India: La rebelión de los saris
India. Continúan protestas por la violación de una joven en un camión.
Foto: AP
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De acuerdo con el último informe anual de la Oficina Nacional de Registro de Delitos, que en 2011 recibió 228 mil 650 denuncias por agresiones de todo tipo contra mujeres, el índice se incrementó en 7,1% respecto del año anterior, y los centros urbanos fueron donde más se concentró la violencia de género, al subir de 24 mil 335 a 33 mil 789 (28%).
Autoridades y organizaciones civiles que siguen el tema piensan que este marcado ascenso en las ciudades, particularmente en grandes metrópolis como Nueva Delhi, puede deberse a una gran población flotante, integrada sobre todo por inmigrantes hombres de zonas rurales con costumbres más atrasadas, o simplemente a que las mujeres urbanas denuncian más que sus congéneres del campo, donde priva una mentalidad “medieval y patriarcal” que no otorga ningún derecho legal a las mujeres.
En un artículo publicado por el diario británico The Guardian, la escritora india Kishwar Desai lamentó que a raíz de esas cifras Naciones Unidas haya catalogado a la India como el país más peligroso del mundo para las mujeres. “El género no es una prioridad para un gobierno nacional que se contenta con gestos como instalar a una mujer en la presidencia (Pratibha Patil)”, escribió y agregó que “la India sigue teniendo una enorme proporción de asesinatos de honor, muertes por dote, ataques sexuales y trata de mujeres… y todos esos crímenes quedan impunes”. Peor aún, “las niñas son todavía un producto desechable (infanticidio femenino) y ahora las familias ricas optan por la selección in vitro, y eligen varones”.
Según Desai, las cosas podrían ser diferentes si hubiera un movimiento panindio de liberación femenina, pero “la gran mayoría de las mujeres está dividida por casta, clase, región, lenguaje, religión y hasta atuendo”, y ni hablar de la pobreza e ignorancia. Por eso cree que el país necesita “una líder civil o política carismática que aborde esas terribles inequidades y convierta a las mujeres en una fuerza real”.
Líderes políticas hay, pero no han logrado permear en el tejido social. Paradójicamente, la India garantizó el derecho al voto femenino desde 1950 y algunas mujeres han ocupado los más altos cargos, como la primera ministra Indira Gandhi que logró relevancia internacional. Aun hoy su nuera Sonia Gandhi –viuda de su hijo Rajiv– preside el Partido del Congreso, en el poder, y Meira Kumar encabeza la Cámara de Representantes. Otras dos mujeres gobiernan la circunscripción de Delhi y el estado de Uttar Pradesh, el más poblado del país.
En 1992, la reforma a la administración pública introdujo un sistema de cuotas para permitir una mayor representación femenina en los gobiernos locales. Esta medida, al parecer, ha permitido desarrollar una mayor conciencia entre la población, lo que se ha reflejado en un mayor número de denuncias por violencia de género. Pero eso no basta.
Según dijo a la agencia IPS Sukanya Gupta, coordinadora de una organización defensora de los derechos femeninos en Kolkata, “el país no tiene una infraestructura para proteger a las mujeres o castigar a los agresores con investigaciones y juicios ágiles”. La parlamentaria y presidente del Partido Comunista de India, T.N. Seema, por su parte, consideró que tanto las instituciones judiciales como las administrativas deben adoptar políticas de género “para contener la violencia contra las mujeres”.
Después de la violación de la estudiante, quien fue agredida además con una barra de metal, la directora del Centro de Investigación de Nueva Delhi, Ranjana Kumari, dijo que la India debe revisar de inmediato sus leyes y la propia definición de violación, que se limita a la penetración del pene. Exigió también castigos más severos y asistencia económica a la víctima, que no debe verse como “compensación”, y la eliminación de la figura de “reconciliación” entre el violador y su víctima. Las enmiendas a la ley están pendientes desde hace siete años.
Pero más que una cuestión de leyes, la violencia contra las mujeres en India es un problema de instituciones débiles y corruptas, y de atavismos socioculturales que se nutren de la pobreza y la ignorancia.
Así, por ejemplo, la Ley de Tráfico Inmoral de 1956, enmendada en 1986, reconoce la explotación sexual masculina o femenina como una ofensa. Sin embargo, cada día unas 200 mujeres y niñas son introducidas en el negocio, 80% contra su voluntad y empujadas por la pobreza extrema, el analfabetismo, la viudez prematura, el repudio o maltrato familiar, el desempleo y la nula educación sexual.
Desde 1961 existe también la Ley de Prohibición de Dote, enmendada en 1984, que reconoce esta tradición como una ofensa y muestra de sometimiento hacia la mujer. Su práctica, empero, sigue siendo mayoritaria (80%) y las presiones económicas a la familia de la novia no acaban con el matrimonio. Con frecuencia el marido y sus padres exigen más dinero y de no obtenerlo “castigan” a la mujer. Famosas se hicieron las imágenes de rostros femeninos indios quemados con ácido por no cumplir con tal exigencia, y las “muertes por dote” también van al alza.
A las que enviudan no les va mejor. Aunque la práctica del “sati” –en el que la viuda se arrojaba viva a la pira funeraria del marido en un acto público– ha sido abolida, y las leyes les permiten heredar del marido y volverse a casar, la muchas son repudiadas y marginadas por no tener a un hombre a su lado, y se hunden con frecuencia en el subempleo, la prostitución y la mendicidad. Existe inclusive una ciudad, Vrindaban, donde las viudas de todo el país se reúnen para apoyarse mientras les llega la muerte.
