CIUDAD
DE MÉXICO (Proceso).- En Coahuila se cristalizaron todos los problemas
del sistema electoral: mal diseño institucional, fallas en su aplicación
y deficiencias normativas que le ponen camisas de fuerza a las
instituciones electorales locales.
El coctel empezó a prepararse en febrero de 2014, cuando se concretó la reforma constitucional que creó el Instituto Nacional Electoral (INE), un híbrido que centralizó muchas de las funciones en el órgano nacional pero dejó con vida a los organismos públicos locales (oples) que, para efectos prácticos, eran una mutación de los institutos estatales electorales.
El diseño institucional establecido en el artículo 41 de la Constitución concentró prácticamente todas las funciones sustantivas de capacitación y organización electoral en el INE, pero responsabilizó del escrutinio, cómputo, declaración de validez y otorgamiento de las constancias a los oples, así como de los conteos rápidos y del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
La Constitución establece que “la preparación de la jornada electoral” le corresponde a los oples, pero con las atribuciones específicas que señala en el mismo artículo se la otorga al INE, pues éste capacita y designa a los ciudadanos que serán funcionarios de casilla y decide dónde se ubicarán las mismas.
Un pésimo diseño institucional que deja toda la organización del proceso electoral en el órgano nacional y la noche de la jornada electoral, cuando los paquetes electorales empiezan a llegar a los Consejos Distritales del Ople, en un auténtico “paso de la muerte”, le transfiere la responsabilidad a éste, que previamente sólo había participado como auxiliar.
El diseño ya era malo, pero el INE se encargó de empeorarlo en su reglamento de elecciones, aprobado en septiembre de 2016 en el Consejo General y, posteriormente, en los convenios de colaboración que firman con los oples, como lo ejemplifica el de Coahuila, signado el 16 de noviembre de 2016, pues en estos documentos establece que es el organismo nacional el que opera el Sistema de Información de la Jornada Electoral y la recolección de los paquetes electorales en las casillas y su traslado a los consejos distritales del Ople.
El anexo técnico del convenio prevé que los incidentes que se susciten durante la jornada electoral sean atendidos por los capacitadores asistentes electorales y los supervisores electorales, contratados por el INE; y todavía en el extremo, que sea personal del instituto el que integre comisiones para atender los casos que así lo requieran.
Así, lo único que hizo el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) fue operar el PREP, desarrollar el conteo rápido, recibir los paquetes electorales en los Consejos Distritales, resguardarlos, realizar las sesiones de cómputo y entregar las constancias de mayoría.
El IEC literalmente nunca tuvo control del proceso electoral y, como responsable del cómputo, declaración de validez y entrega de constancias de mayoría, tiene que confiar en el trabajo que previamente hizo el INE.
Pero los errores de implementación y ejecución habían empezado desde el 30 de octubre de 2015, cuando el Consejo General del INE designó al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Coahuila, integrado por siete abogados (todos sus integrantes son licenciados en derecho), de los cuales dos habían trabajado previamente en el gobierno del estado; dos, en el Instituto Estatal Electoral –con antecedentes de clara vinculación con el Ejecutivo estatal–; uno en el Tribunal Estatal Electoral –misma circunstancia–; una, la presidenta, en el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública; y sólo uno venía del sector privado.
Desde ese momento hubo voces críticas, particularmente de los partidos de oposición, pero también de algunos analistas que alertaron sobre los vínculos de más de la mitad de los consejeros con el gobierno del estado.
En agosto de 2016 el Consejo General del INE acordó rotar a vocales ejecutivos de 19 estados, y uno de esos fue Coahuila, a donde llegó Juan Álvaro Martínez Lozano, exvocal ejecutivo en Quintana Roo, donde tuvo conflictos laborales con varios de los integrantes del servicio profesional electoral. A poco tiempo de su llegada a Coahuila afloraron las diferencias con la presidenta del Consejo General del IEC, Gabriela María de León, con quien debía tener una excelente coordinación para lograr sortear los obstáculos generados por el diseño institucional, lo cual no se logró.
