La sede del BEI en Luxemburgo. LAURENCE SOUSTRAS
Un viento frío juega con las astas de las banderas que están justo a la entrada de la sede del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
En medio de los susurrantes ritmos del tránsito del Gran Ducado de
Luxemburgo, el edificio de cristal hace lo posible por mantener un
perfil bajo. Después de todo, la discreción siempre ha sido un tesoro
muy valorado por la industria de las finanzas luxemburguesa y parece
que, durante las últimas décadas, le ha ido muy bien al BEI pasar por
una institución financiera reservada que pocas personas conocen,
“escondida en los bosques de Luxemburgo”, como recuerdan algunos de los
miembros más antiguos del personal.
Detrás del vidrio del edificio, se ve un flujo interminable de empleados ocupados, jóvenes apurados a través de los pasillos. Su aspecto recuerda más al mundo de las altas finazas que a un organismo de ayuda al desarrollo. Aun así, 3.000 millones de euros de los contribuyentes europeos han sido canalizados a través de este edificio acristalado hacia los países más pobres de África y el Caribe.
Los resultados de esta investigación muestran que, en varios casos, grandes proyectos de infraestructura como plantas de energía y minas han tenido un efecto adverso en los habitantes de los países afectados. El escrutinio insuficiente por parte de las instituciones europeas ha dado como resultado una supervisión parcial de las actividades del banco y una falta de transparencia en torno a sus proyectos.
La principal herramienta para estos préstamos es el Fondo de Inversión, Investment Facility en inglés (IF). Se trata de un fondo rotatorio de 2.900 millones de euros (a finales de 2016), destinado a fomentar la participación del sector privado en proyectos de desarrollo. Su gestión ha sido confiada al BEI por el Consejo Europeo después de la implementación del llamado acuerdo de Cotonú en 2003 entre los países de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) y la Unión Europea.
El Fondo de Inversión está financiado con dinero público, parte del enorme paquete del Fondo Europeo de Desarrollo, aún fuera del presupuesto europeo y sin escrutinio del Parlamento Europeo, ni del Tribunal de Cuentas Europeo, los guardianes de las finanzas de la UE. Estos fondos de los Estados miembros se completan con los recursos propios del BEI, que puede obtener dinero en los mercados internacionales.
No todo el mundo está contento con este acuerdo silencioso. El Grupo ACP, que representa a los países receptores, se ha quejado reiteradamente de quedar fuera del proceso. “Una vez tomada la decisión, simplemente perdimos el control sobre estos fondos, aunque según el acuerdo de Cotonú, se supone que los fondos para el desarrollo son administrados de manera conjunta”, dice Viwanou Gnassounou, secretario general adjunto del Grupo ACP a cargo de Desarrollo Económico y Comercio.
No es que el BEI no participe en el juego de la transparencia. Cada año, los embajadores de los países ACP ante la UE se dirigen a las oficinas del BEI en Luxemburgo, donde asisten a una jornada de presentaciones de los proyectos financiados. Los representantes del Parlamento Europeo encuentran el mismo sentido de apertura. “Siempre que pedimos información, el banco la da”, dice Eider Gardiazábal Rubial, miembro de la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo.
Pero la complejidad de las instituciones de Bruselas no ha sido útil para ayudar a controlar el Fondo de Inversiones de los países ACP. La Comisión Europea tiene un puesto en el Consejo de Administración del BEI, así como los 28 ministros de Finanzas de los miembros de la UE. Este Consejo es consultado oficialmente sobre cada proyecto del Fondo de Inversión, mientras que el papel del Grupo ACP es meramente consultivo.
¿Entonces, quién controla el dinero? Hay un “juego entre la Comisión Europea y el BEI”, afirma Xavier Sol, uno de los pocos expertos sobre este organismo y director de la ONG Counter Balance, con sede en Bruselas. “El BEI dice que tiene un mandato estricto, que es escrutado por la Comisión Europea, mientras que la Comisión dice que trata de dar instrucciones y que el BEI actúa como quiera. Creemos que la verdad está en el medio”, concluye. A lo largo de los años, el BEI ha creado una impresionante cartera de préstamos en los países ACP. Su participación ha demostrado ser valiosa en varias áreas, como en proyectos de acceso a agua potable. En la última década, el 23% de los proyectos del BEI se dirigieron a la creación de empleo mediante la concesión de líneas de crédito a instituciones financieras locales.