La Ley de Matrimonio de 1955 también se enmendó varias veces para que las adolescentes y niñas puedan rechazar un matrimonio concertado antes de alcanzar la madurez. La ley considera como edad mínima los 18 años para la mujer y los 21 para el hombre. Pocos siguen esta norma y, según la UNICEF, en la India hay 56% de casos de matrimonio precoz en las zonas rurales y 29% en las urbanas.
Desde 1994 se emprendieron medidas para evitar el infanticidio femenino –el aborto del feto o el asesinato del neonato– y en 2003 se estableció la Ley de técnicas de diagnóstico de preconcepción y prenatales, que prohíbe revelar el sexo del bebé antes de su nacimiento, para tratar de disminuir esta práctica. No obstante, la UNICEF habla de la “desaparición” de unos 50 millones de niñas. El abandono, la falta de alimentación y de cuidados hacen también que en etapas tempranas la mortalidad de las niñas sea un 43% superior a la de los niños.
Pese a que la India ha firmado todas las convenciones internacionales y tiene su propia ley para la erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres, a la luz de los hechos y las estadísticas queda claro que no sólo no ha habido avances, sino que hay retrocesos. Tampoco su pujanza económica, que la ha colocado entre las potencias emergentes, ha logrado erradicar la pobreza, la desigualdad, la falta de servicios de educación y de salud que son el caldo de cultivo de la discriminación de género.
En este contexto, lo que más ha funcionado son las iniciativas de la sociedad civil. Una de ellas es “La banda del sari rosa” en Uttar Pradesh, encabezada por Sampat Pal Devi, hija de un pastor pobre a la que casaron a los 12 años, y que a los 20 ya era madre de cinco hijos.
En 2006, Sampat presenció cómo un hombre golpeaba a su esposa y, cuando quiso intervenir, también fue atacada. Al día siguiente volvió con otras cinco mujeres, cada una con su bastón de bambú, y le propinaron al hombre una paliza equivalente. Desde entonces, su fama no ha dejado de crecer. De aldea en aldea, por la zona norte de la India fronteriza con Nepal, va cantando himnos de rebelión y protesta, y pide a las mujeres que actúen contra la corrupción, el sexismo y la desigualdad.
Actualmente su movimiento cuenta con más de 200 mil adherentes y empieza a extenderse a los estados vecinos de Haryana y Bihar, donde hay “comandantes distritales”. Aunque al principio se hicieron famosas por la fuerza de sus bastones, que utilizaban no sólo para amenazar o golpear a atacantes, sino también a policías y funcionarios ineficaces y corruptos, ahora las cosas han cambiado. Las autoridades colaboran con ellas y la principal batalla de Sampat es contra el analfabetismo femenino.
Otro caso de organización social es la Fundación Azad de Nueva Delhi, que prepara a mujeres jóvenes de bajos recursos para la profesión de taxistas. Son taxis “rosas” para mujeres conducidos por mujeres, como una forma de dar seguridad en el trasporte al sector femenino de la urbe. Desde que se inició el programa, 80 alumnas han cubierto los cursos de manejo, además de lecciones de autodefensa, primeros auxilios, comunicación social y derechos de la mujer.
Muy pocas mujeres en Delhi pueden pagarse este lujo, pero a las chicas les permite ganarse unas 5 mil rupias (100 dólares) al mes que aportan a sus familias y, aparte, “quisimos romper la imagen de que las mujeres son malas conductoras”, dice Nayantara Janardhan, una de las directivas de Azad (“libertad” en Urdu).
Otra protesta “rosa” se dio en Bangalore, donde activistas del grupo hinduista radical Sri Ram Sene aterrorizan a parejas en calles, parques, cines y bares con el pretexto de “limpiar” a la sociedad india de “perversas influencias extranjeras”. Después de una incursión en un pub, donde maltrataron particularmente a las mujeres, miles de jóvenes de todo el país enviaron a esta “policía de la moral” coquetos calzoncitos de ese color para reivindicar su libertad.
También hay actividad en las redes sociales. La campaña “Must Bol” invita en la blogósfera a las mujeres a tomar conciencia de la violencia que sufren y a luchar contra ella; y a los hombres a examinar el papel que ésta juega en sus vidas y a cuestionar las normas sociales. Su página “Hablemos”, en Facebook, tiene 10 mil miembros y ha recibido un millón de visitas. El colectivo igualmente organiza concursos, actos públicos y manifestaciones. “Desafortunadamente ésta es una actividad de élites; la mayoría de las víctimas de la violencia no tiene acceso a foros de este tipo”, lamenta Sukanya Sen, una bloguera activa.
Tres violaciones sucesivas en los últimos meses parecen sin embargo haber rebasado todas las divisiones sociales y de género: la de una adolescente de 14 años en octubre, en una aldea del estado de Harayana, que luego de denunciar a sus dos agresores ante la policía se inmoló con queroseno; la violación de una mujer por un grupo de hombres en un automóvil estacionado en el bulevar Park Street de Kolkata; y, desde luego, la de la joven de Nueva Delhi, que no sólo sacó a miles a las calles en todo el país, sino tuvo repercusión mundial.
Acorralado por las protestas y las presiones internacionales, el gobierno indio dijo que la muerte de la estudiante no sería en vano y se comprometió a “hacer todo lo necesario para que este tipo de hechos no vuelva a ocurrir”. Tendrá mucho más que hacer que aplicar la ley, por muy duro que sea el castigo en esta ocasión.
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