En estas condiciones prácticamente todo falló: la acreditación de representantes de partidos políticos en las casillas; la capacitación de funcionarios de casilla –que se manifestó en su mal desempeño el día de la jornada electoral, particularmente en el conteo de votos–, el llenado de las actas, el armado de los paquetes electorales (reconocido que 23% tenía deficiencias) y posteriormente el traslado a los consejos distritales. Hasta aquí, todo responsabilidad del INE.
Y bajo la responsabilidad del IEC: el funcionamiento del PREP, que sólo logró capturar 72% de las casillas y en algún momento reportó que tenía 100%; un conteo rápido que sólo logró recolectar información de poco más de la mitad de la muestra –que se dio a conocer a las 2:30 horas del lunes 5 de junio y cuyos resultados fueron errados– y mal resguardo de los paquetes electorales.
Todas estas fallas son suficiente razón para cuestionar la validez de la elección, pues se abrían muchos espacios para la manipulación de los paquetes electorales y de los resultados. Pero todavía faltaba un último capítulo: la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos y candidatos. La ley obliga al INE a desahogar el trámite en 40 días y a circular los proyectos de dictamen seis días previos a la celebración de la sesión del consejo a todos los integrantes del mismo.
A las restricciones de la normatividad vigente hay que agregar las deficiencias en la aplicación de la misma: para cumplir en tiempo y forma con las disposiciones es indispensable que funcione adecuadamente el sistema digital de reporte de ingresos y egresos, pues manualmente es imposible hacer todas las revisiones en plazos tan cortos. Si bien se habían superado muchas de las fallas anteriores, hubo un oficio del titular de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), Eduardo Gurza, a los representantes de los partidos políticos para que no subieran a dicho sistema las constancias de que sus representantes en las casillas no recibieron ninguna remuneración, lo cual obligó a la apertura de un procedimiento oficioso en la última sesión del INE.
Entre las restricciones legislativas y las fallas ejecutivas el monto de los gastos de campaña de los candidatos a gobernador de Coahuila ha sufrido cuatro cambios en las últimas dos semanas:
Primero, la UTF presentó dictámenes donde todos se ajustaban a los topes de gastos de campaña y los consejeros solicitaron incorporar los gastos de los representantes y los egresos no reportados al costo más alto del mismo producto o servicio en el estado, lo que llevó a que se rebasaran los topes de gastos de campaña por más de 20 y 30%; .
En segundo lugar, ajustando los costos más altos al municipio, que fueron los engroses que circularon durante la sesión del consejo el viernes 14, que mantenía rebases importantes.
Tercero: el que se generó en la sesión del consejo el lunes 17, que incorporó gastos no reportados y dejó fuera los de los representantes de casilla, que es el que arroja un rebase de topes de 7.86% para el candidato tricolor Miguel Ángel Riquelme y de 4.56% para Guillermo Anaya, del PAN.
Y cuarto, que resultará del procedimiento oficioso que seguramente será un poco mayor y se conocerá dentro de un par de semanas, cuando el INE regresé de vacaciones.
Hoy, los dictámenes votados en el Consejo General del INE el pasado lunes 17 indican que Riquelme rebasa los topes por más de 5%, mientras Anaya lo hace por poco menos de ese porcentaje, con lo cual estarían dadas las condiciones para que se anulara la elección, que Riquelme no pudiera participar nuevamente y Anaya sí. Pero todavía falta incluir el resultado del procedimiento oficioso y, desde luego, la resolución de los recursos que seguramente interpondrán todos los partidos ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Si después de esto prevalecen estos rebases, entonces podrá determinarse si se anula o no la elección y será nuevamente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la que tendrá la última palabra. Pero más allá del desenlace de esta elección, es un pésimo precedente para la presidencial de 2018, pues el cúmulo de deficiencias es aterrador y más para enfrentar un proceso electoral tan complejo, competido y conflictivo como el que se vislumbra.
