Estados
Unidos está hoy omnipresente en Honduras con varios programas: limpieza
del narcotráfico, comunidades seguras, lucha contra la corrupción,
profesionalización del ejército, formación de nuevos liderazgos
políticos… Tantas preocupaciones por nuestro país son preocupaciones que
nacen de sus propios intereses. Y ésa es la gran paradoja: Cuanto más
grande es la presencia y las inversiones de Estados Unidos en Honduras
más es Honduras para los americanos y menos es Honduras para los
hondureños.
Restan cuatro años para que se cumplan dos siglos de la firma, por las élites criollas, del Acta de Independencia de Centroamérica de la Corona española, que en su artículo introductorio dice que se mande a publicar el acta “para prevenir las consecuencias, que serían temibles, en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo”.
Cumpliremos así 200 años de una política de “prevención” ordenada por las élites políticas, temerosas de “las consecuencias” que podría haber si fuera el pueblo el que proclamara algo distinto de lo que ellas decidieron para nuestros países.
Control y dominación serán desde entonces las características de una relación bicentenaria entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe, variando las modalidades según varían las coyunturas, las estabilidades o las amenazas. Emplearán “el gran garrote” o la política “de buena vecindad”. Algunas veces usarán cañones y bases militares, otras veces “alianzas para el progreso” o “alianzas para la prosperidad”. Algunas veces organizarán golpes de Estado, otras veces promoverán una democracia tutelada o un autoritarismo controlado.
En Centroamérica, y particularmente en Honduras, estamos en el umbral de arribar a 200 años de relaciones definidas por la ausencia de decisiones soberanas internas en sociedades manejadas por reducidas élites económicas y políticas, subordinadas a las políticas de Estados Unidos, que nos tratan desde hace 194 años como su “backyard”, su “patio trasero”.De acuerdo al diccionario de Oxford, “patio trasero” es una zona cercana a donde uno habita, o también el territorio próximo a un determinado país que considera ese espacio como de su propiedad. Eso es justamente lo que ha significado Centroamérica, y particularmente Honduras, para Estados Unidos durante estos dos siglos. Aún antes de Donald Trump, se nos recordó cómo nos miraban en el Norte cuando en un discurso pronunciado en abril de 2013 ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el entonces Secretario de Estado de Barack Obama, John Kerry, lo dijo sin disimulo: “Tenemos que acercarnos a América Latina de manera vigorosa porque se trata de nuestro patio trasero”.
¿Cómo ha sido el “acercamiento vigoroso” en Honduras? ¿Cómo se expresa hoy en nuestro país la Doctrina Monroe? ¿Qué significa hoy para Honduras ser “patio trasero”? ¿Cómo se comportan las élites hondureñas para “prevenir consecuencias” en caso de que el pueblo construya su propia propuesta de soberanía? ¿Cómo se combina en la actualidad la Doctrina Monroe con la concepción racista de las élites hacia las mayorías hondureñas?El gobierno de Estados Unidos -voy a llamarlo a partir de ahora con el genérico nombre de “la Embajada”- se convenció, hace al menos una década, de que Honduras se le escapó de las manos. A pesar de todos los instrumentos de su inteligencia no percibió en qué momento perdió el control de los hilos que siempre había manejado con total dominio. Y siendo Honduras su “patio trasero”, su tendedero, ha visto que el terreno del patio está no sólo descuidado, sino que se ha convertido en una arena movediza y han entrado por la puerta de atrás gentes que han adquirido el mismo o aún más poder que la Embajada.
La pérdida del control de Honduras se expresa en muchísima violencia diseminada en diversos sectores del país, que tienen una autonomía y poderes instalados. Se expresa en una criminalidad organizada que maneja tantos hilos que no se sabe si la madeja comienza y termina en territorio nacional o si tiene su origen fuera del país o si se extiende hacia otros países y hacia cuáles. Se expresa en un narcotráfico muy activo con corredores de la droga que se alimentan de lo que les llega al sur del continente, sin que se hayan identificado todas sus ramificaciones dentro del país ni sus vinculaciones con las pandillas y con el trasiego de armamento de alto calibre. La pérdida de control se expresa también en cómo las diversas mafias se distribuyen armoniosamente el territorio para el tráfico de droga, el tráfico de armas, el tráfico de bienes naturales, el robo de vehículos, el tráfico de personas y documentos y el tráfico de órganos humanos. Se expresa en los vínculos que existen entre los corredores ilegales y subterráneos de la delincuencia con los corredores legales de los poderes públicos y privados. Y se expresa en los vínculos estrechos que mantienen los liderazgos políticos y los liderazgos empresariales con los de las diversas mafias.
La pérdida del control de Honduras está íntimamente asociada a un dato muy significativo y de gran preocupación para la Embajada: la desconfianza que ha llegado a tener hacia sus estratégicos y tradicionales aliados entre los líderes políticos y empresariales. Esa desconfianza está acompañada de la constatación -igualmente preocupante- de no haber forjado nuevos aliados en quienes depositar la confianza perdida.
Constatar todo esto en el patio trasero es lo que explica la decisión de la Embajada de acrecentar cada vez más una presencia directa y activa en los diversos ámbitos de la realidad hondureña. Si Honduras se le ha ido de las manos, recuperarla explica una presencia intervencionista en los asuntos internos del país, tan evidente y decisoria como solo la hubo en el primer cuarto del siglo 20, en los años en que se consolidó el país como un enclave bananero y el patio trasero adquirió otro membrete: “banana republic”.
Aunque durante más de un siglo la Embajada ha configurado la realidad hondureña a partir de un modelo de desarrollo exógeno y con una política de seguridad que ha condicionado toda la vida política hasta enajenar cualquier rasgo de soberanía nacional, en esta última década la presencia ha sido mucho mayor. La DEA, la USAID, el Comando Sur, diversas instancias del Departamento de Estado, del Departamento de Justicia y muchos otros organismos dependientes de instancias oficiales o paraoficiales de Estados Unidos llegan a Honduras. Cada uno llega para realizar un proyecto que desde distintos cauces desembocan todos en un único objetivo: recuperar el control de la política y de la seguridad del país.
Logramos identificar cinco de estos programas intervencionistas, aun cuando los nombres no responden a la nomenclatura que usa la Embajada. Son éstos: 1) Programa de limpieza de grupos criminales organizados.2) Programa de depuración, lucha contra la corrupción y adecentamiento del sistema de justicia. 3) Programa de profesionalización y recuperación del liderazgo de las Fuerzas Armadas. 4) Programa de prevención de la violencia. 5) Programa de nuevos liderazgos para una nueva gobernabilidad.
