Detenidas más de 200 personas vinculadas a una red criminal de origen chino especializada en fraudes telefónicos masivos
Valencia Noticias | Redacción.-
Agentes de la Policía Nacional, en la que ha sido la mayor operación
conjunta con el Ministerio de Seguridad Pública de la República Popular
China, han desarrollado una operación que ha permitido desbaratar las
actividades en España de una red criminal de origen chino, especializada
en los fraudes telefónicos masivos. Un complejo dispositivo, integrado
por más de 600 agentes, que ha culminado con una veintena de entradas y
registros en lujosos chalés de las provincias de Madrid, Alicante y
Barcelona, en los que han sido detenidas más de 200 personas de
procedencia china. Desde varios call center ubicados en chalés de lujo
de Madrid, Barcelona y Alicante ocasionaron un perjuicio económico que
supera los 16.000.000 de euros a miles de víctimas de la República
Popular China. En cada centro telefónico trabajaban, con gran
hermetismo, de forma ininterrumpida y sin descanso, un elevado número de
operadores -en algún caso hasta 50 en el mismo inmueble-, siguiendo un
elaborado método para conseguir engañar a sus víctimas potenciales
mediante llamadas de telefonía IP. En total, se han desmantelado 13 call
centers perfectamente habilitados para el fraude.
Miembros de un “sindicato del crimen” chino
Esta macrooperación ha culminado con la
desarticulación de la trama española de un poderoso sindicato del
crimen chino especializado en el fraude telefónico masivo con
ramificaciones en varios países de los cinco continentes. La
investigación comenzó el pasado mes de julio cuando responsables del
Ministerio de Seguridad Pública de la República Popular de China
alertaron a la Policía Nacional de la comisión numerosas estafas a
ciudadanos chinos, residentes en su país, a través de un sistema de
llamadas mediante telefonía IP con origen en España.
La excelente coordinación entre los
investigadores españoles y chinos, permitió descubrir el sofisticado
modus operandi seguido por los delincuentes. Igualmente se desveló la
infraestructura con que contaban los investigados en nuestro país: más
de 20 chalets distribuidos por las comunidades autonómicas de Madrid,
Cataluña y Valencia. Todos los inmuebles eran de grandes dimensiones y
estaban situados en urbanizaciones de lujo con calles estrechas y escaso
tránsito. Dichas características se ajustaban al perfil ordenado por
los máximos responsables de la organización criminal y aseguraban una
serie de medidas de seguridad dirigidas a proteger y, en su caso,
alertar a los delincuentes que operaban en su interior ante una posible
presencia policial en las inmediaciones.
Llamadas desde España, víctimas en China
El procedimiento seguido por los
operadores telefónicos seguía un guión perfectamente definido.
Realizaban continuas llamadas a números telefónicos de interminables
listas de potenciales víctimas hasta conseguir que alguno cayera en el
engaño. Para ello, los operadores se repartían tres tipos de papeles
que interpretaban con auténtica maestría. Los primeros se hacían pasar
por vecinos, amigos o incluso familiares de las personas a las que
habían llamado, advirtiéndoles de que se estaban produciendo muchas
estafas en su entorno, en su barrio, etc, y que tuvieran cuidado. En un
segundo nivel, otros operadores se hacían pasar por policías, informando
a las potenciales víctimas de que iban a ser objetivo del fraude o,
incluso, de que ya lo eran. Finalmente, un falso funcionario policial o
judicial les pedía que ingresaran una cantidad de dinero en unas
cuentas bancarias supuestamente controladas, con el objetivo de poder
rastrear a los defraudadores. Sin embargo, estas cuentas no estaban
controladas por institución oficial alguna, sino por la organización
criminal en paraísos fiscales.
Las primeras investigaciones realizadas a
los investigados pusieron de manifiesto que, a pesar de las distancias
entre los chalés, el modo de funcionamiento de los mismos se repetía de
forma idéntica. En todos había un total hermetismo, con escaso
movimiento de personas, ventanas cerradas e incluso tapadas, luces
apagadas, etc.
El trabajo de los investigadores
permitió obtener información que les condujo a identificar a los
responsables de la logística de los chalets, así como a constatar el
elevado número de personas que ocupaban los inmuebles. Todo ello a pesar
de las medidas de seguridad adoptadas por los investigados, como los
cambios de los titulares de los contratos de alquiler, los pagos que
realizaban siempre en metálico o los escasos contactos físicos entre
ellos.
La operación ha sido realizada por
Comisaría General de Policía Judicial, la División Económica y Técnica,
la UCRIF Central, la Jefatura Superior de Policía de Madrid, la Jefatura
Superior de Policía de Cataluña, la Comisaría Provincial de Alicante,
Interpol y el Ministerio de Seguridad Pública de la República Popular de
China. Todo ello bajo la dirección de la Fiscalía de Criminalidad
Informática, la Fiscalía de la Audiencia Nacional y los Juzgados
Centrales de Instrucción números 1, 3 y 5 de la Audiencia Nacional.
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