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10 de abril, aniversario luctuoso del General Emiliano Zapata Salazar

El régimen neoliberal favorece el surgimiento del nuevo latifundio con el apoyo total a los monopolios de capital nacional y trasnacional.

El asesinato a traición del Caudillo del Sur en la hacienda de Chinameca, acontecida hace más de un siglo, es una fecha histórica que está marcada en la memoria colectiva de nuestro pueblo, nos recuerda la gesta heroica de trabajadores del campo y la ciudad de nuestro país en el intento de romper las cadenas de la explotación y la dictadura porfirista.
Las demandas populares fueron concretas, se luchó por un reparto de tierra para que fuera de quien la trabaja. El costo en vidas humanas fue muy alto, casi un millón de mexicanos se incorporaron con la vista puesta en el horizonte de echar por tierra la explotación latifundista, nos conmina a mantener el recuerdo de que la historia de las conquistas populares se encuentra escrita con mucho heroísmo de las masas trabajadoras.
Desde aquel fatídico acontecimiento donde millones de campesinos vieron caer su “caudillo” en una emboscada más vil a la actualidad, la esencia no difiere en mucho, es mediante al asesinato político, los crímenes de lesa humanidad y el terrorismo de Estado, los flagelos represivos con los cuales se imponen las reformas neoliberales que laceran profundamente a las masas trabajadoras del campo y la ciudad.
Desde los gobiernos de la post revolución, se impulsaron políticas neoliberales cuyo desenlace en nuestro país es el régimen neoliberal como política económica del capitalismo. Régimen que paulatinamente despoja de tierra a sus legítimos dueños, privatiza las conquistas populares como el trabajo digno, educación, salud, etcétera.
Las políticas neoliberales que emanaron de gobiernos priistas, panistas y partidos de oposición, condujeron un proceso de despojo legalizado a través de programas como el Programa de certificación ejidal (PROCEDE), el Fondo para la Actualización de Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR), entre otros, los cuales, mediante mentiras y falsas promesa, lograron hacer que el campesino cayera en la trampa, hoy es cuestión de tiempo para la creación de nuevos latifundios.
Con estas políticas gubernamentales dieron carpetazo al reparto agrario, 4 millones de mexicanos se quedaron sin tierra, con la promesa de algún día tenerla, en contra partida, nuevos empresarios se erigen como acreedores de grandes extensiones de tierra, emergen los neo latifundios, con la particularidad que esta nueva burguesía rural no produce para el consumo humano, si no para la agro industria.
Las políticas neoliberales se han conducido a la precariedad de los trabajadores del campo, se coloca al campesino a competir en un mercado donde existe profundas desigualdades sociales, con las cuales es imposible tener un intercambio “justo”; a esto se debe agregar que el campo ha dejado de producir para satisfacer necesidades humanas, la mayoría de los productos son para la agro exportación que satisfacen el mercado mundial de materia primas para la producción de hidrocarburos de origen vegetal.
El régimen neoliberal favorece el surgimiento del nuevo latifundio con el apoyo total a los monopolios de capital nacional y trasnacional. Estas políticas originaron en México una profunda y terrible dependencia alimentaria. El mercado interno no satisface las necesidades nacionales, pero la razón no es la incapacidad de producir, sino la dependencia económica que se ha convertido en alimentaria conforme se profundiza el neoliberalismo.
Despojo legalizado significa un proceso de concentración y centralización de la tierra en manos de los monopolios, esta fase terminó con la reforma agraria y la modificación del artículo 27 constitucional, así la privatización de la propiedad ejidal y comunal se dio por decreto presidencial.
Actualmente nos enfrentamos al despojo violento de las tierras comunales y ejidales en manos de empresas nacionales y trasnacionales, quienes en contubernio con las autoridades del gobierno mexicano, organizan, estructuran y financian grupos paramilitares, para cometer crímenes de lesa humanidad, como la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial.
Desde esta óptica se explica el fenómeno de la violencia en el país: desplazamiento forzado, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales de comuneros y ejidatarios, con el fin de hacerlos desistir de la defensa de su tierra, de hacer que “huyan” para protegerse de la violencia institucional; sobre estos pueblos “fantasmas”, paradójicamente se erigen prominentes proyectos inmobiliarios, mineros o hidroeléctricos.
Actualmente la violencia que hay en el campo es con la finalidad de favorecer el nuevo proceso de concentración y centralización de la tierra en pocas manos, fenómeno que da curso a una nueva burguesía rural vinculada al industrial y al trasnacional, esto nos expresa que no debemos ver el problema de manera mecánica, hoy la configuración de los enemigos de clase tienen particularidades que nos exigen colocarnos a la altura de las necesidades.
En las masas campesinas se describe un intenso proceso de proletarización material industrial y agrícola, que constantemente expulsa campesinos a las grandes urbes, lo que también expresa composición del proletariado mexicano y las condiciones precarias en la que se encuentran los trabajadores del campo y la ciudad.
A más de un siglo de la muerte de un personaje del pueblo que logró representar el sentir de millones de mexicanos en la lucha por la tierra, nos recuerda a las generaciones contemporáneas que no es suficiente luchar por ella, se necesita organizar su defensa. Porque tierra que no se defiende, tarde o temprano va a engrosar los nuevos latifundios del capitalismo del siglo XXI.
La consigna y sentir popular de que “tierra debe ser para quien la trabaja”, debemos agregar que ahora “debe ser para quien la defienda”, porque ante tanta medida neoliberal para despojarla de sus legítimos dueños, no se podrá asegurar la pertenencia si no se le defiende con decisión, con capacidad creativa y combatividad. Hoy no es al clásico cacique de horca y cuchillo, hoy nos enfrentamos al capital monopolista nacional y trasnacional.
Organizar la lucha por la tierra lleva implícito organizar la lucha contra la violencia que emana del Estado mexicano a través de los crímenes de lesa humanidad; tierra que de sus entrañas surge los bienes de existencia para la humanidad, no debe ser escenario para inhumar en fosas clandestinas a las víctimas de la ejecución extrajudicial.
La defensa del régimen ejidal y comunal lleva implícito la defensa de los intereses populares, el derecho la educación, al trabajo, a la salud… porque todas estas conquistas populares fueron producto de la lucha decidida de generaciones anteriores, son un legado y testimonio a la vez que ningún derecho consagrado en la constitución fueron concesiones benevolentes de los gobiernos en turno.
La tierra ejidal y comunal debe ser un bastión para luchar contra todo aquello que desangra a las masas campesinas, contra el terrorismo de Estado, debe generar las condiciones para poder organizar desde este espacio la lucha popular, en tanto, que puede ser escuela política de masas si se organiza la defensa en la perspectiva de superar cualitativamente este régimen oprobioso.
La desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales se dan en el campo y la ciudad por tanto es necesaria la unidad de los trabajadores en el ámbito rural y urbano, es una necesidad política la alianza obrero-campesina. Las víctimas de estos flagelos, los identifica su condición proletaria y hermanos de clase.
Esta es la condición de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, las niñas triquis Daniela y Virginia Ortiz Ramírez; el activista político Teodulfo Torres Soriano… y las más de 300 mil víctimas. El escenario político está muy claro, es el terrorismo de Estado como política de gobierno el que cobra cientos de víctimas; ¡Agrupémonos contra el enemigo común del campo y la ciudad!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo