Segob busca legalizar las autodefensas
El gobierno prepara una estrategia para regular funciones y alcances de estas policías. En dos semanas se presentará la propuesta para integrarlas en Guerrero, informa Campa Cifrián
Ivonne Melgar
26/05/2013 06:38
Grupos
de autodefensa vigilan las afueras del poblado de Buenavista,
Michoacán. En la entidad desde febrero luchan contra los Templarios.
Foto: AP
“Estamos construyendo una propuesta que confío en que nos ayude a encontrar un camino de colaboración y de comunicación en el marco de la ley”, anunció Campa durante la asamblea de líderes del movimiento Volver a Empezar, dirigido por Manuel Espino.
El proyecto para regular las autodefensas tiene como finalidad aprovechar el deseo de participación de pueblos que se han organizado para conseguir mejores condiciones de seguridad, dijo.
De la regulación, que ya se prepara para el caso de Guerrero, el funcionario especificó que los grupos de autodefensa de esa entidad “han comentado que nos demos un plazo de dos semanas”.
El proyecto se diseña en colaboración con Jaime Martínez Veloz, comisionado nacional para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, y sería presentado en la segunda semana de junio.
El subsecretario Campa comentó que se analizan los posibles mecanismos de vinculación que podrían establecerse con las comunidades de Guerrero que cuentan con autodefensas.
Campa Cifrián aprovechó para decir que el cambio fundamental en la estrategia de seguridad del nuevo gobierno es la coordinación.
Ahora, expuso, se cuenta con “una visión totalmente distinta en la relación con los gobiernos estatales y municipales”.
Alistan regulación de las autodefensas
La Secretaría de Gobernación prepara ya una estrategia para regular las funciones y los alcances de los grupos de autodefensa en Guerrero, con el fin de aprovechar el deseo de participación de los pueblos que se han organizado para conseguir mejores condiciones de seguridad, adelantó ayer Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana.
El proyecto se diseña en colaboración con el comisionado nacional para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz, y sería presentado en la segunda semana de junio.
“Estamos construyendo una propuesta que yo confío en que nos ayude a encontrar un camino de colaboración y comunicación, en el marco de la ley”, anunció.
Campa Cifrián acudió ayer a la Asamblea de Líderes del Movimiento Volver a Empezar, dirigido por Manuel Espino.
Ahí, el funcionario federal definió que el cambio fundamental en la estrategia de seguridad del nuevo gobierno es la coordinación.
A modo de contraste, el subsecretario de la Segob señaló que en el pasado “tuvimos un esquema desarticulado y de competencia entre quienes tenían la responsabilidad”.
Ahora, expuso, se cuenta con “una visión totalmente distinta en la relación con los gobiernos estatales y municipales”.
Sostuvo que las diferencias respecto del sexenio anterior también se advierten en el terreno de la comunicación.
“Porque una estrategia de seguridad tiene que abonar a que haya mejor seguridad, pero también a que la gente se sienta segura y eso está vinculado con las acciones sustantivas de seguridad, pero también de la manera como se comunican los asuntos de seguridad”, definió.
Sí, pero en el marco de la ley
Campa Cifrián puntualizó que los grupos de autodefensa se expresan con características diversas; recordó que, como en Oaxaca, algunas operan desde el siglo XVI; otras surgen en los años 90, y están, además, los casos más recientes.
A pregunta expresa habló de Michoacán y de la situación del miércoles anterior en la comunidad de Buenavista. Explicó que el gobierno reconoce y requiere de la participación de la ciudadanía.
“Hemos dicho también que esa participación tiene que darse en el marco de la legalidad, porque lo que se ha roto en esas comunidades es el cumplimiento de la ley y tenemos que trabajar todos para que la ley se cumpla”, enfatizó el subsecretario.
En cuanto a la regulación que ya se prepara para Guerrero, el funcionario federal especificó que los grupos de autodefensa de esa entidad, con la mediación del comisionado Martínez Veloz, “han comentado que nos demos un plazo de dos semanas”.
