España, ese país en el que la pobreza sigue sin ser un problema de Estado porque sus responsables están a otra cosa, en el que la riqueza se distribuye cada vez menos y peor y en el que la precarización
avanza sin freno ni compasión, puede añadir otra muesca de descrédito a
su marca: ha batido su propio récord de pobreza, que ya alcanza al
22,3% de los hogares, según acaba de revelar la Encuesta de Condiciones
de Vida del INE (Instituto Nacional de Estadística).
Esa tasa descubre una estremecedora realidad según la cual más de 4,1 millones de hogares –hay 18.406.100 en el país, según el INE– pasan el año con ingresos inferiores
a los 8.209 euros –22,49 diarios– cuando son unipersonales y con un
máximo de 17.238 –47,22 por jornada– cuando conviven dos adultos y dos
niños, que son los considerados umbrales de la pobreza. Alguien que
perciba catorce pagas del Salario Mínimo Interprofesional, (SMI,
707,60 euros este año) llega a ingresar 9.906,40 euros al cabo del año,
lo que da idea de los niveles salariales y asistenciales que se aplican
en el país.
EL PORCENTAJE DE FAMILIAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN COMENZÓ A CRECER EN 2014, COINCIDIENDO CON EL INICIO DE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y EL AUMENTO DEL PIB
La evolución del número de hogares en
riesgo de exclusión social, por otro lado, refleja con claridad cómo la
pobreza se está cronificando en España: el porcentaje de familias en
riesgo de exclusión comenzó a crecer en 2014, coincidiendo con el inicio
de la recuperación económica y el aumento del PIB, por una parte, y,
por otra, con el descenso de la población —590.757 personas
en cuatro años– provocado por la caída de la natalidad, la partida de
migrantes y la salida de jóvenes autóctonos. Cae la población, crece el
PIB –el avance trimestral del 0,8% sobre los 1,113 billones del cierre de 2016
anunciado este martes lo sitúan en un nivel de récord de 1,12 billones–
y aumentan el empobrecimiento y la desigualdad, una combinación de
tendencias que debería, cuando menos, mover a la reflexión en un país
decente (“honesto, justo, debido, digno, que obra dignamente”). De
hecho, el mayor aumento de la desigualdad
–un punto y medio entre 2013 y 2014– coincide con el final del tramo
más duro de la crisis y los primeros indicios de que comenzaba a
producirse una mejora de los indicadores macroeconómicos.
Ese
desplome de las rentas, que el propio INE admite que sería mayor de no
haber incluido en los cálculos el valor de las viviendas que ya son 100%
propiedad de las familias y que se produce en un Estado en el que casi
diez millones de familias dependen de subsidios y pensiones para sobrevivir, superó el 15% entre 2009 y 2014, periodo en el que el promedio de ingresos por familia cayó de 30.045 euros anuales a 26.092.
Sin embargo, y pese a que en esa misma etapa, mientras la sociedad
española vivía el proceso de empobrecimiento más acusado de las últimas
décadas, el coste de la vida
o IPC crecía un 7,6%, un artificio contable permitía sujetar
oficialmente el avance real de la desigualdad: el INE recortó en un
10,3% sus estándares de pobreza,
cuyo umbral se redujo de 8.876,80 euros a 7.961,30. Es decir, que
mientras caían los ingresos de las familias y el aumento de los precios
dificultaba el acceso a los productos de consumo –un 6,9% la comida,
un 17,9% la vivienda, un 12,7% el transporte–, muchos pobres dejaban de
serlo estadísticamente. Aunque el dinero les alcanzara para menos.
Mala dieta y poca estufa
Ese
deterioro de la situación económica de las familias españolas resulta
patente en el apartado de la Encuesta de Condiciones de Vida que analiza
las carencias materiales.
Por una parte, más de 530.000 hogares, la mitad de ellos con niños, no
pueden permitirse comer carne, pollo o pescado cada dos días, una dieta
que, por la baja presencia de proteína –son necesarios entre 100 y 150
gramos diarios, preferiblemente de origen animal–, entraña graves
riesgos para la salud, especialmente en el caso de los niños, cuyo
crecimiento puede verse comprometido en caso de sufrir déficit de
hierro. Por otra, a casi 1,9 millones de familias –una de cada seis
monoparentales– no les alcanza para mantener su vivienda con una
temperatura adecuada.
