Reforma energética y descontrol informativo
E
l titular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, afirmó ayer que a partir de 2015 se pondrá fin a los gasolinazos
y que durante ese año disminuirán los precios de las gasolinas y
diésel. El funcionario agregó que, a consecuencia de la reforma
constitucional en materia energética –cuya legislación secundaria está
por discutirse en el Congreso– y la posterior apertura el mercado de las
gasolinas a la libre importación y comercialización, la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público fijará precios máximos de los combustibles,
por lo que es previsible que se dé una competencia a la baja.
Las declaraciones de Joaquín Coldwell contravienen lo que ha venido
sosteniendo hasta ahora el grupo gobernante respecto del efecto de la
referida reforma en el precio de las gasolinas. Debe recordarse que el
pasado 14 de mayo el presidente de la comisión de Energía del Senado,
David Penchyna –uno de los principales operadores de la reforma
energética–, aseguró que una vez aprobadas las leyes secundarias en la
materia en 18 meses bajarán los precios del gas y la electricidad en el país, pero que las gasolinas
no bajarán de precio, sino que se regirán por el libre mercado.
En un sentido similar se pronunció la propia Presidencia de la República en el reciente intercambio de mensajes con el cineasta Alonso Cuarón. A la pregunta expresa de éste sobre la disminución del precio de los combustibles, el Ejecutivo federal respondió que, a consecuencia de la modificación legal citada, los precios de las gasolinas
podrían incluso aumentar menos que los de otros productos.
Son preocupantes las colisiones declarativas entre las voces del
régimen, en especial en un asunto que, como la reforma privatizadora
recientemente operada, genera oposición, irritación y desánimo en
importantes sectores de la población y cuya consumación, en el nivel
constitucional, fue vista por muchos como muestra de la escasa
representatividad del Congreso de la Unión y de los legislativos
estatales.El deterioro de la capacidad discursiva del grupo gobernante denota, por lo demás, improvisación y falta de claridad en la proyección a futuro de la reforma mencionada y de sus consecuencias, y hace pensar que ésta no fue realizada con los intereses nacionales en mente, sino con una premura que denotaría su verdadero propósito –privatizar los recursos energéticos del país fueran cuales fueren las consecuencias para la sociedad– y que los beneficios anunciados por la campaña oficial para impulsar la medida fueron mera propaganda de coyuntura.
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