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México cae al lugar 92 de 113 países en índice de Estado de derecho
Pese a la entrada en funcionamiento del nuevo sistema penal, que ha traído consigo una mejora en la percepción de la eficacia en los juicios, aspectos como las deficientes investigaciones policiales, el sistema penitenciario y la corrupción colocan a nuestro país en el puesto 92, de una lista de 113 naciones, e incluso en las posiciones más bajas dentro de América Latina.
El “Índice de Estado de Derecho 2017 – 2018 (Rule of Law Index 2017 – 2018)” elaborado a escala global por la organización World Justice Project (WJP) y cuyos resultados se presentan hoy en Washington muestra que México retrocedió cuatro lugares respecto al 2016 y está por debajo de países como Rusia, El Salvador, Irán, China o Vietnam. Para llegar a estos resultados la organización encuestó a 110 mil ciudadanos y tres mil expertos en los distintos países con el mismo esquema de preguntas y opiniones. Esto para medir su percepción sobre el funcionamiento del sistema de justicia en su país y de la existencia (o no) del Estado de derecho.
“Estamos hablando de la experiencia de las personas, no de resultados administrativos que pueden tener el sesgo que me digas. Y en ese sentido sí, la experiencia del ciudadano en México está muy por debajo de la de otros países. Estamos en los peores lugares a nivel mundial, a nivel regional y también con los países que son pares económicos nuestros”, dijo en entrevista Layda Negrete, investigadora del WJP.
México se encuentra en la posición 92 del ranking mundial, cuatro lugares más abajo que el año pasado y con un índice de 0.45 en una escala que va del 0.01 al 1.00. Una posición arriba está Uzbekistán en el lugar 91 con un índice de 0.46 y empatado con Sierra Leona, que también presenta un resultado de 0.45.
El país mejor calificado en este índice es Dinamarca con 0.89 empatado con Noruega que presenta exactamente el mismo indicador. En tercer sitio del ranking mundial está Finlandia con 0.87, luego Suecia con 0.86, Holanda con 0.85 y Alemania con 0.83.
Entre los países que presentan mejores resultados que México se ubican Estados Unidos en la posición 19 del ranking, Corea del Sur en el lugar 20, los Emiratos Árabes en el puesto 33, Sudáfrica en el 44, Bosnia en el 56, la India en el 62, Malawi en 66, China en el 75, Irán en el 80, Tanzania en el 86, entre otros.
Si solo hacemos la comparación con los países de nuestra región el resultado no es mejor. Múltiples naciones del Caribe están por encima, mientras que a nivel continental Uruguay, Chile, Argentina, Brasil, Perú, Colombia, El Salvador y Ecuador presentan un mejor registro que México.
De hecho las únicas naciones latinoamericanas con un registro peor al de nuestro país son Guatemala en la posición 96, Nicaragua en el lugar 99, Honduras en el 2013, Bolivia en el 106, y Venezuela que se ubica en el sitio 113, el último lugar del ranking mundial.
Las razones del desastre
Para obtener el índice de impartición de justicia en todos los países que se analizan mundialmente, la organización World Justice Project mide 44 indicadores distribuidos en ocho categorías principales:
límites al poder gubernamental; ausencia de corrupción; gobierno
abierto; derechos fundamentales; orden y seguridad; cumplimiento
regulatorio; justicia civil y justicia penal.
México obtiene calificaciones de mediocres a malas en casi todos los ejes, pero la situación más crítica se ubica en el tema de justicia penal. En el ranking específico de este renglón nuestro país se encuentra en el lugar 105 de los 113 países analizados, solamente por encima de El Salvador, Myanmar, Afganistán, Camerún, Camboya, Honduras, Bolivia y Venezuela.
El principal foco rojo en el rendimiento de México en el tema de la justicia penal, de acuerdo con las conclusiones del propio informe, se ubica en el indicador “eficacia de las investigaciones” que analiza la percepción respecto al trabajo de la policía y del ministerio público en la atención y resolución de los delitos. En este indicador la calificación de nuestro país es de apenas 0.26.
El único indicador en el que nuestro país presenta un resultado más bajo es en el de “efectividad del sistema penitenciario” donde se analiza si, desde la percepción de las personas, funciona la readaptación de la gente que es encarcelada. Aquí el resultado es de apenas 0.19.
