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Arabia Saudita sí, Venezuela no: España retira su apoyo al buque de guerra 'Comandante Eterno Hugo Chávez'
El astillero público Navantia repatría a sus ingenieros ante la crisis de Venezuela.
© NAVANTIA
El buque de vigilancia del litoral 'Comandante Eterno Hugo Chavez' tras su botadura.
El astillero militar español Navantia ha decidido repatriar a sus técnicos de Venezuela ante el deterioro de la situación en el país,
según fuentes diplomáticas. El equipo de la empresa pública, con media
docena de ingenieros, supervisaba la puesta a punto del patrullero Comandante Eterno Hugo Chávez, el último de los ocho buques de guerra vendidos en 2005 a Venezuela por 1.246 millones de euros.
Un portavoz de Navantia no ha querido hacer comentarios al respecto, alegando que "se está evaluando la situación" y que los técnicos españoles no están permanentemente en Venezuela, sino que se desplazan allí cuando es necesario.
La construcción del Comandante Eterno Hugo Chávez, con el numeral GC-24, se ha convertido en un paradigma de la caótica situación que atraviesa Venezuela. Se trata del último patrullero de la serie de ocho (cuatro oceánicos y cuatro de vigilancia del litoral) contratados en noviembre de 2005 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con José Bono como ministro de Defensa.
A diferencia de los siete anteriores, su construcción no se llevó a cabo en los astilleros de San Fernando (Cádiz), sino en los de Puerto Cabello, en el Estado de Carabobo (Venezuela), por parte de la empresa Diques y Astilleros Nacionales CA (DIANCA), bajo la supervisión de Navantia.
Aunque la construcción de este tipo de buques no llega a los tres años, la del GC-24 supera ya la década. Las obras se iniciaron en 2008 y no fue botado hasta 2014. La mayoría de los bloques tuvieron que ser fabricados en España, mientras que el astillero venezolano, filial de la petrolera PdVeSA, se limitó a ensamblarlos. En abril pasado se iniciaron finalmente las pruebas de mar, pero aún hay "flecos pendientes" antes de que pueda ser entregado a la Armada venezolana, según fuentes conocedoras del contrato. La falta de liquidez y los problemas técnicos se han acumulado en estos años prolongando los retrasos. La retirada de Navantia puede agudizar los problemas.
Pese al embargo en la venta de armas impuesto en noviembre pasado por la UE a Caracas, el apoyo de Navantia no se ha interrumpido hasta ahora, con el argumento de que el veto no afectaba a los contratos ya en vigor.
Aunque la Armada venezolana no ha recibido aún el último patrullero, uno de los buques de Navantia ya está fuera de juego. Se trata del Warao, el segundo de los cuatro oceánicos: encalló en 2012 durante unas maniobras con Brasil y se llevó a Río de Janeiro para ser reparado. No se ha vuelto a saber de él.
El Comandante Eterno Hugo Chávez, como los otros tres de la clase Guaicamacuto, dedicados a misiones de guardia costera, desplaza 1.700 toneladas, tiene 79,9 metros de eslora y 11,5 de manga. Con 44 tripulantes, su armamento lo componen un cañón de 76 milímetros, dos de 20 y una ametralladora de 12,7. Alcanza los 22 nudos de velocidad y tiene 4.000 millas náuticas de autonomía.
El contrato con Venezuela está siendo investigado desde hace seis años por un juzgado de Madrid por el pago de una comisión del 3,5% (42 millones) a dos intermediarios venezolanos y a sus socios en España: el expresidente delInstituto Nacional de Industria Javier Salas y su antiguo subordinado Antonio Rodríguez-Andía. En la misma causa están imputados el entonces presidente de Navantia Juan Pedro Gómez Jaén y su director comercial Jesús Arce.
© NAVANTIA
El buque de vigilancia del litoral 'Comandante Eterno Hugo Chavez' tras su botadura.
Un portavoz de Navantia no ha querido hacer comentarios al respecto, alegando que "se está evaluando la situación" y que los técnicos españoles no están permanentemente en Venezuela, sino que se desplazan allí cuando es necesario.
La construcción del Comandante Eterno Hugo Chávez, con el numeral GC-24, se ha convertido en un paradigma de la caótica situación que atraviesa Venezuela. Se trata del último patrullero de la serie de ocho (cuatro oceánicos y cuatro de vigilancia del litoral) contratados en noviembre de 2005 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con José Bono como ministro de Defensa.
A diferencia de los siete anteriores, su construcción no se llevó a cabo en los astilleros de San Fernando (Cádiz), sino en los de Puerto Cabello, en el Estado de Carabobo (Venezuela), por parte de la empresa Diques y Astilleros Nacionales CA (DIANCA), bajo la supervisión de Navantia.
Aunque la construcción de este tipo de buques no llega a los tres años, la del GC-24 supera ya la década. Las obras se iniciaron en 2008 y no fue botado hasta 2014. La mayoría de los bloques tuvieron que ser fabricados en España, mientras que el astillero venezolano, filial de la petrolera PdVeSA, se limitó a ensamblarlos. En abril pasado se iniciaron finalmente las pruebas de mar, pero aún hay "flecos pendientes" antes de que pueda ser entregado a la Armada venezolana, según fuentes conocedoras del contrato. La falta de liquidez y los problemas técnicos se han acumulado en estos años prolongando los retrasos. La retirada de Navantia puede agudizar los problemas.
Pese al embargo en la venta de armas impuesto en noviembre pasado por la UE a Caracas, el apoyo de Navantia no se ha interrumpido hasta ahora, con el argumento de que el veto no afectaba a los contratos ya en vigor.
Aunque la Armada venezolana no ha recibido aún el último patrullero, uno de los buques de Navantia ya está fuera de juego. Se trata del Warao, el segundo de los cuatro oceánicos: encalló en 2012 durante unas maniobras con Brasil y se llevó a Río de Janeiro para ser reparado. No se ha vuelto a saber de él.
El Comandante Eterno Hugo Chávez, como los otros tres de la clase Guaicamacuto, dedicados a misiones de guardia costera, desplaza 1.700 toneladas, tiene 79,9 metros de eslora y 11,5 de manga. Con 44 tripulantes, su armamento lo componen un cañón de 76 milímetros, dos de 20 y una ametralladora de 12,7. Alcanza los 22 nudos de velocidad y tiene 4.000 millas náuticas de autonomía.
El contrato con Venezuela está siendo investigado desde hace seis años por un juzgado de Madrid por el pago de una comisión del 3,5% (42 millones) a dos intermediarios venezolanos y a sus socios en España: el expresidente delInstituto Nacional de Industria Javier Salas y su antiguo subordinado Antonio Rodríguez-Andía. En la misma causa están imputados el entonces presidente de Navantia Juan Pedro Gómez Jaén y su director comercial Jesús Arce.
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