¿Cuál es el resultado en el terreno de las inversiones del BEI? Las entrevistas realizadas y el análisis de los datos públicos cuentan la historia de una lucha ambiciosa para canalizar recursos al sector privado con el fin de estimular las economías en desarrollo, pero a veces a un doloroso coste humano y ambiental. Esto se debe en parte a los ambiciosos proyectos del banco. El propio BEI reconoce que se ha asociado con grandes proyectos de infraestructuras. El año pasado, la mitad de los préstamos firmados, en un paquete de 378 millones de euros, iban dirigidos a solo ocho grandes proyectos de infraestructura.
El problema es que muchos de esos proyectos requieren reasentar a la población afectada, un proceso complejo que no solo implica reubicar físicamente hogares enteros, sino también cambiar el nivel de vida e, inevitablemente, interferir con la herencia cultural. Aunque la compensación, la mayoría de las veces en efectivo o a través de la creación de nuevos asentamientos, forma parte del diseño de los proyectos, las cuestiones relativas a la evaluación de la tierra, los títulos de propiedad o las instalaciones de los nuevos asentamientos a menudo conducen a disputas.
Pero en varios países, el BEI camina por una pendiente resbaladiza. “Desde una perspectiva social, los reasentamientos son siempre problemáticos. Siempre”, señala Jeannette Schade, investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad de Bielefeld, en Alemania. A lo largo de los años, la cartera de préstamos del BEI ha ido creciendo de manera mucho más rápida que sus recursos para gestionarla, lo que constituye un dilema para la institución. A pesar de una reciente contratación, el banco sigue siendo muy estrecho en términos de personal. “El BEI presta dos veces más que el Banco Mundial con cinco o seis veces menos personal”, dice Sol, de la ONG Counter Balance. Esto da lugar a acuerdos en los que el BEI “depende en gran medida de los clientes para garantizar que sus normas que son parte del contrato financiero se apliquen realmente”, apunta Schade.
El enfoque es común en el mundo de la financiación del desarrollo, pero exigiría más escrutinio de lo que el BEI puede permitirse. Los promotores de proyectos, los que toman prestado el dinero del banco, son difícilmente partes neutrales. Contratan a sus propios expertos y, dado que pagan los paquetes de compensación, tienden a marginar las cuestiones sociales y ambientales. El BEI puede interferir en el proceso, pero existe el riesgo de que cuando finalmente lo haga, el daño ya esté hecho.
¿La dirección del BEI se tomará el tiempo para escuchar a sus críticos? Hay indicios de apertura: la institución, a través de un recién creado Paquete de Financiación con Impacto, está avanzando en la dirección de las inversiones agrícolas y, en particular, de firmar préstamos más pequeños, una vieja solicitud del grupo de los países ACP. Pero al mismo tiempo, la espada de Damocles de la migración masiva causa pánico en la Unión Europea y da al mandato de financiación del desarrollo del BEI un nuevo sentido de emergencia.
La Comisión Europea está ahora trabajando en un ambicioso nuevo Plan de Inversión Exterior que podría alcanzar los 88.000 millones de euros. Este nuevo marco que tiene por objeto movilizar inversiones, intensificar la asistencia técnica y mejorar el entorno empresarial en los países en desarrollo probablemente aumentará la capacidad de financiación del BEI. La institución se esforzará por ampliar su papel como banquera de África y esto plantea algunos problemas, señala el eurodiputado holandés de Los Verdes, Bas Eickhout: “Debemos prestar más atención al BEI. Mientras que el Banco Mundial cambió bajo presión, el BEI sigue estando demasiado lejos del radar. Un jugador tan grande no debe ser desconocido “.
Una investigación internacional patrocinada
Por primera vez, un pequeño equipo internacional de periodistas económicos y de datos ha profundizado en los mecanismos financieros y los volúmenes de las inversiones del Banco Europeo de Inversión (BEI) en los países subsaharianos, analizando una mezcla de información pública e interna proporcionada por esta institución comunitaria. Para ello, han trabajado de la mano de periodistas locales de Kenia, Camerún y Madagascar que realizaron entrevistas con docenas de testigos afectados por proyectos financiados por el BEI. La investigación recibió financiación del Journalismfund.eu, antes llamado Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek, una organización independiente fundada en 1998 con sede en Bélgica que se basa en donativos de varias otras instituciones, ONG y el gobierno de la región de Flandes. Las versiones completas de los reportajes y otros materiales complementarios serán publicadas en la página web de La Marea en las próximas semanas. También se publicarán en medios de diferentes países de Europa.