Este análisis se publicó en la edición 2125 de la revista Proceso del 23 de julio de 2017.
El coctel empezó a prepararse en febrero de 2014, cuando se concretó la reforma constitucional que creó el Instituto Nacional Electoral (INE), un híbrido que centralizó muchas de las funciones en el órgano nacional pero dejó con vida a los organismos públicos locales (oples) que, para efectos prácticos, eran una mutación de los institutos estatales electorales.
El diseño institucional establecido en el artículo 41 de la Constitución concentró prácticamente todas las funciones sustantivas de capacitación y organización electoral en el INE, pero responsabilizó del escrutinio, cómputo, declaración de validez y otorgamiento de las constancias a los oples, así como de los conteos rápidos y del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
La Constitución establece que “la preparación de la jornada electoral” le corresponde a los oples, pero con las atribuciones específicas que señala en el mismo artículo se la otorga al INE, pues éste capacita y designa a los ciudadanos que serán funcionarios de casilla y decide dónde se ubicarán las mismas.
Un pésimo diseño institucional que deja toda la organización del proceso electoral en el órgano nacional y la noche de la jornada electoral, cuando los paquetes electorales empiezan a llegar a los Consejos Distritales del Ople, en un auténtico “paso de la muerte”, le transfiere la responsabilidad a éste, que previamente sólo había participado como auxiliar.
El diseño ya era malo, pero el INE se encargó de empeorarlo en su reglamento de elecciones, aprobado en septiembre de 2016 en el Consejo General y, posteriormente, en los convenios de colaboración que firman con los oples, como lo ejemplifica el de Coahuila, signado el 16 de noviembre de 2016, pues en estos documentos establece que es el organismo nacional el que opera el Sistema de Información de la Jornada Electoral y la recolección de los paquetes electorales en las casillas y su traslado a los consejos distritales del Ople.
El anexo técnico del convenio prevé que los incidentes que se susciten durante la jornada electoral sean atendidos por los capacitadores asistentes electorales y los supervisores electorales, contratados por el INE; y todavía en el extremo, que sea personal del instituto el que integre comisiones para atender los casos que así lo requieran.
Así, lo único que hizo el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) fue operar el PREP, desarrollar el conteo rápido, recibir los paquetes electorales en los Consejos Distritales, resguardarlos, realizar las sesiones de cómputo y entregar las constancias de mayoría.
El IEC literalmente nunca tuvo control del proceso electoral y, como responsable del cómputo, declaración de validez y entrega de constancias de mayoría, tiene que confiar en el trabajo que previamente hizo el INE.
Pero los errores de implementación y ejecución habían empezado desde el 30 de octubre de 2015, cuando el Consejo General del INE designó al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Coahuila, integrado por siete abogados (todos sus integrantes son licenciados en derecho), de los cuales dos habían trabajado previamente en el gobierno del estado; dos, en el Instituto Estatal Electoral –con antecedentes de clara vinculación con el Ejecutivo estatal–; uno en el Tribunal Estatal Electoral –misma circunstancia–; una, la presidenta, en el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública; y sólo uno venía del sector privado.
Desde ese momento hubo voces críticas, particularmente de los partidos de oposición, pero también de algunos analistas que alertaron sobre los vínculos de más de la mitad de los consejeros con el gobierno del estado.
En agosto de 2016 el Consejo General del INE acordó rotar a vocales ejecutivos de 19 estados, y uno de esos fue Coahuila, a donde llegó Juan Álvaro Martínez Lozano, exvocal ejecutivo en Quintana Roo, donde tuvo conflictos laborales con varios de los integrantes del servicio profesional electoral. A poco tiempo de su llegada a Coahuila afloraron las diferencias con la presidenta del Consejo General del IEC, Gabriela María de León, con quien debía tener una excelente coordinación para lograr sortear los obstáculos generados por el diseño institucional, lo cual no se logró.
