En la página oficial de la Fiscalía General de Nuevo León
aparecen fotografías de los eventos a los que ha acudido Gustavo Adolfo
Guerrero. El fiscal es el invitado de honor a conmemoraciones, festejos y
charlas. Las imágenes muestran los actos que para él son prioritarios
en la procuración de justicia.
Los datos contenidos en la plataforma no fomentan la rendición de cuentas. La pestaña de transparencia, en la que deberían encontrarse las remuneraciones bruta y neta de la nómina de los funcionarios, no tiene ningún archivo descargable o un enlace.
La Fiscalía General de Nuevo León ocupa el primer lugar en opacidad a diferencia de otros órganos de su mismo tipo en el país. Reporte Índigo consultó, a través del listado de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, las páginas de las 24 fiscalías y encontró que la entidad regiomontana es la única que oculta en su totalidad los salarios que perciben los servidores públicos.
En algunos casos, si la propia plataforma de la fiscalía estatal no contiene las remuneraciones, ésta remite al módulo de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) llamado Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), a través del cual los ciudadanos pueden consultar datos de los sujetos obligados.
Chihuahua, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Morelos, Nayarit, San Luis Potosí y Sinaloa, en cambio, son ocho demarcaciones que no tienen registro disponible porque está ‘en proceso de actualización’ o la base de datos de trabajadores puede revisarse aunque no contenga los salarios que perciben y las columnas estén vacías o en ceros.
La Fiscalía General de Nuevo León, pese a que entró en funciones el pasado mes de abril y lleva cerca de medio año en operación, es la única que no hace alusión alguna a las remuneraciones y no apela al derecho de acceso a la información.
Reporte Índigo reveló desde el 21 de septiembre, por medio de una solicitud de transparencia, que Gustavo Adolfo Guerrero aprobó salarios VIP superiores a los que percibirá el presidente electo que promueve una política de austeridad, Andrés Manuel López Obrador, para él y sus homólogos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Javier Garza y Garza, y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon.
En una segunda entrega dio a conocer que los secretarios Reyvel Medina Reyes, Mauro Zacarías Casimiro y Luis Enrique Orozco Suárez, y Salvador Carrizales Venegas, titular del Órgano Interno de Control, todos trabajadores de la fiscalía, también perciben un sueldo VIP.
Se logró el acceso a los tabuladores, aunque lo que se pidió fue la remuneración bruta y neta de la nómina de trabajadores especificando su puesto, un documento importante al ser la suma de todos los registros financieros y no sólo el rango de los salarios.
El fiscal Gustavo Adolfo Guerrero se niega a dar a conocer los otros beneficios que reciben él y sus colaboradores, adicionales al megasueldo que se recetaron sin autorización del Congreso local.
En sesión ordinaria, el comité analizó el Acuerdo de Reserva que emitió la Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas de la fiscalía para ocultar los megasueldos y prestaciones. Sin objeciones, acordó no transparentar la información porque pone en riesgo la vida y seguridad de sus funcionarios.
“Un órgano de procuración de justicia está cometiendo arbitrariedades y siendo abusivo. Se presta a que los recursos públicos se ejerzan a discreción. La nómina es algo que se tiene que tener de oficio, el Comité sesionó para hacer una ilegalidad”, expresa en entrevista con Reporte Índigo, Juan Manuel Ramos, presidente de la organización no gubernamental Redes Quinto Poder.
Ramos sostiene que es una contradicción no proporcionar el nombres bajo el argumento de vulnerar la seguridad.
“La autonomía simplemente es de gestión, es para que nadie se pueda meter en la designación de sus trabajos, en sus acciones para llevar a cabo indagatorias, pero aquel que reciba un peso es igual de obligado que los demás. La autonomía y la rendición de cuentas no se eximen una a la otra”, dice el presidente de la organización civil.
Juan Manuel Ramos menciona que las leyes de transparencia también abarcan prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos ycompensaciones.
“La nueva Ley de Transparencia contempla a las prestaciones, al chofer, al carro, al guarura, es decir, el sueldo no solamente se constriñe al tabulador. Hay prestaciones oscuras que pueden sumar los 200 mil pesos”, señala.
El presidente de Redes Quinto Poder también advierte las consecuencias que pueden derivarse de no hacer públicos datos que por ley deben darse a conocer.
“Que no haya transparencia lleva a la no rendición de cuentas. Al no tener la nómina publicada pueden tener aviadores, lo que lleva a la corrupción porque es quien va y nada más cobra”, expresa.
Uno de los contrapesos para que la ciudadanía pueda ejercer un control democrático sobre las autoridades es la transparencia y Nuevo León vive en la opacidad.
Los datos contenidos en la plataforma no fomentan la rendición de cuentas. La pestaña de transparencia, en la que deberían encontrarse las remuneraciones bruta y neta de la nómina de los funcionarios, no tiene ningún archivo descargable o un enlace.
La Fiscalía General de Nuevo León ocupa el primer lugar en opacidad a diferencia de otros órganos de su mismo tipo en el país. Reporte Índigo consultó, a través del listado de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, las páginas de las 24 fiscalías y encontró que la entidad regiomontana es la única que oculta en su totalidad los salarios que perciben los servidores públicos.
