Colocarse
por arriba de los BRICS hubiese sido una aspiración apenas hace seis
años, sin embargo, hoy no es sino sinónimo de que a México le sigue
faltando mucho por avanzar en libertad económica.
El pasado 25 de septiembre, Instituto Fraser de Canadá (el mejor Centro de Pensamiento de ese país y uno de los mejores 25 del mundo) publicó su conocido Economic Freedom of the World: 2018 Annual Report, donde México se ubica en el segundo cuartil de libertad económica.
Dicho así aplaude, pero en realidad está en la posición 82 de entre 162 países. Los rankigns de otras grandes economías son Alemania (20), Japón (41), Italia (54), Francia (57), Rusia (87), India (96), China (108) y Brasil (144).
En el top ten están Hong Kong y Singapur, con el 1-2, y los del primer decil son Nueva Zelanda, Suiza, Irlanda, Estados Unidos, Georgia, Mauritania, Reino Unido y Australia y Canadá, empatados en la décima posición.
Este indicador se comenzó a levantar en 1980 con 100 países y mide el grado en que las políticas e instituciones de un país apoyan la libertad económica entendida como libertad personal para elegir y consumir, libertad de comercio, libertad para entrar a los mercados, libertad para competir, seguridad de las personas y garantía de propiedad privada.
Bueno, obvio, la medianía de México tiene que ver con la debilidad del Estado de derecho, la falta de seguridad y la violencia.
Hay elementos como el manejo macroeconómico, la inflación y la libertad cambiaria en donde saca 10, pero en ¡igualdad de género económico saca uno!, entendiendo que el puntaje va de cero a diez.
Traigo esto a colación porque un par de iniciativas de la nueva mayoría morenista le han parado la ceja y estirado la cara a una buena cantidad de inversionistas de sectores como el energético, el inmobiliario, el que invierte en infraestructura y, por supuesto, la tiene bajo la lupa el Consejo Coordinador Empresarial, que preside Juan Pablo Castañón, y todos los integrantes del sector financiero mexicano, encabezados por la ABM, que preside Marcos Martínez.
El 27 de septiembre, en el Senado, Xóchitl Gálvez, del PAN, muy identificada con la “causa indigenista”, y cinco morenistas encabezados por Ricardo Monreal, el coordinador de la bancada, presentaron una iniciativa para “expedir la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas” y que abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Un instituto en lugar de la comisión supone autonomía, y su atribución —lo relevante hasta para la agricultura del CNA, que preside Bosco de la Vega)— es que sería su obligación “apoyar a los pueblos indígenas y definir los lineamientos que garanticen la implementación de procesos de consulta informada, cuando se prevén medidas legislativas, administrativas, programas y proyectos que afecten sus derechos, definir medidas para proteger sus derechos de propiedad intelectual (de quién es el mezcal o la bacanora y el tequila), y apoyar la protección y reconocimiento de sus tierras, territorios y recursos naturales”.
Luego, fíjese usted, que el 2 de octubre, justo después del evento que recordó el 50 Aniversario del Movimiento Estudiantil del 68 que acaparó todo el reflector y después se abandonó el recinto, en la Cámara de Diputados, el diputado Zoé Robledo de Chiapas, también presentó su iniciativa para expedir la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y abroga a la Comisión. El mismo título y la misma bancada.
Sólo que en esta segunda se incorporan que el instituto “deberá garantizar e implementar los procesos de consulta y consentimiento libre, previo e informado, cada vez que se prevean medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar sus derechos y luego promover medidas para que “los pueblos indígenas puedan tener sus propios medios de comunicación e información (creo que eso ya está en las reglas de radiodifusión para permisionarios y comunitaria), pero le abren la obligación para que accedan a los medios de información y comunicación no indígenas públicos y privados haciendo uso de su cultura y su lengua.