El Programa de limpieza de forajidos líderes del crimen organizado responde a la idea de que lograr una nueva institucionalidad comienza por limpiar el patio. El éxito de todo el proceso destinado a recuperar el control del país depende del éxito de este programa. Las prioridades del programa han sido la investigación, la captura y el enjuiciamiento de varios líderes de la narcoactividad, aunque no sólo de los forajidos o mafiosos de pura cepa, sino de todos los que, enmascarados en otras actividades, han acabado integrando la criminalidad organizada.
Relatos van y vienen, rumores vienen y van, todos relacionados con esa omnipresencia de la Embajada en la vida nacional orientada a limpiar la casa de los criminales más reconocidos para lograr control sobre los hasta ahora incontrolables corredores de la droga.
Un 11 de mayo de 2012 la DEA organizó un operativo en la Mosquitia hondureña para aniquilar a un grupo de narcotraficantes. Se basaban en informaciones precisas. La orden era implacable: acabar con todas las personas de una lancha que se conducía por el río Patuca en el municipio de Ahuas. El objetivo se cumplió: de las 16 personas que iban en la lancha, mataron a 4 y 7 quedaron heridas. Pero se equivocaron en un detalle: los muertos eran una familia que nada tenía que ver ni con el narcotráfico ni con ningún delito. Su desgracia fue ir por la misma ruta que llevaría la lancha a fulminar. Un trágico “daño colateral” de la DEA. El operativo fallido se conoció por la denuncia internacional, pero como ése se cuentan centenares de otros operativos que erraron el tiro, tanto en la zona atlántica como en el noroccidente.
Hay que incluir en este programa priorizado algunos éxitos. Decenas han sido los líderes del narcotráfico investigados, menos los capturados y menos aún los extraditados. Entre ellos, los más conocidos son los capos del famoso cártel de Los Cachiros, que se entregaron ellos mismos a la DEA después de haber colaborado con la agencia por más de un año; y los hermanos Valle, del occidente hondureño. Hay otros. Han ido a parar a cárceles de alta seguridad en Estados Unidos y algunos han comenzado a declarar en la Corte, con las consabidas consecuencias para políticos, militares, policías y empresarios hondureños.
Para llevar a cabo este programa de limpieza las instancias estadounidenses han intervenido en el país en paralelo a las instituciones hondureñas de justicia, aunque sin suplantarlas. Todas las investigaciones, capturas, operativos de exterminio, incluso el proceso final de extradición, han sido conducidos por investigadores, fiscales, policías, militares y jueces hondureños debidamente entrenados por estructuras de seguridad de la Embajada. También ha habido operativos conjuntos. En no pocos, las autoridades hondureñas no han tenido toda la información y se han enterado de todo hasta que la operación concluye. Al menos en alguno de los operativos considerados por la Embajada de mayor riesgo, han quedado excluidas de información en esta metodología discrecional las más altas autoridades del país, incluyendo al propio Presidente de la República.
Por ser tanto lo que hay que limpiar, este programa de limpieza se ha convertido en una tarea muy prolongada, casi permanente desde hace un tiempo. Se ha centrado en el objetivo de desarticular las principales bandas de mafiosos. Pero al descubrir la estrecha relación de complicidad y de colaboración que han logrado estos grupos con personajes de la vida empresarial y política, el campo de acción se amplió. Y así como se puso en marcha el plan que condujo a la captura de mafiosos como el Negro Lobo o los hermanos Valle, también se decidió desarticular el poder de empresarios como los Rosenthal y el de otros personajes de la política y de la empresa privada. Los nombres de algunos ya han sido mencionados en los juicios que se les siguen a los mafiosos en tribunales de Nueva York. Muchos más siguen en lista de espera, así que el programa de limpieza tiene larga vida para mucho tiempo.
Veamos ahora algo sobre el segundo programa, el de lucha contra la corrupción y la impunidad y por el adecentamiento del sistema de justicia nacional. Un viernes de junio de 2015, en una de las más apasionadas movilizaciones de los indignados que portaban antorchas pidiendo la renuncia del Presidente Juan Orlando Hernández, al grito de “¡Fuera JOH!”, la gente no se dirigió ni a Casa Presidencial ni al Congreso Nacional. Llegó a la sede de la Embajada. Los dirigentes juveniles de la movilización no llevaban, ni por asomo, la decisión de protestar contra la intervención estadounidense en el país. Al contrario, su propósito era hacer un reconocimiento al embajador por su apoyo a la indignación que simbolizaban las antorchas encendidas y pedirle que continuara respaldándola.
Esta inédita decisión y una acción tan inusual despertaron, obviamente, preguntas y dudas sobre la naturaleza de las movilizaciones indignadas, y aunque el embajador quiso tomar distancia, expresando que el gobierno de Estados Unidos respetaba el orden democrático y a las autoridades legalmente elegidas, las preguntas y las dudas no se esfumaron. Unos días después, en la recepción ofrecida por la Embajada por el 4 de Julio, mientras el embajador departía con el Presidente de la República, unas antorchas similares a las que se encendieron todos los viernes de aquellos meses del segundo semestre de 2015 adornaban la fiesta en la residencia del embajador...
Relatos van y vienen, rumores vienen y van. Todos conducen a la avasalladora presencia de la Embajada en todos los ámbitos relacionados con la lucha contra la corrupción y la impunidad. Para la Embajada es insostenible respaldar un gobierno con instituciones y funcionarios salpicados por la corrupción, usando y abusando de los bienes públicos y ocupando cargos desde los que hacen de los recursos públicos su botín personal. La Embajada conoce perfectamente hasta donde se ha degradado el servicio público y cuánta es la corrupción de los dirigentes de los partidos políticos que ocupan cargos públicos. Sin embargo, es en este aspecto en donde se experimenta con más claridad la ambivalencia de la política de la Embajada. Mientras respaldaba, como vimos aquella tarde de junio, los esfuerzos y las demandas de los indignados y de las organizaciones de sociedad civil para que se investigara y enjuiciara a los corruptos, ha mantenido cercanía con los sospechosos y con los denunciados. Aunque desconfía de ellos como aliados, siguen siendo sus aliados. Pero como desconfía invierte recursos en investigar sus actos de corrupción.
El respaldo activo o velado a las movilizaciones de las antorchas del año 2015 que demandaron investigación, juicio y castigo, especialmente de los saqueadores del Instituto Hondureño del Seguro Social, acabó expresándose un año después en la decisión de la Embajada de instalar la Misión de Apoyo a la lucha Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), bajo responsabilidad de la OEA, aunque los indignados exigían con las antorchas encendidas que fuera una instancia como la CICIG de Guatemala, bajo responsabilidad de la ONU. Para la Embajada las demandas populares contra la corrupción fueron una oportunidad para darle a la OEA la posibilidad de recuperar su perdido y devaluado liderazgo. No sólo impulsó la instalación de la MACCIH, sino que es su mayor financiador y está dando pasos para garantizarle independencia del gobierno hondureño, y particularmente del Presidente de la República.
