Mentira: "La ANC es una treta del Gobierno para perpetuar a Maduro en el poder".
Difícilmente se pueda decir esto sobre la ANC cuando su objetivo principal es que los venezolanos rediscutan el pacto social sancionado en 1999 durante el Gobierno de Hugo Chávez.
Teniendo en cuenta que 18 años después esa misma Constitución, como origen legal del ordenamiento del Estado venezolano, se encuentra en total deslegitimación por parte de una fracción política que ha centrado su estrategia en vaciar de contenido sus instituciones y desconocer su contenido, llevando a los poderes del Estado a una situación de parálisis institucional.
De esa forma, la convocatoria a la ANC debe ser entendida como el escenario de debate entre los venezolanos para restablecer reglas claras entre las fuerzas políticas del país que permitan una convivencia pacífica.
Así lo demuestra el anuncio de una Comisión de la Verdad Constituyente relacionada a aclarar las responsabilidades en los hechos de violencia de los últimos años.
Esta convocatoria, además, excede al mismo presidente Maduro ya que lo que se plantea es renovar la legitimidad de esta Constitución en puntos de consenso como la soberanía en la administración de recursos naturales y la no intervención de otros países en los asuntos internos del país.
Sumados nuevos puntos de acuerdo como el terrorismo, la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad, la superación del modelo rentista petrolero y derechos de minorías, como el de los indígenas y la comunidad sexodiversa.
Verdad: "La ANC es una fórmula política para que los venezolanos encuentren las soluciones a los problemas de su país".
En la actualidad las respuestas a la crisis en Venezuela encuentran su fuente desde fuera del país. Distintos operadores internacionales del antichavismo argumentan que la única forma de salir de ella es a partir de una serie de elecciones representativas que den lugar a la remoción del Gobierno para poner en marcha una serie de reformas económicas, que siguen sin ser presentadas al grueso de los venezolanos.
Esta fórmula de la caja mágica es la misma aplicada en Argentina y Brasil para supuestamente solucionar los problemas de estos países. Lo que ha implicado profundos cambios políticos, no consultados con estas poblaciones, como la privatización de recursos naturales y el recorte de derechos sociales en salud, educación y trabajo. Siendo Brasil el caso más extremo con la sanción de una enmienda constitucional que recorta el gasto social por 20 años.
La ANC plantea que se discuta si la mayoría de los venezolanos está de acuerdo con estas soluciones y legitime el marco supra legal en el que se encuentre una salida a la crisis por fuera de lo que se pretende imponer desde fuera.
Que sean los 550 constituyentes quienes en debates abiertos se pronuncien sobre las posibles formas que sirvan para tales fines. Y que luego sea el propio pueblo venezolano quien luego refrende este consenso en un posible referéndum consultivo que se pronuncie sobre la legitimidad o no de estos cambios, tal como han asomado desde la Comisión Constituyente.
Repetido hasta el hartazgo por los mitólogos y legadólogos, de derecha e izquierda, esta mentira esconde el riesgo en que se encuentra la Constitución de 1999 como pacto social que evite un enfrentamiento civil entre los propios venezolanos.
Actualmente este pacto social es desconocido por una fracción política del país, con el auspicio externo, quien se atribuye hacerlo en supuesta defensa de esta Constitución. Desconociendo, por ejemplo, consensos fundacionales de la Constitución como la no interferencia de otros países en asuntos internos de Venezuela y la soberanía de los recursos naturales de Venezuela como principal base económica de los derechos sociales de los venezolanos.
Ante esa realidad es que es necesario nuevamente restablecer con una amplia mayoría el consenso alcanzado en 1999, sumando nuevos elementos que permitan la reforma del Estado para garantizar los derechos sociales hoy en profundo peligro por las situaciones actuales que atraviesa el país.
Es decir, que también se encuentren fórmulas que permitan al Estado poner en marcha una nueva base económica, centrada en diversificar su fuente de ingreso, para garantizar los derechos sociales contemplados en la Constitución.
Verdad: "La Constituyente es uno de los últimos pasos que existe para que Venezuela no ingrese en una guerra civil".
Para comprender esto hay que entender que existen tres condiciones fundamentales que definen a un Estado: una es el control de su territorio, otra el monopolio de la violencia y una última relacionada a la administración de la economía de ese territorio (impuestos, comercio, flujo de bienes, entre otros).
Todas estas condiciones están en serio riesgo en Venezuela ya que un grupo de personas definido está realizando acciones que apuntan a evitar que el Estado detente estas tres facultades.
Son demostrativos la toma de territorios específicos, el saboteo a las finanzas, comercio y flujos internos, y el ataque con armas de fuego a funcionarios de seguridad y la población civil.
A partir de esta realidad, la Constituyente es un espacio para encontrar un consenso nacional que evite llegar a que este tipo de situaciones llegue a instalarse en franjas amplias del territorio.
En ese sentido, nuevamente el caso sirio es bastante demostrativo para asegurar que la Constituyente es uno de los últimos pasos para evitar una guerra abierta.
Ya que seis años después, Siria sigue en guerra con sendas reformas constitucionales sancionadas en ese período, conteniendo las demandas de los supuestos pacíficos manifestantes y con la amplia mayoría de su población en contra de que ese desastre bélico continúe con el respaldo externo.
En ese espejo debe mirarse la Asamblea Nacional Constituyente.
Difícilmente se pueda decir esto sobre la ANC cuando su objetivo principal es que los venezolanos rediscutan el pacto social sancionado en 1999 durante el Gobierno de Hugo Chávez.
