OPINIÓN de Xavier Caño Tamayo.
A propósito de la crisis catalana cabe señalar que la legalidad, sin más matiz ni explicación, no es el objetivo de la democracia, como pretenden los voceros del PP. La legalidad es un medio para desarrollar la democracia, porque el fin de la democracia es la libertad, la justicia y el imperio de los derechos humanos. O no es democracia.
Alzar la bandera de la legalidad una y otra vez no resuelve el conflicto, como se ha comprobado. Pero lo cierto es que hay un gran conflicto político cuando cuarenta de cada cien catalanes y catalanas han votado querer separarse de España en el ilegal referendo del 1 de octubre. Como dijo muy lúcidamente la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, un problema político no se resuelve echando mano del Código Penal. Ni enviando diez mil policías y guardias civiles, cabe añadir. Aquí hay un problema político de envergadura, que además viene de lejos,y solo se resolverá hablando, dialogando, negociando… como ha reivindicado la ciudadanía en varias poblaciones españolas donde se manifestaron sin bandera alguna.
La legitimidad, que está por encima de la legalidad, es la cualidad de lo conforme con la justicia. Es lo justo y por eso puede haber y hay legalidades ilegítimas por injustas. Aquí cabe recordar la advertencia de Martin Luther King: “No olvidemos nunca que todo lo que hizo Hitler en Alemania era legal”. Y fue un horror que también puede aplicarse a Mussolini, Franco o a cualquier otro dictador.
Lo legal no es siempre baremo del cumplimiento de los derechos humanos ni del desempeño de la justicia ni del respeto de las libertades, verdaderos fines de la democracia.
No defiendo la postura de Puigdemont y estoy contra su encastillamiento en realizar el referendo. Un referendo cuyo resultado, como ha dicho la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, no es aval suficiente para declarar la independencia. Porque, aunque convocar el referendo fuera legítimo, no se pudo desarrollar con normalidad ni garantías por la intervención violenta de la policía enviada por Rajoy y por el cierre de muchos colegios electorales. En Hospitalet, segunda ciudad de Cataluña con un cuarto de millón de habitantes, se pudieron constituir menos de la quinta parte de colegios electorales. Eso invalida cualquier resultado.
Hay leyes y acciones del Estado injustas y por tanto ilegítimas, por legales que sean, pero además, el cacareado respeto de la legalidad del gobierno de Rajoy no es cierto. Solo hay que recordar la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condena al Reino de España por las ilegales devoluciones de inmigrantes “en caliente”, echando por tierra la pretensión del gobierno Rajoy de ser legales. Una ilegalidad que dura quince años. Para mas inri, el ministro de Interior sigue defendiendo las devoluciones “en caliente”. Le da igual la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
¿Puede el PP presentarse como adalid de la legalidad? ¿Tiene el menor crédito? Primero negaban que hubiera expulsiones de inmigrantes “en caliente”. Luego reconocieron que “en casos puntuales” incumplían la ley y al fin, el gobierno Rajoy intentó darles cobertura legal llamándolas “rechazos en frontera”. Pretensión que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha desmontado.
Y, ya puestos, recordemos otras ilegalidades del Gobierno Rajoy y del partido que lo sostiene. Como las financiaciones ilegales de campañas electorales del Partido Popular. Según se ha publicado, en el año 2000 el Partido Popular financió ilegalmente la campaña electoral que le consiguió la mayoría absoluta en las elecciones generales. Y hace poco, ante los tribunales que juzgan casos de corrupción, funcionarios de Hacienda han ratificado como testigos que el Partido Popular financió ilegalmente también las elecciones municipales de 2003 1.
¿Qué respeto a la legalidad es ése?
Además, la Fiscalía Anticorrupción considera probado, en sus conclusiones en el juicio de la Gürtel, que el Partido Popular se lucró de forma ilegal en la financiación de actos electorales a cambio de adjudicaciones fraudulentas de contratos a empresas de la trama corrupta.
Por si fuera poco, desde 1978 se han descubierto en el Reino de España más de 175 redes de corrupción asociadas a partidos de gobierno; una corrupción que no afecta exclusivamente, pero sí de modo muy considerable, al Partido Popular, tanto que hay más de 900 cargos públicos imputados de ese partido.
