Necesitamos miles de firmas para frenar a las compañías eléctricas (España)

Necesitamos miles de firmas para frenar a las compañías eléctricas

Rebélate. Firma esta exigencia convertida en carta al Defensor del Pueblo, no se trata de una petición se trata como queda dicho de una exigencia. Exigimos al Defensor del Pueblo que nos defienda de esta continua agresión de las compañías eléctricas que se forran con las penurias de una gran parte de la población. Le exigimos que intervenga o se marche para su casa y además que cierre el chiringuito que para parásitos estamos saturados. Hay motivos suficientes como para haber intervenido de oficio. Estamos más que hartos, ha llegado el momento ¡¡A por ellos!!. La solución, ¡¡que la hay!!, está en la convicción de hacernos oír, todos a una, y que se enteren, de una vez por todas, que los ciudadanos de este país hemos sido engañados por nuestros políticos y por los rateros del poder económico. Si no se resuelve aquí será en Europa. Han endeudando las arcas públicas hasta la estratósfera con deuda odiosa. Han de saber, alto y claro, que no estamos dispuestos a someternos como borregos que van al matadero. Por lo que se pide, encarecidamente, que te adhieras a esta exigencia, tan solo tienes que añadir tu nombre al mío empezando por esta carta:
Aquí, tienes el enlace que te lleva al cuestionario de adhesión como firmante de la carta
https://docs.google.com/forms/d/1y6AXDK1RwhPn6qBGEjglYEZHbycEHj82yZMjKNN3cEI/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
Contiene cuatro campos, nombre, apellidos, documento nacional de identidad y correo electrónico. Los tres primeros son necesarios para incluir físicamente en la carta dirigida al Defensor del Pueblo a continuación de mi firma y con el mismo rango de usuario de electricidad y español que reivindica el cumplimiento del derecho constitucional que el gobierno desatiende. Una vez recibidos los datos, el nombre y los apellidos se incorporaran  a esta edición digital y podrás comprobar que ya perteneces a la Resistencia. Lo dicho rebélate.
La carta está dirigida al: Defensor del Pueblo, A la atención de Doña Soledad Becerril. Paseo Eduardo Dato, 31, 28010 MADRID. Tiene fecha de 28 de diciembre de 2014 -día de los Santos Inocentes- (con el fin que de tiempo de añadir los nombres como firmantes una vez complementado al cajetín de adhesión al final del escrito)
Señores: El pueblo español ha quedado atrapado bajo los designios de una oligarquía irresponsable que en el sector eléctrico actúa en monopolio estableciendo unos precios manipulados y disparatados que unidos a la sinrazón, de los sucesivos gobiernos, de introducir recargos en la factura de la luz que no son más que impuestos han llevado a que los españoles tengamos la tarifa más alta de Europa sin disfrutar de unos salarios a ese nivel. La denuncia que aquí se presenta se basa en el artículo 31 de la Constitución y en la Sentencia 185/1995 del Tribunal Constitucional sobre Tasas y Precios Públicos. El Artículo 31 de la Constitución establece que:
“31.1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

1. 2 El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.
2. 3 Solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales  de carácter público con arreglo a la ley.”

La Sentencia 185/1995 del Tribunal Constitucional sobre Tasas y Precios Públicos precisa: “deberán considerarse coactivamente impuestas (a la fuerza)no sólo aquellas prestaciones en las que la realización del supuesto de hecho o la constitución de la obligación es obligatoria, sino también aquellas en las que el bien, la actividad o el servicio requerido es objetivamente o social de los particulares… indispensable para poder satisfacer las necesidades básicas de la vida personal … o, dicho, con otras palabras, cuando la renuncia a estos bienes, servicios a actividades priva al particular de aspectos esenciales de su vida privada o social “
Visto lo anterior, la Constitución española establece un sistema tributario de acuerdo con la capacidad económica de los ciudadanos que queda destruida al aplicar un impuesto indirecto en el consumo de electricidad. La equidad desaparece y así lo corrobora la Sentencia del Tribunal Constitucional cuando define que los impuestos sobre los servicios básicos y esenciales “deberán considerarse coactivamente impuestas” por lo tanto el consumo eléctrico para los consumidores, según lo expuesto, debe de carecer de impuestos y estos se deben de remitir a los Presupuestos Generales del Estado para su redistribución equilibrada de acuerdo con la capacidad económica de cada uno. Como impuesto camuflado en la factura de la luz no cumple constitucionalmente al aplicarse, en este caso, sobre un servicio básico y sin alternativa. Objetivamente no se puede vivir sin electricidad. Los impuestos sobre el tabaco, el alcohol y los carburantes o bien son prescindibles o bien tienen alternativas. Fumar y beber alcohol son prescindibles y los carburantes tienen la alternativa del trasporte público. La electricidad ni es prescindible ni dispone de alternativas.
