sábado, 26 de enero de 2013

Guerra contra el narco y movilizaciones, el origen

Guerra contra el narco y movilizaciones, el origen
La Caravana por la Paz motivó la aprobación de la nueva ley; aunque para activistas como Julián LeBarón “la violencia en México nunca será resuelta por el gobierno”.
 
En septiembre de 2011 y entre agosto y septiembre de 2012, cientos de activistas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad recorrieron primero ocho entidades del país y después 25 ciudades de México y Estados Unidos, para exigir atención a las víctimas de la llamada “guerra contra el narco”, que, acusaban, había provocado ya 60 mil muertos. Sus protestas son el antecedente de la creación de la Ley General de Víctimas.
Sicilia, articulista de Proceso, se convirtió en la cabeza del movimiento: su hijo Juan Francisco fue asesinado el 28 de marzo de 2011, en Morelos. Los asesinos le dieron siete balazos, le enrollaron la cabeza, las muñecas y los tobillos con cinta canela, para meterlo en la cajuela de un auto. El activista antes de arrancar la primera de sus caravanas pronunció, frente al monumento a la paloma de la Paz, en Cuernavaca: ¡Estamos hasta la madre!

Su reclamo entonces se asemejó al pronunciado por el empresario Alejandro Martí en 2008, —a quien secuestraron y mataron a su hijo Fernando en agosto de ese mismo año—, durante una sesión del Consejo Nacional de Seguridad en Palacio Nacional: “Si no pueden renuncien”.

Martí en ese año decidió crear la asociación México SOS, luego de que Isabel Miranda de Wallace, quien adquirió notoriedad por encabezar la búsqueda, detención y enjuciamiento de los plagiarios y asesinos de su hijo Hugo Alberto, creara Alto al Secuestro.
Sin embargo los reclamos de hartazgo de Sicilia y de Martí, separados tres años uno del otro, en el fondo eran distintos: uno reclamaba la ineficacia del Estado ante el crimen y el segundo las consecuencias de lo que consideraba una estrategia fallida del gobierno contra el crimen.
En enero de 2011, el catedrático de El Colegio de México, Fernando Escalante realizó un análisis sobre los homicidios en el último sexenio, éste fue titulado La muerte tiene permiso. En él destaca que más allá de los enfrentamientos entre los criminales, los homicidios se incrementaron con el combate abierto de las fuerzas armadas al crimen organizado, en Chihuahua, por ejemplo, en 2006 había 19.6 homicidios por cada 100 mil habitantes, para 2007, cuando el Ejército ocupó las calles, la tasa fue de 14.4; un año después 75.2 y para 2009, 108.5 por cada 100 mil habitantes. Patrones como éste se reprodujeron en entidades como Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Durango.
Paralelamente, surgieron voces que reclamaron por los llamados efectos colaterales de la “guerra contra el crimen organizado”, entre estos, la muerte de Jorge Antonio Mercado y Javier Francisco Arredondo, estudiantes del Tec de Monterrey, el 19 de marzo de 2010, quienes fueron confundidos con sicarios, según la explicación oficial.
De acuerdo con Julián LeBarón, quien inició su activismo a partir de la muerte de su hermano Benjamín, la movilización a favor de las víctimas surgió del “hartazgo de la sociedad”, a causa del incremento de delitos en el país.
A causa de estas acciones, organizaciones pro víctima buscaron recursos para ser escuchadas por el Estado.
Así, el 24 de junio de 2011 Felipe Calderón se reunió con líderes del Movimiento por la Paz, entre ellos Javier Sicilia. El encuentro se conoce como “los diálogos de Chapultepec”. Aunque el entonces presidente defendió la estrategia contra el crimen aceptó analizar una ley que protegiera a las víctimas de esta lucha.
Tuvo que pasar un año (mayo de 2012) para que Sicilia regresara al Alcázar en busca de un diálogo, pero ahora se enfocó en los candidatos presidenciales.
Para ese entonces Sicilia era el centro de los reflectores, la ley estaba en proceso y Julián LeBarón decidió separarse del movimiento por considerar que la movilización ciudadana debía ir más allá de la presión al gobierno para solucionar “lo que ni siquiera alcanza a entender”.
La ley por fin se publicó, y con ello la controversia continúa: Aunque las organizaciones pro víctima se manifiestan no son parte del mismo frente. Para Isabel Miranda de Wallace y para Martí, esta ley no sirve porque es inconstitucional y carece de sustento presupuestal.
Para LeBarón su publicación es un éxito de la ciudadanía; sin embargo: “las leyes en México son como un mundo de fantasía que está divorciado de la realidad nacional, y creo que es absolutamente equivocado pensar que con leyes vamos a resolver todo esto”, asegura.

 

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