Vinculan a políticos y curas con autodefensa

Diputado local afirma que sacerdotes afines a la Teología de la Liberación “asesoran” a las policías comunitarias

Rául Flores/Enviado

05/03/2013 07:22

AYUTLA DE LOS LIBRES, Gro, 5 de marzo .— Todo está solitario, no hay un alma en la calle. En Ayutla de los Libres desde el pasado 5 de enero por lo menos 200 personas impusieron un toque de queda a partir de las 22:00 horas. Cuando el reloj marca esa hora los pequeños negocios que rodean el palacio de gobierno municipal dejan de vender a sus parroquianos, a las 22:30 horas los usuarios de los establecimientos comienzan a ser desalojados por los propietarios.
A las 23:00 horas en punto se corta la energía eléctrica, todo es silencio, sólo se escucha el ladrido de los perros. Es la antesala del rugido de los motores de camionetas de tres y media toneladas que recorren el municipio con hombres armados que detienen a todo vehículo o persona que se atreven a caminar por las calles del municipio.
De acuerdo con autoridades de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, que solicitaron el anonimato, y con Evencio Romero Sotelo, diputado local del PRI y líder agrario y campesino en la entidad en los municipios de Ayutla de Los Libres y San Luis Acatlán, por años se han detectado células del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
Los asesores
De acuerdo con el líder agrario y campesino Evencio Romero Sotelo, utilizando la Teología de la Liberación, párrocos de la Iglesia católica están detrás de los movimientos de autodefensa de la entidad. Ante esto, hace un llamado a la Secretaría de Gobernación para que investigue y prohíba la intervención de los sacerdotes católicos en el estado.
Acusó que uno de los principales asesores de los movimientos de autodefensa es el arzobispo Carlos Garfias Merlo.
“La información que yo tengo como dirigente campesino es que está metida la Iglesia, el clero, eso es totalmente con pruebas en la mano. El arzobispo Alejo Zavala es el fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), a través de un cura llamado Mario Campos Hernández”.
Según el también diputado local del PRI en Guerrero, el director de la organización de derechos humanos Tlachinollan, Abel Barrera, fue un seminarista que aplica en la zona de la montaña la Teología de la Liberación y asesora a los grupos subversivos a la vez que defiende a sus integrantes.
“La Iglesia tiene un peso específico, y más en los indígenas.”
En el plano operativo, Crisóforo García Rodríguez, el denominado Comandante Guerrero, es quien asesora la creación y funcionamiento de las comunidades de autodefensa en la zona de la Costa Chica de Guerero. Es líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y desde hace años tiene a su cargo la formación de policías comunitarias en las poblaciones de La Montaña.
A cientos de kilómetros de La Montaña guerrerense, Crisóforo García sostiene reuniones diarias con otro de los líderes del movimiento: Bruno Plácido Valerio, también líder de la UPOEG con representación en 39 municipios del estado.
La Unión ha tomado gran fuerza a través de los años en comunidades indígenas y mestizas de 39 municipios, incluso han amenazado al Instituto Electoral del Estado (IEEG) de impedir las elecciones, como fue el caso en julio de 2012.
Tanto Crisóforo García como Bruno Plácido reciben “orientación”, llamada asesoría directa, de Nelly Pastrana Santaella, ex delegada estatal de Liconsa en el sexenio de Felipe Calderón y también candidata a la presidencia municipal de Tierra Colorada por el PAN, que al no ser respaldada por el albiazul renunció al instituto político en mayo de 2012.
Tras su salida del PAN estatal, Pastrana Santaella se sumó a la campaña al Senado de Sofío Ramírez Hernández, quien ganó un escaño en el Senado de la República.
Nelly o La Licenciada, como es conocida por los guardias de autodefensa, se distingue de todos los integrantes de la UPOEG por ser la única mujer que no es indígena, además de utilizar dos celulares, uno con línea de la región 745 que corresponde a Ayutla de los Libres y otro del Distrito Federal.
Más policía civil en Tixtla
Otras cuatro comunidades del municipio de Tixtla, Guerrero, constituyeron ayer grupos de autodefensa civil armada para, según ellos, enfrentar a las bandas de la delincuencia organizada que operan en esta región centro del estado.
El Troncón, Zacatzonapa, Tecotzintla y El Potrero son pueblos que se unieron a las demarcaciones de Atliaca, Acatempa y El Durazno para conformar sus grupos de autodefensa.
Al acto donde se dio a conocer este hecho acudieron a brindarles apoyo grupos de autodefensa de la comunidad de Acatempa, así como miembros del Consejo Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), de Ayutla.

Matan a auditor de Guerrero

Salvador Becerril Gómez, auditor especial de la Auditoría General del Estado, fue encontrado asesinado en su domicilio la mañana de ayer. El cadáver presentaba golpes y puñaladas.
El hallazgo fue reportado por su chofer, quien al llegar al domicilio ubicado en  la calle Salubridad, de la colonia Ruffo Figueroa, encontró a la víctima tendida en la sala, en medio de un charco de sangre.
Tras dar parte a las autoridades a través del 066, paramédicos de la Cruz Roja se dirigieron al lugar y confirmaron el deceso del funcionario.
A la zona arribaron elementos de la Policía Preventiva Municipal para acordonar el área, donde peritos del Servicio Médico Forense (Semefo)  y de la Procuraduría General de Justicia del Estado realizan las investigaciones del crimen.
De acuerdo con los peritos de la Procuraduría de Justicia el cuerpo presentaba golpes y heridas de arma punzocortante en varias partes del cuerpo.
Aparentemente el robo no fue el móvil del crimen, pues todas las cosas estaban en su lugar, sólo desapareció la camioneta, propiedad del gobierno estatal, marca Honda, placas HBD-3338, que el auditor tenía asignada para su uso. Presuntamente el o los asesinos huyeron en ella.
Efectos
1.- Las autoridades estatales y federales deberán investigar la legitimidad de las exigencias de seguridad de las comunidades para detectar posibles intereses externos.
2.- En caso de que las autoridades descubran injerencia externa, como de la guerrilla, el Estado debe imponer las condiciones necesarias para desarmar a los civiles.