Inicia gobierno de Rafael Moreno Valle demandas vs. periodistas; ayer tramitó dos

Por : Martín Hernández Alcántara

2012-10-24 04:00:00

El gobierno del estado, encabezado por el panista Rafael Moreno Valle Rosas, demandó por la vía civil a dos directores de medios de comunicación y habría filtrado una lista en la que aparecen otros 17 periodistas críticos hacia la administración estatal, quienes podrían ser susceptibles de acciones similares.
Las querellas fueron tramitadas por el director general de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Poder Ejecutivo local, Sergio Ramírez Robles, en contra de Fabián Gómez Hernández –director del portal Contraparte Informativa– y Adrián Ruiz, columnista del periódico El Heraldo de Puebla.
En un comunicado oficial se explicó que los recursos tienen carácter civil “por daño moral al abusar de la libertad de expresión en perjuicio del honor del gobierno a través de la humillación de funcionarios públicos. En las demandas se asienta que los implicados violaron sistemáticamente los artículos 1958 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, Sexto y Séptimo de la Constitución General de la República”.
Ramírez Robles plantea  que Gómez y Ruiz “sobrepasaron los límites del libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión, al no tener la intención de hacer del conocimiento un hecho de interés general, ni servir a las personas para tomar decisiones que enriquezcan la convivencia o participación democrática y, fuera de contexto, insultar sistemáticamente a funcionarios del gobierno de Puebla”.
Agrega que los periodistas denostaron “la actividad pública de los funcionarios”, aunque no menciona a quienes, pero arguye que “con su actitud, los demandados violentaron la correlación entre la persona como servidor y su actuación pública”.
El gobierno del estado exige que el Poder Judicial declare que los informadores son responsables “del daño moral causado por hecho ilícito, cometido en agravio de diversos funcionarios del gobierno del estado de Puebla” y que “por vía de reparación del daño moral, (se haga) la publicación de un extracto de la sentencia que se dicte en el presente juicio  en la cual se declare la existencia de la responsabilidad civil” (sic).
La administración morenovallista aclaró que, no obstante que la ley considera la posibilidad de exigir una indemnización económica, “en estos dos casos no se solicitó al juzgador que se les condene a la misma”.
En su comunicado, el gobierno estatal resaltó que “Gómez y Ruiz recibieron decenas de cartas aclaratorias por motivo de sus repetidas injurias y mentiras”.
Por la mañana, antes de que las querellas se interpusieran, en dos columnas políticas se filtró una lista de 19 periodistas que han sido críticos hacia Moreno Valle y los cuales serían demandados. Además de Fabián Gómez y Adrián Ruiz, se incluyó en la nómina a Fermín Alejandro García Hernández, jefe de Información de La Jornada de Oriente y autor de la columna “Cuitlatlán”.
Los otros comunicadores que supuestamente serían demandados son: Selene Ríos Andraca –directora del Periódico Central–, Salvador Ríos, Iván Tirzo y Cirilo Calderón –respectivamente jefe de Información, columnista y reportero de El Sol de Puebla–; Enrique Núñez Quiroz, Ricardo Morales y Jorge Castillo –director, columnista y reportero de Intolerancia Diario–; Álvaro Delgado –reportero del semanario Proceso–, Alejandro Mondragón Quintero y Valentin Varillas –directivos del portal Status–, Rodolfo Ruiz Rodríguez y Fernando Pérez Corona –director y reportero del portal e–consulta–, Carlos Macías Palma –columnista del rotativo El Popular–, Eduardo Rivera Santamarina –director del UnoMásUno–, Fernando Maldonado –columnista del Periódico Digital– y Arturo Rueda, director del diario Cambio.

Rasgos de autoritarismo:
Amedi

La Asociación Mexicana del Derecho a la Información capítulo Puebla (Amedi), calificó como “preocupante” que se demande a periodistas, “porque en un régimen democrático se parte del ejercicio pleno de la libertad de expresión, la pluralidad y la tolerancia de los funcionarios públicos en el gobierno a la crítica. La demanda preocupa porque evidencia rasgos de autoritarismo”, declaró la presidenta del organismo, Lilia María Vélez Iglesias.
La ex integrante de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Datos Personales (CAIP), opinó que las querellas son prácticamente insostenibles y deben ser desechadas por los juzgados Cuarto y Primero de lo Civil, a las que fueron turnadas, pues presentan vicios de origen.
“No conocemos a detalle los términos jurídicos de las demandas, salvo por lo que ha informado el vocero del gobierno del estado (Sergio Ramírez Robles). Sin embargo, la atribución del vocero de tramitar demandas a nombre del gobernador o los funcionarios del gobierno es inconstitucional porque los derechos de la personalidad, el derecho a la vida privada, el honor y propia imagen, son personalísimos y eso significa que sólo la persona que considera que se violó su derecho es la que puede demandar. Así que lo que tendría que ocurrir es que los jueces desechen las demandas por notoriamente improcedentes, porque el decreto que concede las facultades al vocero no puede estar por encima de la Constitución”, advirtió Vélez.
La también coordinadora de la licenciatura en Comunicación de la Universidad Iberoamericana Puebla, agregó que ya hay sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los que ha quedado claro que el derecho a la información impera sobre los derechos personales –como el del honor–, en el caso de personalidades públicas, quienes por la naturaleza de su trabajo están más expuestas a la crítica.
Vélez Iglesias recordó también que el año pasado, cuando el Congreso local aprobó enmiendas al Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, para permutar la pena corporal por multas en los llamados “delitos de prensa” y organismos especializados, advirtieron sobre las aberraciones legales que contenía la reforma, los diputados se comprometieron a tener lista en un plazo máximo de 180 días una normatividad de avanzada y específica para los derechos al honor, la vida privada y la imagen personal, pero a la fecha no han cumplido.
Interrogado sobre el particular, el titular de la Secretaría General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto –quien es también cuñado del gobernador–, aseguró que no tenía conocimiento de las querellas.