La Embajada ha sido eficazmente exigente para que el Fiscal General, Óscar Chinchilla, tan cercano y condescendiente con el Presidente, haya avanzado a posiciones de franca colaboración con las peticiones que hacen los miembros de la MACCIH, pagando el precio de distanciarse de Juan Orlando Hernández.
Bajo presión de la Embajada, Juan Orlando Hernández tuvo también que convocar a espacios de diálogo, que resultaron insustanciales, hasta que tuvo que terminar aceptando que en el país se instalara la MACCIH, exigiendo con arrogancia que quedara subordinada al Ejecutivo. A pesar de todo, la Embajada se encargó de darle a la MACCIH los dientes necesarios para morder líneas específicas de corrupción, comenzando por la del saqueo al Seguro Social, razón de ser de las marchas de las antorchas.
Una presión similar ha ejercido la Embajada para la depuración de la Policía, aliándose con sectores de sociedad civil críticos del gobierno, aunque cercanos a las posiciones políticas de la Embajada. Las medidas de depuración que condujeron a apartar de la Policía a oficiales comprometidos con el negocio de la droga se decidieron en la Embajada.
Veamos ahora algo del programa de profesionalización de las Fuerzas Armadas. En marzo de 2010 un alto funcionario del Departamento de Estado declaró en una plática privada que el gobierno de Obama estaba preocupado por el golpe de Estado ocurrido en Honduras en 2009 contra Manuel Zelaya y que, en consecuencia, estaba comprometido a crear las condiciones para impedir que en Honduras y en otros países de América latina y el Caribe se repitiera este tipo de atentado a la democracia y al Estado de Derecho. Para lograrlo, el gobierno de Estados Unidos impulsaría -dijo el alto funcionario-, un proyecto de profesionalización del Ejército de Honduras “al modo como su gobierno lo había impulsado exitosamente en Colombia. Lo que necesitamos en Honduras es contribuir a que las Fuerzas Armadas se fortalezcan como un apoyo firme a la democracia. Así tendremos un modelo de democracia autoritaria”.
El componente militar es uno de los más cruciales en la estrategia de seguridad de la Embajada para Honduras. Y no tanto porque Honduras y su gente, su presente y su futuro, interesen al gobierno de Estados Unidos, cuanto por el interés primordial que adquiere la ubicación geográfica de nuestro territorio. Secundariamente, por la riqueza de biodiversidad que existe en nuestro país. Para la Embajada recuperar el control de Honduras pasa por recuperar el liderazgo del Ejército, el principal aliado estratégico con el que han contado en los últimos cincuenta años, de mayor confiabilidad que todos los políticos y toda la élite empresarial.
Invertir en las Fuerzas Armadas es la más rentable inversión en seguridad que puede hacer la Embajada porque los políticos van y vienen y porque los empresarios juegan con frecuencia con intereses que no siempre coinciden con los de la geopolítica estadounidense. Los militares son más seguros y haber perdido su control en los últimos treinta años, invirtiendo más en la modernización del Estado y en alianzas con civiles, ha sido uno de los factores que más le explica a la Embajada que Honduras se le haya escapado de las manos.
Este programa se vincula a la lucha contra el narcotráfico y exige presencia territorial para salvaguardar intereses geoestratégicos de la Embajada, tanto en la costa atlántica como en la costa pacífica. Exige también una vinculación estratégica entre los ejércitos centroamericanos para enfrentar peligros en las fronteras de grupos irregulares violentos. Recuperar el liderazgo de las fuerzas armadas para que disuadan a los políticos de sus abusos es para la Embajada condición esencial para recuperar el control del país.
La prevención de la violencia y la apuesta por la justicia y los derechos humanos es otro programa en marcha. En centenares de muros de las principales ciudades del país se leen, en letras enormes, mensajes que en tono cristiano hacen llamados a la paz, a fortalecer la familia, a tener un buen comportamiento moral y al temor a Dios. Estos mensajes, y otros muchos, son una de las mayores inversiones de la Embajada para contrarrestar la violencia en barrios y colonias, esperando que impacten en adolescentes y jóvenes, también en padres y madres de familia. Las campañas con mensajes cristianos por la paz tienen en su base una alianza entre la Embajada, el Ministerio de Seguridad y sectores de iglesias, principalmente evangélicas. La Embajada sabe muy bien que las familias de barrios y colonias populares y marginales de las ciudades son mayoritariamente evangélicas pentecostales, y que con mensajes simples y de corte fundamentalista tienen más capacidad de influir en esas familias. Esto explica por qué la alianza se busca más con denominaciones pentecostales que con la iglesia católica, lo que no obsta para que la Embajada busque también acercamiento y alianzas con parroquias y organismos católicos para impulsar en otros ámbitos y con otros mensajes el programa de prevención de la violencia.
Para la Embajada la seguridad se logra cuando la ciudadanía asume responsabilidades para lograrla. Por eso, este programa invierte en proyectos de formación en justicia y en derechos humanos, que se imparten tanto a funcionarios del Poder Judicial y de la Policía como a sectores no gubernamentales, de la sociedad civil y a miembros de las comunidades. La Embajada sabe que sólo si funciona la justicia funcionará la economía y la productividad. Y hacia ese propósito conducen los proyectos en los que invierte la USAID en municipios y comunidades, en alianza con diversos organismos de sociedad civil. De qué vale -diría la Embajada-que se aprueben en las altas esferas leyes o mecanismos para reducir la violencia y proteger los derechos humanos, para reducir los asesinatos, si en la colonia o en el barrio la señora de cualquier casa sigue siendo extorsionada y si los jóvenes no pueden jugar fútbol libremente en un espacio público. La inversión que hace la Embajada en lograr comunidades seguras para lo que desarrolla alianzas entre la Policía, las organizaciones comunitarias, la Fiscalía y las iglesias, es seguramente la que logra una presencia más directa de la Embajada en muchos rincones del país.
Este programa tiene en la formación y en la divulgación de valores su principal base. Por eso, el componente de comunicación y apoyo a medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, es esencial al programa. La Embajada es crítica de los medios de comunicación masivos y del control que sobre ellos ejercen los políticos y la gran empresa privada. Considera que en ese control reside la falta de una auténtica libertad de expresión. Y crece su interés en apoyar diversos esfuerzos de medios comunitarios por crecer en red y aumentar su cobertura. El apoyo a esos medios es política de la Embajada para la implementación de este programa.