Mire, justamente el Índice de Libertad Económica otorga 2.64 a la cantidad de mordidas y pagos por chantajes políticos o de organizaciones. La impresionante industria del plantón y de la marcha, justamente hace uso de esas “movilizaciones” de “pueblos e indígenas”, que son en realidad utilizados de “carne de cañón” para el chantaje, a veces con motivos disque ambientales, otras con motivos raciales, y no hay una definición clara como en Canadá de quiénes se deben considerar indígenas y cómo preservar la convivencia clara entre propiedad comunitaria e indígena y propiedad privada.
Vea el caso y es el estilo. ATCO es una empresa canadiense que tiende ductos para facilitar el paso de recursos energéticos en México.
Tiempo atrás le comenté que Julio César Ángeles Mendoza, exalcalde de Tula de Allende y quien recientemente protestó como diputado federal por el Distrito V por la coalición Juntos Haremos Historia de Morena, PT y PES, ha estado en prisión dos veces y ha sido liberado.
A él lo acusa ATCO, que dirige James Delano, por detener la obra del gasoducto que se construye en Hidalgo para llevar gas natural a la termoeléctrica de CFE, que dirige Jaime Hernández en Tula, lo que ha implicado que una inversión de 50 millones de dólares no pueda concluirse y que los industriales sigan furiosos de la Concamin, que preside Francisco Cervantes, porque la CFE tiene altos costos de logística para el suministro de gas natural en sus plantas y traigan un fuerte problema entre empresarios y la CRE por cómo se mide el costo.
Ahora, por increíble que parezca, Ángeles Mendoza en la Legislatura que recién comienza fue elegido como uno de los secretarios de la Comisión de Energía.
Además, ha estado ausente en dos de las tres votaciones que se llevaron a cabo durante el mes de septiembre. El diputado no ha ofrecido razón alguna por su ausencia, a pesar de que sus labores en la Cámara de Diputados apenas van comenzando. Y cuando ha acudido ¡se ha quedado dormido! Son los personajes que empañan la labor de quienes sí trabajan por Morena y, por supuesto, en el equipo de Andrés Manuel López Obrador.
El pasado 25 de septiembre, Instituto Fraser de Canadá (el mejor Centro de Pensamiento de ese país y uno de los mejores 25 del mundo) publicó su conocido Economic Freedom of the World: 2018 Annual Report, donde México se ubica en el segundo cuartil de libertad económica.
Dicho así aplaude, pero en realidad está en la posición 82 de entre 162 países. Los rankigns de otras grandes economías son Alemania (20), Japón (41), Italia (54), Francia (57), Rusia (87), India (96), China (108) y Brasil (144).
En el top ten están Hong Kong y Singapur, con el 1-2, y los del primer decil son Nueva Zelanda, Suiza, Irlanda, Estados Unidos, Georgia, Mauritania, Reino Unido y Australia y Canadá, empatados en la décima posición.
Este indicador se comenzó a levantar en 1980 con 100 países y mide el grado en que las políticas e instituciones de un país apoyan la libertad económica entendida como libertad personal para elegir y consumir, libertad de comercio, libertad para entrar a los mercados, libertad para competir, seguridad de las personas y garantía de propiedad privada.
Bueno, obvio, la medianía de México tiene que ver con la debilidad del Estado de derecho, la falta de seguridad y la violencia.
Hay elementos como el manejo macroeconómico, la inflación y la libertad cambiaria en donde saca 10, pero en ¡igualdad de género económico saca uno!, entendiendo que el puntaje va de cero a diez.
Traigo esto a colación porque un par de iniciativas de la nueva mayoría morenista le han parado la ceja y estirado la cara a una buena cantidad de inversionistas de sectores como el energético, el inmobiliario, el que invierte en infraestructura y, por supuesto, la tiene bajo la lupa el Consejo Coordinador Empresarial, que preside Juan Pablo Castañón, y todos los integrantes del sector financiero mexicano, encabezados por la ABM, que preside Marcos Martínez.
