Desde Ciudad de México
México enfrenta en su propio territorio una crisis humanitaria que nace en Honduras, El Salvador y Guatemala, países que cada año expulsan a medio millón de personas que, en su mayoría, intentan llegar a Estados Unidos. Sin embargo, cada vez es mayor el número de migrantes que pretende quedarse en México, y el número de solicitudes de asilo pasó de 1,100 en 2011 a unas nueve mil en 2016. Para este año de estima que las peticiones podrían llegar a 20 mil refugiados, de acuerdo con estimaciones de Médicos Sin Fronteras (MSF), que ayer presentó el informe “Forzados a Huir del Triángulo Norte de Centroamérica”.
MSF considera una crisis humanitaria olvidada a esta ola migratoria, motivada por la extrema violencia que se vive en Honduras, El Salvador y Guatemala, la que además alimenta la crisis humanitaria en México, donde los asesinatos, los secuestros, las desapariciones forzadas, las ejecuciones sumarias y la impunidad carcomen al país desde hace una década. A pregunta expresa, el director de operaciones de MSF para América Latina, Marc Bosch, consideró preocupante la posibilidad de que el gobierno de Enrique Peña Nieto pretenda utilizar el flujo migratorio centroamericano como moneda de cambio para negociar su relación política y comercial con la administración de Donald Trump durante la próxima cumbre sobre indocumentados, anunciada a finales de marzo pasado por John Kelly, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El encuentro se programa para realizarse en Miami y sería copresidido por Estados Unidos y México, con representantes del llamado Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA): Honduras, El Salvador y Guatemala. En esta reunión también participarían Canadá y Colombia en calidad de observadores.
El informe de MSF se presenta en un contexto de mayores controles migratorios, detenciones y expulsiones desde Norteamérica que podrían “empujar a más refugiados y migrantes a las redes de tráfico de personas y de organizaciones criminales”. Así, México podría convertirse no sólo en un inmenso muro de contención de migración centroamericana hacia Estados Unidos, sino un país receptor de estos flujos.
Y si bien aún existe un elevado índice de migración económica, al menos el 50 por ciento de los centroamericanos que se internan en México lo hacen huyendo de situaciones que se encuentran en cualquier país en guerra, aunque para ello deban llegar a un país donde la violencia ha alcanzado niveles sólo superados por Siria. México registró 23 mil asesinatos en 2016, superando a Iraq y Afganistán, según un reporte del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos dado a conocer el martes pasado. De hecho, un mapa de las desapariciones en México coincidiría con las rutas de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos, dice Rita Robles Domínguez, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, con sede en Tapachula, Chiapas.
MSF realizó un sondeo con 467 migrantes procedentes del TNCA. Para el 39.2 por ciento, “las principales razones para abandonar su país” fueron ataques directos o amenazas a ellos o sus familias, así como episodios de extorsión y reclutamiento forzado por bandas criminales. De ellos, arriba de dos tercios fueron recibidos en México con más actos de violencia.
Nueve de cada 10 migrantes atendidos por MSF entre 2015 y 2016 sufrieron al menos un episodio de violencia en sus países de origen y/o durante su tránsito por México hacia Estados Unidos.
De por sí, “la implacable violencia y el sufrimiento emocional” padecido por estos migrantes “no es diferente a lo que experimentan las poblaciones que se encuentran en zonas de conflicto donde hemos estado trabajando durante décadas”, dice Bertrand Rossier, coordinador general de la organización en México. Los países del TNCA registran 150 mil asesinatos en los últimos 10 años.
Asesinatos, secuestros, amenazas, reclutamiento por “actores armados no estatales”, extorsiones, violencia sexual y desaparición forzada se encuentran en la lista de situaciones de violencia que padecen los migrantes centroamericanos en su paso por México. Todas ellas “son realidades propias de una guerra, pero también son situaciones que estas personas están sufriendo”.
De hecho, aún mucho antes de que iniciara la era Trump, México desató una cacería de migrantes a partir de implementación del Programa Integral Frontera Sur, anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto en julio de 2014. “Se vendió como un plan para proteger la integridad de los migrantes y combatir a los grupos criminales que los atacan; en la práctica, se convirtió en una verdadera cacería de migrantes”, dice Alonso Hernández, director del Albergue Paso FM4 de Guadalajara, la capital del estado de Jalisco y miembro del Comité Ciudadano del Instituto Nacional de Migración.
Los migrantes saben de la violencia que les espera en México, y aun así vienen, lo cual habla de la dimensión de la violencia de la que huyen desde Honduras, El Salvador y Guatemala, subrayó Elena Estrada Cocina, responsable de Asuntos Humanitarios de MSF.
MSF hizo un llamado a los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala, así como a los de México, Estados Unidos y Canadá, para que garanticen alternativas a las detenciones masivas de migrantes y para que se adhieran a los principios de no expulsión. “Estamos ante una crisis humanitaria continuada” desde los países de origen de los migrantes hasta su tránsito por México e incluso su arribo a Estados Unidos, dice Marc Bosch. Poco se puede hacer ante estas realidades, como no sea acompañarlas, reconoce, pues “la solución a las crisis humanitarias no está en la sociedad civil, se necesitan respuestas claras de los gobiernos”.