CIUDAD
DE MÉXICO, 21 de mayo.- Detrás del Proyecto Cabo Dorado que un
consorcio chino-estadunidense pretende construir en los linderos del
Parque Marino Nacional Cabo Pulmo, en Baja California Sur, se encuentran
como sus principales asesores dos ex funcionarios federales: John
McCarthy y Raúl Arriaga, así como el cabildero de lujo Vicente Fox
Quesada.
De acuerdo con entrevistas y documentos de la Secretaría de Economía y de su división ProMéxico, obtenidos a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, los personajes ligados a la política, turismo y medio ambiente apoyan con su experiencia y contactos el desarrollo turístico que ocuparía un terreno de más de 3 mil 700 hectáreas.
En una comunicación interna de ProMéxico fechada el pasado 28 de enero, Alejandro Delgado Ayala, titular de la Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales, hizo saber al director general, Francisco González Díaz, que en seguimiento a sus instrucciones, “tuve una reunión con Vicente Fox, John McCarthy y el promotor de la inversión Paul Zhang, en la cual se hizo la presentación del Proyecto Cabo Dorado, que consiste en la inversión de 3.6 mil millones de dólares en el sector turístico (sic)”.
A pesar de que todavía no existe una resolución de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sobre los impactos ambientales que tendría la obra sobre el Área Natural Protegida, Delgado Ayala adelanta a su jefe que “en dicha presentación queda claro que no están invadiendo la zona de Cabo Pulmo”.
En la tarjeta informativa, el funcionario comenta además que en el encuentro surgió el extrañamiento del que fuera Presidente de la República y de John McCarthy, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), durante su sexenio de “haber sido excluidos de la reunión con los funcionarios del gobierno de China y el gobierno mexicano llevada a cabo el 20 de enero en Beijing”, donde obviamente se abordó el tema de Cabo Dorado.
Durante su paso por Fonatur, McCarthy fue señalado por la Auditoría Superior de la Federación por un posible daño patrimonial a la hacienda pública de 40 millones de pesos, debido a la venta de terrenos subvaluados en Nayarit, Cancún, Huatulco e Ixtapa.
Además, de que una investigación periodística de 2008 puso al descubierto su participación, cuando todavía era servidor público, en la venta ilegal del predio El Rincón, donde hoy se pretende construir Cabo Dorado, ganando una comisión de un millón 550 mil dólares.
En la comunicación interna de ProMéxico, el titular de la Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales revela también que los promotores de Cabo Dorado le hicieron saber que ellos harían el ingreso “informal” del expediente para la obtención de la manifestación de impacto ambiental (MIA) el 17 de enero de 2014, por lo que se presume una negociación previa, ya que hasta dos meses después (14 de marzo), la Semarnat registró oficialmente la entrada de la MIA.
Al respecto, Juan José Guerra Abud, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), negó que se haya recibido de manera extraoficial y anticipada la manifestación de impacto ambiental de Cabo Dorado, como lo deja ver la comunicación entre funcionarios de ProMéxico.
En tono molesto, aclaró que cualquier solicitud que se presenta a la Semarnat es de carácter oficial y se hace pública inmediatamente en términos de ley, por lo que jamás han recibido una MIA “informal” o confidencial.
“Categóricamente falso, no hay nada que nosotros recibamos extraoficialmente, de nadie; hay gente que se puede acercar y pedir una orientación sobre cuál es el procedimiento para una MIA y se da la información conforme marca la ley, pero decir que recibimos algo en plan de cuates, confidencial, es total y categóricamente falso, lo desmiento”, indicó.
En otro documento de ProMéxico, fechado el 22 de noviembre de 2013, Benjamín Balboa Andrade, director ejecutivo de Apoyos y Servicios informó a Max Mergenthaler Canseco, secretario particular de la dirección general, que “Vicente Fox solicita el apoyo del secretario (de Economía) Ildefonso Guajardo para la obtención de cartas de apoyo que les permitan gestionar los financiamientos requeridos para el financiamiento del Proyecto Dorado, antes conocido como Cabo Cortés (sic)”.
En la llamada ficha técnica-informativa, Balboa Andrade sugiere solicitar a los representantes legales del consorcio chino-estadunidense la documentación sobre sus actas constitutivas, poderes, manifestación de impacto ambiental (MIA) aprobada por la Semarnat, Registro Nacional de Inversión Extranjera y título del terreno, donde se pretenden construir, entre otros.
“Lo anterior permitirá dar certeza sobre la situación legal del proyecto, a fin de definir la procedencia o no de una carta de recomendación para llevar a cabo las gestiones conducentes ante diferentes autoridades y ante la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de la República Popular de China”, explicó.
De acuerdo con entrevistas y documentos de la Secretaría de Economía y de su división ProMéxico, obtenidos a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, los personajes ligados a la política, turismo y medio ambiente apoyan con su experiencia y contactos el desarrollo turístico que ocuparía un terreno de más de 3 mil 700 hectáreas.
