Suspenden a proveedores de ambas empresas por abusos. Pocos castigos pasan de tres meses
Publicado por Atzayaelh Torres el Mar, 20 de Noviembre de 2012, 05:39 am
Publicado por Atzayaelh Torres el Mar, 20 de Noviembre de 2012, 05:39 am
CIUDAD DE MÉXICO, 20 de noviembre.- Falsear información para obtener contratos y el manejo indebido de los recursos públicos fueron los principales motivos de las inhabilitaciones del sector energético, tanto a empresas como a servidores públicos; sin embargo, en el sexenio que está por concluir en pocas ocasiones los castigos a proveedores superaron tres meses de inhabilitación.
De acuerdo con el órgano interno de control de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), entre 2006 y 2012, se inhabilitaron en la paraestatal a 214 empresas, 200 de ellas por un periodo de tres meses por presentar información falsa.
Otras empresas fueron inhabilitadas por cinco y seis meses, y sólo en ocho casos las inhabilitaciones fueron por un año.
Por ejemplo, a Suministros Mexicanos Técnicos, la CFE lo acusa de haber actuado “con dolo y de mala fe”, y fue sancionada con tres meses de inhabilitación el 24 de febrero de 2010.
Otro caso fue el de IME Servicios y Suministros, donde “no se formalizó el contrato que fue adjudicado”, es decir, sólo cobraron y dejaron a la CFE colgada con el trabajo. Por este motivo, esta empresa también fue suspendida sólo tres meses, el 26 de noviembre de 2010.
Trabajadores corruptos
La historia de sanciones en la CFE durante este sexenio no para ahí. El reporte del órgano interno de control de la paraestatal reporta que en el periodo de 2006 a 2007 se inhabilitó a un total de 105 trabajadores, a los que se les aplicaron sanciones más estrictas, explicado por los motivos que llevaron al castigo.
En general, la mayor parte de estas sanciones que se extendieron entre uno y hasta 15 años, se debieron a ingresos no depositados a las cuentas de la paraestatal, “autodepósitos” e irregularidades en los ejercicios presupuestales.
Un listado de 20 páginas obtenido mediante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), documenta algunos casos de extorsión de trabajadores de la CFE hacia usuarios.
Destaca José Chel Mool, que alteró los sistemas de medición de uno de los clientes para pedirle 25 mil pesos, o informaría a la CFE que estaban haciendo un uso indebido de la energía, lo que le valió la inhabilitación por diez años a partir de agosto de 2007.
Durante este sexenio este tipo de casos también fueron comunes hacia autoridades municipales, como Uruapan, Michoacán, y Tecomapán, Colima, a los que empleados de la CFE intentaron extorsionar, pero lo denunciaron.
Para Virgilio Bravo, investigador del Tecnológico de Monterrey, el problema con estos trabajadores es que no fueron reclutados con el perfil necesario, además de que en ellos no se ha fomentado la cultura de servicio.
Transformación
El presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, envió al senado su propuesta para crear la Comisión Nacional Anticorrupción (o Fiscalía Nacional), con lo que desaparecería la Secretaría de la Función Pública.
La propuesta precisa que el nuevo órgano contará con autonomía para prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción y mejorar el combate a dichas prácticas, tanto dentro como fuera del gobierno.
“El fenómeno de la corrupción, a propósito la creación de una Fiscalía Nacional, es endémico en el mundo, y en nuestro país es el que más lastima a la sociedad, porque ante la escasez de recursos y pocas políticas públicas donde cada vez es más engorroso, se les hace muy fácil pensar que su cargo es un botín político”, señaló Virgilio Bravo.
Aseguró que las paraestatales en México tienen que aprovechar más las herramientas tecnológicas para evitar este tipo de incidentes, además que a nivel Estado es necesario que se promueva más la cultura de la denuncia entre los ciudadanos.
Pemex, más estricto
De acuerdo con un reporte de la Secretaría de la Función Pública (SFP), derivado de operaciones fraudulentas con Pemex, se han emitido en el sexenio un total de 15 inhabilitaciones a contratistas en diferentes de sus subsidiarias.
Todas esas suspensiones reportadas por la SFP se dieron en 2010 como parte de una investigación especial emprendida por el organismo, y que destapó, entre octubre y noviembre de ese año, los casos de entrega de documentación falsa de algunas compañías a subsidiarias de Pemex.
Algunas de las empresas descubiertas fueron Marrob, Mc Allen Oilfield, Continental Services y Mantenimiento, Control de Sureste, American Block Manufacturing y TR del Golfo.
De acuerdo con la SFP, en los 15 casos detectados se les aplicó una inhabilitación para trabajar con empresas del gobierno por tres años, tres meses y 20 días.
Mayor castigo
El reporte de la SFP sólo señala a dos funcionarios sancionados por haber cometido violaciones a la normatividad presupuestal, ambos en 2007.
A Raúl Muñoz Leos, ex director general de Pemex, se le inhabilitó por diez años, hasta 2017, así como a Juan Carlos Soriano Rosas, ex abogado general de Pemex, aunque en ambos casos lograron librar las multas por más de 800 millones de pesos, en mayo pasado.
Piden fin de abrigo político
En 2010, el presidente Felipe Calderón tenía la intención de desaparecer a la SFP, misma que Enrique Peña Nieto planea sustituir por la Comisión Nacional Anticorrupción.
Expertos aseguran que esta dependencia desplegó todos sus esfuerzos para demostrarle al gobierno que está por terminar
que su trabajo era más que indispensable.
Dos de sus más grandes investigaciones de corrupción tuvieron como blanco tanto a Petróleos Mexicanos (Pemex) como a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Entonces salieron a la luz algunos famosos casos como la inhabilitación de Rocío Cárdenas, ex directora de PMI Comercio Internacional, el brazo de Pemex que compra petrolíferos y vende petróleo en el extranjero.
También se destapó el asunto de Néstor Moreno, ex director de operaciones de la CFE, por haber recibido millonarios sobornos para la asignación de contratos.
Casos menores
Para Miriam Grunstein, experta del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), estas pesquisas, además de otras, tuvieron como objetivo funcionarios que no gozaban de algún tipo de protección política y sólo reflejan el arma en la que puede convertirse la SFP.
“En cuanto a los ‘peces gordos’ se trató de gente de bajo nivel, pero que no tenía protección política. A mi juicio las inhabilitaciones que hubo en el sector no resuelven ningún problema, porque se está tirando a personas que no tomaban las decisiones, las cabezas siguen intactas. Si lo que queremos es solucionar el problema de la corrupción sería necesario que se pegara a las cabezas”, dijo la abogada.
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