Francia prolonga Estado de emergencia bajo acusaciones de pérdida de libertades
El Parlamento francés aprobó este jueves la tercera prolongación
del estado de emergencia, vigente desde los atentados del 13 de
noviembre de 2015 en París.
La votación se cerró con 46 votos a favor, 20 en contra y dos abstenciones.
“La amenaza terrorista sigue siendo elevada y Francia representa un
blanco”, expresó unos minutos antes el ministro del Interior, Bernard
Cazeneuve.
El primer ministro Manuel Valls indicó el 20 de abril que el gobierno
propondría una nueva prolongación por un período de dos meses, a partir
del 26 de mayo, cuando debía llegar a su fin el plazo de extensión
aprobado por el Parlamento en febrero pasado.
Valls atribuyó dicho plan en particular a la celebración de la
Eurocopa de fútbol (del 10 de junio del 10 de julio) en este país y del
Tour de Francia (del 2 al 24 de julio).
“El estado de emergencia no puede ser permanente, pero debemos
garantizar plenamente la seguridad de los grandes acontecimientos”,
expresó.
El Parlamento aprobó el 20 de noviembre de 2015 que el estado de emergencia fuese extendido hasta el 26 de febrero de 2016.
Posteriormente, el gobierno impulsó un proyecto en aras de obtener
una nueva prolongación de tres meses con el argumento de que la amenaza
terrorista se encuentra en un elevado nivel. El plan se concretó después
de obtener el visto bueno de los legisladores para mantener dicha
disposición hasta el 26 de mayo.
Sin embargo, tras la votación de este jueves, llegará hasta el 26 de julio.
Amparados en el estado de emergencia, las fuerzas del orden pueden
poner bajo arresto domiciliario a todo aquel cuya conducta consideren
que constituye una amenaza, lo cual permite incluir a individuos
sospechosos por sus comportamientos o sus compañías, palabras o
proyectos.
También contempla prohibir a la persona bajo dicho tipo de detención,
entrar en contacto directo o indirecto con otras sospechosas de
preparar actos que atenten contra el orden público.
Entretanto, la medida continúa provocando inquietud por las
consecuencias que podría acarrear para las libertades de las personas,
opinan especialistas.
Activistas y juristas denuncian la “estabilización de un régimen con
consecuencias extremadamente duras para los derechos humanos”, que ahora
apunta también al colectivo de los refugiados y a los manifestantes
contrarios a la reforma laboral.
Entre el 14 de noviembre de 2015 y el 13 de mayo de 2016, la Policía
llevó a cabo 3.579 registros administrativos, en los que se encontraron
varios centenares de armas y 420 personas fueron detenidas, de las que
finalmente tan sólo 31 resultaron “susceptibles de ser actos de
terrorismo, la mayoría por apología del terrorismo”, según indicó la
semana pasada en rueda de prensa el ministro del Interior, Bernard
Cazeneuve.
Una de las medidas más contestadas por las asociaciones de derechos
humanos fue el arresto domiciliario impuesto a cerca de 400 personas por
las llamadas ‘notas blancas’, alertas por sospechas de los servicios
secretos que no se refieren sin embargo a hechos concretos ni muestran
pruebas.
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