Al menos mil 37 personas (273 indígenas) y 422 colectivos defensores de derechos humanos sufrieron algún tipo de abuso en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, y hasta julio de 2017 se contabilizaban 106 defensores asesinados y 81 desaparecidos, reveló un informe de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los derechos para todas y todos". Por regiones, el 69 por ciento de los casos se concentra en siete entidades: Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, Guerrero, Veracruz, Estado de México y Puebla.
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Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2016, se registran en 30 entidades del país 302 casos que afectaron a mil 37 personas (273 indígenas) y 422 colectivos defensores de derechos humanos, y hasta julio de 2017 se contabilizaban 106 defensores asesinados y 81 desaparecidos, lo cual muestra que la protesta social se criminaliza y reprime, reveló un informe de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los derechos para todas y todos".
Por regiones, el 69 por ciento de los casos se concentra en siete entidades: Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, Guerrero, Veracruz, Estado de México y Puebla.
El mayor número de casos se ubica en Oaxaca: 13 situaciones por megaproyectos y 17 por las reformas estructurales.
La violación a defensores de derechos humanos más recurrente es la detención arbitraria o ilegal (477 actos) y el delito más recurrente son las agresiones físicas/intento de homicidio (120 actos).
Ante las reformas estructurales, el agudizamiento de la violencia, la desigualdad y la expansión de proyectos de despojo, han surgido actores sociales en las ciudades, comunidades indígenas, zonas rurales y fronterizas, donde libran una batalla continua para exigir el respeto de sus derechos humanos y de terceros, expone el estudio de Red TDT en el marco del V Informe de Gobierno.
Desde el primero de diciembre de 2012, durante las manifestaciones por la toma de protesta de Peña Nieto como Presidente de la República, hubo 99 detenciones (12 menores de edad) y por lo menos seis casos de tortura. Un ciudadano murió un año después por las heridas causadas por una bala de goma.
"Quedaría definida la línea que habría de seguir su gestión en lo referente al derecho humano a la protesta y a la libertad de expresión", dice.
El estudio revela que dentro de los 3 mil 380 actos registrados (de los 302 casos y 820 eventos), el 73 por ciento de las agresiones (2 mil 461 actos) son violaciones a los derechos humanos de los defensores por parte de agentes estatales.
Los principales perpetuadores estatales son: fuerzas estatales de seguridad pública (110 eventos), instituciones federales (95 eventos), instituciones estatales de procuración de justicia (87 eventos). Los pertenecientes a los gobiernos estatales son los que tienen más alta frecuencia en el 39 por ciento (273 eventos), seguidos de los del gobierno federal con el 32 por ciento (220 eventos) y de los agentes del gobierno municipal con el 20 por ciento (141 eventos).
De los 3 mil 380 actos registrados por la Red TDT, el 27 por ciento de las agresiones fue ejecutado por agentes no estatales con 919 actos: grupo de choque (70 eventos), empresa privada (46 eventos), medios de comunicación (36 eventos) y grupos de delincuencia organizada (34 eventos).
De los 302 casos registrados de agresiones contra defensores de derechos humanos, 67 casos (el 22 por ciento) están relacionados con la Reforma Energética, la Ley Minera, Educativa y Telecomunicaciones. La Reforma Energética es la reforma estructural con el mayor número de casos con 23 hechos contra defensores (ocho por ciento del total).
La Reforma Educativa ha provocado 17 casos (el 5 por ciento total) y la de Telecomunicaciones, nueve casos (el tres por ciento del total).
Sara Méndez, de Código DH en Oaxaca, acusó que la tríada (Oaxaca, Guerrero y Chiapas) sigue siendo la de mayor rezago en el país, zona donde ha habido un proceso de despojo de recursos naturales de propiedad comunal (sin consulta previa, libre e informada) "vendido como desarrollo".
"Los defensores enfrentamos una política de simulación. Por un lado están las leyes y por el otro la indiferencia de los funcionarios públicos y la falta de avance de las investigaciones, por ejemplo, Nochixtlán y Ayotzinapa. Ese es el tamaño de la impunidad, desesperanza y frustración", dijo Méndez.
Alberto Xicontécatl, de la Casa del Migrante en Saltillo, destacó que el Plan Frontera Sur promovido por el gobierno provocó que los operativos fueran más violentos cada día.
"El noroeste del país vive un problema muy complejo. Los defensores han tenido que aprender a convivir con los grupos delictivos y seguir defendiendo los derechos de las personas en movilidad", aseguró.
Estela Ángeles Mondragón, abogada en la Sierra de Tarahumara, Chihuahua, dijo que el acceso a la justicia es obtener una sentencia que se concrete a favor de los rarámuris para que se les regresen sus tierras. Por parte de la observación internacional, Carolina Jiménez de Amnistía Internacional y Jan Yarab de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, enfatizaron "la urgencia" de atender este "círculo vicioso" de violación a los derechos humanos de los defensores de derechos humanos en un país que se jacta de ser un Estado de Derecho.