El impuesto sobre el consumo de electricidad figura, en las facturas que reciben los consumidores, explícitamente como “ayudas a la minería y el carbón” y está cifrado en el 4,864% no obstante, a este impuesto se recarga con el IVA (un impuesto recargado con otro impuesto). A pesar de esta incongruencia que lo eleva al 5.885% no es este el motivo de la denuncia. Ni tampoco el 21% que se recarga como IVA; (en otros países se conforman con un 5%) en su lugar se aplica un descomunal 168%, se carga sobre la factura 8 veces el impuesto del IVA (8 x 21% = 168%). El pueblo español no puede soportar un continuo encarecimiento de la factura energética que lleva al límite de la exclusión social a miles y miles de personas. Los datos corresponden a los propios números de las compañías eléctricas que facturan en el territorio nacional por lo que no hay nada imaginativo. Hasta aquí se corresponde con un expediente (número 14009627) que ha ido a parar al limbo de su organización y que se menciona para referirse a este incidente al final del escrito. 
Adicionalmente, a la anterior denuncia, todavía se puede añadir una nueva. Se trata de otra inconstitucionalidad respecto a la liberación del mercado y la privatización de las compañías eléctricas que compinchadas entre si no ofrecen a los consumidores un mercado competitivo al actuar, a través de la patronal Unidad Eléctrica, S.A., UNESA, como un monopolio. La fijación de precios que repercuten sobre la tarifa es una engañifa amparada en una subasta manipulada: los actores que ofertan son los mismos que demandan. No es tan siquiera un mercado en oligopolio con 4 ofertantes (Endesa, Iberdrola, G.N. Fenosa, E.on) y un ramillete de comparsas para ofrecer la apariencia de que existe competencia pero con el resultado real que todos acaban fijando un mismo precio y aplicándolo al unísono el mismo día.
Para que exista un monopolio es necesario que en dicho mercado no existan productos sustitutos y por lo tanto es la única alternativa que tiene el consumidor para comprar. El monopolio actual tiene la singularidad de su origen como monopolio estatal y en como eran tratadas las compañías eléctricas del franquismo, calificadas  como servicio público del suministro de energía eléctrica. Aunque pudiera intentar sostenerse que las empresas eléctricas eran titulares de la gestión indirecta de ese servicio público y que, por tanto, la tarifa era un precio privado “intervenido”. Con el fin que el suministro de energía eléctrica dejara de ser un servicio público se promulgó la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico (LSE) el 1 de enero de 1998 al introducir importantes cambios normativos. La Ley se presentó con la aureola de la modernidad, “la libre competencia”, la “desregulación”, la mejora de la “eficiencia”, etc. Pero, sobre todo, la magia era Bruselas una especie de “comodín” para aquéllos sectores “regulados” cuya desregulación se regula: Directivas, Decisiones, Reglamentos, Recomendaciones. Así, para empezar, en la “plasmación normativa” del “Protocolo” se dispone que el suministro de energía eléctrica deja de ser un servicio público “por su progresiva pérdida de trascendencia en la practica”.
En suma, la LSE consagra una desregulación regulada. Con ella se prescinde de los inconvenientes de la regulación para el sector pero se retienen las ventajas de la regulación y todo eso con el simple cambio de denominación ahora se le llama “servicio de interés económico general” y también una “prestación patrimonial de derecho público” en cuya imposición y exacción están ausentes las garantías que para la ciudadanía establece la Constitución y podemos encontrar en el Artículo 128: 

1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.