En estas condiciones prácticamente todo falló: la acreditación de representantes de partidos políticos en las casillas; la capacitación de funcionarios de casilla –que se manifestó en su mal desempeño el día de la jornada electoral, particularmente en el conteo de votos–, el llenado de las actas, el armado de los paquetes electorales (reconocido que 23% tenía deficiencias) y posteriormente el traslado a los consejos distritales. Hasta aquí, todo responsabilidad del INE.
Y bajo la responsabilidad del IEC: el funcionamiento del PREP, que sólo logró capturar 72% de las casillas y en algún momento reportó que tenía 100%; un conteo rápido que sólo logró recolectar información de poco más de la mitad de la muestra –que se dio a conocer a las 2:30 horas del lunes 5 de junio y cuyos resultados fueron errados– y mal resguardo de los paquetes electorales.
Todas estas fallas son suficiente razón para cuestionar la validez de la elección, pues se abrían muchos espacios para la manipulación de los paquetes electorales y de los resultados. Pero todavía faltaba un último capítulo: la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos y candidatos. La ley obliga al INE a desahogar el trámite en 40 días y a circular los proyectos de dictamen seis días previos a la celebración de la sesión del consejo a todos los integrantes del mismo.
A las restricciones de la normatividad vigente hay que agregar las deficiencias en la aplicación de la misma: para cumplir en tiempo y forma con las disposiciones es indispensable que funcione adecuadamente el sistema digital de reporte de ingresos y egresos, pues manualmente es imposible hacer todas las revisiones en plazos tan cortos. Si bien se habían superado muchas de las fallas anteriores, hubo un oficio del titular de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), Eduardo Gurza, a los representantes de los partidos políticos para que no subieran a dicho sistema las constancias de que sus representantes en las casillas no recibieron ninguna remuneración, lo cual obligó a la apertura de un procedimiento oficioso en la última sesión del INE.
Entre las restricciones legislativas y las fallas ejecutivas el monto de los gastos de campaña de los candidatos a gobernador de Coahuila ha sufrido cuatro cambios en las últimas dos semanas:
Primero, la UTF presentó dictámenes donde todos se ajustaban a los topes de gastos de campaña y los consejeros solicitaron incorporar los gastos de los representantes y los egresos no reportados al costo más alto del mismo producto o servicio en el estado, lo que llevó a que se rebasaran los topes de gastos de campaña por más de 20 y 30%; .
En segundo lugar, ajustando los costos más altos al municipio, que fueron los engroses que circularon durante la sesión del consejo el viernes 14, que mantenía rebases importantes.
Tercero: el que se generó en la sesión del consejo el lunes 17, que incorporó gastos no reportados y dejó fuera los de los representantes de casilla, que es el que arroja un rebase de topes de 7.86% para el candidato tricolor Miguel Ángel Riquelme y de 4.56% para Guillermo Anaya, del PAN.
Y cuarto, que resultará del procedimiento oficioso que seguramente será un poco mayor y se conocerá dentro de un par de semanas, cuando el INE regresé de vacaciones.
Hoy, los dictámenes votados en el Consejo General del INE el pasado lunes 17 indican que Riquelme rebasa los topes por más de 5%, mientras Anaya lo hace por poco menos de ese porcentaje, con lo cual estarían dadas las condiciones para que se anulara la elección, que Riquelme no pudiera participar nuevamente y Anaya sí. Pero todavía falta incluir el resultado del procedimiento oficioso y, desde luego, la resolución de los recursos que seguramente interpondrán todos los partidos ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Si después de esto prevalecen estos rebases, entonces podrá determinarse si se anula o no la elección y será nuevamente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la que tendrá la última palabra. Pero más allá del desenlace de esta elección, es un pésimo precedente para la presidencial de 2018, pues el cúmulo de deficiencias es aterrador y más para enfrentar un proceso electoral tan complejo, competido y conflictivo como el que se vislumbra.
Este análisis se publicó en la edición 2125 de la revista Proceso del 23 de julio de 2017.
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