A raíz de la ruptura de la legalidad democrática que provocó
la élite catalana en octubre de 2017, voces situadas a la izquierda
recomiendan como solución al conflicto independentista rebajar el
castigo de rebelión a la pena de sedición.
Incluso postulan la concesión de indultos a quienes lideraron la
asonada catalana. Con tales peticiones está claro que abogan por dejar
en suspenso el marco normativo de la Constitución democrática española de 1978.
Lo cual nos lleva a este dilema: ¿en tiempos políticamente convulsos
qué estamos dispuestos a admitir?, porque lo que se está pidiendo es
tolerar, es disimular, es encubrir, es normalizar en suma las
actuaciones ilegales de unos dirigentes regionales que se alzaron en
contra de las leyes de su Constitución democrática.
Para complicar el problema, la defensa titubeante, a veces muy tibia de la Constitución por parte del ex Presidente Mariano Rajoy no ayudó en absoluto a rebajar ni a impedir los extremismos ideológicos de los gobernantes de la autonomía catalana. La táctica del sucesor de Rajoy y actual Presidente de España, el socialista Pedro Sánchez, tampoco está logrando calmar el tsunami de la deriva populista, sobre todo cuando en el tablero político el Sr. Sánchez no apunta para los golpistas catalanes la obligatoriedad en el cumplimiento de las normas constitucionales. Lo cual nos conduce a esta cuestión: ¿la subversión y disolución de las instituciones democráticas vuelven más democrática a una democracia?
¿Se está procediendo entonces al desmantelamiento de la democracia española? En principio, la negación persistente de los beneficios de la Constitución democrática española del 78 ha permitido y desde hace décadas no solo atacar a quienes democráticamente defienden la Constitución del 78. También ha permitido legitimar los ataques contra la democracia desde el seno mismo de las instituciones democráticas. Lo cual es un auténtico contradiós.
Pese a las desventajas, innumerables, que comporta dar pábulo a los adalides de la antidemocracia, en Europa y en EE UU hay políticos y no pocos periodistas que afirman que en situaciones de gobernanza complicada resulta lícito justificar la contrademocracia en democracia. Pero viendo lo que ha sucedido en países de la Unión Europea como Francia, Holanda, Grecia, Austria… en donde los partidos socialistas prácticamente han sido vapuleados y barridos del mapa electoral, constituye un verdadero suicidio para el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) el que este grupo político, por funambulismo cortoplacista, deje de ser un aliado y un guardián de la democracia.
A decir verdad, en los actos de acoso y derribo contra nuestra Charta Magna no solo sobresalen los cabecillas catalanes. En las embestidas a la Constitución destacan igualmente otros miembros de la élite política antiespañola que por apoyar a dichos cabecillas catalanes consienten al secretario general del Partido Socialista Obrero Español que sea Presidente del Gobierno de la Nación. En este acontecimiento ayudó, no lo olvidemos, la inacción de Mariano Rajoy, pasividad que le condujo al error letal de no convocar elecciones generales en el momento en que los partidos de la oposición maniobraban una moción de censura en su contra.
El nacido en Bonn y criado en España durante la Guerra Civil, Juan José Linz, analizó hace 40 años en La quiebra de las democracias (1978) los factores que las destruyen y carcomen. Para este politólogo escoger soluciones contra Legem explicaría la inestabilidad, debilidad y consiguiente deterioro de las democracias. Y a las tendencias de ir más allá de lo que estipula el código legal democrático habría, según Linz, que añadir la carencia de lealtad democrática por parte de una clase política que, a través de componendas y pactos oscuros, puede transferir la autoridad a grupos no democráticos y llegar a perder el poder de las propias instituciones del Estado.
Y es que lo primero que necesita cualquier Constitución democrática son la nobleza, la voluntad de su clase política de garantizar y no vulnerar los valores democráticos. Y ese acatamiento a la ley no se consigue si nuestros gobernantes acostumbran a crear nuevos y peores problemas tras saltarse las normas y rechazar la solución democráticamente constitucional que tienen delante de sus narices.
Foto: Robert Bonet
Para complicar el problema, la defensa titubeante, a veces muy tibia de la Constitución por parte del ex Presidente Mariano Rajoy no ayudó en absoluto a rebajar ni a impedir los extremismos ideológicos de los gobernantes de la autonomía catalana. La táctica del sucesor de Rajoy y actual Presidente de España, el socialista Pedro Sánchez, tampoco está logrando calmar el tsunami de la deriva populista, sobre todo cuando en el tablero político el Sr. Sánchez no apunta para los golpistas catalanes la obligatoriedad en el cumplimiento de las normas constitucionales. Lo cual nos conduce a esta cuestión: ¿la subversión y disolución de las instituciones democráticas vuelven más democrática a una democracia?
La transgresión de las leyes constitucionales siempre ha arrastrado la vulneración de más normas constitucionalesEn la historia contemporánea la transgresión de las leyes constitucionales siempre ha arrastrado la vulneración de más normas constitucionales. Y en momentos críticos no aplicar los mandatos de una Constitución democrática aumenta el riesgo de que se (re) produzcan actos de irresponsabilidad en unos líderes que tratan abusivamente de evitar cualquier medida de control y, además, envueltos en una especie de aureola de omnipotencia, buscan fuera de la democracia, o sea, por encima de la Ley practicar el puro aventurerismo populista.
