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¿De qué hablamos cuando hablamos de sanciones de Estados Unidos a Venezuela?; por Francisco Monaldi « Prodavinci
Por Francisco J. Monaldi
| 25 de agosto, 2017
Fotografía de Carlos García Rawlings para Reuters
HOUSTON,
Texas – Luego de la elección e instalación de la Asamblea Nacional
Constituyente, solo ha habido anuncios de sanciones individuales contra
el presidente Maduro y algunos miembros de dicha asamblea, pero la Casa
Blanca ha reafirmado que mantiene sobre la mesa las diversas opciones de
sanciones económicas, incluyendo las dirigidas a la estatal Petróleos
de Venezuela (PDVSA).
Para
captar la magnitud del efecto que pueden tener las sanciones en las
finanzas de PDVSA, es importante entender que buena parte del flujo de
caja de la empresa viene de los barriles que venden en el mercado
estadounidense. La petrolera, a su vez, genera 95 por ciento de las divisas que ingresan al país.
El
menú de sanciones económicas que el presidente Trump podría aplicar,
sin aprobación legislativa, ordenándolas de menor a mayor según su
efecto económico, incluye:
1)
Limitar el nuevo financiamiento a PDVSA por parte de firmas
estadounidenses. Esta medida haría más difícil a PDVSA reestructurar su
deuda, obligándola a recurrir a instituciones financieras de otros
países que estén dispuestas a trabajar en esas circunstancias;
incrementaría los costos de las operaciones financieras, y aumentaría
los riesgos de que la deuda externa venezolana quedara en suspensión de
pagos.
2)
Prohibir las exportaciones de petróleo de Estados Unidos a Venezuela.
Esto afectaría a alrededor de 110 mil barriles diarios de exportaciones
de productos refinados y crudo liviano. PDVSA tendría entonces que
incrementar sus importaciones desde Europa o África a un mayor costo. El
aumento del costo de los diluyentes importados haría más difícil la
rexportación de más de 200 mil barriles diarios de crudo extrapesado
diluido, lo cual reduciría los márgenes de ganancia y posiblemente
también los volúmenes exportados.
3) Prohibir las importaciones de petróleo venezolano a Estados Unidos. Ante la imposibilidad de exportar unos 750 mil barriles diarios,
principalmente de crudo pesado, PDVSA tendría que buscar mercados en
Asia, con mayor costo de transporte y un importante descuento. Los
márgenes de ganancia y los volúmenes exportados caerían sustancialmente.
4)
Finalmente, el gobierno de Trump podría designar a PDVSA como sujeto de
las sanciones, con lo que le prohibiría el uso del sistema financiero
de Estados Unidos, de hacer contratos con empresas estadounidenses y
obstaculizaría todas sus transacciones en dólares. Esta medida sería la
más dura y equivaldría a la suma de todas las anteriores.
PDVSA produce alrededor de 2,1 millones de barriles diarios, de los cuales aproximadamente 500 mil se venden con pérdidas en el mercado interno; unos 600 mil están comprometidos para
pagar deudas con China, Rusia y otros acreedores, y unos 100 mil se
siguen entregando subsidiados a Cuba y otros países de la región. Si a
ese monto le restamos los casi 200 mil en importaciones, el flujo de
caja neto de PDVSA proviene de unos 700 mil barriles diarios.
Aunque
PDVSA puede buscar otros mercados, las sanciones más severas
producirían una caída importante de los ingresos externos y de PDVSA,
así como una importante reducción de las importaciones y del consumo, lo
que obligaría al impago de la deuda y profundizaría la que ya es una de
las depresiones económicas más graves de la historia de América Latina,
con la consecuente crisis humanitaria. El efecto general sobre la
economía venezolana sería devastador. Una aplicación sostenida de
sanciones económicas también haría aún más difícil la recuperación de la
industria petrolera venezolana. Aunque es factible que de seguir en el
poder el gobierno de Maduro ocurra algo similar en cámara lenta: las
sanciones acelerarían la debacle.
Geopolíticamente,
probablemente incrementarían la ya creciente participación de la
empresa petrolera estatal rusa Rosneft en el sector petrolero
venezolano. No solo como socios, sino como suplidores de diluyente y
compradores de las exportaciones de crudo. Esta tendencia sería aún más
acentuada en caso de que PDVSA entre en suspensión de pagos.
Rusia
podría ayudar a limitar significativamente el impacto de las sanciones;
al menos por un tiempo, dado que los costos de hacerlo de manera
prolongada serían elevados. Putin se ha alineado con el presidente Maduro en
una clara apuesta geopolítica. Mientras, ante la cuestionada
legitimidad del gobierno venezolano, las empresas internacionales han
estado dudando si firmar contratos petroleros sin la aprobación de la
Asamblea Nacional —de mayoría opositora—. Rosneft ha seguido haciéndolo e
incluso parece decidida a aprovechar las oportunidades que dejen otros
para incrementar su exposición en Venezuela en condiciones muy
favorables.
A
diferencia de Rusia, el gobierno de China —el otro actor geopolítico de
gran peso— ha sido mucho más cauteloso al evitar involucrarse
abiertamente en el conflicto político interno o aumentar su exposición.
De cualquier forma, si las sanciones se imponen, Venezuela se volvería
más dependiente de China donde tendrá que colocar una mayor porción de
su producción.
¿Podrá
el gobierno venezolano evadir su responsabilidad sobre la imposición de
sanciones trasladando la responsabilidad de la crisis económica al
gobierno estadounidense como argumenta Moisés Naím?
¿Podrían las sanciones dividir a los moderados de los radicales del
gobierno, o más bien los unirán frente a un enemigo común? Todo
dependerá del tipo, orden, oportunidad y coordinación de las sanciones
que entren en efecto.
Si
Estados Unidos actúa multilateralmente con el apoyo de Europa y
Latinoamérica; aplica las sanciones selectiva y gradualmente para
afectar más al gobierno y menos a los venezolanos, y establece
condiciones claras para la ejecución y levantamiento de las mismas
atándolas al restablecimiento del Estado de derecho y la democracia, las
sanciones podrían motivar a actores moderados dentro de la coalición
gobernante a impulsar una resolución de la crisis política, aunque no
hay garantías de ello.
Pero
si se aplican de manera arbitraria, unilateral y extensa, podrían
devastar a la población, obstaculizar la transición democrática y
aumentar la influencia geopolítica de Rusia y China en América Latina.
Por
el bien de la población venezolana, la mejor opción es una solución
negociada que evite las sanciones. Pero si se aplicaran, deberían ser
solo el último recurso para impulsar las negociaciones y estar
acompañadas de ayuda para aliviar la crisis humanitaria ya existente.
***
Este texto fue publicado originalmente en el portal web del New York Times en Español.
Francisco J. Monaldi es
Profesor-Investigador del Instituto Baker para las Políticas Públicas de
la Universidad de Rice en Houston y Director Fundador del Centro
Internacional de Energía y Ambiente del IESA en Caracas
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