El GDF de Encinas congeló 9 meses el caso Elba

El GDF de Encinas congeló 9 meses el caso Elba Recibió la denuncia en septiembre de 2005 y la envió a la PGR hasta junio de 2006 La PGJ de Bátiz se declaró incompetente para atenderla cuando el sexenio ya iba a terminar La PGR de Felipe Calderón tuvo 11 meses la demanda contra Gordillo y le dio carpetazo

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), durante la administración del entonces jefe de Gobierno capitalino, Alejandro Encinas Rodríguez, congeló durante nueve meses una denuncia presentada en contra de Elba Esther Gordillo por el delito de enriquecimiento ilícito. La dependencia encabezada en ese entonces por Bernardo Bátiz recibió la denuncia en septiembre de 2005, pero fue en junio de 2006 cuando se declaró incompetente para investigarla y la turnó a la Procuraduría General de la República (PGR). De acuerdo con registros de la Fiscalía para Asuntos Especiales (FAE) del Distrito Federal, fue en junio de 2006 cuando el ministerio público del fuero común envió el expediente FAE/CT2/040/05-10 a la dependencia federal. Nueve meses antes —el 26 de septiembre de 2005— los profesores sindicalizados Gustavo Muñoz, Edmundo Morales, Ildefonso Romero y Raúl Penagos proporcionaron a la PGJDF los indicios de que Gordillo Morales desviaba dinero del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para gastos personales. Durante el tiempo en que la Procuraduría capitalina tuvo el expediente contra la líder sindical, ni siquiera la llamó a declarar en su calidad de “probable responsable”. La determinación que tomó la dependencia capitalina de enviar el expediente a la PGR se dio tras considerar que el dinero que presuntamente era desviado correspondía a un sindicato de trabajadores federales, en este caso de la Secretaría de Educación Pública. (SEP). Ayer La Razón dio a conocer que en 2005 un grupo de profesores presentó una denuncia ante autoridades locales en contra de Gordillo Morales por el delito de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, las autoridades de aquel entonces nunca hicieron nada contra la mujer. “López Obrador no quería problemas. Nos dijeron que se trataba de una cuestión política, que no podían intervenir, que eso le tocaba al gobierno federal”, dijeron a La Razón los mentores que promovieron aquella denuncia. “Dimos constancias del Registro Público de la Propiedad de 11 inmuebles en el DF y evidencias de que el estilo de vida de Gordillo no correspondía con sus ingresos lícitos. Pero nada hicieron Bátiz ni López Obrador”, explicó el profesor Edmundo Morales. El GDF está pendiente de su estado de salud Por Sergio Trejo El jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, confirmó que la ex líderesa del SNTE, Elba Esther Gordillo, continuará en el penal de Tepepan debido a su estado de salud. “Mientras no cambie esas condiciones, estaremos privilegiando ese tema de salud. En tanto las condiciones de salud persistan, nosotros tendremos que cumplir con toda nuestra normatividad, la normatividad penitenciaria”, sostuvo. Señaló que en general la condición de Gordillo es estable, a pesar de los altibajos presentados en los últimos días, y adelantó que en caso de que haya un cambio en su situación jurídica se determinará dónde permanecerá. El Sistema Penitenciario capitalino agregó que la maestra padece de problemas crónicos de hígado, hipertensión y renales; y recibe un trato “sin privilegios”. Y SNTE pide garantías a su debido proceso Por Jaquelin Coatecatl El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) pidió a las autoridades correspondientes garantías que aseguren la integridad física y el debido proceso a Elba Esther Gordillo. En un comunicado, informó que “tras una amplia deliberación sobre los últimos acontecimientos”, el Consejo Nacional “solidariamente se pronuncia por exigir a todas las autoridades responsables, garantías para asegurar la integridad física de nuestra compañera Maestra Elba Esther Gordillo”. “Asimismo, solicita a las instituciones correspondientes sea garantizado y vigilado el respeto pleno a sus derechos humanos y el apego irrestricto a los principios jurídicos de presunción de inocencia, derecho de audiencia, defensa y debido proceso”.