México. El sismo, la militarización de la ciudad y la politización de la esponteneidad

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México. El sismo, la militarización de la ciudad y la politización de la esponteneidad Kaos en la red

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La respuesta del Estado mexicano, fue, una vez más, siguiendo los manuales de contrainsurgencia4 dictados por USA, la militarización y el control de la población.

Entre el polvo asfixiante del escombro y la pestilencia de la clase política mexicana y sus cuerpos de “seguridad”, queremos preguntar:

¿Qué deja al descubierto el sismo de 7.1 grados que azotó la Ciudad de México el martes 19 de Septiembre de 2017?

Se hace evidente, ante todo, la militarización a la que fue sometida la población en las zonas en donde ocurrieron los colapsos y derrumbes de los edificios. Pocas horas después del sismo, y ante la organización espontánea de los habitantes para emprender las primeras tareas de rescate en los lugares siniestrados, la SEDENA, SEMAR y PF, así como la policía de la CDMX, implementaron el “Plan MX”, cuyo aparente objetivo es, según Presidencia, “proteger la vida y el patrimonio de los mexicanos de todas las regiones de nuestro territorio, antes, durante y después de una contingencia.”¹

Sin embargo, como hemos podido constatar a lo largo de estos días, el operativo instrumentado por estos cuerpos de seguridad del Estado mexicano tuvo como objetivo el control de la población; en primer lugar, asegurando las zonas siniestradas al crear cordones de seguridad que replegaron e impidieron el paso de la población civil a dicha zonas; en segundo lugar, el control y la manipulación de la información, en donde, desde el guión elaborado por los militares, los principales medios de comunicación sirvieron para dichos fines.²

Se construyó una coartada que fue inhibiendo de manera súbita, y después poco a poco, la respuesta y organización de los civiles. Protección civil, tanto federal como a nivel CDMX, bajo el argumento de estar capacitados y “saber” que-hacer ante el terremoto, desarticuló, malinformó y obstaculizó las labores de rescate emprendidas por la población civil, delegando la tarea a la SEMAR, SEDENA y a sus pequeñas brigadas no capacitadas. En diferentes escenarios se pudo observar la falta de diligencia de dichas instituciones en las tareas de rescate, no así en el aseguramiento de las zonas, como fue el caso de los edificios ubicados en: calle Álvaro Obregón 286, calle Coquimbo en Lindavista y calle San Luís Potosí esquina con Medellín, por mencionar algunos.

A lo anterior ha de añadirse que en diferentes poblaciones, ya desde el sismo del 7 de Septiembre, la SEMAR tomó el control de la distribución de los víveres y, en algunos casos, se hicieron con el control de la ayuda proveniente de otros lugares para posteriormente resguardarla y entregarla a nombre de sus instituciones y del gobierno federal.³

La respuesta del Estado mexicano, fue, una vez más, siguiendo los manuales de contrainsurgencia⁴ dictados por USA, la militarización y el control de la población.

Se hace evidente, por otra parte, la red de corrupción tejida entre las inmobiliarias, las constructoras y las autoridades delegacionales. Los permisos de construcción otorgados a las constructorasincumplen las normas de edificación proyectadas para la CDMX; además, se ponen en evidencia los trabajos de los funcionarios responsables de Protección Civil de las delegaciones, los responsables de obra, que por orden de la constructora o debido al desvío de materiales, emplean materiales de baja calidad, incompletos o no se cumplen los procesos y normas en el armado de las estructuras de carga ydel concreto.

La mayoría de edificios que colapsaron son edificios construidos después de 1985, algunos, incluso, no tienen ni un año de haberse terminado. Las zonas, casualmente, en donde se derribaron la mayor parte de ellos son zonas en proceso de gentrificación.⁵

A todo ello debe agregarse el vínculo entre políticos y funcionarios de la CDMX con los empresarios inmobiliarios que hacen del derecho a la ciudad un negocio de cuantiosas ganancias en donde lo que menos importa es la calidad y la seguridad de las viviendas que construyen; así como la indiferencia frente al impacto ambiental que generan dichas construcciones.

Frente a esta tragedia, los partidos políticos enfilan sus estrategias de cara al 2018 y hacen de la desolación su botín político; reciclan propuestas para destinar los fondos de campaña a la reconstrucción de los lugares devastados, condicionan la ayuda proveniente de la sociedad civil a los afiliados a sus partidos, se toman fotos y prometen cosas que jamás han cumplido ni cumplirán; o de manera más descarada, como el caso del gobernador de Morelos, Graco Ramírez y su esposa, la presidenta del DIF, Elena Cepeda⁶, retienen, desvían y se apropian de la ayuda enviada para usarla con fines electorales.

La población civil, mayoritariamente compuesta por jóvenes, salió a las calles a prestar ayuda. La solidaridad desplegada por los diferentes sectores de la población de la CDMX muestra que los tejidos comunitarios que creíamos rotos, aún existen. Sin embargo, la articulación que lograron a partir de las necesidades inmediatas frente al sismo es una articulación despolitizada, carente no sólo de referentes, sino carente de perspectivas que puedan derivar en procesos organizativos que posibiliten la impugnación y la transformación de las políticas implementadas en los últimos 30 años que han dejado al país en una crisis estructural en todos los ámbitos.

Es evidente el grado de inconformidad de la sociedad y el enojo ante la clase política que sigue los mandatos de las grandes empresas no sólo de la construcción, sino de las transnacionales que acaparan la producción y distribución de energía, alimentos, productos y servicios. Pero, también es evidente que si continúa la articulación despolitizada de estos sectores, la solidaridad no logrará generar un proceso que reconfigure el escenario de catástrofe que sigue desplegándose ante nuestros ojos como si soplara el viento, esta vez no del progreso, sino de la mera y llana barbarie. Por ello, politizar el enojo y la indignación es una tarea de primer orden.

Quizá vaya siendo hora de romper la unilateralidad de las demandas inmediatas y la esponteneidad, efectiva, pero efímera, y vayamos enfrentando comunitariamente la totalidad de problemas que hoy asoman a partir de un sismo que horadó el concreto, pero también, que abrió una situación posible de peligro, de peligro potencial para el edificio llamado Estado mexicano.