¿Se está procediendo entonces al desmantelamiento de la democracia española? En principio, la negación persistente de los beneficios de la Constitución democrática española del 78 ha permitido y desde hace décadas no solo atacar a quienes democráticamente defienden la Constitución del 78. También ha permitido legitimar los ataques contra la democracia desde el seno mismo de las instituciones democráticas. Lo cual es un auténtico contradiós.
Pese a las desventajas, innumerables, que comporta dar pábulo a los adalides de la antidemocracia, en Europa y en EE UU hay políticos y no pocos periodistas que afirman que en situaciones de gobernanza complicada resulta lícito justificar la contrademocracia en democracia. Pero viendo lo que ha sucedido en países de la Unión Europea como Francia, Holanda, Grecia, Austria… en donde los partidos socialistas prácticamente han sido vapuleados y barridos del mapa electoral, constituye un verdadero suicidio para el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) el que este grupo político, por funambulismo cortoplacista, deje de ser un aliado y un guardián de la democracia.
A decir verdad, en los actos de acoso y derribo contra nuestra Charta Magna no solo sobresalen los cabecillas catalanes. En las embestidas a la Constitución destacan igualmente otros miembros de la élite política antiespañola que por apoyar a dichos cabecillas catalanes consienten al secretario general del Partido Socialista Obrero Español que sea Presidente del Gobierno de la Nación. En este acontecimiento ayudó, no lo olvidemos, la inacción de Mariano Rajoy, pasividad que le condujo al error letal de no convocar elecciones generales en el momento en que los partidos de la oposición maniobraban una moción de censura en su contra.
Los partidos antisistema fueron los que dieron el “sí” al socialista Pedro Sánchez en su investidura como Presidente de la NaciónEscorado el PSOE hacia el extremismo anticonstitucional, Pedro Sánchez no ve que es un rehén en manos de coaliciones profundamente “antisistema”, pues de facto y parlamentariamente depende de los votos de EH-Bildu, defensor de la organización terrorista ETA, de Podemos, en sintonía ideológica con las dictaduras iraní y venezolana, de PNV, grupo vasco de postulados sabinianos xenófobos, de Esquerra Republicana de Cataluña, cómplice del golpe de estado en Cataluña, etc. Y todos estos partidos antisistema fueron los que dieron el “sí” al socialista Pedro Sánchez en su investidura como Presidente de la Nación.
Los perjuicios del borrón y cuenta nueva
Cuando políticos de escaso vuelo no respetan a los que divergen acaban admitiendo las manifestaciones de violencia, inclusive las palizas contra las novias de los guardias civiles. (¡¡¡Hasta el momento ningún grupo feminista “de izquierdas” ha denunciado tales barbaries!!!) Faltos de miras y de generosidad, esos políticos exhiben un feroz maniqueísmo y hacen simultáneamente alarde de un dogmatismo brutal que les lleva a destruir los valores democráticos que cohesionan la convivencia pacífica. Y es que para los intolerantes y amigos de la polarización se trata de vencer, no de convencer al contrincante a través del ejercicio racional de la palabra. Y el “ANTIísmo” del que hacen gala, dato relevante, es bandera común entre los grupos antisistema de extrema derecha y……… de extrema izquierda que pululan por Europa. Lo cual nos avisa del derrumbe de los valores democráticos.El nacido en Bonn y criado en España durante la Guerra Civil, Juan José Linz, analizó hace 40 años en La quiebra de las democracias (1978) los factores que las destruyen y carcomen. Para este politólogo escoger soluciones contra Legem explicaría la inestabilidad, debilidad y consiguiente deterioro de las democracias. Y a las tendencias de ir más allá de lo que estipula el código legal democrático habría, según Linz, que añadir la carencia de lealtad democrática por parte de una clase política que, a través de componendas y pactos oscuros, puede transferir la autoridad a grupos no democráticos y llegar a perder el poder de las propias instituciones del Estado.
¿De verdad que pensar en reemplazar la Constitución española de 1978 por otra Constitución va a asegurarnos el éxito?En este contexto, y dominados por el oportunismo político, ¿de verdad que pensar en reemplazar la Constitución española de 1978 por otra Constitución va a asegurarnos el éxito? Resulta pura ingenuidad creerlo, dado que una Constitución, aunque sea absolutamente perfecta, no puede por sí sola sostener ninguna democracia y, menos, detener los fraudes que en su nombre se cometen.
Y es que lo primero que necesita cualquier Constitución democrática son la nobleza, la voluntad de su clase política de garantizar y no vulnerar los valores democráticos. Y ese acatamiento a la ley no se consigue si nuestros gobernantes acostumbran a crear nuevos y peores problemas tras saltarse las normas y rechazar la solución democráticamente constitucional que tienen delante de sus narices.
Foto: Robert Bonet
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