Reprimir a los migrantes, la misión de Peña
Escrito por Juan Pablo Proal
“Lleva en sus ojos toda la mezcla
de la rabia, de la duda y la tristeza
tiene que pagar con el olvido
lágrima de puerto y de destierro”:
Dice el Inmigrante, León Gieco.
Ardelio Vargas justificó con cinismo por
qué mandó a la Policía Estatal de Puebla a agredir reporteros y
fotoperiodistas: “Cuando estoy operando tengo que estar cuidando la
integridad de mi gente, y bueno, si no se identifican y si no sé quiénes
son, pues con la pena, mano, pues yo estoy operando y yo tengo que
apoyar tanto la integridad física de mi gente como la operación que
estoy realizando” (sic).
El entonces Secretario de Seguridad
Pública y Vialidad del Estado de Puebla justificó así la utilización de
la fuerza pública contra periodistas que el 23 de agosto de 2011 cubrían
un acto de represión contra campesinos del municipio de Chignahuapan.
El pasado 15 de enero el secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, nombró a Ardelio Vargas Fosado
titular del Instituto Nacional de Migración (INM). Es decir, un policía
que se ha caracterizado por su vocación represiva, falta de conciencia
respecto a los derechos humanos y con amplia trayectoria en sectores de
inteligencia y espionaje político, será el encargado de preservar la
integridad de los cerca de 400 mil centromericanos que anualmente cruzan
México para llegar a Estados Unidos (cifra de la Organización
Internacional para las Migraciones).
Ardelio
Vargas era conocido como “el comisario” cuando fue alcalde de Villa
Juárez (Xicotepec de Juárez), Puebla, en el trienio 1987-1990. “Se
comportaba más como un policía que como el presidente municipal”,
recuerdan los lugareños (Proceso, 1582). Su mejor ejemplo para
forjar ese carácter fueron sus tíos Abraham y Melitón Fosado, conocidos
como “La Sonora Matancera”, caciques de la región que controlaban las
fincas cafetaleras bajo una amenaza que se volvió célebre en la región:
“Te compro tu finca o se la compro a tu viuda”.
En los noventa, Vargas comenzó a formar
su carrera en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen),
del que fue delgado en Chiapas y Oaxaca. Entre 2000 y 2005 fue director
de Investigación y Seguridad del CISEN y durante el último año del
gobierno de Vicente Fox fue Jefe del Estado Mayor de la Policía Federal
Preventiva (PFP). También fungió como Comisionado de la PFP. Al ejercer
estos cargos tuvo injerencia en la coordinación de los operativos
represivos de Atenco y Oaxaca, donde se documentaron encarcelamientos
injustos, arrestos con exceso de violencia, violaciones sexuales,
secuestros y delitos de lesa humanidad. Además, Vargas también fue
titular de la extinta Agencia Federal de Investigaciones.
El poblano está orgulloso de su
trayectoria. “Soy policía, mis hijas están muy orgullosas de que su
padre sea policía”, declaró al periódico La Jornada en una entrevista
publicada el 22 de enero pasado.
Vargas presume su vocación de policía y
cabe decir que no es un policía bonachón. A su paso por la Secretaría
de Seguridad Pública utilizó la violencia contra los civiles como
recurso cotidiano. El caso más indignante fue cuando ordenó a sus
subordinados la represión violenta de ahorradores defraudados por las
casas Sitma e Invergroup, quienes se manifestaban pacíficamente. Muchos
adultos mayores resultaron heridos y otros más encarcelados.
En su intento por pintar de legitimidad
su gobierno, una de la primeras acciones del presidente Enrique Peña
Nieto fue otorgar al sacerdote Alejandro Solalinde el Premio de Derechos Humanos 2012
por su labor en defensa de los migrantes centroamericanos. En ese acto,
el mandatario declaró que su gobierno se caracterizaría por el respeto a
los derechos humanos y propiciar un clima de tolerancia. La designación
de Ardelio Vargas corrobora que ese galardón fue únicamente un acto de
propaganda, una estrategia para limpiar la maltrecha imagen del
presidente emanado del PRI.