También está empeñada la Embajada en un programa de gobernabilidad y apoyo a la conformación de una generación de nuevos políticos. Por perder la confianza en los políticos tradicionales, la Embajada anda detrás de muchos de ellos para que sean investigados, enjuiciados y condenados por corrupción, impunidad, abuso de autoridad, vínculos con el narcotráfico, lavado de activos y muchos otros delitos derivados de su privilegiada relación con el Estado.
La Embajada sospecha de los líderes de los partidos Nacional y Liberal, no ve con ojos confiados a líderes como Salvador Nasralla, tiene relación de bajo perfil con veteranos líderes de algunos partidos pequeños que perdieron su capacidad para incidir en las políticas públicas, como es el caso de los dirigentes del PINU, de la Democracia Cristiana o del Partido Unificación Democrática. La Embajada no invierte energías en ninguno de ellos.
De lo que parece estar más clara la Embajada es de distanciarse totalmente del liderazgo de Manuel Zelaya Rosales. La Embajada lo tiene marcado con la señal de la desconfianza porque ya lo conoció en el ejercicio del poder y ya lo ha conocido como líder de la oposición. Su personalidad sólo despierta incertidumbres y rechazos en la Embajada.
El temor a un gobierno controlado por Zelaya Rosales y la falta de líderes confiables son las razones principales por la que la Embajada acaba dando avales a líderes tan oscuros y sospechosos como lo es Juan Orlando Hernández y su equipo de cercanos colaboradores.
La Embajada anima y promueve el surgimiento de nuevos liderazgos que puedan irrumpir en la vida pública con nuevos valores éticos y rompan así con la política tradicional corrompida y corruptora. La inversión y apoyo a escuelas de formación política con una estrecha relación con organismos no gubernamentales, incluso eclesiásticos, es una de las prioridades de este programa, que busca nuevos talentos políticos. Hasta ahora es un semillero en el que no acaban de verse despuntar brotes, pero en el que la Embajada riega y riega con grandes esperanzas de lograrlo.
Si la Embajada contara con un buen número de nuevos políticos, sin duda hubiese sido mucho más crítica y se hubiera opuesto decididamente al continuismo que representa la reelección de Juan Orlando Hernández. Sería aún más severa en el programa de limpieza y desde él haría tambalearse más eficazmente los corruptos liderazgos de los partidos.
Hasta ahora son reducidos los líderes que actualmente se expresan a través de organismos de la llamada sociedad civil con sede en la capital. Juegan un papel importante impulsando la lucha contra la corrupción y la impunidad en alianza con la Embajada y con sus recursos.
Habría que esperar hasta el proceso electoral de 2022 para que estos nuevos y primeros líderes de la escuela “made in la Embajada” puedan presentarse como candidatos a ocupar cargos en el engranaje estatal. Quedan aún cuatro años para que esta primera oleada de líderes se fogueen y adquieran reconocimiento social y político.
Mucho es lo que hace la Embajada por Honduras, sin duda el país en el que más invierte para lograr una nueva institucionalidad y para construir dinamismos que reduzcan la violencia, la delincuencia, la corrupción y la impunidad. Es muy grande su preocupación por generar nuevos empleos que disminuyan la migración al Norte y los desplazamientos forzados, porque crezca un ambiente económico que dé confianza a la pequeña y microempresa y surja una nueva camada de políticos que puedan adecentar y prestigiar la institucionalidad de un Estado de derecho.
Sin duda que existen no pocos funcionarios de la Embajada comprometidos honestamente con hacer de Honduras un Estado y una sociedad viable, así como existen decenas de miles de estadounidenses con una gran sensibilidad y compromiso de solidaridad con nuestro país. El asesinato de Berta Cáceres y el repudio y la exigencia de justicia que este crimen despertó son una de las muestras más recientes y significativas. La visita del embajador a la casa de Berta el día de su velorio no sólo puede interpretarse como fruto de un cuidado cálculo político. También supuso una expresión de sensibilidad, de repudio a lo ocurrido y de compromiso con el esclarecimiento del crimen.
Y es considerando todos estos gestos y preocupaciones donde está la gran paradoja: cuanto más grande es la presencia de la Embajada y sus inversiones en Honduras, más crece el peligro de que Honduras sea menos país.
La presencia de la Embajada adolece de un problema estructural: trata a Honduras y a su gente a partir de sus intereses y viéndonos como su patio trasero. Esto hace que la relación con Honduras sea siempre la que dictó la Doctrina Monroe: Honduras para los americanos y nunca Honduras para los hondureños. Ésa es la lógica que hilvana investigaciones, capturas y extradiciones de líderes del narcotráfico. Es la lógica que mueve a la USAID, con la mejor voluntad, a invertir en comunidades más seguras o a desembolsar fondos de la Alianza para la Prosperidad.
Cuanto mayor sea la inversión en Honduras, más aumentará el ser menos nuestros y más de los americanos. Cuanto más nos den, menos hondureños seremos. Está probado: la dignidad más se pierde cuanto más presencia estadounidense existe en el país, aunque crezca la seguridad y la estabilidad económica. La dignidad aumenta en la medida en que menos presencia estadounidense existe en el país. Quizás habrá carencias y pobrezas, pero habrá más dignidad.
He aquí el dilema del presente y del futuro de Honduras. O hay una ruptura de la dependencia y el sometimiento a las decisiones de la Embajada, aceptando pasar por un hondo período de crisis, que impulsará inevitablemente al desafío de construir soberanía. O se sigue aceptando el control avasallador de las reducidas élites nacionales apoyadas en la presencia creciente de Estados Unidos, y tendremos una “paz americana” y “prosperidad” con cada vez menos dignidad y con la aceptación de seguir siendo, al menos por los próximos dos siglos sólo un “patio trasero” de otros y no una “casa propia”.
Sólo hay dos caminos. O seguir como hasta ahora, conformados con ser el patio trasero. O apostar por la construcción de un país con soberanía e identidad y a partir de la casa propia que construyamos establecer relaciones justas y de complementariedad con Estados Unidos o con cualquier otra nación. No se puede transitar por ambos caminos. No se queda bien con Dios y con el diablo y siempre hay que elegir entre Dios y el dinero.
Restan cuatro años para que se cumplan dos siglos de la firma, por las élites criollas, del Acta de Independencia de Centroamérica de la Corona española, que en su artículo introductorio dice que se mande a publicar el acta “para prevenir las consecuencias, que serían temibles, en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo”.
Cumpliremos así 200 años de una política de “prevención” ordenada por las élites políticas, temerosas de “las consecuencias” que podría haber si fuera el pueblo el que proclamara algo distinto de lo que ellas decidieron para nuestros países.
