 Washington,
15 jun (PL) El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, es
perseguido hoy por una seguidilla de escándalos sin pausa desde que
inició su segundo mandato hace seis meses.
Las filtraciones, acusaciones e investigaciones se añaden a otros
problemas domésticos e incumplimientos de su compromiso de lograr una
reforma migratoria integral y el cierre de la cárcel estadounidense en
la base naval de Guantánamo, ubicada en territorio ocupado en el Este de
Cuba.
Una intromisión sin precedentes en el caso de la
intervención de 20 líneas telefónicas de la agencia The Associated Press
(AP), según se conoció en mayo, dio lugar al conocimiento de la
existencia de un programa ultrasecreto de vigilancia a miles de usuarios
de de la filial telefónica Verizon y de Internet.
La semana
pasada el diario británico The Guardian y The Washington Post, de
Estados Unidos, sacaron a la luz los datos obtenidos por Edward Snowden,
un exasistente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), lo cuales
evidencian que la Agencia Nacional de Seguridad con su programa PRISM
accedió a datos de miles de personas.
Este sábado se informó que
el gobierno solicitó datos de unos 19 mil usuarios de la red social
Facebook y de casi 32 mil clientes de la compañía informática Microsoft
en el segundo semestre del pasado año.
La práctica de espiar
cuenta con respaldo legal en las polémicas Ley Patriota y la Ley de
Vigilancia de Información Extranjera heredadas de George W. Bush.
Grupos de derechos civiles señalan que se ha violado la Cuarta Enmienda
de la Constitución que protege a los ciudadanos de "búsquedas
injustificadas".
Algunos expertos consideran que más allá de
puntos de vista políticos y partidistas, estos casos tocan por
diferentes aristas el tema de los derechos ciudadanos.
A estas
tormentas se suma que el Servicio de Rentas Internas admitió en un
informe difundido en mayo que había usado criterios inapropiados en un
excesivo escrutinio a grupos conservadores que llevaran en sus nombre
las palabras Tea Party y patriota.
La revelación generó la
renuncia del comisionado interino de la dependencia federal, Steven
Miller, y de otro funcionario y el Buró Federal de Investigaciones (FBI)
abrió una investigación criminal, y ya los demócratas temen que esto
pueda tener un efecto negativo en las elecciones de medio término que se
celebrarán en 2014.
Antes de estos escándalos los republicanos
tenían en el colimador de sus ataques las presuntas fallas de seguridad
que en septiembre de 2012 no pudieron impedir el atentado al consulado
de Estados Unidos en la ciudad libia de Bengasi, donde murieron cuatro
estadounidenses, entre ellos el embajador en Trípoli, Christopher
Stevens.
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