Es irónico, pero en cierto modo previsible, que tras la
Revolución Francesa el adalid de los nuevos tiempos acabase siendo
Napoleón. Se comenzó cortando la cabeza a un rey y se terminó coronando a
un emperador. La mayoría de las revoluciones se hacen en nombre de la
libertad, pero tras su triunfo casi siempre se acrecienta la tiranía.
El mito de la “voluntad popular” consagró la mentira de que todos mandaban. Y los que mandaban de verdad, siempre unos pocos, lo hicieran desde entonces con mayor impunidad. Como dijo Bertrand de Jouvenel, “la proclamación de la soberanía del pueblo no tuvo otro efecto que sustituir a un rey vivo por una reina ficticia: la voluntad general, por naturaleza siempre menor de edad y siempre incapaz de gobernar por ella misma”.
La primera condición para que la libertad aflore es la existencia de una tensión trágica entre una autoridad social reconocida y una fuerza estatal sin plena autoridad. Durante la Revolución Francesa los usos y costumbres que cohesionaban la comunidad política se debilitaron; y la autoridad de hombres respetados que resolvían los conflictos entre particulares, quedó definitivamente anulada. El derecho natural, por el cual fue capaz de morir Antígona, se tornó reaccionario. El político reunía en su persona auctoritas y potestas y, desde Robespierre, un halo de sacralidad laica adornaba sus palabras. La semilla del totalitarismo había sido plantada.
Llegamos así al siglo XX. La República de Weimar se hizo “social”. Pero, en virtud de su recién adquirido atributo, quedaba implícito el derecho a intervenir en cualquier aspecto de la vida de los ciudadanos. El Estado benefactor empezó dando pan a los pobres y beneficiando a los buenos. ¡Cómo oponerse a ello! Pero era cuestión de tiempo que el mismo Estado se arrogarse el derecho de decidir quiénes eran los pobres, los buenos y, sobre todo, los malos: poco después Hitler llegó al poder e hizo su propia taxonomía.
Tras la Segunda Guerra Mundial el modelo partidocrático de la República de Weimar que posibilitó al nazismo apropiase del Estado, se volvió a imponer en Alemania Occidental y en el resto del continente europeo. España lo asumió en la Transición. La insistente apelación al Estado social sirvió para ir mermando insidiosamente el Estado de Derecho: las libertades individuales eran adornos antiguos que podían ser gradualmente eliminados.
“Seamos realistas, pidamos lo imposible”, proclamaban jóvenes revolucionarios en el mayo del 68. La utopía se puso de moda. Se ignoró deliberadamente que la utopía bolchevique, que pretendía traernos el cielo, fue la excusa perfecta para fabricar el infierno. Por entonces ilustres intelectuales franceses alababan la revolución cubana que prometía un nuevo paraíso. Gobernantes posteriores tomaron buena nota: defender la libertad e instaurar la servidumbre era más que tolerable si se hacía en nombre del pueblo.
En nombre del pueblo en el año 2004 el gobierno de España consagró la desigualdad ante la ley entre hombres y mujeres gracias a la ley de violencia de género y, en nombre del pueblo. Muy probablemente el código penal será modificado en breve para beneficiar a los secesionistas catalanes presos.
Hoy la última resistencia que el Estado encuentra a sus propósitos absolutos es la familia. Y el último consenso social que queda por destruir, la semántica.
Rompiendo las moléculas familiares se aniquilaría lo que queda aun de sociedad civil. Tendríamos solo un conglomerado de átomos indefensos que dependerían económica, profesional y emocionalmente del poder estatal.
Pero aislados, desconfiados e indefensos aun habría individuos capaces de pensar. Urge neutralizar la amenaza. El nuevo lenguaje que se nos impone desde las élites políticas y los medios de comunicación no trata de cambiar el pensamiento, sino de anularlo. Y la manera más efectiva de hacerlo es normalizar la mentira, crear un argot ideológico e inocular en las viejas palabras significados contradictorios o difusos: democracia, feminismo o igualdad denotan cosas distintas según las personas que las pronuncian: el dialogo se hace imposible y la discordia campa a sus anchas.
Cierto que ya no tenemos gobernante absoluto ni rey soberano, pero tenemos gobernantes que, en nombre de la voluntad general y los nuevos derechos, actúan cada vez más como absolutos soberanos.
Pronto llegaremos a Utopía.
Seguirá habiendo algo a lo que llamaremos libertad, pero será ya otra cosa bien distinta.
