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Periodistas palestinos en pie de guerra contra el control de Abás en la red
B25y Resumen Latinoamericano
“Durante la primera mitad de 2017 hemos registrado un incremento de
las violaciones y el cierre de 29 páginas web, antes de que se aprobara
la nueva ley (en julio). La clausura no tenía base legal, ahora con la
nueva normativa la han legitimado”, enuncia a Efe Mousa Rimawi, director
del Centro Palestino para el Desarrollo de la Libertad de los Medios
(MADA).
Según el último informe de esta organización, 81 incidentes en Cisjordania durante el primer semestre de este año – entre arrestos (11), interrogatorios (13), ataques físicos (4) o torturas (2) – reflejan una tendencia del deterioro de la libertad de prensa, frente a los 43 que hubo en todo el año pasado.
“Al tiempo que ha aumentado la atención mediática por las medidas (de presión) que está llevando a cabo Abás en Gaza contra Hamás, y por (su rival político) Mohamed Dahlan, hay más control sobre los medios”, contextualiza Rimawi.
El 9 de julio, la Autoridad Nacional Palestina (ANP) publicó en su gaceta oficial la nueva normativa y, desde entonces, al menos ocho periodistas han sido detenidos por delitos que según las organizaciones de prensa y derechos humanos aparecen en el papel con una “vaguedad terminológica de lo que es punible”.
“La ley permite a la Policía arrestar por delitos que no están concretados y que se prestan a interpretación, así pueden detener a oponentes políticos como está ocurriendo”, valora a Efe Nadim Nashif, director de 7amleh, el Centro Árabe para el Avance de las Redes Sociales.
Los reporteros detenidos, todos colaboradores de medios vinculados al movimiento islamista Hamás o que apoyan a Dahlan, fueron liberados tras el pago de una multa de 1.000 dinares jordanos (unos 1.200 euros), aunque el proceso judicial continúa abierto, asegura Nashif.
Las autoridades palestinas alegaron que los arrestos se produjeron porque los sospechosos “estaban pasando información y mantenían contacto con partidos hostiles”.
Entre los artículos más polémicos de la ley está el que establece pena de cárcel o multa tanto a gestores de plataformas digitales de información como a individuos que “propaguen información que pueda poner en peligro la integridad del Estado palestino, el orden público o la seguridad interior o exterior”.
Lo que significa que todo aquel que publique en una plataforma de Internet, incluidas las redes sociales, es objeto de la ley, exponen tanto Nashif como Rimawi, que consideran que el único objetivo es bloquear la crítica y limitar la libertad de expresión.
MADA ha formado un comité con otras organizaciones de derechos humanos para elaborar unas recomendaciones que esperan entregar en dos semanas a los responsables políticos para enmendar la ley, al entender que “salió adelante sin ninguna consulta con la sociedad civil y fue elaborada en extremo secreto”.
No es la primera vez que se señala a las autoridades palestinas tanto en Cisjordania como en Gaza por su política represiva contra periodistas y activistas, como denunció el año pasado Human Rights Watch (HRW), pero en esta ocasión el incremento del control por parte la Autoridad Nacional Palestina (ANP) ha hecho saltar las alarmas.
Para las ONG estas prácticas “violan los compromisos legales que la ANP asumió en 2014, cuando ratificó la Convención Internacional Sobre Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés) y la Convención Contra la Tortura, además de la Ley Básica Palestina en relación a la protección de la libertad de expresión”.
La organización Adamir, que representa a los detenidos, opina que la normativa sirve y servirá para reprimir “la libertad de expresión legítima y decente” y las discusiones sobre las políticas que se desarrollan en Palestina, incluidas las que un individuo pueda verter por Facebook.
Ante la inactividad del Consejo Legislativo Palestino (Parlamento) desde 2007, el Ejecutivo gobierna con leyes aprobadas por decreto a discreción de Abás, con escasa posibilidad de fiscalización, por lo que aumentan las críticas hacia un estilo autoritario al tiempo que disminuye la popularidad del liderazgo palestino.
Según el último informe de esta organización, 81 incidentes en Cisjordania durante el primer semestre de este año – entre arrestos (11), interrogatorios (13), ataques físicos (4) o torturas (2) – reflejan una tendencia del deterioro de la libertad de prensa, frente a los 43 que hubo en todo el año pasado.
“Al tiempo que ha aumentado la atención mediática por las medidas (de presión) que está llevando a cabo Abás en Gaza contra Hamás, y por (su rival político) Mohamed Dahlan, hay más control sobre los medios”, contextualiza Rimawi.
El 9 de julio, la Autoridad Nacional Palestina (ANP) publicó en su gaceta oficial la nueva normativa y, desde entonces, al menos ocho periodistas han sido detenidos por delitos que según las organizaciones de prensa y derechos humanos aparecen en el papel con una “vaguedad terminológica de lo que es punible”.
“La ley permite a la Policía arrestar por delitos que no están concretados y que se prestan a interpretación, así pueden detener a oponentes políticos como está ocurriendo”, valora a Efe Nadim Nashif, director de 7amleh, el Centro Árabe para el Avance de las Redes Sociales.
Los reporteros detenidos, todos colaboradores de medios vinculados al movimiento islamista Hamás o que apoyan a Dahlan, fueron liberados tras el pago de una multa de 1.000 dinares jordanos (unos 1.200 euros), aunque el proceso judicial continúa abierto, asegura Nashif.
Las autoridades palestinas alegaron que los arrestos se produjeron porque los sospechosos “estaban pasando información y mantenían contacto con partidos hostiles”.
Entre los artículos más polémicos de la ley está el que establece pena de cárcel o multa tanto a gestores de plataformas digitales de información como a individuos que “propaguen información que pueda poner en peligro la integridad del Estado palestino, el orden público o la seguridad interior o exterior”.
Lo que significa que todo aquel que publique en una plataforma de Internet, incluidas las redes sociales, es objeto de la ley, exponen tanto Nashif como Rimawi, que consideran que el único objetivo es bloquear la crítica y limitar la libertad de expresión.
MADA ha formado un comité con otras organizaciones de derechos humanos para elaborar unas recomendaciones que esperan entregar en dos semanas a los responsables políticos para enmendar la ley, al entender que “salió adelante sin ninguna consulta con la sociedad civil y fue elaborada en extremo secreto”.
No es la primera vez que se señala a las autoridades palestinas tanto en Cisjordania como en Gaza por su política represiva contra periodistas y activistas, como denunció el año pasado Human Rights Watch (HRW), pero en esta ocasión el incremento del control por parte la Autoridad Nacional Palestina (ANP) ha hecho saltar las alarmas.
Para las ONG estas prácticas “violan los compromisos legales que la ANP asumió en 2014, cuando ratificó la Convención Internacional Sobre Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés) y la Convención Contra la Tortura, además de la Ley Básica Palestina en relación a la protección de la libertad de expresión”.
La organización Adamir, que representa a los detenidos, opina que la normativa sirve y servirá para reprimir “la libertad de expresión legítima y decente” y las discusiones sobre las políticas que se desarrollan en Palestina, incluidas las que un individuo pueda verter por Facebook.
Ante la inactividad del Consejo Legislativo Palestino (Parlamento) desde 2007, el Ejecutivo gobierna con leyes aprobadas por decreto a discreción de Abás, con escasa posibilidad de fiscalización, por lo que aumentan las críticas hacia un estilo autoritario al tiempo que disminuye la popularidad del liderazgo palestino.
Fuente: Laura Fernández Palomo, Agencia EFE
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