En una comunicación interna de ProMéxico fechada el pasado 28 de enero, Alejandro Delgado Ayala, titular de la Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales, hizo saber al director general, Francisco González Díaz, que en seguimiento a sus instrucciones, “tuve una reunión con Vicente Fox, John McCarthy y el promotor de la inversión Paul Zhang, en la cual se hizo la presentación del Proyecto Cabo Dorado, que consiste en la inversión de 3.6 mil millones de dólares en el sector turístico (sic)”.
A pesar de que todavía no existe una resolución de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sobre los impactos ambientales que tendría la obra sobre el Área Natural Protegida, Delgado Ayala adelanta a su jefe que “en dicha presentación queda claro que no están invadiendo la zona de Cabo Pulmo”.
En la tarjeta informativa, el funcionario comenta además que en el encuentro surgió el extrañamiento del que fuera Presidente de la República y de John McCarthy, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), durante su sexenio de “haber sido excluidos de la reunión con los funcionarios del gobierno de China y el gobierno mexicano llevada a cabo el 20 de enero en Beijing”, donde obviamente se abordó el tema de Cabo Dorado.
Durante su paso por Fonatur, McCarthy fue señalado por la Auditoría Superior de la Federación por un posible daño patrimonial a la hacienda pública de 40 millones de pesos, debido a la venta de terrenos subvaluados en Nayarit, Cancún, Huatulco e Ixtapa.
Además, de que una investigación periodística de 2008 puso al descubierto su participación, cuando todavía era servidor público, en la venta ilegal del predio El Rincón, donde hoy se pretende construir Cabo Dorado, ganando una comisión de un millón 550 mil dólares.
En la comunicación interna de ProMéxico, el titular de la Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales revela también que los promotores de Cabo Dorado le hicieron saber que ellos harían el ingreso “informal” del expediente para la obtención de la manifestación de impacto ambiental (MIA) el 17 de enero de 2014, por lo que se presume una negociación previa, ya que hasta dos meses después (14 de marzo), la Semarnat registró oficialmente la entrada de la MIA.
Al respecto, Juan José Guerra Abud, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), negó que se haya recibido de manera extraoficial y anticipada la manifestación de impacto ambiental de Cabo Dorado, como lo deja ver la comunicación entre funcionarios de ProMéxico.
En tono molesto, aclaró que cualquier solicitud que se presenta a la Semarnat es de carácter oficial y se hace pública inmediatamente en términos de ley, por lo que jamás han recibido una MIA “informal” o confidencial.
“Categóricamente falso, no hay nada que nosotros recibamos extraoficialmente, de nadie; hay gente que se puede acercar y pedir una orientación sobre cuál es el procedimiento para una MIA y se da la información conforme marca la ley, pero decir que recibimos algo en plan de cuates, confidencial, es total y categóricamente falso, lo desmiento”, indicó.
En otro documento de ProMéxico, fechado el 22 de noviembre de 2013, Benjamín Balboa Andrade, director ejecutivo de Apoyos y Servicios informó a Max Mergenthaler Canseco, secretario particular de la dirección general, que “Vicente Fox solicita el apoyo del secretario (de Economía) Ildefonso Guajardo para la obtención de cartas de apoyo que les permitan gestionar los financiamientos requeridos para el financiamiento del Proyecto Dorado, antes conocido como Cabo Cortés (sic)”.
En la llamada ficha técnica-informativa, Balboa Andrade sugiere solicitar a los representantes legales del consorcio chino-estadunidense la documentación sobre sus actas constitutivas, poderes, manifestación de impacto ambiental (MIA) aprobada por la Semarnat, Registro Nacional de Inversión Extranjera y título del terreno, donde se pretenden construir, entre otros.
“Lo anterior permitirá dar certeza sobre la situación legal del proyecto, a fin de definir la procedencia o no de una carta de recomendación para llevar a cabo las gestiones conducentes ante diferentes autoridades y ante la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de la República Popular de China”, explicó.
A dos de tres caídas
En los últimos cuatro años, el paraíso marino de México conocido como Cabo Pulmo, en Baja California Sur, ha enfrentado tres intentos de construir desarrollos turísticos de grandes proporciones que pondrían en riesgo el único arrecife vivo del Golfo de California o Mar de Cortés, que fue bautizado por el legendario explorador francés, Jacques Cousteau como El acuario del mundo.
Primero fue el Proyecto Cabo Cortés, que después de una campaña de protestas, el 15 de junio de 2012, el entonces presidente Felipe Calderón canceló a la empresa española Hansa, porque no pudo demostrar la sustentabilidad de la obra y porque podría generar un daño irreversible al medio ambiente.