El 27 de septiembre, en el Senado, Xóchitl Gálvez, del PAN, muy identificada con la “causa indigenista”, y cinco morenistas encabezados por Ricardo Monreal, el coordinador de la bancada, presentaron una iniciativa para “expedir la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas” y que abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Un instituto en lugar de la comisión supone autonomía, y su atribución —lo relevante hasta para la agricultura del CNA, que preside Bosco de la Vega)— es que sería su obligación “apoyar a los pueblos indígenas y definir los lineamientos que garanticen la implementación de procesos de consulta informada, cuando se prevén medidas legislativas, administrativas, programas y proyectos que afecten sus derechos, definir medidas para proteger sus derechos de propiedad intelectual (de quién es el mezcal o la bacanora y el tequila), y apoyar la protección y reconocimiento de sus tierras, territorios y recursos naturales”.
Luego, fíjese usted, que el 2 de octubre, justo después del evento que recordó el 50 Aniversario del Movimiento Estudiantil del 68 que acaparó todo el reflector y después se abandonó el recinto, en la Cámara de Diputados, el diputado Zoé Robledo de Chiapas, también presentó su iniciativa para expedir la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y abroga a la Comisión. El mismo título y la misma bancada.
Sólo que en esta segunda se incorporan que el instituto “deberá garantizar e implementar los procesos de consulta y consentimiento libre, previo e informado, cada vez que se prevean medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar sus derechos y luego promover medidas para que “los pueblos indígenas puedan tener sus propios medios de comunicación e información (creo que eso ya está en las reglas de radiodifusión para permisionarios y comunitaria), pero le abren la obligación para que accedan a los medios de información y comunicación no indígenas públicos y privados haciendo uso de su cultura y su lengua.
Mire, justamente el Índice de Libertad Económica otorga 2.64 a la cantidad de mordidas y pagos por chantajes políticos o de organizaciones. La impresionante industria del plantón y de la marcha, justamente hace uso de esas “movilizaciones” de “pueblos e indígenas”, que son en realidad utilizados de “carne de cañón” para el chantaje, a veces con motivos disque ambientales, otras con motivos raciales, y no hay una definición clara como en Canadá de quiénes se deben considerar indígenas y cómo preservar la convivencia clara entre propiedad comunitaria e indígena y propiedad privada.
Vea el caso y es el estilo. ATCO es una empresa canadiense que tiende ductos para facilitar el paso de recursos energéticos en México.
Tiempo atrás le comenté que Julio César Ángeles Mendoza, exalcalde de Tula de Allende y quien recientemente protestó como diputado federal por el Distrito V por la coalición Juntos Haremos Historia de Morena, PT y PES, ha estado en prisión dos veces y ha sido liberado.
A él lo acusa ATCO, que dirige James Delano, por detener la obra del gasoducto que se construye en Hidalgo para llevar gas natural a la termoeléctrica de CFE, que dirige Jaime Hernández en Tula, lo que ha implicado que una inversión de 50 millones de dólares no pueda concluirse y que los industriales sigan furiosos de la Concamin, que preside Francisco Cervantes, porque la CFE tiene altos costos de logística para el suministro de gas natural en sus plantas y traigan un fuerte problema entre empresarios y la CRE por cómo se mide el costo.
Ahora, por increíble que parezca, Ángeles Mendoza en la Legislatura que recién comienza fue elegido como uno de los secretarios de la Comisión de Energía.
Además, ha estado ausente en dos de las tres votaciones que se llevaron a cabo durante el mes de septiembre. El diputado no ha ofrecido razón alguna por su ausencia, a pesar de que sus labores en la Cámara de Diputados apenas van comenzando. Y cuando ha acudido ¡se ha quedado dormido! Son los personajes que empañan la labor de quienes sí trabajan por Morena y, por supuesto, en el equipo de Andrés Manuel López Obrador.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario