Walmart: Demandas e investigaciones en EU

Emilio Godoy

El logo de la cadena de autoservicio Walmart.
Foto: AP

MÉXICO, D.F. (apro).- Del Tribunal de Equidad de Delaware depende el destino de las demandas presentadas por accionistas en contra de Walmart Stores Inc, en relación con los sobornos pagados por la empresa a fin obtener autorizaciones para construir tiendas en varias localidades mexicanas.
Hasta ahora, tenedores de títulos de la trasnacional descontentos con su proceder han entablado 14 querellas en los tribunales de Arkansas y en el de Equidad de Delaware, especializado en asuntos mercantiles.
De ellas, siete se encuentran en los pasillos de Cortes de Arkansas, donde se sitúa la matriz de Walmart, y las otras siete en la segunda localidad, en un intenso proceso legal cuyas semanas próximas podrían resultar clave.
El pasado 20 de noviembre, la magistrado Susan O. Hickey, titular de la Corte del Distrito Oeste de Arkansas, resolvió detener el procedimiento contra la cadena de tiendas al menudeo y cerrar administrativamente los casos hasta que el Tribunal de Equidad falle al respecto, una medida que los acusadores apelaron el día 29 de ese mismo mes ante la Corte del Octavo Circuito.
En su dictamen de 13 páginas, uno de los 72 documentos que acumula el caso y fue consultado por Apro, la juez analiza cinco argumentos para favorecer la postura de los acusados.
“Los reclamos y las partes en esta demanda y en la de Delaware son casi idénticos, y los asuntos involucrados se superponen sustancialmente. Si esta Corte no se abstiene, habrá juicios separados de dos Cortes resolviendo sobre los mismos asuntos y aplicando los mismos marcos legales. El potencial de esfuerzos duplicativos y de resoluciones inconsistentes está ciertamente presente”, arguyó Susan O. Hickey.
Empero, en el documento, que fue turnado a las docenas de abogados de las partes involucradas, la titular del Tribunal esgrimió que la Corte “está confiada de que los acusadores tendrían la oportunidad de litigar enteramente los asuntos citados si este caso fuera detenido a favor de la acción en Delaware”.
Esto significa que el quid de la lucha legal se dirimirá en el Tribunal de Equidad, instancia que aún no ha resuelto en relación con las denuncias iniciadas contra la trasnacional.
Los primeros juicios se emprendieron luego de que, el pasado 21 de abril, el diario estadunidense The New York Times revelara que la corporación desembolsó más de 24 millones de dólares en pagos anómalos a funcionarios mexicanos de todos los niveles entre 2002 y 2005 para obtener permisos de construcción, cambios de uso de suelo y avales ambientales.
El rotativo señaló que los sobornos ocurrieron con la aprobación de la directiva de la empresa en el país y que los principales ejecutivos de Walmart –fundada en 1962– encubrieron su propia investigación interna.
A esto se suma una nueva investigación del diario publicada el 17 de diciembre anterior, en la cual da a conocer que la compañía compró voluntades para abrir por lo menos 19 tiendas en México, incluyendo la de la zona arqueológica de Teotihuacan.
Los apelantes son John Cottrell, Elizabeth L. Tuberville, Kathryn Johnston Lomax, William Cottrell, Andrew Richman y el Sistema de Retiro de los Empleados de la Policía Municipal de Luisiana.
Las acciones legales emprendidas se centran principalmente en los 15 directores del Consejo de Administración de la empresa y altos ejecutivos, a quienes se acusa de incumplir su obligación de velar por los intereses de los accionistas. Las demandas también buscan que la corporación, en vez de los accionistas, recupere el dinero perdido tanto por el escándalo como por los costos asociados a su resolución.
Los litigios aluden a violaciones a las leyes sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) y de Valores, que prohíbe a las compañías efectuar desembolsos ilícitos para obtener contratos, entre otros puntos.
Las demandas se dirigen contra Michael T. Duke –presidente de la corporación desde 2009–, Aída A. Álvarez, James W. Breyer, M. Michele Burns, James I. Cash Jr., Roger C. Corbett, Douglas N. Daft, Gregory B. Penner, Steven S. Reinemund, H. Lee Scott Jr., Arne M. Sorenson, Jim C. Walton, S. Robson Walton (hijos ambos del fundador de la cadena, Sam Walton), Christopher J. Williams y Linda S. Wolf.
Las querellas señalan también a Eduardo Castro-Wright, presidente de Walmart US desde 2005; Eduardo Solórzano, jefe ejecutivo de Walmart Latinoamérica, y José Luis Rodriguezmacedo Rivera, vicepresidente sénior de Asuntos Legales, Éticos y de Cumplimiento de Walmart de México hasta abril de este año. Los tres fueron piezas centrales en el esquema de desembolsos ilegales, según la investigación del New York Times.
Los casos consolidados en los tribunales de Arkansas fueron presentados entre el 25 de abril y el 26 de junio de este año, mientras que los restantes se enderezaron entre el 27 de abril y el 26 de junio.
Entre los acusadores figuran los poderosos sistemas de Jubilación de Maestros de California (CalSTRS, por sus siglas en inglés), que posee más de 5 millones de títulos valuados en 313 millones de dólares, y General de Retiro de los Empleados de la ciudad de Pontiac, en el estado de Michigan.
Además, figuran los fondos de pensión de la ciudad de Nueva York, dueños de 5 millones 600 mil acciones de la corporación, y de Pensiones de los Trabajadores Eléctricos de Indiana.
Además, la compañía, una de las más demandadas en Estados Unidos por cuestiones laborales y por daños personales, enfrenta pesquisas de la Comisión de Comercio y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) y del Departamento estadunidense de Justicia.
Walmart Stores Inc estima que para este año alcanzará ventas por más de 470 mil millones de dólares. El corporativo emplea a 2 millones 200 mil personas en sus 10 mil 400 tiendas repartidas por todo el mundo y que atienden a más de 200 millones de clientes semanalmente.
Mucho ruido, pocos resultados
En la Forma 10-Q fechada el 4 de diciembre pasado –documento que las firmas que cotizan en el mercado de valores deben entregar cada cuatrimestre ante la SEC–, Walmart Stores Inc asegura que “la compañía está también llevando una revisión global voluntaria de sus políticas, prácticas y controles internos para el cumplimiento de la FCPA”.
Añade: “La empresa está comprometida en fortalecer sus programas globales de cumplimiento anticorrupción a través de medidas correctivas apropiadas”. Sin embargo, no ofrece detalles de esas medidas, que también se han extendido a sus operaciones en países como Brasil, India y China.
En ese documento, el corporativo reconoce haber gastado más de 99 millones de dólares al 31 de octubre pasado, debido a los escándalos en que se ha visto inmerso. Si bien no indica a cuánto podría ascender su golpe financiero, sí pronostica repercusiones adversas.
“La empresa podría estar expuesta a una variedad de consecuencias negativas como resultado de los asuntos mencionados. Podría haber una o más acciones de cumplimiento forzoso respecto de los asuntos que son sujeto de algunas o de todas las investigaciones gubernamentales en marcha, y tales acciones, si proceden, podrían resultar en condenas, arreglos, multas, sanciones, mandatos, órdenes de cede y desista, desembolso de ganancias y persecuciones criminales, entre otras”, anticipa.
Y prevé: “Las demandas de los accionistas pueden derivar en fallos contra la empresa y sus actuales y pasados directores y ejecutivos nombrados en esos procedimientos. La empresa no puede predecir en este momento el resultado o impacto de las investigaciones gubernamentales, las demandas de los accionistas o sus propias investigaciones y revisiones internas. Adicionalmente, la empresa espera incurrir en costos en responder a las solicitudes de información o citatorios en busca de documentos, testimonios y otra información en conexión con las investigaciones gubernamentales, en defender las demandas de los accionistas y en efectuar la revisión y las indagatorias”.
Empero, trata de minimizar las posibles consecuencias: “La empresa no puede estimar razonablemente ninguna pérdida o rango de posibles pérdidas que podrían surgir de estos asuntos. Aunque la empresa no cree ahora que éstos tendrán un efecto material adverso sobre sus negocios, dadas las incertidumbres inherentes en tales situaciones, la empresa no puede dar ninguna garantía de que estos asuntos no impactarán en sus negocios en el futuro”.