2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.

Conviene recurrir a la información facilitada en la web de UNESA, dice así: “Hasta 1979, fue asimismo responsabilidad de UNESA la operación de dicho sistema para asegurar una explotación óptima de la infraestructura eléctrica existente. Hasta la aprobación de la Ley del Sector Eléctrico y la transformación institucional de UNESA en Asociación, la organización empresarial se ha centrado en diversas actividades de carácter sectorial: estudios y análisis sobre las diversas vertientes de la actividad eléctrica (transporte, distribución, regulación, planificación indicativa), precios y tarifas…”, dicen precios y tarifas, no es una demostración, de parte, que actúan sobre los precios cuando existe una libertad de mercado y la privatización se llevó a cabo para que existiera una rivalidad entre ellos ofreciendo precios de competencia. ¿Repsol y Cepsa pueden decir lo mismo sobre el precio de los carburantes en las estaciones de servicio? (los precios de la gasolina también se fijan por subasta) Otro detalle sobre este párrafo traído a colación: ”la organización empresarial se ha centrado …” lo dicen en presente. Confirma que la transformación en ”Asociación con un marcado carácter empresarial” es un lavado de la fachada para que todo siga igual. Respecto a una mayor información del incumplimiento por parte del gobierno y las compañías eléctricas de los Artículos 31 y 128 de la Constitución se pueden dirigir a este enlace: https://ataquealpoder.wordpress.com/2014/10/25/se-acabo-lo-que-se-daba-hasta-aqui-han-llegado-las-electricas/
Por otra parte resulta que la fijación de precios, aunque se disfrace de una subasta, es un delito si ésta se manipula. Se han iniciado los antecedentes que dejan las secuelas de un montaje de cara a la galería en un simulacro de competencia. El teatrillo escénico se sostiene en una falsa liberalización del mercado que tolera una mentirosa parodia de elección del suministrador de “todos al mismo precio”, un reparto territorial y bajo las mismas condiciones de lo tomas o lo dejas ¿A esto no se le llama monopolio?  En diciembre de 2013 el gobierno tuvo que suspender la subasta CESUR por indicación de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia al apreciar indicios de manipulación de los precios. Se actúa como monopolio, a través de UNESA, las compañías eléctricas tienen en su mano las fuentes de producción y cada una de ellas entra en el sistema a un coste diferente y también por la imposibilidad de poder almacenar la materia prima con que se abastece: el viento en: la eólica o la producción nuclear por la dificultad de su arranque y parada, le sigue la producción hidráulica (que consume agua almacenada) y las centrales de carbón y las de ciclo combinado (gas) siendo estás últimas las de mayores costes. La oferta energética de electricidad es de 105.000 megavatios y la demanda, en el momento punta, no llega a 40.000. No obstante, al monopolio eléctrico le interesa que entre en el sistema las fuentes de energía de mayor coste (ciclo combinado) con el fin de incrementar el precio de la subasta. Los mismos que producen son los mismos que demandan, evidentemente con el nombre cambiado. En su mano está abrir o cerrar el grifo de la fuente de producción ¿Puede funcionar un sistema de subasta en un mercado monopolista?
