En
un nuevo golpe contra la clase política brasileña, el Tribunal Supremo
autorizó ayer la apertura de investigaciones contra ocho ministros del
gobierno de Michel Temer, así como contra 42 diputados, 29 senadores y
tres gobernadores en el caso de corrupción de la constructora Odebrecht.
En total, el juez del Supremo a cargo de la megacausa de corrupción conocida como Lava Jato (“Lavado de autos”), Edson Fachin, autorizó la apertura de investigaciones contra 74 políticos de un grupo de 83 solicitudes que le había hecho la Procuraduría General (fiscalía) a mediados de marzo.
Fachin tenía que autorizar las investigaciones ya que la gran mayoría de políticos bajo sospecha tienen foro privilegiado. Las autorizaciones fueron firmadas el 4 de abril y permanecían en secreto judicial, pero fueron confirmadas ayer después de que el diario O Estado de Sao Paulo obtuviera las informaciones.
Las investigaciones parten de denuncias hechas por 78 ejecutivos de Odebrecht en su cooperación con la Justicia, conocidas desde hace tiempo como “la delación del fin del mundo” en Brasil, dada la magnitud de la corrupción política que revelan.
Entre los ministros que deben ser investigados con el visto bueno del Supremo están estrechos aliados de Temer, como su jefe de Gabinete, Eliseu Padilha, y su nuevo ministro de Exteriores, Aloysio Nunes. Otros políticos de alto rango son los presidentes de la Cámara baja, Rodrigo Maia, y del Senado, Eunicio Oliveira.
La lista incluye a políticos de los tres grandes partidos brasileños: el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), de Temer; el Partido de los Trabajadores (PT), de los ex presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, y el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
Lula y Rousseff no están en la última lista porque ambos ya no tienen foro privilegiado, pero también están en la mira de los investigadores. El lunes, medios locales revelaron que el ex presidente del grupo Odebrecht, Marcelo Odebrecht, declaró ante la Justicia que pagó 13 millones de reales (unos 4.15 millones de dólares) en dinero procedente de la corrupción a Lula.
El ex mandatario defendió ayer su inocencia, criticó la filtración de declaraciones “mentirosas” a la prensa y señaló que no le “pasa por la cabeza” ir a prisión. “Para que alguien sea preso debe haber cometido un crimen”, dijo Lula, quien tiene cinco juicios abiertos en su contra, la mayoría por corrupción.
También se declaró preparado a ser candidato presidencial en las elecciones de 2018. “Creo que el pueblo brasileño tiene nostalgia del tiempo que fui presidente... Si fuese necesario, estoy dispuesto a volver a ser candidato a presidente”, aseguró.
En total, el juez del Supremo a cargo de la megacausa de corrupción conocida como Lava Jato (“Lavado de autos”), Edson Fachin, autorizó la apertura de investigaciones contra 74 políticos de un grupo de 83 solicitudes que le había hecho la Procuraduría General (fiscalía) a mediados de marzo.
Fachin tenía que autorizar las investigaciones ya que la gran mayoría de políticos bajo sospecha tienen foro privilegiado. Las autorizaciones fueron firmadas el 4 de abril y permanecían en secreto judicial, pero fueron confirmadas ayer después de que el diario O Estado de Sao Paulo obtuviera las informaciones.
Las investigaciones parten de denuncias hechas por 78 ejecutivos de Odebrecht en su cooperación con la Justicia, conocidas desde hace tiempo como “la delación del fin del mundo” en Brasil, dada la magnitud de la corrupción política que revelan.
Entre los ministros que deben ser investigados con el visto bueno del Supremo están estrechos aliados de Temer, como su jefe de Gabinete, Eliseu Padilha, y su nuevo ministro de Exteriores, Aloysio Nunes. Otros políticos de alto rango son los presidentes de la Cámara baja, Rodrigo Maia, y del Senado, Eunicio Oliveira.
La lista incluye a políticos de los tres grandes partidos brasileños: el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), de Temer; el Partido de los Trabajadores (PT), de los ex presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, y el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
Lula y Rousseff no están en la última lista porque ambos ya no tienen foro privilegiado, pero también están en la mira de los investigadores. El lunes, medios locales revelaron que el ex presidente del grupo Odebrecht, Marcelo Odebrecht, declaró ante la Justicia que pagó 13 millones de reales (unos 4.15 millones de dólares) en dinero procedente de la corrupción a Lula.
El ex mandatario defendió ayer su inocencia, criticó la filtración de declaraciones “mentirosas” a la prensa y señaló que no le “pasa por la cabeza” ir a prisión. “Para que alguien sea preso debe haber cometido un crimen”, dijo Lula, quien tiene cinco juicios abiertos en su contra, la mayoría por corrupción.
También se declaró preparado a ser candidato presidencial en las elecciones de 2018. “Creo que el pueblo brasileño tiene nostalgia del tiempo que fui presidente... Si fuese necesario, estoy dispuesto a volver a ser candidato a presidente”, aseguró.
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