Published 1 August, 2017 by

por Redacción Misión Verdad, en Misión Verdad

Colombia y México, junto a Panamá, anunciaron que se van a sumar a las sanciones de Estados Unidos a 13 figuras del chavismo en Venezuela. Convirtiéndose así en los tres únicos países de la región que respaldan a ultranza las posiciones más beligerantes contra el país.
Poco importa indignarse, ni asombrarse, por la actitudes de presidentes como Juan Manuel Santos, quien afirma que no reconocerá la Constituyente, y de Enrique Peña Nieto, humillado por Trump hasta el hartazgo con la ampliación del muro fronterizo entre México y Estados Unidos.
Menos que Panamá se una al coro con las mismas sanciones a funcionarios de Venezuela porque después de todo es el mismo país que fue creado especialmente por Estados Unidos para hacer un canal bióceanico, que utilizó como excusa para ocupar militarmente el país hasta que Omar Torrijos firmó un acuerdo con Jimmy Carter para ponerle un plazo a la retirada de tropas estadounidenses. Sin que esa condición de base operativa financiera y comercial haya cambiado en nada, desde la muerte de Torrijos y la invasión al país.
Tampoco que el director de la CIA, Mike Pompeo, se encargue de revelar en un foro público que México y Colombia trabajan en conjunto con Estados Unidos para “una transición en Venezuela”, otro de los tantos eufemismos para referirse a un golpe de Estado al presidente Nicolás Maduro.
Porque los dos países, México y Colombia, para fines prácticos, son las dos bases operativas más avanzadas de Estados Unidos en la región. Poco importa lo que piensen sus altos funcionarios de gobierno, tampoco sus poblaciones que bordean el 50% de pobreza.
En términos reales, Colombia tiene su aparato de seguridad penetrado por Estados Unidos, financieramente, militarmente y culturalmente, desde mucho antes de que se pusiera en marcha el Plan Colombia durante la presidencia de Andrés Pastrana.
Incluso, en 2013 la ex subsecretaria de Defensa de George W. Bush, May Beth Long, se había adelantado a la oferta de armas realizada este año por el senador del lobby militar, Lindsey Graham, cuando dijo que el Ejército colombiano debía prepararse para que Venezuela fuese una “amenaza” una vez firmados los acuerdos de paz con las FARC.
Lo mismo puede decirse de México, penetrado completamente por la Iniciativa Mérida, excusada en la lucha contra el narcotráfico, en un momento en que Estados Unidos es presidido por uno de los políticos que más denigra y maltrata a los mexicanos con la promesa de ampliar el muro entre los dos países para evitar que pasen inmigrantes de este país.
Sin embargo, para los dos países también pesa el hecho de que sus economías dependen de compañías y corporaciones estadounidenses, que explotan sus recursos naturales y utilizan su mano de obra barata bajo acuerdos de libre comercio, o privatizaciones encubiertas, como las subastas petroleras realizadas en el Golfo de México para “atraer inversiones” que representan el comienzo del fin de la estatal Pemex.
De esta forma los dos son especies de portaaviones de Estados Unidos en la región, que para fines prácticos ejercen presión contra Venezuela. México por la vía diplomática, al buscar un consenso contra Venezuela en la OEA, y Colombia por la vía militar, permitiendo el uso de sus bases y su logística para fortalecer una insurrección armada en el país.
Los dos, además, con el territorio fragmentado por las bandas de narcotráfico y el paramilitarismo, que mantienen el pujante y lucrativo negocio de dopar con drogas a buena parte de los estadounidenses. Fiel reflejo del modelo de sociedad que quieren trasladar a Venezuela, amparándose en la democracia y libertad que en sus propios países no funciona para sus propios ciudadanos.