Lo primero que llama la atención es la montaña rusa de los precios diarios que no tienen un aparente sentido, bajan en repetidas ocasiones a 4,40€, 3,39€, 2,32€ o 1,38€ e inclusive 0,31€ y suben a 87,59€ o 91,89€ y hasta el máximo de 93,11€ que provocó la suspensión de la subasta CESUR antes citada y el ministro de Industria, José Manuel Soria califico de “burda manipulación”. ¿Qué hay detrás de esa montaña rusa de los precios? ¿Como es posible que el mismo producto (la electricidad) pueda tener precios tan diferenciados cuando el consumo es más bien estable? No se trata ni del doble ni del triple se trata de una subasta especulativa que los actores principales Endesa e Iberdrola controlan mas del 80% del mercado y precisan de unos comparsas para aparentar una concurrencia de actores. Sin motivo alguno la tendencia al alza que queda reflejada en el total de cada mes (en la parte baja de la tabla que se adjunta: tabla2). Los precios medios de los cuatro primeros meses del año 2014 se sitúa en 25,64€ en cambio si obtenemos la media de los cinco meses restantes (de mayo a septiembre) nos encontramos con una media de 49,91€, un incremento del 100%. El precio se dobla a la vista que la manipulación de diciembre de 2013 queda en la lujosa impunidad. Queda claro, si se observa las anotaciones diarias, que existe una manipulación de los precios teniendo en cuenta que la demanda es estable y la fluctuación proviene de la oferta. ¿Tiene alguna lógica precios de 4,40€, 3,39€, 2,32€ o 1,38€ e inclusive 0,31€ y el mismo producto (la electricidad) cotizar a 87,59€ o 91,89€ y hasta 93,11€. Más información en: https://ataquealpoder.wordpress.com/2014/10/30/destapado-como-manipulan-el-precio-de-la-electricidad/
La población española no puede soportar los injustificados incrementos en el precio de la luz. Un reciente informe publicado por la Comisión Europea insta a los Estados miembros a proteger a los usuarios más vulnerables de luz y gas y a regular la pobreza energética. Nada se hace. El gasto en electricidad y gas se limita al 10% de su renta, con las tarifas que se aplican en España los afectados se cuentan por millones. La tarifa protegida del bono social está congelada desde 2009 y las familias que entran en esta categoría han crecido exponencialmente en los últimos años de crisis con fuertes reducciones de ingresos y una constante elevación de la factura de la luz. El número de consumidores en situación de vulnerabilidad es cada vez mayor, se habla de unos 3,2 millones de clientes. El borrador de la nueva norma, que se pretende implementar, contempla más trabas para el acceso a esta tarifa. El gobierno español ignora la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga otra anterior. Debía de haber entrado en vigencia a partir de marzo de 2011. En el encabezamiento dice lo siguiente: “Dadas las deficiencias en el funcionamiento del mercado interior de la electricidad, la Comisión Europea ha considerado necesario redefinir las normas y medidas aplicables en él al objeto de garantizar una competencia leal y una protección adecuada de los consumidores”.También esta Directiva abunda en apreciar una indefensión: “Los Estados miembros garantizarán la existencia de un mecanismo independiente, como un defensor del pueblo para la energía o un órgano de los consumidores, encargado de tramitar eficazmente las reclamaciones y la solución extrajudicial de conflictos”. 
Señora Becerril, llegamos a una petición concreta al organismo que usted preside: los abajo firmantes le solicitamos encarecidamente que haga honor al titulo de la institución Defensor del Pueblo. Lo expuesto clama al cielo y produce vergüenza al ver que mientras significados dirigentes políticos de este país son acusados de corrupción, el pueblo, que usted esta obligada por su cargo a defender, pasa vicisitudes económicas para llegar a fin de mes. Estas penurias provienen del sinsentido de haber privatizado un servicio público esencial y estratégico para acabar, en una buena parte, en manos de un Estado extranjero que su única pretensión es obtener el máximo rendimiento económico posible e inclusive utilizando malas artes. Este enlace le pondrá al corriente de la pérdida de españolidad de Endesa y el multi beneficio que obtiene: https://ataquealpoder.wordpress.com/2014/10/13/el-saqueo-a-endesa-repercutira-en-la-factura-de-la-luz/ El Defensor del Pueblo es el garante de los derechos constitucionales de la población. Intervenga señora Becerril, y quisiera recordarle un incidente relacionado con el expediente número 14009627 que fue a parar al limbo de su organización. Si volviera a suceder le haremos responsable del daño que produce su inactividad y nos dirigiremos a los Tribunales europeos. Cumpla con su obligación. Por cierto, ¿Qué obligación cumplen tan destacados funcionarios y políticos de primera línea traspasada la puerta giratoria?. Por si precisa de algún detalle este enlace le pondrá al corriente. https://ataquealpoder.wordpress.com/2012/10/24/politicos-bajo-sospecha-o-delincuentes-habituales/ Atentamente. FIRMADO JOSEP MANUEL NOVOA NOVOA. Los que siguen, contenidos en este enlace hasta las 11 horas del 22 de noviembre de 2014 los puedes ver haciendo un clic: FIRMAS DEFENSOR PUEBLO