El corruptor Amado Yáñez Osuna
Ahora sí, el cínico empresario Amado
Yáñez Osuna, corruptor de funcionarios petroleros (Petróleos Mexicanos) y
directivos bancarios (Banamex-Citibank), finalmente ha sido acusado de
violación a la Ley de Instituciones de Crédito, delitos graves que deben
mantenerlo preso por muchos años. Por lo pronto, ya está recluido en un
penal del Sur del Distrito Federal.
Un
fraude por 360 millones de dólares denunciado por Banamex ante la
Procuraduría General de la República (PGR) desató la acción de la
justicia mexicana en contra de Oceanografía y su accionista mayoritario,
Yáñez Osuna, quien en 10 años construyó un emporio económico con
recursos públicos, basado en la corrupción e impunidad, información que
la prensa (Contralínea) dio a conocer puntualmente desde el
gobierno de Vicente Fox (2000-2006), cuando se cometieron múltiples
irregularidades en la obtención de financiamientos y de contratos
petroleros, sustento principal de su riqueza mal habida.
Aquellas investigaciones periodísticas sobre Oceanografía le causaron al equipo de reporteros de la revista Contralínea
sendas demandas por supuesto daño moral inducidas por el abogado de
Amado Yáñez, Ulrich Richter, quien negaba que su empleador estuviera
implicado en hechos de corrupción y fraudes a instituciones de crédito
como Banco de Comercio Exterior (Bancomext), Banco Interacciones y
Banamex-Citibank.
Una vez capturado, Yáñez Osuna empezará a
enfrentar la soledad de la prisión y hasta entonces entenderá que no
tenía amigos sino intereses y complicidades, y que todos sus exsocios lo
han abandonado, algunos siguen prófugos y otros niegan su estrecha
relación y asesoría que le otorgaban a cambio de jugosos contratos y
beneficios económicos que recibían por ayudarle a cometer fraudes y
asesorarlo legalmente para infringir leyes y reglamentos.
En esas acciones legales en contra de
Yáñez Osuna –instrumentadas directamente por el procurador general de la
República, Jesús Murillo Karam, quien en los últimos días no encuentra
soluciones a todos los conflictos que se han presentado– extrañamente no
aparecen sus cómplices en la comisión de los fraudes. Entre éstos
estarían los altos directivos de Banamex-Citibank, y algunos exsocios,
como los integrantes de la familia Bribiesca Sahagún, que son también
parientes políticos del expresidente Vicente Fox, quien durante su
gobierno se ocupó de limpiar los expedientes de sus hijos políticos.
Tal parece que la procuración de justicia
en este caso seguirá el mismo esquema de sacrificar al más expuesto a
la corrupción pero el de menor rango en la estrategia delictiva, pues
aunque Yáñez es el accionista mayoritario de Oceanografía, la realidad
es que se trata de un nuevo empresario rico que puede ser sacrificado
sin problema. Así, no hay disposición de la autoridad para llevar a
juicio a dos de los directivos más importantes de Banamex: Javier
Arrigunaga y Manuel Medina Mora.
El primero, director general del banco y
quien sólo fue castigado por el Consejo de Citibank, que le pidió su
renuncia por estar involucrado en el fraude. Hasta ahora, Arrigunaga no
es molestado por la PGR ni siquiera para que declare dentro del expediente judicial abierto en contra de Yáñez Osuna.
El segundo, Medina Mora, presidente del
Consejo de Administración de Banamex y copresidente del Citigroup,
pronto dejará el cargo por el relajamiento de los controles internos y,
tal vez, por su participación en el fraude. Tampoco a este directivo del
banco lo investiga el procurador Murillo Karam, quien practica una
justicia selectiva.
En este contexto, la familia política de
Fox, los Bribiesca, tampoco se les ha citado a declarar a pesar de que
se les probó su involucramiento corrupto con Amado Yáñez en los
gobiernos panistas (Vicente Fox-Felipe Calderón) al traficar con sus
influencias en Los Pinos para obtener contratos petroleros para la
empresa Oceanografía. Pero la PGR ha hecho un lado todos esos nexos
políticos corruptos de Amado Yáñez y ha preferido hasta ahora omitir
investigarlos, quizás por algún acuerdo de no tocar a la familia política del expresidente de la República.