LA RAÍZ DE UNA IDENTIDAD HISTÓRICA
De este temor nació la “identidad” de las élites hondureñas y centroamericanas, que a lo largo de dos siglos han desconfiado de los sectores populares, a quienes siempre han visto y tratado como subalternos, comportándose igualmente serviles ante los poderes externos, a quienes siempre han visto y tratado como “mayores”. Restan seis años para que se cumplan dos siglos del discurso del Presidente estadounidense, James Monroe, en el que dejó establecido lo que sería el futuro de la relación de Estados Unidos con los países latinoamericanos y caribeños. “América para los americanos” dijo en 1823, formulando la Doctrina Monroe, que establece que si un país del continente amenaza los intereses, los derechos o el patrimonio de ciudadanos o empresas de Estados Unidos, Washington tiene el derecho de intervenir en ese país para garantizar su patrimonio, derechos e intereses.Control y dominación serán desde entonces las características de una relación bicentenaria entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe, variando las modalidades según varían las coyunturas, las estabilidades o las amenazas. Emplearán “el gran garrote” o la política “de buena vecindad”. Algunas veces usarán cañones y bases militares, otras veces “alianzas para el progreso” o “alianzas para la prosperidad”. Algunas veces organizarán golpes de Estado, otras veces promoverán una democracia tutelada o un autoritarismo controlado.
SOMOS SU “BACKYARD”
En Centroamérica, y particularmente en Honduras, estamos en el umbral de arribar a 200 años de relaciones definidas por la ausencia de decisiones soberanas internas en sociedades manejadas por reducidas élites económicas y políticas, subordinadas a las políticas de Estados Unidos, que nos tratan desde hace 194 años como su “backyard”, su “patio trasero”.De acuerdo al diccionario de Oxford, “patio trasero” es una zona cercana a donde uno habita, o también el territorio próximo a un determinado país que considera ese espacio como de su propiedad. Eso es justamente lo que ha significado Centroamérica, y particularmente Honduras, para Estados Unidos durante estos dos siglos. Aún antes de Donald Trump, se nos recordó cómo nos miraban en el Norte cuando en un discurso pronunciado en abril de 2013 ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el entonces Secretario de Estado de Barack Obama, John Kerry, lo dijo sin disimulo: “Tenemos que acercarnos a América Latina de manera vigorosa porque se trata de nuestro patio trasero”.
HONDURAS SE LES ESCAPÓ DE LAS MANOS
¿Cómo ha sido el “acercamiento vigoroso” en Honduras? ¿Cómo se expresa hoy en nuestro país la Doctrina Monroe? ¿Qué significa hoy para Honduras ser “patio trasero”? ¿Cómo se comportan las élites hondureñas para “prevenir consecuencias” en caso de que el pueblo construya su propia propuesta de soberanía? ¿Cómo se combina en la actualidad la Doctrina Monroe con la concepción racista de las élites hacia las mayorías hondureñas?El gobierno de Estados Unidos -voy a llamarlo a partir de ahora con el genérico nombre de “la Embajada”- se convenció, hace al menos una década, de que Honduras se le escapó de las manos. A pesar de todos los instrumentos de su inteligencia no percibió en qué momento perdió el control de los hilos que siempre había manejado con total dominio. Y siendo Honduras su “patio trasero”, su tendedero, ha visto que el terreno del patio está no sólo descuidado, sino que se ha convertido en una arena movediza y han entrado por la puerta de atrás gentes que han adquirido el mismo o aún más poder que la Embajada.
A MÁS VIOLENCIA, MÁS DESCONFIANZA
La pérdida del control de Honduras se expresa en muchísima violencia diseminada en diversos sectores del país, que tienen una autonomía y poderes instalados. Se expresa en una criminalidad organizada que maneja tantos hilos que no se sabe si la madeja comienza y termina en territorio nacional o si tiene su origen fuera del país o si se extiende hacia otros países y hacia cuáles. Se expresa en un narcotráfico muy activo con corredores de la droga que se alimentan de lo que les llega al sur del continente, sin que se hayan identificado todas sus ramificaciones dentro del país ni sus vinculaciones con las pandillas y con el trasiego de armamento de alto calibre. La pérdida de control se expresa también en cómo las diversas mafias se distribuyen armoniosamente el territorio para el tráfico de droga, el tráfico de armas, el tráfico de bienes naturales, el robo de vehículos, el tráfico de personas y documentos y el tráfico de órganos humanos. Se expresa en los vínculos que existen entre los corredores ilegales y subterráneos de la delincuencia con los corredores legales de los poderes públicos y privados. Y se expresa en los vínculos estrechos que mantienen los liderazgos políticos y los liderazgos empresariales con los de las diversas mafias.
La pérdida del control de Honduras está íntimamente asociada a un dato muy significativo y de gran preocupación para la Embajada: la desconfianza que ha llegado a tener hacia sus estratégicos y tradicionales aliados entre los líderes políticos y empresariales. Esa desconfianza está acompañada de la constatación -igualmente preocupante- de no haber forjado nuevos aliados en quienes depositar la confianza perdida.
Constatar todo esto en el patio trasero es lo que explica la decisión de la Embajada de acrecentar cada vez más una presencia directa y activa en los diversos ámbitos de la realidad hondureña. Si Honduras se le ha ido de las manos, recuperarla explica una presencia intervencionista en los asuntos internos del país, tan evidente y decisoria como solo la hubo en el primer cuarto del siglo 20, en los años en que se consolidó el país como un enclave bananero y el patio trasero adquirió otro membrete: “banana republic”.
5 PROGRAMAS DE ESTADOS UNIDOS EN EL PATIO
Aunque durante más de un siglo la Embajada ha configurado la realidad hondureña a partir de un modelo de desarrollo exógeno y con una política de seguridad que ha condicionado toda la vida política hasta enajenar cualquier rasgo de soberanía nacional, en esta última década la presencia ha sido mucho mayor. La DEA, la USAID, el Comando Sur, diversas instancias del Departamento de Estado, del Departamento de Justicia y muchos otros organismos dependientes de instancias oficiales o paraoficiales de Estados Unidos llegan a Honduras. Cada uno llega para realizar un proyecto que desde distintos cauces desembocan todos en un único objetivo: recuperar el control de la política y de la seguridad del país.
Logramos identificar cinco de estos programas intervencionistas, aun cuando los nombres no responden a la nomenclatura que usa la Embajada. Son éstos: 1) Programa de limpieza de grupos criminales organizados.2) Programa de depuración, lucha contra la corrupción y adecentamiento del sistema de justicia. 3) Programa de profesionalización y recuperación del liderazgo de las Fuerzas Armadas. 4) Programa de prevención de la violencia. 5) Programa de nuevos liderazgos para una nueva gobernabilidad.
