Iniciativas para suprimir pensiones de ex presidentes permanecen congeladas; se gastan 40 mdp anuales
40
millones son destinados cada año por el presupuesto de egresos al pago
de pensiones y personal de apoyo y seguridad de los ex presidentes,
siendo los receptores de este dinero desde Luis Echevería a Felipe
Calderón Hinojosa, ahora empleado de una filial de la trasnacional
Iberdrola, empresa con la que tuvo su primer acercamiento cuando fue
secretario de Energía, y a la que lo acercó Juan Camilo Mouriño en el
sexenio de Vicente Fox. Ernesto Zedillo, fue el único ex mandatario que
renunció expresamente a ese beneficio.
Las
pensiones no han sido suprimidas aun cuando distintas fuerzas políticas
han presentado iniciativas para que se elimine dicha prestación o
también se ha sugerido regularla, sin embargo no han llegado a la
discusión, ya que continúan congeladas en comisiones.
Los
legisladores presentan un desgloce donde se explica que 5 millones de
pesos se refieren sólo a seguridad, que es proporcionada por el Estado
Mayor Presidencial. Los apoyos a los ex presidentes, se perciben gracias
a un decreto de Miguel de la Madrid Hurtado al final de su mandato.
Siendo
percibidos incluso por Martha Sahagún, que además junto a Vicente Fox,
solían cobrar 100 mil pesos cada uno por conferencias en el extranjero, y
Calderón hasta 150 mil. Dichos recursos incluyen pago de bonos,
aguinaldos, compensaciones, salarios de escoltas y personal de
ayudantía; pago de servicio telefónico local, larga distancia y celular;
compra de automóviles para el ex presidente, esposa, hijos y sus
respectivos escoltas, e incluso el pago de tenencia, verificación y
mantenimiento, así como predial, agua, luz, jardinería.
Con
respecto a Zedillo, empleado de la Union Pacific, sólo tiene asignada
la seguridad y el pago de los servicios en México. Durante la actual
legislatura, tres grupos parlamentarios han presentado iniciativas para
eliminar esos gastos, que consideran “un privilegio en contraste con una
mayoría de la población pobre y sin derecho a una pensión”.
Morena
planteó el 3 de septiembre de 2015, como parte de su iniciativa de ley
de austeridad republicana, prohibir pensiones vitalicias, distintas a
las establecidas en las leyes de seguridad social, a los ex presidentes
de la República, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y
otros servidores públicos federales.
En
su momento la diputada Araceli Damián señaló, que significa un reclamo
de la sociedad. “Es posible y necesario ajustar los salarios de los
altos funcionarios: el seguro de separación individualizada, los gastos
de representación y las millonarias pensiones de los ex presidentes”,
señaló.
Las
pensiones se extienden a las viudas: Paloma Cordero, de Miguel de la
Madrid, quien recibe 50 mil 829 pesos mensuales, y Alexandra Acimovic
Popovic, mejor conocida como Sasha Montenegro, de José López Portillo,
se le entregan 40 mil 747 pesos mensuales.
En
marzo, los diputados Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo, de
Movimiento Ciudadano, presentaron una iniciativa para adicionar un
segundo párrafo al artículo 83 de la Constitución con la finalidad de
suprimir la pensión y beneficios a los ex presidentes.
Se
resaltó que esos beneficios no tienen sustento legal, porque incluso
los acuerdos existentes no tienen la firma del titular del Ejecutivo, y
los reglamentos en que se pretenden justificar esos privilegios pueden
ser considerados inconstitucionales, ya que el artículo 89 de la
Constitución –que se refiere a las facultades y obligaciones de los
presidentes– no considera apoyos, pensiones o compensaciones a los ex
mandatarios.
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