“Monex”, artículo de Carmen Aristegui sobre fallo del IFE que exoneró al PRI
La
periodista hace referencia a la decisión del IFE de exonerar al PRI en
el caso de las tarjetas Monex y analiza la independencia para tareas de
fiscalización del instituto.
(Fotos: Cuartoscuro)
Monex
Carmen Aristegui F.
El caso del entramado financiero, con triangulación de recursos, empresas fachada -con facturaciones sospechosas- y dispersión masiva de recursos a través de cuentas asociadas a personajes ligados al PRI y sus campañas, que marcó la contienda presidencial del año pasado y permitió el flujo masivo de cantidades indeterminadas para las campañas electorales en el país, conocido como Monexgate o caso Monex, está a punto de convertirse en agua de borrajas.
La realización del proyecto de resolución por parte de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y su desahogo y votación en el Consejo General del IFE ha dejado un amargo sabor de boca.
Serias dudas se han dejado sobre la independencia y el alcance en las tareas de fiscalización, escrutinio y sanción de lo que ocurre en las campañas políticas en México, a raíz de lo sucedido el miércoles pasado.
La exoneración al PRI, habiendo tanta materia para lo contrario, es una pésima señal que no necesariamente será corregida cuando se resuelvan los recursos de impugnación ya anunciados para el Tribunal Electoral.
La explicación que sobre el origen, el destino y la aplicación de los recursos dispersados masivamente con las tarjetas Monex a favor de las campañas del PRI es, en el primer punto, inverosímil.
En el segundo y tercero, simplemente no hubo explicación.
El PRI sorteó las interrogantes sobre el origen de los recursos presentando copias de transferencias bancarias por casi 50 millones de pesos, más intereses, hechas a favor de la empresa `Alkino. Servicios y Calidad, S.A de C.V. `por los servicios prestados a ese instituto político por concepto de `…servicio de desarrollo, diseño e implementación de solución de negocios`, por `concepto de financiamiento` y por el pago de las tarjetas de prepago entregadas.
El PRI dice que contrató los servicios de Alkino, quien a su vez contrató los de la empresa Atama, quien a su vez contrató los servicios de la empresa Inizzio, a quien Monex facturó por los servicios prestados para la contratación de monederos electrónicos que se usaron -de forma anónima- para dispersar millones de pesos para la campaña del PRI.
El PRI dice que el origen del dinero es el propio PRI y que eso se constata con los pagos realizados a partir del 13 de julio -ya con el escándalo desatado- y hasta el 9 de agosto, con depósitos a favor de Alkino, la punta de arranque de esa estructura de intermediación.
¿Para qué tanta triangulación? El PRI podía, si los recursos eran suyos, contratar con quien quisiera los servicios financieros o de distribución en forma directa.
¿Para qué usar a Alkino-Atama-InizzioEfra-Monex para comprar tan sólo unos monederos? Las empresas intermediadoras a las que recurrió el PRI están llenas de irregularidades empezando por estructuras accionarias compuestas por prestanombres, que conducen a personas relacionadas con el PRI y la campaña.
La autoridad fiscalizadora dio por buena la explicación del PRI. Los consejeros también y dieron paso a debatir si debían sancionar al partido -ya no por el origen y la licitud-, sino tan sólo por el destino de ese dinero. Pero, ni eso lograron. Dado que el PRI no explicó en qué usaron esos recursos, el consejero Figueroa propuso una multa al partido por 75 millones.
Discutieron, votaron y empataron respecto a esa multa (4-4).
Lo insólito vino cuando apareció en escena el abogado y ex secretario general del PRI y ex precandidato de ese partido a la Presidencia de México, Sergio García Ramírez, para anunciar que había decidido -siempre sí- participar en el desahogo y votación del Monexgate. García Ramírez abandonó su postura inicial de no involucrase en el tema dada su amistad añeja con la familia Fraga, cuyos miembros están vinculados con la empresa `Efra` (iniciales de Emilio Fraga), una de las empresas a las que Monex facturó por millones de pesos en monederos recompensa Lo más sorprendente es que ninguno de los consejeros -a quienes García Ramírez les otorgó la potestad para inconformarse- hayan impedido que ese voto favoreciera la exoneración del PRI. Se dijo que García Ramírez no tenía impedimento legal para votar y paso seguido se dio rienda a las loas para el jurista. Nadie le pidió que fuera consecuente con su postura original y, pudiendo evitarlo, los cuatro consejeros que dijeron ir por la multa perdieron la votación.
Mientras que el país entero seguía los pormenores de la resolución de la Suprema Corte sobre el caso de Florence Cassez y se ocupaban los grandes espacios que el caso amerita, paralelamente se desarrollaba el debate que -por horas- llevó a los consejeros a votar una exoneración para el PRI.
Sospechar que alguien midió la conveniencia de hacer coincidir, para una misma fecha, la resolución del caso Monex con el de la francesa es un asunto que dejamos sólo a los malpensados.
Los reclamos de los partidos opositores no se han hecho esperar. Quedará en el Tribunal Electoral lo que suceda con esas quejas. Quedará en manos de autoridades que tendrían que investigarse a sí mismas el destino de las Vistas enviadas por la autoridad electoral.
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