LA PRIORIDAD: LIMPIAR EL PATIO
El Programa de limpieza de forajidos líderes del crimen organizado responde a la idea de que lograr una nueva institucionalidad comienza por limpiar el patio. El éxito de todo el proceso destinado a recuperar el control del país depende del éxito de este programa. Las prioridades del programa han sido la investigación, la captura y el enjuiciamiento de varios líderes de la narcoactividad, aunque no sólo de los forajidos o mafiosos de pura cepa, sino de todos los que, enmascarados en otras actividades, han acabado integrando la criminalidad organizada.
Relatos van y vienen, rumores vienen y van, todos relacionados con esa omnipresencia de la Embajada en la vida nacional orientada a limpiar la casa de los criminales más reconocidos para lograr control sobre los hasta ahora incontrolables corredores de la droga.
Un 11 de mayo de 2012 la DEA organizó un operativo en la Mosquitia hondureña para aniquilar a un grupo de narcotraficantes. Se basaban en informaciones precisas. La orden era implacable: acabar con todas las personas de una lancha que se conducía por el río Patuca en el municipio de Ahuas. El objetivo se cumplió: de las 16 personas que iban en la lancha, mataron a 4 y 7 quedaron heridas. Pero se equivocaron en un detalle: los muertos eran una familia que nada tenía que ver ni con el narcotráfico ni con ningún delito. Su desgracia fue ir por la misma ruta que llevaría la lancha a fulminar. Un trágico “daño colateral” de la DEA. El operativo fallido se conoció por la denuncia internacional, pero como ése se cuentan centenares de otros operativos que erraron el tiro, tanto en la zona atlántica como en el noroccidente.
Hay que incluir en este programa priorizado algunos éxitos. Decenas han sido los líderes del narcotráfico investigados, menos los capturados y menos aún los extraditados. Entre ellos, los más conocidos son los capos del famoso cártel de Los Cachiros, que se entregaron ellos mismos a la DEA después de haber colaborado con la agencia por más de un año; y los hermanos Valle, del occidente hondureño. Hay otros. Han ido a parar a cárceles de alta seguridad en Estados Unidos y algunos han comenzado a declarar en la Corte, con las consabidas consecuencias para políticos, militares, policías y empresarios hondureños.
LA LIMPIEZA SERÁ PROLONGADA
Para llevar a cabo este programa de limpieza las instancias estadounidenses han intervenido en el país en paralelo a las instituciones hondureñas de justicia, aunque sin suplantarlas. Todas las investigaciones, capturas, operativos de exterminio, incluso el proceso final de extradición, han sido conducidos por investigadores, fiscales, policías, militares y jueces hondureños debidamente entrenados por estructuras de seguridad de la Embajada. También ha habido operativos conjuntos. En no pocos, las autoridades hondureñas no han tenido toda la información y se han enterado de todo hasta que la operación concluye. Al menos en alguno de los operativos considerados por la Embajada de mayor riesgo, han quedado excluidas de información en esta metodología discrecional las más altas autoridades del país, incluyendo al propio Presidente de la República.
Por ser tanto lo que hay que limpiar, este programa de limpieza se ha convertido en una tarea muy prolongada, casi permanente desde hace un tiempo. Se ha centrado en el objetivo de desarticular las principales bandas de mafiosos. Pero al descubrir la estrecha relación de complicidad y de colaboración que han logrado estos grupos con personajes de la vida empresarial y política, el campo de acción se amplió. Y así como se puso en marcha el plan que condujo a la captura de mafiosos como el Negro Lobo o los hermanos Valle, también se decidió desarticular el poder de empresarios como los Rosenthal y el de otros personajes de la política y de la empresa privada. Los nombres de algunos ya han sido mencionados en los juicios que se les siguen a los mafiosos en tribunales de Nueva York. Muchos más siguen en lista de espera, así que el programa de limpieza tiene larga vida para mucho tiempo.
EN LOS MESES DE LAS ANTORCHAS INDIGNADAS
Veamos ahora algo sobre el segundo programa, el de lucha contra la corrupción y la impunidad y por el adecentamiento del sistema de justicia nacional. Un viernes de junio de 2015, en una de las más apasionadas movilizaciones de los indignados que portaban antorchas pidiendo la renuncia del Presidente Juan Orlando Hernández, al grito de “¡Fuera JOH!”, la gente no se dirigió ni a Casa Presidencial ni al Congreso Nacional. Llegó a la sede de la Embajada. Los dirigentes juveniles de la movilización no llevaban, ni por asomo, la decisión de protestar contra la intervención estadounidense en el país. Al contrario, su propósito era hacer un reconocimiento al embajador por su apoyo a la indignación que simbolizaban las antorchas encendidas y pedirle que continuara respaldándola.
Esta inédita decisión y una acción tan inusual despertaron, obviamente, preguntas y dudas sobre la naturaleza de las movilizaciones indignadas, y aunque el embajador quiso tomar distancia, expresando que el gobierno de Estados Unidos respetaba el orden democrático y a las autoridades legalmente elegidas, las preguntas y las dudas no se esfumaron. Unos días después, en la recepción ofrecida por la Embajada por el 4 de Julio, mientras el embajador departía con el Presidente de la República, unas antorchas similares a las que se encendieron todos los viernes de aquellos meses del segundo semestre de 2015 adornaban la fiesta en la residencia del embajador...
UNA CONCIENCIA AMBIVALENTE
Relatos van y vienen, rumores vienen y van. Todos conducen a la avasalladora presencia de la Embajada en todos los ámbitos relacionados con la lucha contra la corrupción y la impunidad. Para la Embajada es insostenible respaldar un gobierno con instituciones y funcionarios salpicados por la corrupción, usando y abusando de los bienes públicos y ocupando cargos desde los que hacen de los recursos públicos su botín personal. La Embajada conoce perfectamente hasta donde se ha degradado el servicio público y cuánta es la corrupción de los dirigentes de los partidos políticos que ocupan cargos públicos. Sin embargo, es en este aspecto en donde se experimenta con más claridad la ambivalencia de la política de la Embajada. Mientras respaldaba, como vimos aquella tarde de junio, los esfuerzos y las demandas de los indignados y de las organizaciones de sociedad civil para que se investigara y enjuiciara a los corruptos, ha mantenido cercanía con los sospechosos y con los denunciados. Aunque desconfía de ellos como aliados, siguen siendo sus aliados. Pero como desconfía invierte recursos en investigar sus actos de corrupción.