Esta institución no cumple con poner a disposición del público los sueldos actualizados de sus trabajadores de base o de confianza, aunque no incluya su nombre, como establece el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal vigente desde 2015De 32 entidades, ocho todavía se rigen bajo la Procuraduría General de Justicia y 24 entidades tienen una fiscalía. Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Estado de México, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas cumplen con sus obligaciones de transparencia. Es decir, 15 estados, equivalentes a 62 por ciento, proporcionan datos abiertos, aunque sea parcialmente por no estar actualizados a la fecha o no revelar nombres.
En algunos casos, si la propia plataforma de la fiscalía estatal no contiene las remuneraciones, ésta remite al módulo de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) llamado Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), a través del cual los ciudadanos pueden consultar datos de los sujetos obligados.
Chihuahua, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Morelos, Nayarit, San Luis Potosí y Sinaloa, en cambio, son ocho demarcaciones que no tienen registro disponible porque está ‘en proceso de actualización’ o la base de datos de trabajadores puede revisarse aunque no contenga los salarios que perciben y las columnas estén vacías o en ceros.
La Fiscalía General de Nuevo León, pese a que entró en funciones el pasado mes de abril y lleva cerca de medio año en operación, es la única que no hace alusión alguna a las remuneraciones y no apela al derecho de acceso a la información.
Reporte Índigo reveló desde el 21 de septiembre, por medio de una solicitud de transparencia, que Gustavo Adolfo Guerrero aprobó salarios VIP superiores a los que percibirá el presidente electo que promueve una política de austeridad, Andrés Manuel López Obrador, para él y sus homólogos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Javier Garza y Garza, y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon.
En una segunda entrega dio a conocer que los secretarios Reyvel Medina Reyes, Mauro Zacarías Casimiro y Luis Enrique Orozco Suárez, y Salvador Carrizales Venegas, titular del Órgano Interno de Control, todos trabajadores de la fiscalía, también perciben un sueldo VIP.
Se logró el acceso a los tabuladores, aunque lo que se pidió fue la remuneración bruta y neta de la nómina de trabajadores especificando su puesto, un documento importante al ser la suma de todos los registros financieros y no sólo el rango de los salarios.
El fiscal Gustavo Adolfo Guerrero se niega a dar a conocer los otros beneficios que reciben él y sus colaboradores, adicionales al megasueldo que se recetaron sin autorización del Congreso local.
Un informe de la Red en Defensa de los Derechos Digitales dio a conocer que Nuevo León, a diferencia de otros estados, no tomó medidas de vigilancia para sujetos obligados y registró incumplimientos de transparencia desde la Procuraduría Estatal
El que nada debe…
El director de Transparencia, Acceso a la Información y Asesoría Jurídica y secretario del Comité de Transparencia, Diego Alejandro González Osorio, así como Michael Núñez Torres y Carlos Fernando Rodríguez Almeida, presidente y vocal, respectivamente, votaron por unanimidad para mantener como información reservada la nómina de la fiscalía.En sesión ordinaria, el comité analizó el Acuerdo de Reserva que emitió la Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas de la fiscalía para ocultar los megasueldos y prestaciones. Sin objeciones, acordó no transparentar la información porque pone en riesgo la vida y seguridad de sus funcionarios.
“Un órgano de procuración de justicia está cometiendo arbitrariedades y siendo abusivo. Se presta a que los recursos públicos se ejerzan a discreción. La nómina es algo que se tiene que tener de oficio, el Comité sesionó para hacer una ilegalidad”, expresa en entrevista con Reporte Índigo, Juan Manuel Ramos, presidente de la organización no gubernamental Redes Quinto Poder.
Ramos sostiene que es una contradicción no proporcionar el nombres bajo el argumento de vulnerar la seguridad.
“El fiscal es una persona conocidísima que se designa públicamente, sería imprudente y hasta ilegal pretender esconderlo, es una contradicción. El nivel de inseguridad es algo a tomar en cuenta pero es muy fácil si tiene más de 20 guaruras, camionetas blindadas y gana no sé cuánto”En su derecho de réplica, Gustavo Adolfo Guerrero justificó la autoaprobación de megasueldos en alusión a que la Fiscalía General de Nuevo León es un órgano autónomo e independiente, pero Ramos se manifiesta en contra.
“La autonomía simplemente es de gestión, es para que nadie se pueda meter en la designación de sus trabajos, en sus acciones para llevar a cabo indagatorias, pero aquel que reciba un peso es igual de obligado que los demás. La autonomía y la rendición de cuentas no se eximen una a la otra”, dice el presidente de la organización civil.
Juan Manuel Ramos menciona que las leyes de transparencia también abarcan prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos ycompensaciones.
“La nueva Ley de Transparencia contempla a las prestaciones, al chofer, al carro, al guarura, es decir, el sueldo no solamente se constriñe al tabulador. Hay prestaciones oscuras que pueden sumar los 200 mil pesos”, señala.
El presidente de Redes Quinto Poder también advierte las consecuencias que pueden derivarse de no hacer públicos datos que por ley deben darse a conocer.
“Que no haya transparencia lleva a la no rendición de cuentas. Al no tener la nómina publicada pueden tener aviadores, lo que lleva a la corrupción porque es quien va y nada más cobra”, expresa.
Uno de los contrapesos para que la ciudadanía pueda ejercer un control democrático sobre las autoridades es la transparencia y Nuevo León vive en la opacidad.
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