José Luis Abarca impone terror en Iguala
AGENCIA REFORMA/JESÚS GUERRERO / Publicada el 08/10/2014
Rosales recordó que hay dos denuncias que se interpusieron ante la PGR contra el Edil perredista por delincuencia organizada. FOTO: Agencia Reforma
Una ola de asesinatos, levantones y extorsiones se registró durante el Gobierno de alcalde perredista con licencia de Iguala, José Luis Abarca, actualmente prófugo de la justicia.
Muchos de estos hechos, según denuncias de los agraviados ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, fueron perpetradas por policías municipales.
El asesor jurídico del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, afirmó que los gobiernos federal y estatal sabían que Abarca tenía vínculos con la delincuencia organizada, pero nunca lo investigaron.
“Días después de que mataron al dirigente de la organización de Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, en mayo de 2013, el gobernador Ángel Aguirre salía fotografiándose con él para demostrar que el Edil tenía todo el respaldo de su Gobierno”, señaló.
Rosales recordó que hay dos denuncias que se interpusieron ante la PGR contra el Edil perredista por delincuencia organizada, pero nunca se supo qué pasó con la investigación.
La Procuraduría de Justicia del Estado tampoco investigó una denuncia por el asesinato de Cardona y de sus compañeros de la Unidad Popular, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Bandera Román, en mayo de 2013.
Nicolás Mendoza, uno de los cuatro sobrevivientes de ese “levantón” que realizó un grupo armado y que derivó en el asesinato de los tres miembros de la UP, tuvo que firmar una declaración ante un notario público de que él fue testigo presencial de que el Edil mató a Cardona.
“Las autoridades de la Procuraduría le pedían al testigo que hiciera esa declaración ante un Ministerio Público, pero quién le iba a garantizar su integridad física si el Gobierno estaba protegiendo al Alcalde”, señaló.
El asesor jurídico de Tlachinollan dijo que el más claro ejemplo de la protección que el Gobierno de Aguirre le brindaba al Edil es la facilidad que le dieron para que se diera a la fuga en vez de detenerlo al día siguiente de los hechos del 26 de septiembre.
El 31 de septiembre Abarca solicitó licencia de 30 días y se fue como si nada.
“Si el Gobierno hubiera tenido ganas de detener al Alcalde, ese día tenía la oportunidad de hacerlo”, mencionó.
Esta no es la primera vez que la Policía de Iguala es acusada de desapariciones.
El 6 de marzo de 2013 un integrante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPEG) fue detenido por agentes y hasta la fecha no se sabe de él.
En agosto de este año, otras cinco personas fueron detenidas en un retén en el crucero de Santa Teresa y tampoco se sabe nada de ellos.
Y en julio de este año desaparecieron en Iguala tres integrantes de la Red Guerrerense de Derechos Humanos.
Muchos de estos hechos, según denuncias de los agraviados ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, fueron perpetradas por policías municipales.
El asesor jurídico del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, afirmó que los gobiernos federal y estatal sabían que Abarca tenía vínculos con la delincuencia organizada, pero nunca lo investigaron.
“Días después de que mataron al dirigente de la organización de Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, en mayo de 2013, el gobernador Ángel Aguirre salía fotografiándose con él para demostrar que el Edil tenía todo el respaldo de su Gobierno”, señaló.
Rosales recordó que hay dos denuncias que se interpusieron ante la PGR contra el Edil perredista por delincuencia organizada, pero nunca se supo qué pasó con la investigación.
La Procuraduría de Justicia del Estado tampoco investigó una denuncia por el asesinato de Cardona y de sus compañeros de la Unidad Popular, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Bandera Román, en mayo de 2013.
Nicolás Mendoza, uno de los cuatro sobrevivientes de ese “levantón” que realizó un grupo armado y que derivó en el asesinato de los tres miembros de la UP, tuvo que firmar una declaración ante un notario público de que él fue testigo presencial de que el Edil mató a Cardona.
“Las autoridades de la Procuraduría le pedían al testigo que hiciera esa declaración ante un Ministerio Público, pero quién le iba a garantizar su integridad física si el Gobierno estaba protegiendo al Alcalde”, señaló.
El asesor jurídico de Tlachinollan dijo que el más claro ejemplo de la protección que el Gobierno de Aguirre le brindaba al Edil es la facilidad que le dieron para que se diera a la fuga en vez de detenerlo al día siguiente de los hechos del 26 de septiembre.
El 31 de septiembre Abarca solicitó licencia de 30 días y se fue como si nada.
“Si el Gobierno hubiera tenido ganas de detener al Alcalde, ese día tenía la oportunidad de hacerlo”, mencionó.
Esta no es la primera vez que la Policía de Iguala es acusada de desapariciones.
El 6 de marzo de 2013 un integrante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPEG) fue detenido por agentes y hasta la fecha no se sabe de él.
En agosto de este año, otras cinco personas fueron detenidas en un retén en el crucero de Santa Teresa y tampoco se sabe nada de ellos.
Y en julio de este año desaparecieron en Iguala tres integrantes de la Red Guerrerense de Derechos Humanos.
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