Detrás del vidrio del edificio, se ve un flujo interminable de empleados ocupados, jóvenes apurados a través de los pasillos. Su aspecto recuerda más al mundo de las altas finazas que a un organismo de ayuda al desarrollo. Aun así, 3.000 millones de euros de los contribuyentes europeos han sido canalizados a través de este edificio acristalado hacia los países más pobres de África y el Caribe.
Los resultados de esta investigación muestran que, en varios casos, grandes proyectos de infraestructura como plantas de energía y minas han tenido un efecto adverso en los habitantes de los países afectados. El escrutinio insuficiente por parte de las instituciones europeas ha dado como resultado una supervisión parcial de las actividades del banco y una falta de transparencia en torno a sus proyectos.
La principal herramienta para estos préstamos es el Fondo de Inversión, Investment Facility en inglés (IF). Se trata de un fondo rotatorio de 2.900 millones de euros (a finales de 2016), destinado a fomentar la participación del sector privado en proyectos de desarrollo. Su gestión ha sido confiada al BEI por el Consejo Europeo después de la implementación del llamado acuerdo de Cotonú en 2003 entre los países de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) y la Unión Europea.
El Fondo de Inversión está financiado con dinero público, parte del enorme paquete del Fondo Europeo de Desarrollo, aún fuera del presupuesto europeo y sin escrutinio del Parlamento Europeo, ni del Tribunal de Cuentas Europeo, los guardianes de las finanzas de la UE. Estos fondos de los Estados miembros se completan con los recursos propios del BEI, que puede obtener dinero en los mercados internacionales.
No todo el mundo está contento con este acuerdo silencioso. El Grupo ACP, que representa a los países receptores, se ha quejado reiteradamente de quedar fuera del proceso. “Una vez tomada la decisión, simplemente perdimos el control sobre estos fondos, aunque según el acuerdo de Cotonú, se supone que los fondos para el desarrollo son administrados de manera conjunta”, dice Viwanou Gnassounou, secretario general adjunto del Grupo ACP a cargo de Desarrollo Económico y Comercio.
No es que el BEI no participe en el juego de la transparencia. Cada año, los embajadores de los países ACP ante la UE se dirigen a las oficinas del BEI en Luxemburgo, donde asisten a una jornada de presentaciones de los proyectos financiados. Los representantes del Parlamento Europeo encuentran el mismo sentido de apertura. “Siempre que pedimos información, el banco la da”, dice Eider Gardiazábal Rubial, miembro de la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo.
Pero la complejidad de las instituciones de Bruselas no ha sido útil para ayudar a controlar el Fondo de Inversiones de los países ACP. La Comisión Europea tiene un puesto en el Consejo de Administración del BEI, así como los 28 ministros de Finanzas de los miembros de la UE. Este Consejo es consultado oficialmente sobre cada proyecto del Fondo de Inversión, mientras que el papel del Grupo ACP es meramente consultivo.
¿Entonces, quién controla el dinero? Hay un “juego entre la Comisión Europea y el BEI”, afirma Xavier Sol, uno de los pocos expertos sobre este organismo y director de la ONG Counter Balance, con sede en Bruselas. “El BEI dice que tiene un mandato estricto, que es escrutado por la Comisión Europea, mientras que la Comisión dice que trata de dar instrucciones y que el BEI actúa como quiera. Creemos que la verdad está en el medio”, concluye. A lo largo de los años, el BEI ha creado una impresionante cartera de préstamos en los países ACP. Su participación ha demostrado ser valiosa en varias áreas, como en proyectos de acceso a agua potable. En la última década, el 23% de los proyectos del BEI se dirigieron a la creación de empleo mediante la concesión de líneas de crédito a instituciones financieras locales.
¿Cuál es el resultado en el terreno de las inversiones del BEI? Las entrevistas realizadas y el análisis de los datos públicos cuentan la historia de una lucha ambiciosa para canalizar recursos al sector privado con el fin de estimular las economías en desarrollo, pero a veces a un doloroso coste humano y ambiental. Esto se debe en parte a los ambiciosos proyectos del banco. El propio BEI reconoce que se ha asociado con grandes proyectos de infraestructuras. El año pasado, la mitad de los préstamos firmados, en un paquete de 378 millones de euros, iban dirigidos a solo ocho grandes proyectos de infraestructura.
