La trata de personas es el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo. Por encima de él sólo figuran el tráfico de drogas y el tráfico de armas. Según estimaciones del Foro de Viena para Combatir la Trata de Personas, este delito genera ganancias anuales por 36 mil millones de dólares.
Más allá de los dineros que se embolsan los integrantes de la delincuencia organizada que participan en este tráfico y venta de niños, mujeres y hombres, el saldo social y el drama humano son incuantificables. Cómo se recupera y se reconcilia con la sociedad un niño que ha sido sometido a explotación sexual y laboral; una mujer reducida al silencio y a la servidumbre por lustros; un joven esclavizado para realizar trabajos forzados... Centenas de miles por todo el mundo hoy están padeciendo la más absoluta de las explotaciones. Y ni siquiera sabemos cuántos, víctimas de este tipo de delitos, han sucumbido en el último decenio y antes de morir sólo pudieron ver el rostro impune de sus verdugos. Para decirlo con el brillante anarquista, abogado y criminólogo de finales del siglo XIX y principios del XX Pietro Gori: "...nobles existencias oscuras, extinguidas después de dolores sin consuelo, con los músculos exprimidos de toda fuerza y vitalidad...".

Sin embargo, en México la indolencia de las autoridades ante este fenómeno supera cualquier presentimiento. Prácticamente no se hace nada desde la prevención, la sanción y la erradicación de este delito (como si no abundaran los casos en este país - documentados en investigaciones académicas y periodísticas - , que se cuentan por miles en la Ciudad de México, Tlaxcala, Nuevo León, Quintana Roo y Baja California, por sólo mencionar a cinco de las entidades de la República con casos probados).

La principal dependencia encargada de perseguir este delito, de carácter federal, es la Procuraduría General de la República (PGR). Y esta oficina, cuyo presupuesto anual ronda los 20 mil millones de pesos, ni siquiera ha consolidado una política para la prevención, la investigación y la persecución en materia de trata de personas.

Por ello, su trabajo no contribuye a la disminución de la ocurrencia de este tipo de delitos. La conclusión es de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El máximo órgano de fiscalización del país, en su dictamen de la auditoría de desempeño practicada a la PGR, es contundente: la Procuraduría "no acreditó los resultados de su participación en la prevención, atención y procuración de justicia en el delito de trata de personas, considerado como especialmente grave". Y es que la PGR "no operó una política específica" para atender este tipo penal.

La documentación del desastre de la Procuraduría, hoy encabezada por Raúl Cervantes Andrade y antes por Arely Gómez González, llega al detalle. Justo es decir que las irregularidades que exhibe la ASF corresponden a todo 2015 y, en algunos aspectos, hasta julio de 2016, tiempo en que estuvo al frente de la PGR la señora Gómez.

La Procuraduría "no participó en la elaboración de programas de prevención del delito de trata de personas"; tampoco "acreditó la promoción de acciones de armonización legislativa de los tipos penales vinculados con la materia". Ni siquiera dio seguimiento al "estado en que se encuentran los procesos penales".

Así, la PGR mantenía pendientes, a principios de 2016, hasta 809 averiguaciones previas por el delito de trata de personas. De un total de 1 mil 341 averiguaciones previas para trámite en el periodo de 2013 a 2016, sólo 532 habían sido determinadas. Y de las 532 determinadas sólo 165 habían sido consignadas, sin que pudiera conocerse cuántas habían sido con detenido y cuántas sin detenido. Además, en 206 de las averiguaciones previas determinadas, la PGR estableció incompetencia y en 89 el no ejercicio de la acción penal.

El compromiso del Estado mexicano para combatir la trata de personas no sólo es con sus habitantes. En 2003, firmó el Protocolo de Palermo y se comprometió a legislar en la materia y a la armonización normativa de las entidades federativas con el combate a toda forma de explotación humana. Cuatro años después, en 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al Código Penal Federal para incorporar el primer tipo penal de trata de personas. A finales de ese mismo año se expidió entonces la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

En el lento proceso del Estado mexicano para cumplir con lo firmado internacionalmente, a principios de 2008 creó la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia y Trata de Personas (Fevimtra) y la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos (UEITMPO).

Hasta julio pasado, sólo 14 estados habían armonizado sus legislaciones con el tipo penal de trata de personas. De las restantes, cinco estaban parcialmente armonizadas y 13 no habían sido armonizadas en lo absoluto.

El abandono viene desde el sexenio anterior, el de Felipe Calderón. El equipo de Peña Nieto, al asumir el poder, había realizado un diagnóstico de cómo recibía a la PGR en materia de combate a la trata de personas. Encontró "insuficiente atención, protección y asistencia a las víctimas", además de "deficiente procuración, investigación y persecución efectiva de dichos delitos", como se lee en el Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos 2014-2018. La administración de Peña Nieto ha entrado a su última fase y la situación sigue igual... o peor.

¿De qué sirven los "análisis" de determinados problemas si no se hace nada realmente para solucionarlos?