Y, por otro lado, más de un
tercio de las unidades de convivencia –siete millones largos de casas–
carece de capacidad para afrontar gastos imprevistos de más de 650 euros
mientras otro millón y medio –eran 1,87 hace dos años– se ha retrasado
en los pagos del alquiler o la hipoteca en el último año. Eso explica,
entre otros motivos, por qué en los tres años de la recuperación
macroeconómica, y pese al estrangulamiento del crédito privado, los
tribunales han recibido 197.360 demandas de ejecución hipotecaria –con
un claro descenso por debajo de los 50.000 por primera vez en nueve
años–, 105.914 peticiones de desalojo por impago de arriendos y 1,84
millones de reclamaciones de deudas, según los datos del Consejo General
del Poder Judicial.
La encuesta tiene en cuenta
más tipos de privaciones: hasta nueve penurias que son más comunes entre
los estratos más desfavorecidos, pero que ya afectan a más de la mitad
de las familias: “En 2016, el 49,5% de la población no tenía carencia en
ninguno de los nueve conceptos considerados, mientras que el 5,8% de la
población estaba en situación de carencia material severa” al sufrirla
en al menos cuatro de ellos, admite el INE, que recoge cómo más de un
tercio de las familias –el 34,2%– padece al menos dos.
Las
más frecuentes en el segundo grupo fueron la incapacidad para afrontar
gastos imprevistos de más de 650 euros (99,4%), no poder irse una semana
de vacaciones al año (99,2%), no poder mantener la casa con una
temperatura adecuada (81,1%) y retrasos en los pagos relacionados con la
vivienda o en compras a plazos (75,7%). Los cuatro restantes son la
imposibilidad de adquirir un automóvil, un teléfono, un ordenador o una
lavadora.
EL RIESGO DE POBREZA O EXCLUSIÓN SOCIAL, PESE A EXPERIMENTAR UN LIGERO RETROCESO, ALCANZA AL 27,9% DE LA POBLACIÓN: 5,13 FAMILIAS, MÁS DE CINCO PUNTOS Y MEDIO POR ENCIMA DEL ÍNDICE DE POBREZA POR RENTAS
La clase media mengua
Las
familias que sufren cuatro de esas nueve carencias son, junto con las
de bajos ingresos y aquellas cuyos miembros logran trabajar menos del
20% del tiempo posible, uno de los tres grupos que se tienen en cuenta
para calcular el llamado Índice AROPE de riesgo de pobreza o exclusión
social, el cual, pese a experimentar un ligero retroceso, alcanza al
27,9% de la población: 5,13 familias, más de cinco puntos y medio por
encima del índice de pobreza por rentas, en un panorama estadístico que
parece, en cualquier caso, alejado de las “prudentes y realistas”
últimas previsiones del ministro de Economía, Luis de Guindos, que el
pasado viernes situaba España a la cabeza del crecimiento de los países
desarrollados para los próximos años.
Por otro lado, la evolución de las clasificación de las familias en función de las facilidades o dificultades para llegar a fin de mes parece
confirmar la tendencia a la baja de las llamadas clases medias como
consecuencia del empobrecimiento, un proceso que actuó como catalizador
de movimientos como el 15-M y que tuvo su mayor intensidad a mediados de
la pasada legislatura, y que ha causado un notable aumento de los que
encuentran graves problemas para estirar sus ingresos hasta el día 30,
que han pasado del 10,6% de los años previos a la crisis (2007) al
actual 15,3% (2,8 millones de hogares, a los que se suman 3,4 con
dificultades de menor intensidad) tras un pico del 16,9% en 2013.
El
grupo de hogares españoles que llega a fin de mes con relativa
facilidad o dificultad, en el que la encuesta ubica a 9,8 millones de
familias, no ha llegado a bajar del 50% del total en los últimos doce
años. No obstante, el actual 53,4% se halla algo alejado del 59,3% de
2005 y revela que, en una década, la crisis ha expulsado de la clase
media a más de un millón de familias.
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