Solalinde se refirió a la llegada de
Vargas al INM: “La designación de un policía implica el mensaje de que
en el país los derechos humanos pasan a segundo término (…) Si se
requiere un alma nueva, un rostro nuevo para el INM, se debe poner a una
persona versada en derechos humanos, con solvencia moral, pero jamás
poner a un policía (…) Toda la retórica, todas las palabras que hacían
que diéramos al menos el beneficio de la duda al nuevo gobierno de
Enrique Peña Nieto, todo se desploma al poner a una persona que es
policía”.
La simulación del nuevo gobierno federal
se desmorona. El 13 de enero pasado, Osorio Chong se reunió con
familiares de personas desaparecidas por la violencia que ha sacudido al
país. Se comprometió ante los deudos: “Buscaremos a todos los
desaparecidos”. Días después el que desapareció fue Osorio Chong, quien
dejó plantados a los familiares en una cita previamente acordada.
El nombramiento de Ardelio Vargas parece
estar directamente relacionado con la política alentada por Estados
Unidos de reprimir los movimientos migratorios a su país, utilizando los
rostros más crudos de la violencia policial. Uno de los antecedentes
directos de esta práctica fue el Plan Sur, lanzado en 2001 durante la
administración de Vicente Fox, cuando se le encargó al INM poner en
marcha actos de agresión contra los centroamericanos.
Los migrantes son el alimento de las
bandas delictivas, los policías corruptos, polleros y agentes
migratorios. Sufren comúnmente represión, secuestros, tortura, violencia
sexual por parte de autoridades federales, estatales, municipales y
miembros del crimen organizado. Tan sólo en el sexenio pasado se
reportaron entre 70 mil y 120 mil migrantes desaparecidos, de acuerdo
con Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Comisión Nacional de
Derechos Humanos. Tal vez el caso más alarmante, por ser dado a conocer
en los medios de comunicación, fue el homicidio a manos de “Los Zetas”
de 58 hombres y 14 mujeres, en su mayoría centroamericanos, en el
municipio de San Fernando, Tamaulipas.
Los integrantes de la caminata Por la
Defensa y Dignidad han responsabilizado directamente al INM de tener
nexos con la delincuencia organizada. El sacerdote Solalinde ha
respaldado esa versión: “El INM, por más que lo quieran maquillar, está
podrido, está invadido por el cáncer de la ambición. En la dirección hay
otra práctica con cierta ética, pero en provincia, y sobre todo en la
ruta migratoria, la delincuencia organizada, los cárteles, sobre todo
Golfo y Zetas y policías, no van a soltar a los agentes de migración”.
La designación de Ardelio Vargas Fosado
por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto apunta a que la violencia
contra los centroamericanos no sólo va a continuar, sino que será más
aguda. Si realmente la administración federal quisiera velar por los
derechos de los migrantes habría nombrado al frente del INM a una figura
con peso moral y trayectoria en su defensa de las garantías
individuales. No fue así.
Vargas, según su historia de vida,
llegará a reprimir, a ejercer mano dura contra los indefensos
centroamericanos. Veremos con más frecuencia actos de humillación,
golpizas y vejaciones contra ellos.
Los representantes de refugios para
migrantes reportaron que en los últimos meses se ha incrementado hasta
en ocho veces el flujo de centroamericanos por México, principalmente
por la crisis continua que azota a las naciones latinoamericanas. Los
hondureños no se han repuesto del golpe de estado de 2009 y la zona, en
general, sigue siendo un paraíso de la depresión, el desánimo y la
inseguridad.
Sumergidos en tierras de corrupción,
impunidad, desempleo y desesperanza, los centroamericanos y los
mexicanos aún ven en “el sueño americano” la única vía para acceder a
una vida medianamente digna. Pero en su viaje cargan con la muerte a
cuestas. Los esperan, como hambrientas aves de rapiña, “Los Zetas”, los
policías y los agentes migratorios. La llegada de Vargas Fosado sólo
reitera que, en materia de política exterior, el gobierno mexicano
seguirá exigiendo a Estados Unidos (de dientes para afuera) el respeto
para los derechos humanos de sus habitantes, pero solapará que se
cometan los más viles maltratos contra sus vecinos del sur.
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