La delictiva ilegalidad de la corrupción supone, según la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que la Hacienda española deja de recaudar 45.000 millones de euros anuales que se pierde en las cloacas de la política para ir a parar a las cuentas corrientes de los corruptos, escondidas en paraísos fiscales.
¿Ése es el respeto a la legalidad exigido por Rajoy y el PP a Puigdemont?
En cuanto al dirigente nacionalista catalán, cabe recordarle que su partido también está hundido en la corrupción y, les viene bien que se hable del referendo y de la respuesta del gobierno Rajoy, así los medios dejan de hablar de la corrupción de Convergencia y de la familia Pujol. También hay que hacerle notar que algo más de dos millones de votantes de cinco millones y medio de ciudadanos con derecho a voto en Cataluña no pueden decidir la independencia en las condiciones muy irregulares del referendo. Pues no sabemos si los tres millones y medio que no votaron ese día no quisieron votar o no pudieron. Lo probable es que muchos no pudieron al no constituirse todos los colegios electorales por la intervención policial, más las continúas caídas de Internet que dificultaron o impidieron votar. En cualquier caso, en democracia de calidad, ese resultado no es suficiente.
Sin embargo, los datos globales de la votación, aunque no válidos electoralmente, sí indican una gran movilización ciudadana, una enorme desobediencia civil que debería hacer ver al gobierno de Rajoy y a quienes lo apoyan que hay un problema serio a resolver. Resolver, no enconar. Un problema que no se arregla con represión ni con emociones desatadas ni enarbolando banderas rojigualdas o cuatribarradas.
En este conflicto, el Partido Popular y el gobierno Rajoy destacan por su autoritaria, necia y malévola intransigencia. En tanto que al señor Puigdemont y los suyos cabe señalarles su falta de visión de la realidad más una irresponsable y errática actuación política. Su actuación no ha conseguido la independencia (en el caso de que fuera un objetivo para pelear por él), pero sí ha fortalecido el nacionalismo españolista, el peor. Y ese reforzamiento hace ahora más difícil cambiar las cosas en este país para lograr una democracia de calidad que, por cierto, no es el caso del vigente régimen dinástico bipartidista del 78 que con tanto afán defienden Rajoy, Rivera y también Pedro Sánchez.
A destacar que esta crisis ha desvelado que el PSOE de Pedro Sánchez no es la izquierda templada recuperada que en algún momento pudo parecer, sino que, con algunos retoques, vuelve por los fueros de González y Guerra, por el bipartidismo del 78 y por un evidente nacionalismo español que nada tiene que ver con el socialismo. No por casualidad The New York Times tituló “Victoria de los jóvenes nacionalistas” un reportaje de páginas centralescontando la mayoría absoluta conseguida por el PSOE de Felipe González el 28 de octubre de 1982.
Otrosí ¿qué pensar de que el PP elogie la “capacidad de Estado” de Pedro Sánchez por apoyar sin dudar la respuesta autoritaria del Gobierno Rajoy a Puigdemont? Insisto: Puigdemont yerra, no tiene razón y sus intereses son los de la burguesía catalana no los de la mayoría ciudadana, pero aplicar el artículo 155 de la Constitución española no es el camino para resolver los problemas con Cataluña.
Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ha pedido a Rajoy y Puigdemont que no hagan nada que impida el diálogo y la mediación. Pero parece que ambos se encastillan en sus posiciones. ¿Saben?, la actitud de ambos políticos me recuerda a un par de tíos desafiándose a ver cual de los dos mea más lejos? Muy masculino, pero muy estúpido.
1 http://cadenaser.com/ser/2017/09/18/tribunales/1505739891_384087.html
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El Consejo de Europa ha expresado que apuesta por el diálogo en el
conflicto de Cataluña con el gobierno de Rajoy. Pero Rajoy, ni caso. El
Consejo también ha condenado las cargas policiales del 1 de octubre
pasado en Barcelona y otras poblaciones catalanas y ha señalado que las
libertades de expresión y de reunión son incompatibles con la violencia
de ese día en Cataluña, criticando la errónea y muy desproporcionada
reacción del Gobierno español. Además, el Consejo de Europa ha expresado
también su desacuerdo con aplicar el artículo 155 de la Constitución
española, pues considera que encona el enfrentamiento existente.