El problema es que muchos de esos proyectos requieren reasentar a la población afectada, un proceso complejo que no solo implica reubicar físicamente hogares enteros, sino también cambiar el nivel de vida e, inevitablemente, interferir con la herencia cultural. Aunque la compensación, la mayoría de las veces en efectivo o a través de la creación de nuevos asentamientos, forma parte del diseño de los proyectos, las cuestiones relativas a la evaluación de la tierra, los títulos de propiedad o las instalaciones de los nuevos asentamientos a menudo conducen a disputas.
REASENTAMIENTOS
Después de revisar los documentos del registro público de los proyectos firmados por el BEI durante la última década en los países ACP, encontramos que del 25% al 43% de los proyectos que recibían préstamos directos había desencadenado el reasentamiento de poblaciones. Algunas iniciativas incluso han desplazado, físicamente o económicamente, a miles de personas. Los países con mayor número de planes que requirieron reasentamiento son Kenia y Uganda, tres casos en cada país. “No respaldaría la idea de que todos nuestros proyectos en energía requieren un reasentamiento y cuando es el caso tenemos requisitos muy altos en cuanto a lo que se necesita lograr con el plan de acción de reasentamiento”, sostiene Heike Rüttgers, jefe de la División de Desarrollo e Impacto del BEI.Pero en varios países, el BEI camina por una pendiente resbaladiza. “Desde una perspectiva social, los reasentamientos son siempre problemáticos. Siempre”, señala Jeannette Schade, investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad de Bielefeld, en Alemania. A lo largo de los años, la cartera de préstamos del BEI ha ido creciendo de manera mucho más rápida que sus recursos para gestionarla, lo que constituye un dilema para la institución. A pesar de una reciente contratación, el banco sigue siendo muy estrecho en términos de personal. “El BEI presta dos veces más que el Banco Mundial con cinco o seis veces menos personal”, dice Sol, de la ONG Counter Balance. Esto da lugar a acuerdos en los que el BEI “depende en gran medida de los clientes para garantizar que sus normas que son parte del contrato financiero se apliquen realmente”, apunta Schade.
El enfoque es común en el mundo de la financiación del desarrollo, pero exigiría más escrutinio de lo que el BEI puede permitirse. Los promotores de proyectos, los que toman prestado el dinero del banco, son difícilmente partes neutrales. Contratan a sus propios expertos y, dado que pagan los paquetes de compensación, tienden a marginar las cuestiones sociales y ambientales. El BEI puede interferir en el proceso, pero existe el riesgo de que cuando finalmente lo haga, el daño ya esté hecho.
¿La dirección del BEI se tomará el tiempo para escuchar a sus críticos? Hay indicios de apertura: la institución, a través de un recién creado Paquete de Financiación con Impacto, está avanzando en la dirección de las inversiones agrícolas y, en particular, de firmar préstamos más pequeños, una vieja solicitud del grupo de los países ACP. Pero al mismo tiempo, la espada de Damocles de la migración masiva causa pánico en la Unión Europea y da al mandato de financiación del desarrollo del BEI un nuevo sentido de emergencia.
La Comisión Europea está ahora trabajando en un ambicioso nuevo Plan de Inversión Exterior que podría alcanzar los 88.000 millones de euros. Este nuevo marco que tiene por objeto movilizar inversiones, intensificar la asistencia técnica y mejorar el entorno empresarial en los países en desarrollo probablemente aumentará la capacidad de financiación del BEI. La institución se esforzará por ampliar su papel como banquera de África y esto plantea algunos problemas, señala el eurodiputado holandés de Los Verdes, Bas Eickhout: “Debemos prestar más atención al BEI. Mientras que el Banco Mundial cambió bajo presión, el BEI sigue estando demasiado lejos del radar. Un jugador tan grande no debe ser desconocido “.
Una investigación internacional patrocinada
Por primera vez, un pequeño equipo internacional de periodistas económicos y de datos ha profundizado en los mecanismos financieros y los volúmenes de las inversiones del Banco Europeo de Inversión (BEI) en los países subsaharianos, analizando una mezcla de información pública e interna proporcionada por esta institución comunitaria. Para ello, han trabajado de la mano de periodistas locales de Kenia, Camerún y Madagascar que realizaron entrevistas con docenas de testigos afectados por proyectos financiados por el BEI. La investigación recibió financiación del Journalismfund.eu, antes llamado Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek, una organización independiente fundada en 1998 con sede en Bélgica que se basa en donativos de varias otras instituciones, ONG y el gobierno de la región de Flandes. Las versiones completas de los reportajes y otros materiales complementarios serán publicadas en la página web de La Marea en las próximas semanas. También se publicarán en medios de diferentes países de Europa.
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