Otro caso de corrupción en Banamex
Y para seguir con las prácticas corruptas
de Banamex-Citibank, las autoridades financieras mexicanas investigan
un nuevo caso, concretamente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNVB) a petición de la propia institución financiera, al descubrir
mediante auditorías el desvío de recursos y espionaje clandestino que se
hizo en Banamex vinculado con Amado Yáñez.
Se trata del caso que involucra a
Federico Ponce Rojas –subprocurador general de la República cuando
Ignacio Morales Lechuga era el abogado de la nación–, quien está acusado
en México y Estados Unidos de desviar recursos de Banamex a una empresa
particular por casi 20 años.
De acuerdo con la indagatoria –iniciada
por el consorcio estadunidense Citigroup y en la cual ya participan
autoridades financieras de Estados Unidos y judiciales y financieras de
México–, el abogado habría defraudado entre 1994 y 2013 a Banamex por un
monto total de más de 15 millones de dólares, según las primeras
indagatorias.
Como titular de la Dirección Profesional
de Empresas Afiliadas, SA, Dipeasa, propiedad al ciento por ciento de
Banamex, Ponce habría inflado los costos de operación de esta empresa de
seguridad para desviar los excedentes a otra unidad económica no
relacionada con el consorcio financiero.
Contralínea entrevistó a
principios de 2013 a Ponce Rojas en su calidad de director de Dipeasa y
de Servicios Especiales del Grupo Financiero Banamex Citigroup. Entonces
el también catedrático en la Universidad Anáhuac condenó la falta de
resultados en el combate al lavado de dinero y asentó: “Debemos ser claros: seudoempresarios que evaden al fisco y lavan dinero podrían ser tan peligrosos como los narcotraficantes que nos presentan los medios, encadenados en oro”.
Consultado acerca de los mecanismos legales para combatir el lavado de dinero en México, declaró que el Estado mexicano nunca contó –durante el sexenio de Calderón– con el arma principal: una ley que golpeara
las finanzas de los cárteles, los cuales se convirtieron –en menos de 6
años– en las empresas delictivas más rentables del mundo. Por si fuera
poco –observaba– la nueva Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita es un
documento “inaplicable”.
Dipeasa fue creada por Banamex en 1994
para proteger a los directivos del banco. Desde entonces y hasta
diciembre de 2013 fue dirigida por Ponce Rojas. Citigroup controla
Banamex desde 2001. En enero de 2014 fue relevado por el general José
Armando Tamayo, quien fue jefe del Estado Mayor Presidencial durante el
gobierno de Vicente Fox (2000-2006). Entonces en Citigroup se conocieron
las “conductas ilegales” en que habría incurrido Ponce Rojas. Y es que
los señalamientos también incluyen el espionaje e intervención de
comunicaciones.
Ponce Rojas declaró a Contralínea en enero de 2013 que el lavado de dinero “debe combatirse de manera firme y contundente, pero de manera integral junto con todos los demás delitos”.
La red de contrabando textil
En otro hecho de corrupción, el
secretario de Hacienda, Luis Videgaray, informó que desmantelaron una
red delincuencial de evasión en la importación de textiles mediante la
subvaluación de mercancías, la cual involucra a 219 actores y significó
un daño al fisco por 1 mil 500 millones de pesos.
A finales de 2012, cuando Felipe Calderón preparaba sus maletas
para huir del país que había dejado destrozado, publicamos en esta
columna cómo funcionarios del gobierno de Estados Unidos, por conducto
de sus áreas de inteligencia y policiales, aseguraban estar preocupados
por la enorme corrupción e impunidad que había desbordado a todos los
órganos de vigilancia, auditoría, fiscalización y procuración de
justicia de México; lo que, consideraban, se había traducido en una
complicidad cínica y descarada del gobierno de Calderón.