En agosto de 2012 se quiso dar un madruguete aprovechando que se acercaba el final del sexenio, con una nueva propuesta para construir Los Pericúes, pero los propios inversionistas de OHL Desarrollos, también españoles, se desistieron de la evaluación de impacto ambiental, argumentando que integrarían los comentarios de sociedad y organizaciones civiles a sus planteamientos.
Actualmente, el consorcio formado por la empresa china Beijing Sansong y la estadunidense Glorious Earth Group pretende desarrollar lo que sería uno de los complejos turísticos más grandes de México, que llevaría el nombre de Cabo Dorado, con un total de 22 mil 503 cuartos, distribuidos en nueve hoteles y seis mil 141 residencias multifamiliares y unifamiliares.
“Si sumamos los 4 mil 80 cuartos de los hoteles, los 18 mil 423 cuartos de las unidades residenciales, el proyecto contará con un total de 22 mil 503 cuartos que se edificarán a lo largo de diez años”, precisó Óscar Maldonado, representante de La Rivera Desarrollos, promotora de Cabo Dorado.
Adicionalmente, se quieren construir dos campos de golf; una aeropista; un ducto de 14 kilómetros para extraer agua del acuífero Santiago; un centro de intercambio cultural; un centro de investigación en ciencia y tecnología del Mar de Cortés y el Desierto de Baja California Sur; un centro deportivo de alto rendimiento; un campus universitario y un centro de comercio y promoción de la inversión.
En los tres proyectos de desarrollo en las cercanías de Cabo Pulmo ha estado la mano de Raúl Arriaga Becerra, subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Semarnat en la administración de Vicente Fox, quien en su momento enfrentó un proceso administrativo por la presunta entrega de manera ilegal de permisos de caza y por autorizar la importación de 28 delfines nariz de botella de las Islas Salomón.
En entrevista con Excélsior, el biólogo de profesión aseguró que duerme tranquilo con el Proyecto Cabo Dorado, aun cuando en algún tiempo le tocó estar del otro lado, defendiendo los recursos naturales desde el gobierno y ahora promueve un desarrollo.
En los últimos cuatro años, el paraíso marino de México conocido como Cabo Pulmo, en Baja California Sur, ha enfrentado tres intentos de construir desarrollos turísticos de grandes proporciones que pondrían en riesgo el único arrecife vivo del Golfo de California o Mar de Cortés, que fue bautizado por el legendario explorador francés, Jacques Cousteau como El acuario del mundo.
Primero fue el Proyecto Cabo Cortés, que después de una campaña de protestas, el 15 de junio de 2012, el entonces presidente Felipe Calderón canceló a la empresa española Hansa, porque no pudo demostrar la sustentabilidad de la obra y porque podría generar un daño irreversible al medio ambiente.
En agosto de 2012 se quiso dar un madruguete aprovechando que se acercaba el final del sexenio, con una nueva propuesta para construir Los Pericúes, pero los propios inversionistas de OHL Desarrollos, también españoles, se desistieron de la evaluación de impacto ambiental, argumentando que integrarían los comentarios de sociedad y organizaciones civiles a sus planteamientos.
Actualmente, el consorcio formado por la empresa china Beijing Sansong y la estadunidense Glorious Earth Group pretende desarrollar lo que sería uno de los complejos turísticos más grandes de México, que llevaría el nombre de Cabo Dorado, con un total de 22 mil 503 cuartos, distribuidos en nueve hoteles y seis mil 141 residencias multifamiliares y unifamiliares.
“Si sumamos los 4 mil 80 cuartos de los hoteles, los 18 mil 423 cuartos de las unidades residenciales, el proyecto contará con un total de 22 mil 503 cuartos que se edificarán a lo largo de diez años”, precisó Óscar Maldonado, representante de La Rivera Desarrollos, promotora de Cabo Dorado.
Adicionalmente, se quieren construir dos campos de golf; una aeropista; un ducto de 14 kilómetros para extraer agua del acuífero Santiago; un centro de intercambio cultural; un centro de investigación en ciencia y tecnología del Mar de Cortés y el Desierto de Baja California Sur; un centro deportivo de alto rendimiento; un campus universitario y un centro de comercio y promoción de la inversión.
En los tres proyectos de desarrollo en las cercanías de Cabo Pulmo ha estado la mano de Raúl Arriaga Becerra, subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Semarnat en la administración de Vicente Fox, quien en su momento enfrentó un proceso administrativo por la presunta entrega de manera ilegal de permisos de caza y por autorizar la importación de 28 delfines nariz de botella de las Islas Salomón.
En entrevista con Excélsior, el biólogo de profesión aseguró que duerme tranquilo con el Proyecto Cabo Dorado, aun cuando en algún tiempo le tocó estar del otro lado, defendiendo los recursos naturales desde el gobierno y ahora promueve un desarrollo.
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