Pero
Rajoy y los suyos se empecinan y no se apean de que el gobierno de la
Generalitat catalana ha actuado ilegalmente. Como también Puigdemont se
entesta en eufemismos y juegos de palabras para no decir con claridad
que no había proclamado la independencia, lo que hubiera allanado una
vía de dialogo.A propósito de la crisis catalana cabe señalar que la legalidad, sin más matiz ni explicación, no es el objetivo de la democracia, como pretenden los voceros del PP. La legalidad es un medio para desarrollar la democracia, porque el fin de la democracia es la libertad, la justicia y el imperio de los derechos humanos. O no es democracia.
Alzar la bandera de la legalidad una y otra vez no resuelve el conflicto, como se ha comprobado. Pero lo cierto es que hay un gran conflicto político cuando cuarenta de cada cien catalanes y catalanas han votado querer separarse de España en el ilegal referendo del 1 de octubre. Como dijo muy lúcidamente la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, un problema político no se resuelve echando mano del Código Penal. Ni enviando diez mil policías y guardias civiles, cabe añadir. Aquí hay un problema político de envergadura, que además viene de lejos,y solo se resolverá hablando, dialogando, negociando… como ha reivindicado la ciudadanía en varias poblaciones españolas donde se manifestaron sin bandera alguna.
La legitimidad, que está por encima de la legalidad, es la cualidad de lo conforme con la justicia. Es lo justo y por eso puede haber y hay legalidades ilegítimas por injustas. Aquí cabe recordar la advertencia de Martin Luther King: “No olvidemos nunca que todo lo que hizo Hitler en Alemania era legal”. Y fue un horror que también puede aplicarse a Mussolini, Franco o a cualquier otro dictador.
Lo legal no es siempre baremo del cumplimiento de los derechos humanos ni del desempeño de la justicia ni del respeto de las libertades, verdaderos fines de la democracia.
No defiendo la postura de Puigdemont y estoy contra su encastillamiento en realizar el referendo. Un referendo cuyo resultado, como ha dicho la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, no es aval suficiente para declarar la independencia. Porque, aunque convocar el referendo fuera legítimo, no se pudo desarrollar con normalidad ni garantías por la intervención violenta de la policía enviada por Rajoy y por el cierre de muchos colegios electorales. En Hospitalet, segunda ciudad de Cataluña con un cuarto de millón de habitantes, se pudieron constituir menos de la quinta parte de colegios electorales. Eso invalida cualquier resultado.
Hay leyes y acciones del Estado injustas y por tanto ilegítimas, por legales que sean, pero además, el cacareado respeto de la legalidad del gobierno de Rajoy no es cierto. Solo hay que recordar la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condena al Reino de España por las ilegales devoluciones de inmigrantes “en caliente”, echando por tierra la pretensión del gobierno Rajoy de ser legales. Una ilegalidad que dura quince años. Para mas inri, el ministro de Interior sigue defendiendo las devoluciones “en caliente”. Le da igual la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
¿Puede el PP presentarse como adalid de la legalidad? ¿Tiene el menor crédito? Primero negaban que hubiera expulsiones de inmigrantes “en caliente”. Luego reconocieron que “en casos puntuales” incumplían la ley y al fin, el gobierno Rajoy intentó darles cobertura legal llamándolas “rechazos en frontera”. Pretensión que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha desmontado.
Y, ya puestos, recordemos otras ilegalidades del Gobierno Rajoy y del partido que lo sostiene. Como las financiaciones ilegales de campañas electorales del Partido Popular. Según se ha publicado, en el año 2000 el Partido Popular financió ilegalmente la campaña electoral que le consiguió la mayoría absoluta en las elecciones generales. Y hace poco, ante los tribunales que juzgan casos de corrupción, funcionarios de Hacienda han ratificado como testigos que el Partido Popular financió ilegalmente también las elecciones municipales de 2003 1.
¿Qué respeto a la legalidad es ése?