Ante ello, el Departamento de Estado dio
instrucciones al Departamento de Justicia, la Oficina Federal de
Investigación (FBI), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas
(ICE), la Agencia estadunidense contra las drogas (DEA) y hasta a la
Agencia Central de Inteligencia (CIA), para investigar y denunciar ante
la justicia de México hechos de corrupción que estaban impunes.
Explicaba en aquella columna: “Preocupa a
Estados Unidos un caso de corrupción, soborno y contrabando de textiles
que durante más de 10 años ha afectado las finanzas y la industria de
México, y sus autoridades se niegan a investigar y procesar a los
responsables que se esconden en la comunidad judía que vive en el país.
Se trata, principalmente, de empresarios de origen judío que armaron
desde el año 2000 una maquinaria de corrupción y complicidad aduanal
para traer telas desde China y Corea, y cruzarlas por territorio
estadunidense para evitar pagar los impuestos correspondientes amparados
en el Tratado de Libre Comercio América del Norte (TLCAN).
“Este importante caso que le ha
significado al fisco mexicano dejar de cobrar impuestos por miles de
millones de pesos en más de 1 década, fue descubierto por el ICE
estadunidense e investigado directamente por el Grupo de Fraude
Comercial en Laredo, Texas, cuyos agentes especiales armaron un
expediente completo, con pruebas y declaraciones suficientes, que
entregaron a México por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la
Procuraduría General de la República (PGR) y la Administración General
de Aduanas.
“A pesar de ello, las autoridades
mexicanas han sido incapaces de concluir la averiguación previa y
consignarla ante un juez federal que lleve ante la justicia a unas 15
empresas y sus dueños por los delitos de fraude, evasión fiscal,
contrabando, soborno y los que resulten.
“Este tema, que dimos a conocer por
primera vez en esta columna el 26 de agosto [de 2012], ha arrojado
nuevos datos: por ejemplo, que fueron los mismos empresarios mexicanos
involucrados quienes compraron directamente las telas en los países
asiáticos y armaron una red de complicidades con empresas de Estados
Unidos para que la mercancía fuera recibida en ese país y allí
falsificaran facturas y certificados de origen, a fin de exportarla a
México sin el pago correspondiente que, según expertos en cuestiones
fiscales, se trata de miles de millones de pesos en más de 10 años que
tienen de aplicar este sistema de contrabando textil.
“Los empresarios mexicanos de origen
judío constituían empresas fantasmas que eran las receptoras de la
mercancía en México, y cuando los investigadores fiscalistas del SAT
llegaban a sus domicilios para revisarlas, se encontraban con que éstas
no existían físicamente, sólo en papeles porque habían desaparecido y no
había forma de localizarlas. Esto, sumado a la corrupción de algunos
funcionarios de Hacienda, permitía que nadie siguiera las huellas de
este cuantioso contrabando de textiles que ha evidenciado a las
autoridades fiscales mexicanas como las más corruptas y torpes en la
persecución de delitos.
“Los empresarios cómplices habían
constituido una verdadera maquinaria de corrupción y complicidad con
algunas autoridades hacendarias que los solapaban y encubrían; por eso
ahora que el expediente de Estados Unidos fue entregado al gobierno
mexicano, éste no sabe qué hacer, pues ya no tiene justificación para
archivar la información y dejar en la impunidad un verdadero caso que
afecta a las finanzas públicas y en general a la industria textil del
país.
El proceso que se sigue en Estados Unidos
–de donde este reportero obtuvo la información, porque en México nadie
quiere hablar del tema– lo lleva el fiscal Roel Canales, en el Distrito
de Texas, División de Laredo; mientras que por México tienen
conocimiento de este hecho de corrupción que sigue impune después de más
de 10 años: el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña; el
jefe del SAT, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; la procuradora General de
la República, Marisela Morales; el subprocurador de Delitos Federales de
la PGR, Irving Barrios Mójica; el administrador General de Aduanas,
Gerardo Perdomo Sanciprián; el administrador General de Auditoría Fiscal
Federal, Alberto Real Benítez, y el administrador Central de Programas
Especiales de la Administración Federal del SAT.