LA MACCIH DE LA OEA TIENE DIENTES
El respaldo activo o velado a las movilizaciones de las antorchas del año 2015 que demandaron investigación, juicio y castigo, especialmente de los saqueadores del Instituto Hondureño del Seguro Social, acabó expresándose un año después en la decisión de la Embajada de instalar la Misión de Apoyo a la lucha Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), bajo responsabilidad de la OEA, aunque los indignados exigían con las antorchas encendidas que fuera una instancia como la CICIG de Guatemala, bajo responsabilidad de la ONU. Para la Embajada las demandas populares contra la corrupción fueron una oportunidad para darle a la OEA la posibilidad de recuperar su perdido y devaluado liderazgo. No sólo impulsó la instalación de la MACCIH, sino que es su mayor financiador y está dando pasos para garantizarle independencia del gobierno hondureño, y particularmente del Presidente de la República.
La Embajada ha sido eficazmente exigente para que el Fiscal General, Óscar Chinchilla, tan cercano y condescendiente con el Presidente, haya avanzado a posiciones de franca colaboración con las peticiones que hacen los miembros de la MACCIH, pagando el precio de distanciarse de Juan Orlando Hernández.
Bajo presión de la Embajada, Juan Orlando Hernández tuvo también que convocar a espacios de diálogo, que resultaron insustanciales, hasta que tuvo que terminar aceptando que en el país se instalara la MACCIH, exigiendo con arrogancia que quedara subordinada al Ejecutivo. A pesar de todo, la Embajada se encargó de darle a la MACCIH los dientes necesarios para morder líneas específicas de corrupción, comenzando por la del saqueo al Seguro Social, razón de ser de las marchas de las antorchas.
Una presión similar ha ejercido la Embajada para la depuración de la Policía, aliándose con sectores de sociedad civil críticos del gobierno, aunque cercanos a las posiciones políticas de la Embajada. Las medidas de depuración que condujeron a apartar de la Policía a oficiales comprometidos con el negocio de la droga se decidieron en la Embajada.
RECUPERAR EL LIDERAZGO DEL EJÉRCITO
Veamos ahora algo del programa de profesionalización de las Fuerzas Armadas. En marzo de 2010 un alto funcionario del Departamento de Estado declaró en una plática privada que el gobierno de Obama estaba preocupado por el golpe de Estado ocurrido en Honduras en 2009 contra Manuel Zelaya y que, en consecuencia, estaba comprometido a crear las condiciones para impedir que en Honduras y en otros países de América latina y el Caribe se repitiera este tipo de atentado a la democracia y al Estado de Derecho. Para lograrlo, el gobierno de Estados Unidos impulsaría -dijo el alto funcionario-, un proyecto de profesionalización del Ejército de Honduras “al modo como su gobierno lo había impulsado exitosamente en Colombia. Lo que necesitamos en Honduras es contribuir a que las Fuerzas Armadas se fortalezcan como un apoyo firme a la democracia. Así tendremos un modelo de democracia autoritaria”.
El componente militar es uno de los más cruciales en la estrategia de seguridad de la Embajada para Honduras. Y no tanto porque Honduras y su gente, su presente y su futuro, interesen al gobierno de Estados Unidos, cuanto por el interés primordial que adquiere la ubicación geográfica de nuestro territorio. Secundariamente, por la riqueza de biodiversidad que existe en nuestro país. Para la Embajada recuperar el control de Honduras pasa por recuperar el liderazgo del Ejército, el principal aliado estratégico con el que han contado en los últimos cincuenta años, de mayor confiabilidad que todos los políticos y toda la élite empresarial.
Invertir en las Fuerzas Armadas es la más rentable inversión en seguridad que puede hacer la Embajada porque los políticos van y vienen y porque los empresarios juegan con frecuencia con intereses que no siempre coinciden con los de la geopolítica estadounidense. Los militares son más seguros y haber perdido su control en los últimos treinta años, invirtiendo más en la modernización del Estado y en alianzas con civiles, ha sido uno de los factores que más le explica a la Embajada que Honduras se le haya escapado de las manos.
Este programa se vincula a la lucha contra el narcotráfico y exige presencia territorial para salvaguardar intereses geoestratégicos de la Embajada, tanto en la costa atlántica como en la costa pacífica. Exige también una vinculación estratégica entre los ejércitos centroamericanos para enfrentar peligros en las fronteras de grupos irregulares violentos. Recuperar el liderazgo de las fuerzas armadas para que disuadan a los políticos de sus abusos es para la Embajada condición esencial para recuperar el control del país.
EN ALIANZA CON LOS EVANGÉLICOS
La prevención de la violencia y la apuesta por la justicia y los derechos humanos es otro programa en marcha. En centenares de muros de las principales ciudades del país se leen, en letras enormes, mensajes que en tono cristiano hacen llamados a la paz, a fortalecer la familia, a tener un buen comportamiento moral y al temor a Dios. Estos mensajes, y otros muchos, son una de las mayores inversiones de la Embajada para contrarrestar la violencia en barrios y colonias, esperando que impacten en adolescentes y jóvenes, también en padres y madres de familia. Las campañas con mensajes cristianos por la paz tienen en su base una alianza entre la Embajada, el Ministerio de Seguridad y sectores de iglesias, principalmente evangélicas. La Embajada sabe muy bien que las familias de barrios y colonias populares y marginales de las ciudades son mayoritariamente evangélicas pentecostales, y que con mensajes simples y de corte fundamentalista tienen más capacidad de influir en esas familias. Esto explica por qué la alianza se busca más con denominaciones pentecostales que con la iglesia católica, lo que no obsta para que la Embajada busque también acercamiento y alianzas con parroquias y organismos católicos para impulsar en otros ámbitos y con otros mensajes el programa de prevención de la violencia.
EL PROGRAMA DE COMUNIDADES SEGURAS
Para la Embajada la seguridad se logra cuando la ciudadanía asume responsabilidades para lograrla. Por eso, este programa invierte en proyectos de formación en justicia y en derechos humanos, que se imparten tanto a funcionarios del Poder Judicial y de la Policía como a sectores no gubernamentales, de la sociedad civil y a miembros de las comunidades. La Embajada sabe que sólo si funciona la justicia funcionará la economía y la productividad. Y hacia ese propósito conducen los proyectos en los que invierte la USAID en municipios y comunidades, en alianza con diversos organismos de sociedad civil. De qué vale -diría la Embajada-que se aprueben en las altas esferas leyes o mecanismos para reducir la violencia y proteger los derechos humanos, para reducir los asesinatos, si en la colonia o en el barrio la señora de cualquier casa sigue siendo extorsionada y si los jóvenes no pueden jugar fútbol libremente en un espacio público. La inversión que hace la Embajada en lograr comunidades seguras para lo que desarrolla alianzas entre la Policía, las organizaciones comunitarias, la Fiscalía y las iglesias, es seguramente la que logra una presencia más directa de la Embajada en muchos rincones del país.
