oponían a Guantánamo han insistido en que su existencia podría cambiar la notoriedad –y el destino– de este país. Con su rechazo a honrar las leyes –internas, militares e internacionales– ya ha abierto la puerta a una nueva visión excepcionalista de la ley. Lamentablemente, Guantánamo es hoy un componente de nuestro paisaje, tanto una institución como un nuevo principio rector para la vigilancia de los ciudadanos estadounidenses; eso significa que ya nunca podré escribir aquella nota sobre los 100 últimos días a menos que recurra a la ficción.

Si lo hiciera, tendría que saltearme todos los detalles referentes a las prosaicas negociaciones que sin duda se harían para cerrarla. En lugar de eso, desde mi punto de vista, el tradicional espíritu de la justicia y la ley de este país tendrían que surgir orgánicamente desde el cuerpo político y formular un nuevo marco en el que Guantánamo fuese el lugar de tristeza y vergüenza que ha sido desde sus primeros días.

Lo que hubiese escrito sería demasiado conciso hasta para la más breve de las novelas utópicas. Pensemos en cambio en una utópica página de opinión que ningún diario publicará, una en la que prevalezca el deseo de legitimidad y una profunda creencia de que la decencia y la seguridad van de la mano. En mi utópica fantasía, en el mundo que temo que nunca veré, en el mundo estadounidense cuya ausencia lloro hoy, Guantánamo se cerrará no porque se especule con cuestiones como el costo o la ineficiencia de las comisiones militares o incluso la Realpolitik mundial. Por lo demás, habrá otro conjunto de prisioneros eternos. Y no estoy pensando en los futuros sospechosos de terrorismo que Donald Trump enviará allí, seguramente para siempre. Es en nosotros en quienes pienso. Ya que mientras la prisión de Guantánamo permanezca abierta, sepámoslo o no, también todos somos prisioneros allí; este es el modo de vida estadounidense.

* En los países del Cono Sur americano se ha acuñado una frase para definir esta forma de gobernar –al margen del Congreso y la Constitución–: “gobernar por decreto”. En estos países, el decreto es el equivalente a la orden ejecutiva de Estados Unidos. (N. del T.)

Karen J. Greenberg, colaboradora habitual de TomDispatch, es directora del Centro de Seguridad Nacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Fordham y autora de The Least Worst Place: Guantánamo’s First 100 Days. Su libro más reciente es Rogue Justice: The Making of the Security State. Ella jamás escribirá “The Least Worst Place: Guantánamo’s Last 100 Days”. Rose Sheela y Elizabeth Hilton han colaborado en la investigación necesaria para esta nota.

Fuente: http://www.tomdispatch.com/post/176249/tomgram%3A_karen_greenberg%2C_the_forever_prisoners_of_guantanamo/#more

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