“Estos funcionarios están preocupados por
la entrega recepción de su administración al equipo de transición del
próximo gobierno y han hecho a un lado su responsabilidad de gobernar.
Apuestan a que sólo les faltan poco más de 2 meses en sus
responsabilidades y después nadie se acordara de ellos. Por lo pronto,
el gobierno de Felipe Calderón ha decidido, como en muchos otros casos
de corrupción, abuso e impunidad, olvidar este expediente incompleto por
su incapacidad de integrarlo y denunciarlo ante un juez federal.
“De acuerdo con el expediente abierto en
Estados Unidos y cerrado en México, se trata de una red muy bien
articulada que opera en México, Estados Unidos, China y Corea, dedicada a
contrabandear productos textiles fabricados en esos países asiáticos y
que son introducidos a México de manera ilegal vía Estados Unidos, en
donde se elaboran facturas y certificados de origen falsos para eludir
el pago de los impuestos correspondientes. Es una vez más en el vecino
país en donde evidencian la complicidad y omisión de la justicia
mexicana.
“De acuerdo con documentos oficiales del
gobierno de Estados Unidos, los empresarios involucrados son destacados
miembros de la comunidad judía en México, y sus empresas habrían sido
las beneficiadas con el contrabando de productos.
“Aunque la investigación se inició
formalmente en 2010, fue hasta 2011 cuando se abrió la averiguación
previa UEIDFF/FISM08/185/2011 en México por los delitos de fraude fiscal
y contrabando de productos textiles procedentes de varios países
asiáticos, en donde se adquiría la mercancía para luego ser introducida a
territorio mexicano por la frontera con Estados Unidos. Empresas
estadunidenses les otorgaban facturas y certificados de origen amparados
en el TLCAN, con el fin de engañar al gobierno mexicano de que dichas
mercancías se producían en Estados Unidos y por eso entraban exentas de
impuestos.
“Con base en el Acuerdo firmado entre los
gobiernos de México y Estados Unidos sobre Asistencia Mutua entre las
Administraciones de Aduanas y en apego al Plan Estratégico Bilateral del
13 de agosto de 2007, la Administración Central de Investigación
Aduanera mexicana solicitó el 9 de febrero de 2010, mediante el oficio
800-05-00-00-00-2010-0609, el apoyo de las autoridades de Aduanas de
Estados Unidos para verificar la existencia de las compañías
estadunidenses NY Aynilian & Co, Inc, y Lulú Fashions, Inc, ambas
con domicilio en Nueva York, así como para validar la autenticidad de
facturas comerciales y certificados de origen expedidos por dichas
empresas a favor de la compañía mexicana Comercializadora Luna Blue, SA
de CV.
“Mientras en México el caso está
prácticamente cerrado –por lo menos en lo que concluye la actual
administración–, en el expediente de Estados Unidos se afirma que entre
los involucrados destacan Elías Hamul, presunto socio de Fred Lukach y
quien se encargaba de obtener el pago o soborno de los empresarios para
posteriormente contactarlos con Vahram Aynilian.
“La lista de empresarios mexicanos que
son investigados por Estados Unidos y cuyos nombres aparecen en
documentos oficiales del ICE, son: José Husni Micha; Salomón Cojab
Fallena; David Cojab Cohen; Moisés y Jaime Betch, dueños de Forromex;
Noel Venado; Manolo Lua, dueño de Textiles Lua; Jack Casaab Attie, dueño
de la empresa Casti y Casbo; Charlie Kim, dueño de Cini de México;
Jorje Kim, de Kim textiles y Grupo Cyprus; Mauricio y Eduardo Atri;
Scion Shamosh, copropietario de Loubeck; Simón Shamosh, copropietario de
Loubeck; Ronald Joseph Akiki Beirut; César y Ulises Sánchez; Mauricio
Niño Mora.”
Miguel Badillo*
*Periodista
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