Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla. Foto: Germán Canseco

Puebla: reparto corrupto de notarías

Por Ernesto Villanueva , 14 octubre, 2017

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Una práctica común en algunos estados –cada vez en menos– es premiar con un fiat o patente de notario a servidores públicos o amigos del gobernador saliente. En tales casos, el mérito, la idoneidad, es lo de menos. Lo importante es la relación y la negociación políticas. Esto se ha traducido en malas prácticas jurídicas y en la politización del derecho en perjuicio de la sociedad.
Antes de dejar la gubernatura, Rafael Moreno Valle entregó 29 notarías con el sello de la casa: violando la ley, la cual, por cierto, acaba de ser reformada con algunas salvaguardas para acotar los márgenes de maniobra del mandatario en este proceso.

  

La entrega de un fiat notarial en Puebla requería además, por supuesto, de contar con la voluntad política del gobernador y de ciertos requisitos indispensables: a) práctica notarial de por lo menos un año; b) hacer el examen de conocimientos que prevé el artículo 37 de la Ley del Notariado (ahora, con la reforma, el examen es público); c) debe haber notarías vacantes por distrito y la convocatoria tiene que publicarse en el Periódico Oficial del Estado y en los diarios de mayor circulación, de acuerdo con el artículo 45 de la citada ley; d) radicar o haber vivido por más de cinco años en el lugar donde le fue otorgada la patente de notario, y e) que en el lugar donde se expida la patente se tenga registro de un crecimiento poblacional anual de más de 25 mil habitantes.
Estos requisitos legales, sin embargo, no fueron observados por los nuevos 29 notarios, todos ellos vinculados al gobierno de Moreno Valle y entre los cuales se encuentran Alejandra Maupomé, esposa de Roberto Moya Clemente, tesorero de la campaña morenovallista y operador de la multimillonaria deuda disfrazada del gobierno del hoy precandidato presidencial. Moya fue inhabilitado por corrupción, lo que, en el mundo al revés, fue su carta de recomendación en ese equipo político, donde también figuran exsecretarios del gobierno poblano, diputados panistas y exdirectivos de organismos paraestatales de la entidad.
Pero las cosas, ya de por sí escandalosas, no se quedan ahí. Una buena parte de esas nuevas notarías otorgadas al margen de la ley fueron autorizadas previendo la figura de un auxiliar que, en otros estados y ahora en la ley poblana reformada, debe haber tenido cinco años de ejercicio y contar con patente de aspirante al ejercicio del notariado.
En Puebla se hizo simultáneamente la entrega de las dos, la del titular y la del auxiliar, en ambos casos sin que se cumpliera la legislación, habida cuenta que el auxiliar debe satisfacer los mismos requisitos que el titular. En el fondo de esto se vislumbra un negocio a fin de recaudar fondos para la campaña de la aspirante del PAN a la gubernatura en 2018, Martha Erika Alonso, esposa del propio Moreno Valle.
En efecto, el acuerdo fue que una parte de esas notarías se venderían entre 25 millones y 60 millones de pesos, dependiendo del lugar donde se localicen. Como parte de este esquema, la figura del auxiliar hace las veces de comprador, de tal suerte que el titular, en un periodo aproximado de tres meses, “renuncia” a la patente y el auxiliar (comprador) se queda con ella. Esta nueva forma de corrupción creada por Moya Clemente es un aporte a la depredación de los recursos públicos de Puebla que no se había registrado con esas características en otros estados.
Lo anterior pone de relieve que para el exgobernador de Puebla la ley ha sido lo de menos y que cualquier manera de extraer recursos económicos del pueblo es válida. El caso de su esposa sitúa en la agenda pública el tema del conflicto de interés, pues resulta obvio que Alonso no tendría ninguna posibilidad de disputar la gubernatura si no fuera esposa de Moreno Valle.
De acuerdo con el artículo tercero de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el conflicto de interés es “La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios”. Y véase cómo la definición legal incluye la mera posibilidad (no necesariamente que afecte el desempeño imparcial y objetivo probado) de que se genere el conflicto de interés, lo que amplía los casos en que diversos servidores públicos pueden incurrir en esta hipótesis normativa.
Lo mismo pasa en Veracruz, donde el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares busca a toda costa heredar el cargo a su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez. Es pertinente recalcar que México no es una monarquía, sino una república. Por eso, con mayor razón es menester combatir el conflicto de interés para evitar que este proceso de creación de monarquías de facto tenga cabida en el malogrado sistema político mexicano.
Si se han manifestado propósitos como éste en niveles bajos e intermedios, algunos con éxito y otros no tanto, ha sido por la debilidad del estado de derecho, por el desconocimiento de las instancias anticorrupción de una parte de la sociedad y de la clase política, y por la erosión de la moral pública. En México no debe prosperar el conflicto de interés como modelo de hacer política. Y, por ende, esta consigna debe ir internalizándose en todos los niveles de gobierno.
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