Foto: Sarah Loetscher
El mito de la “voluntad popular” consagró la mentira de que todos mandaban. Y los que mandaban de verdad, siempre unos pocos, lo hicieran desde entonces con mayor impunidad. Como dijo Bertrand de Jouvenel, “la proclamación de la soberanía del pueblo no tuvo otro efecto que sustituir a un rey vivo por una reina ficticia: la voluntad general, por naturaleza siempre menor de edad y siempre incapaz de gobernar por ella misma”.
La primera condición para que la libertad aflore es la existencia de una tensión trágica entre una autoridad social reconocida y una fuerza estatal sin plena autoridad. Durante la Revolución Francesa los usos y costumbres que cohesionaban la comunidad política se debilitaron; y la autoridad de hombres respetados que resolvían los conflictos entre particulares, quedó definitivamente anulada. El derecho natural, por el cual fue capaz de morir Antígona, se tornó reaccionario. El político reunía en su persona auctoritas y potestas y, desde Robespierre, un halo de sacralidad laica adornaba sus palabras. La semilla del totalitarismo había sido plantada.
Cierto que ya no tenemos gobernante absoluto ni rey soberano, pero tenemos gobernantes que, en nombre de la voluntad general y los nuevos derechos, actúan cada vez más como absolutos soberanosDurante el siglo XIX los políticos dejaron de buscar legitimación en la jurisprudencia acumulada por el tiempo, y pasaron a convertirse en santos laicos que fabricaban leyes impunemente sin someterse al mandato imperativo de sus representados. A pesar de las retóricas llamadas a Montesquieu propias de la época, la sana costumbre de sospechar del poder político fue desapareciendo
Llegamos así al siglo XX. La República de Weimar se hizo “social”. Pero, en virtud de su recién adquirido atributo, quedaba implícito el derecho a intervenir en cualquier aspecto de la vida de los ciudadanos. El Estado benefactor empezó dando pan a los pobres y beneficiando a los buenos. ¡Cómo oponerse a ello! Pero era cuestión de tiempo que el mismo Estado se arrogarse el derecho de decidir quiénes eran los pobres, los buenos y, sobre todo, los malos: poco después Hitler llegó al poder e hizo su propia taxonomía.
Tras la Segunda Guerra Mundial el modelo partidocrático de la República de Weimar que posibilitó al nazismo apropiase del Estado, se volvió a imponer en Alemania Occidental y en el resto del continente europeo. España lo asumió en la Transición. La insistente apelación al Estado social sirvió para ir mermando insidiosamente el Estado de Derecho: las libertades individuales eran adornos antiguos que podían ser gradualmente eliminados.
“Seamos realistas, pidamos lo imposible”, proclamaban jóvenes revolucionarios en el mayo del 68. La utopía se puso de moda. Se ignoró deliberadamente que la utopía bolchevique, que pretendía traernos el cielo, fue la excusa perfecta para fabricar el infierno. Por entonces ilustres intelectuales franceses alababan la revolución cubana que prometía un nuevo paraíso. Gobernantes posteriores tomaron buena nota: defender la libertad e instaurar la servidumbre era más que tolerable si se hacía en nombre del pueblo.
En nombre del pueblo en el año 2004 el gobierno de España consagró la desigualdad ante la ley entre hombres y mujeres gracias a la ley de violencia de género y, en nombre del pueblo. Muy probablemente el código penal será modificado en breve para beneficiar a los secesionistas catalanes presos.
Hoy la última resistencia que el Estado encuentra a sus propósitos absolutos es la familia. Y el último consenso social que queda por destruir, la semántica.
Rompiendo las moléculas familiares se aniquilaría lo que queda aun de sociedad civil. Tendríamos solo un conglomerado de átomos indefensos que dependerían económica, profesional y emocionalmente del poder estatal.
Pero aislados, desconfiados e indefensos aun habría individuos capaces de pensar. Urge neutralizar la amenaza. El nuevo lenguaje que se nos impone desde las élites políticas y los medios de comunicación no trata de cambiar el pensamiento, sino de anularlo. Y la manera más efectiva de hacerlo es normalizar la mentira, crear un argot ideológico e inocular en las viejas palabras significados contradictorios o difusos: democracia, feminismo o igualdad denotan cosas distintas según las personas que las pronuncian: el dialogo se hace imposible y la discordia campa a sus anchas.
Cierto que ya no tenemos gobernante absoluto ni rey soberano, pero tenemos gobernantes que, en nombre de la voluntad general y los nuevos derechos, actúan cada vez más como absolutos soberanos.
Pronto llegaremos a Utopía.
Seguirá habiendo algo a lo que llamaremos libertad, pero será ya otra cosa bien distinta.
Foto: Sarah Loetscher
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