Fue entonces que informó que en 15 días, en Gobernación “estaremos haciendo una propuesta que yo confío en que nos ayude (...) y el marco de la ley está determinado fundamentalmente por el tema de funciones de policía y utilización de armas, ésas son las dos variables en las que tenemos que construir”.
Reseñó que dichos grupos plantearon a Gobernación la necesidad de fortalecer los instrumentos de vigilancia y apoyo tecnológico.
Cuestionado sobre la posibilidad de que estos grupos civiles armados sean remplazados, el subsecretario respondió: “No quisiera adelantar más de lo que he comentado”.
Contó que en este momento se analizan los posibles mecanismos de vinculación que podrían establecerse con las comunidades de Guerrero que cuentan con autodefensas.
Habló de las experiencias positivas que se han generado en Ciudad Juárez y Tijuana con la denuncia segura, es decir, sin posibilidad de represalia: una alternativa que otorga a la autoridad información que le permite actuar con eficacia.
Nuevo sistema político
Campa consideró que, sin cumplir aún el primer semestre, el gobierno avanza en un nuevo sistema político. “Los mexicanos empezamos a ver el futuro con esperanza y desde fuera nos miran distinto.”
Destacó que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, presentado esta semana, es producto de un proceso que calificó “sin precedente” de consulta pública con especialistas, académicos, profesionales y ciudadanos.
En su exposición se refirió a las cinco líneas del PND: construir un México en paz; un México incluyente; un México con educación de calidad; un México próspero, y un México con responsabilidad global.
“Nuestra clase dirigente está acreditando, no sin dificultad, su voluntad para ponerse de acuerdo”, confió.
Se trata de una actitud que da cuenta de que existe voluntad para poner por encima de los intereses particulares o coyunturales los intereses del país, abundó.
En cuanto a la seguridad, enfatizó que se aplica ya “una estrategia que está fundamentada en la coordinación” porque lo importante es que el gobierno esté organizado de la mejor manera para enfrentar eficazmente el problema.
“Y esta organización significa la coordinación entre dependencias del gobierno federal, todos tenemos claro que esto implica un cambio fundamental, que tuvimos un esquema desarticulado y de competencia entre quienes tenían la responsabilidad”, contrastó.
“Implica también una visión totalmente distinta en la relación con los gobiernos estatales y municipales”, pormenorizó.
En cuanto a la subsecretaria a su cargo, resumió: “A nosotros nos corresponde el tema de la prevención (...) ahora tenemos perfectamente identificadas cada una de las colonias donde se generan los fenómenos de violencia en el país, las colonias más violentas de cada región, en esas colonias estamos comenzando a trabajar no solamente en esta coordinación con gobiernos estatales y municipales sino con la coordinación de un conjunto de secretarías de Estado hoy responsables de la estrategia”.
Seguridad fallida
Si bien en el país hay grupos civiles armados desde hace décadas, al inicio del sexenio el problema se agudizó:
El 5 de enero, en 17 municipios de la Costa Chica y la Montaña de Guerrero se reforzó la acción de las guardias comunitarias.
El 11 de enero pasado, Excélsior publicó que ante la ola de inseguridad que escaló en la Montaña y la Costa Chica de Guerrero, donde aumentaron los levantones, extorsiones, secuestros, derecho de piso, violaciones y amenazas, grupos de ciudadanos de Ayutla de los Libres, Tecoanapa, Cuatepec y Florencio Villarreal instalaron retenes de seguridad en las entradas de los pueblos.
Entre otras acciones al margen de la ley, guardias comunitarias de Guerrero y Michoacán han retenido a presuntos delincuentes, han tomado alcaldías, algunas con violencia, y han marchado armados por la capital de Guerrero; mientras que en la Tierra Caliente michoacana han retenido a militares.
Luis Torres Chávez, alcalde de Buenavista, Michoacán, acusó a integrantes de los grupos de autodefensa de asesinar a su hermano, el empresario Jesús Torres a finales de abril.
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