Este programa tiene en la formación y en la divulgación de valores su principal base. Por eso, el componente de comunicación y apoyo a medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, es esencial al programa. La Embajada es crítica de los medios de comunicación masivos y del control que sobre ellos ejercen los políticos y la gran empresa privada. Considera que en ese control reside la falta de una auténtica libertad de expresión. Y crece su interés en apoyar diversos esfuerzos de medios comunitarios por crecer en red y aumentar su cobertura. El apoyo a esos medios es política de la Embajada para la implementación de este programa.
EN QUIÉNES YA NO CONFÍA LA EMBAJADA
También está empeñada la Embajada en un programa de gobernabilidad y apoyo a la conformación de una generación de nuevos políticos. Por perder la confianza en los políticos tradicionales, la Embajada anda detrás de muchos de ellos para que sean investigados, enjuiciados y condenados por corrupción, impunidad, abuso de autoridad, vínculos con el narcotráfico, lavado de activos y muchos otros delitos derivados de su privilegiada relación con el Estado.
La Embajada sospecha de los líderes de los partidos Nacional y Liberal, no ve con ojos confiados a líderes como Salvador Nasralla, tiene relación de bajo perfil con veteranos líderes de algunos partidos pequeños que perdieron su capacidad para incidir en las políticas públicas, como es el caso de los dirigentes del PINU, de la Democracia Cristiana o del Partido Unificación Democrática. La Embajada no invierte energías en ninguno de ellos.
De lo que parece estar más clara la Embajada es de distanciarse totalmente del liderazgo de Manuel Zelaya Rosales. La Embajada lo tiene marcado con la señal de la desconfianza porque ya lo conoció en el ejercicio del poder y ya lo ha conocido como líder de la oposición. Su personalidad sólo despierta incertidumbres y rechazos en la Embajada.
El temor a un gobierno controlado por Zelaya Rosales y la falta de líderes confiables son las razones principales por la que la Embajada acaba dando avales a líderes tan oscuros y sospechosos como lo es Juan Orlando Hernández y su equipo de cercanos colaboradores.
UN SEMILLERO AÚN SIN FRUTOS
La Embajada anima y promueve el surgimiento de nuevos liderazgos que puedan irrumpir en la vida pública con nuevos valores éticos y rompan así con la política tradicional corrompida y corruptora. La inversión y apoyo a escuelas de formación política con una estrecha relación con organismos no gubernamentales, incluso eclesiásticos, es una de las prioridades de este programa, que busca nuevos talentos políticos. Hasta ahora es un semillero en el que no acaban de verse despuntar brotes, pero en el que la Embajada riega y riega con grandes esperanzas de lograrlo.
Si la Embajada contara con un buen número de nuevos políticos, sin duda hubiese sido mucho más crítica y se hubiera opuesto decididamente al continuismo que representa la reelección de Juan Orlando Hernández. Sería aún más severa en el programa de limpieza y desde él haría tambalearse más eficazmente los corruptos liderazgos de los partidos.
Hasta ahora son reducidos los líderes que actualmente se expresan a través de organismos de la llamada sociedad civil con sede en la capital. Juegan un papel importante impulsando la lucha contra la corrupción y la impunidad en alianza con la Embajada y con sus recursos.
Habría que esperar hasta el proceso electoral de 2022 para que estos nuevos y primeros líderes de la escuela “made in la Embajada” puedan presentarse como candidatos a ocupar cargos en el engranaje estatal. Quedan aún cuatro años para que esta primera oleada de líderes se fogueen y adquieran reconocimiento social y político.
MUCHO HACEN POR SU PATIO...
Mucho es lo que hace la Embajada por Honduras, sin duda el país en el que más invierte para lograr una nueva institucionalidad y para construir dinamismos que reduzcan la violencia, la delincuencia, la corrupción y la impunidad. Es muy grande su preocupación por generar nuevos empleos que disminuyan la migración al Norte y los desplazamientos forzados, porque crezca un ambiente económico que dé confianza a la pequeña y microempresa y surja una nueva camada de políticos que puedan adecentar y prestigiar la institucionalidad de un Estado de derecho.
Sin duda que existen no pocos funcionarios de la Embajada comprometidos honestamente con hacer de Honduras un Estado y una sociedad viable, así como existen decenas de miles de estadounidenses con una gran sensibilidad y compromiso de solidaridad con nuestro país. El asesinato de Berta Cáceres y el repudio y la exigencia de justicia que este crimen despertó son una de las muestras más recientes y significativas. La visita del embajador a la casa de Berta el día de su velorio no sólo puede interpretarse como fruto de un cuidado cálculo político. También supuso una expresión de sensibilidad, de repudio a lo ocurrido y de compromiso con el esclarecimiento del crimen.
Y es considerando todos estos gestos y preocupaciones donde está la gran paradoja: cuanto más grande es la presencia de la Embajada y sus inversiones en Honduras, más crece el peligro de que Honduras sea menos país.
EL DILEMA DE LA DIGNIDAD
La presencia de la Embajada adolece de un problema estructural: trata a Honduras y a su gente a partir de sus intereses y viéndonos como su patio trasero. Esto hace que la relación con Honduras sea siempre la que dictó la Doctrina Monroe: Honduras para los americanos y nunca Honduras para los hondureños. Ésa es la lógica que hilvana investigaciones, capturas y extradiciones de líderes del narcotráfico. Es la lógica que mueve a la USAID, con la mejor voluntad, a invertir en comunidades más seguras o a desembolsar fondos de la Alianza para la Prosperidad.
Cuanto mayor sea la inversión en Honduras, más aumentará el ser menos nuestros y más de los americanos. Cuanto más nos den, menos hondureños seremos. Está probado: la dignidad más se pierde cuanto más presencia estadounidense existe en el país, aunque crezca la seguridad y la estabilidad económica. La dignidad aumenta en la medida en que menos presencia estadounidense existe en el país. Quizás habrá carencias y pobrezas, pero habrá más dignidad.
He aquí el dilema del presente y del futuro de Honduras. O hay una ruptura de la dependencia y el sometimiento a las decisiones de la Embajada, aceptando pasar por un hondo período de crisis, que impulsará inevitablemente al desafío de construir soberanía. O se sigue aceptando el control avasallador de las reducidas élites nacionales apoyadas en la presencia creciente de Estados Unidos, y tendremos una “paz americana” y “prosperidad” con cada vez menos dignidad y con la aceptación de seguir siendo, al menos por los próximos dos siglos sólo un “patio trasero” de otros y no una “casa propia”.
Sólo hay dos caminos. O seguir como hasta ahora, conformados con ser el patio trasero. O apostar por la construcción de un país con soberanía e identidad y a partir de la casa propia que construyamos establecer relaciones justas y de complementariedad con Estados Unidos o con cualquier otra nación. No se puede transitar por ambos caminos. No se queda bien con Dios y con el diablo y siempre hay que elegir entre Dios y el dinero.
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