Teniendo en cuenta que 18 años después esa misma Constitución, como origen legal del ordenamiento del Estado venezolano, se encuentra en total deslegitimación por parte de una fracción política que ha centrado su estrategia en vaciar de contenido sus instituciones y desconocer su contenido, llevando a los poderes del Estado a una situación de parálisis institucional.
De esa forma, la convocatoria a la ANC debe ser entendida como el escenario de debate entre los venezolanos para restablecer reglas claras entre las fuerzas políticas del país que permitan una convivencia pacífica.
Así lo demuestra el anuncio de una Comisión de la Verdad Constituyente relacionada a aclarar las responsabilidades en los hechos de violencia de los últimos años.
Esta convocatoria, además, excede al mismo presidente Maduro ya que lo que se plantea es renovar la legitimidad de esta Constitución en puntos de consenso como la soberanía en la administración de recursos naturales y la no intervención de otros países en los asuntos internos del país.
Sumados nuevos puntos de acuerdo como el terrorismo, la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad, la superación del modelo rentista petrolero y derechos de minorías, como el de los indígenas y la comunidad sexodiversa.
Verdad: "La ANC es una fórmula política para que los venezolanos encuentren las soluciones a los problemas de su país".
En la actualidad las respuestas a la crisis en Venezuela encuentran su fuente desde fuera del país. Distintos operadores internacionales del antichavismo argumentan que la única forma de salir de ella es a partir de una serie de elecciones representativas que den lugar a la remoción del Gobierno para poner en marcha una serie de reformas económicas, que siguen sin ser presentadas al grueso de los venezolanos.
Esta fórmula de la caja mágica es la misma aplicada en Argentina y Brasil para supuestamente solucionar los problemas de estos países. Lo que ha implicado profundos cambios políticos, no consultados con estas poblaciones, como la privatización de recursos naturales y el recorte de derechos sociales en salud, educación y trabajo. Siendo Brasil el caso más extremo con la sanción de una enmienda constitucional que recorta el gasto social por 20 años.
La ANC plantea que se discuta si la mayoría de los venezolanos está de acuerdo con estas soluciones y legitime el marco supra legal en el que se encuentre una salida a la crisis por fuera de lo que se pretende imponer desde fuera.
Que sean los 550 constituyentes quienes en debates abiertos se pronuncien sobre las posibles formas que sirvan para tales fines. Y que luego sea el propio pueblo venezolano quien luego refrende este consenso en un posible referéndum consultivo que se pronuncie sobre la legitimidad o no de estos cambios, tal como han asomado desde la Comisión Constituyente.
La Constituyente es uno de los últimos pasos para evitar una guerra abiertaMentira: "La Constitución de Chávez debe ser respetada por todos los factores políticos y no destruida en una nueva ANC".
Repetido hasta el hartazgo por los mitólogos y legadólogos, de derecha e izquierda, esta mentira esconde el riesgo en que se encuentra la Constitución de 1999 como pacto social que evite un enfrentamiento civil entre los propios venezolanos.
Actualmente este pacto social es desconocido por una fracción política del país, con el auspicio externo, quien se atribuye hacerlo en supuesta defensa de esta Constitución. Desconociendo, por ejemplo, consensos fundacionales de la Constitución como la no interferencia de otros países en asuntos internos de Venezuela y la soberanía de los recursos naturales de Venezuela como principal base económica de los derechos sociales de los venezolanos.
Ante esa realidad es que es necesario nuevamente restablecer con una amplia mayoría el consenso alcanzado en 1999, sumando nuevos elementos que permitan la reforma del Estado para garantizar los derechos sociales hoy en profundo peligro por las situaciones actuales que atraviesa el país.
Es decir, que también se encuentren fórmulas que permitan al Estado poner en marcha una nueva base económica, centrada en diversificar su fuente de ingreso, para garantizar los derechos sociales contemplados en la Constitución.
Verdad: "La Constituyente es uno de los últimos pasos que existe para que Venezuela no ingrese en una guerra civil".
Para comprender esto hay que entender que existen tres condiciones fundamentales que definen a un Estado: una es el control de su territorio, otra el monopolio de la violencia y una última relacionada a la administración de la economía de ese territorio (impuestos, comercio, flujo de bienes, entre otros).
Todas estas condiciones están en serio riesgo en Venezuela ya que un grupo de personas definido está realizando acciones que apuntan a evitar que el Estado detente estas tres facultades.
Son demostrativos la toma de territorios específicos, el saboteo a las finanzas, comercio y flujos internos, y el ataque con armas de fuego a funcionarios de seguridad y la población civil.
A partir de esta realidad, la Constituyente es un espacio para encontrar un consenso nacional que evite llegar a que este tipo de situaciones llegue a instalarse en franjas amplias del territorio.
Apuntes sobre el final
No hay que desconocer que este grupo de personas apostada a esta insurrección cuenta con un amplio respaldo externo para forzar este escenario. Así lo demuestran los pronunciamientos, sanciones, financiamiento y coberturas legales y mediáticas sucedidos en los últimos 50 días.En ese sentido, nuevamente el caso sirio es bastante demostrativo para asegurar que la Constituyente es uno de los últimos pasos para evitar una guerra abierta.
Ya que seis años después, Siria sigue en guerra con sendas reformas constitucionales sancionadas en ese período, conteniendo las demandas de los supuestos pacíficos manifestantes y con la amplia mayoría de su población en contra de que ese desastre bélico continúe con el respaldo externo.
En ese espejo debe mirarse la Asamblea Nacional Constituyente.
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