Además, la Fiscalía Anticorrupción considera probado, en sus conclusiones en el juicio de la Gürtel, que el Partido Popular se lucró de forma ilegal en la financiación de actos electorales a cambio de adjudicaciones fraudulentas de contratos a empresas de la trama corrupta.
Por si fuera poco, desde 1978 se han descubierto en el Reino de España más de 175 redes de corrupción asociadas a partidos de gobierno; una corrupción que no afecta exclusivamente, pero sí de modo muy considerable, al Partido Popular, tanto que hay más de 900 cargos públicos imputados de ese partido.
La delictiva ilegalidad de la corrupción supone, según la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que la Hacienda española deja de recaudar 45.000 millones de euros anuales que se pierde en las cloacas de la política para ir a parar a las cuentas corrientes de los corruptos, escondidas en paraísos fiscales.
¿Ése es el respeto a la legalidad exigido por Rajoy y el PP a Puigdemont?
En cuanto al dirigente nacionalista catalán, cabe recordarle que su partido también está hundido en la corrupción y, les viene bien que se hable del referendo y de la respuesta del gobierno Rajoy, así los medios dejan de hablar de la corrupción de Convergencia y de la familia Pujol. También hay que hacerle notar que algo más de dos millones de votantes de cinco millones y medio de ciudadanos con derecho a voto en Cataluña no pueden decidir la independencia en las condiciones muy irregulares del referendo. Pues no sabemos si los tres millones y medio que no votaron ese día no quisieron votar o no pudieron. Lo probable es que muchos no pudieron al no constituirse todos los colegios electorales por la intervención policial, más las continúas caídas de Internet que dificultaron o impidieron votar. En cualquier caso, en democracia de calidad, ese resultado no es suficiente.
Sin embargo, los datos globales de la votación, aunque no válidos electoralmente, sí indican una gran movilización ciudadana, una enorme desobediencia civil que debería hacer ver al gobierno de Rajoy y a quienes lo apoyan que hay un problema serio a resolver. Resolver, no enconar. Un problema que no se arregla con represión ni con emociones desatadas ni enarbolando banderas rojigualdas o cuatribarradas.
En este conflicto, el Partido Popular y el gobierno Rajoy destacan por su autoritaria, necia y malévola intransigencia. En tanto que al señor Puigdemont y los suyos cabe señalarles su falta de visión de la realidad más una irresponsable y errática actuación política. Su actuación no ha conseguido la independencia (en el caso de que fuera un objetivo para pelear por él), pero sí ha fortalecido el nacionalismo españolista, el peor. Y ese reforzamiento hace ahora más difícil cambiar las cosas en este país para lograr una democracia de calidad que, por cierto, no es el caso del vigente régimen dinástico bipartidista del 78 que con tanto afán defienden Rajoy, Rivera y también Pedro Sánchez.
A destacar que esta crisis ha desvelado que el PSOE de Pedro Sánchez no es la izquierda templada recuperada que en algún momento pudo parecer, sino que, con algunos retoques, vuelve por los fueros de González y Guerra, por el bipartidismo del 78 y por un evidente nacionalismo español que nada tiene que ver con el socialismo. No por casualidad The New York Times tituló “Victoria de los jóvenes nacionalistas” un reportaje de páginas centralescontando la mayoría absoluta conseguida por el PSOE de Felipe González el 28 de octubre de 1982.
Otrosí ¿qué pensar de que el PP elogie la “capacidad de Estado” de Pedro Sánchez por apoyar sin dudar la respuesta autoritaria del Gobierno Rajoy a Puigdemont? Insisto: Puigdemont yerra, no tiene razón y sus intereses son los de la burguesía catalana no los de la mayoría ciudadana, pero aplicar el artículo 155 de la Constitución española no es el camino para resolver los problemas con Cataluña.
Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ha pedido a Rajoy y Puigdemont que no hagan nada que impida el diálogo y la mediación. Pero parece que ambos se encastillan en sus posiciones. ¿Saben?, la actitud de ambos políticos me recuerda a un par de tíos desafiándose a ver cual de los dos mea más lejos? Muy masculino, pero muy estúpido.
1 http://cadenaser.com/ser/2017/09/18/tribunales/1505739891_384087.html
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