Corrupción y neoliberalismo agudizan crisis en Puerto Rico
La
actual crisis económica en Puerto Rico responde a la aplicación de
recetas neoliberales y al daño que provocan la corrupción económica y
política en el uso de los fondos públicos.
A
juicio de la profesora boricua Martha Quiñones, la situación de ese
país caribeño tampoco podría entenderse si se obvian los nexos de
subordinación colonial a Estados Unidos, bajo el eufemismo de “Estado
Libre Asociado”.
La
condición colonial desvió a la nación “por la ruta neoliberal de
ajustes fiscales y recortes”, comentó la analista en declaraciones a
Prensa Latina, tras intervenir en un foro internacional que reúne en La
Habana a más de 900 economistas de 17 países.
En
Puerto Rico asistimos a un secuestro del Estado por los intereses
económicos de élites vinculadas al capital transnacional; de tal forma,
resultan frecuentes los pagos por “debajo de la mesa” a funcionarios
ejecutivos y legisladores para favorecer intereses privados.
La
deuda externa del país asciende oficialmente a unos 72 mil millones de
dólares, aunque otros cálculos elevan la cifra al considerar el dinero
extraído por el ejecutivo de los fondos de retiro de los maestros y
otros empleados públicos, comentó.
En
esencia, consideró, se trata de una deuda ilegítima, pues ha sido
contraída por un gobierno que no destinó los recursos provenientes de
los préstamos a inversiones de beneficio para la población.
Parte
del endeudamiento proviene de una política fiscal regresiva o
permisiva con el fraude fiscal que reduce los ingresos del Estado,
explicó.
También
tiene su origen en mecanismos que facilitan el endeudamiento, reducen
los ingresos fiscales y carecen de adecuada fiscalización; ahí figuran
prácticas como las exenciones a industrias y subsidios a nóminas, que
adolecen de justificación social.
A
lo anterior se unen los fraudes fiscales, la corrupción y el
desinterés del gobierno por acabar con estos flagelos, así como las
privatizaciones que ofrecen condiciones monopólicas a contadas compañías
y eliminan ingresos del estado.
En
opinión de Quiñones, el fenómeno incluye deudas contraídas bajo
amenazas o bajo presión de instituciones no electas democráticamente, y
debido a políticas públicas que atan el gasto para privilegiar a grupos
poderosos.
Además,
subrayó, existen deudas generadas por proyectos mal diseñados o
programados indebidamente, cuyos costos sobrepasaron los presupuestos e
incumplieron las especificaciones requeridas.
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