FMI: Crisis catalana pone en riesgo las inversiones en España
El
Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte de que una ‘prolongada
incertidumbre’ en Cataluña ‘podría pesar en la confianza y las
inversiones’ en España.
“Ya que nuestras perspectivas para la
economía española son fuertes, prolongadas tensiones e incertidumbre en
relación a Cataluña podrían pesar sobre la confianza y las decisiones de
inversión”, ha declarado hoy viernes Andrea Schaechter, jefa de la
misión del FMI en España, en conferencia telefónica al presentar el
informe anual sobre la economía española.Las palabras de Schaechter han sido su única referencia a la tensión política que se vive en España tras el ‘ilegal’ referéndum llevado a cabo el pasado domingo en Cataluña.
El Fondo ha presentado hoy el informe anual sobre la economía española, conocido como “Artículo IV”, en el que valora las buenas perspectivas, que acumulan tres años de sostenido crecimiento por encima del 3 % anual.
Ya que nuestras perspectivas para la economía española son fuertes, prolongadas tensiones e incertidumbre en relación a Cataluña podrían pesar sobre la confianza y las decisiones de inversión”, declara Andrea Schaechter, jefa de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en España.No obstante, habrá que esperar a la próxima semana, al martes 10 de octubre, cuando la institución dirigida por Christine Lagarde presentará sus nuevas previsiones de crecimiento global, para ver si la incertidumbre política en Cataluña ha afectado a las perspectivas económicas de España.
En julio, el FMI cifró sus previsiones de crecimiento de la economía española en el 3,1 % para 2017 y en el 2,4 % para 2018.
Schaechter ha remarcado la “exitosa” recuperación de la economía de España tras la aguda recesión y ha subrayado que el Producto Interior Bruto (PIB) había regresado “en la primera mitad de 2017” a los niveles previos al estallido de la crisis.
Pese a las buenas perspectivas, Schaechter ha mostrado cautela y ha avisado de que persisten importantes problemas como el “alto” nivel de deuda, cercano al 100 % del PIB y cuya rebaja considera una “prioridad”, el “elevado paro estructural”, así como un “envejecimiento de la población, que contribuye a las presiones fiscales”.
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