En otros indicadores que componen este eje los resultados también son negativos.En tiempo y efectividad en la denuncia el resultado es de solo 0.29, sobre la existencia de corrupción, la calificación es la misma. En cuanto a si no existe discriminación, el indicador es de apenas 0.28, mientras que en el apartado “libre de la influencia gubernamental en las investigaciones”, la calificación es de 0.29.
El único componente del eje justicia penal en donde México sí presenta una mejoría considerable es en el “debido proceso” que pasó de 0.34 en 2016 a 0.43 en el informe 2017 – 2018. Esto tras la implementación del nuevo sistema de justicia penal que propicia procesos penales (juicios) públicos y ordenados.
“En la medida en que haya una implementación más acabada y con más rigor en términos de las mejores técnicas de implementación seguiremos viendo avances en cuanto a la calidad de los procesos (…) pero eso no quiere decir que arregle un aspecto fundamental de la justicia penal que es la investigación policial”, explicó Layda Negrete.
En el eje “Ausencia de la corrupción”, nuestro país se encuentra hasta el lugar 102 de los 113 países verificados. Llama la atención que dentro de este apartado los resultados de percepción arrojan que hay mayor corrupción en el poder legislativo, que entre los policías o los gobiernos estatales.
¿En dónde sale mejor evaluado nuestro país? En el eje de “Gobierno Abierto” que mide la apertura que tiene un país para que la gente pueda solicitar y acceder a datos oficiales fácilmente en todos los rubros de interés. La calificación promedio que obtiene México en este eje es de 0.61 lo que lo coloca en la posición 36 de los 113 países analizados.
¿Qué hacer para mejorar?
La esencia del Índice de Estado de derecho no es generar o recomendar a los países políticas públicas y por lo tanto no presenta recomendaciones. Su objetivo, como el propio documento lo señala, es identificar las áreas de oportunidad de mejora para que los gobiernos puedan trabajar sobre ello como mejor consideren.No obstante Animal Político pidió a Layda Negrete en su calidad de experta en temas penales una opinión respecto a lo que se tendría que hacer para mejorar sobretodo en el punto de mayor crisis que es el de las investigaciones de los delitos.
De acuerdo con Negrete hay una falta de liderazgo en el país para avanzar en este tema pese a que existe la conciencia y reconocimiento de que las investigaciones son deficientes – de acuerdo con datos de INEGI más del 95% de delitos quedan impunes – por lo que es indispensable avanzar en dos direcciones.
Una de estas direcciones, según Negrete, es la consolidación de una investigación científica de los delitos que permita, por ejemplo, no solo tratar de resolver un caso por resolverlo, sino ponerlo en contexto e identificar patrones de violencia que ayuden incluso en la prevención.
“La investigación científica también tiene que ver con poner los hechos en su contexto y ligar un caso con otro. En México priva a investigación caso con caso que no liga los casos. Necesitamos la infraestructura para cruzar con bases de datos y demás la información que hay en un expediente respecto a otro, por ejemplo el calibre de una bala o si la huella de esta se puede contrastar con otras balas en expedientes”, aseguró.
Y el otro tema que Negrete considera prioritario concretar es la “despolitización de la investigación penal”. La experta subraya que las investigaciones y sus resultados no pueden estar sujetos a si favorece o perjudica a una persona o institución por temas políticos. La prioridad debe ser únicamente el bienestar de los ciudadanos.
“El tema debe discutirse ya y que se ponga en el foco la investigación policial. Es el aspecto más rezagado en cuanto a Estado de derecho y tiene que ponerse a discusión seriamente en esto. Hay una falta de liderazgo en políticas públicas en este tema y es urgente atenderlo”, expresó Negrete.
Caso México, bajo la lupa
Leslie Solís, quien también es investigadora del World Justice Project adelantó que este año, por primera vez, se realizará un estudio específico sobre la situación en México con dos objetivos: evaluar los resultados del nuevo sistema penal acusatorio para identificar su impacto positivo y las áreas de oportunidad y por otro, presentar el un índice de Estado de derecho pero por estado.Dijo que el objetivo no solo es presentar los resultados de forma estadística sino además mostrar imágenes e historias y documentar las experiencias positivas que sí existen en los estados
La investigadora subrayó que la consolidación de un “Estado de derecho” es multifactorial, no depende solo de una política pública u otra, por lo que conocer indicadores a detalle en México le permitirá a las autoridades y expertos trazar la ruta para que las buenas prácticas que sí existe en algunas regiones se amplifiquen.
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