Al descubierto una “ola privatizadora” de servicios públicos
Una filtración de documentos
confidenciales sobre las negociaciones confirma las sospechas: el
tratado de libre comercio entre EE UU y la UE incluye los servicios
públicos.
17/06/14 · 20:56
“Lo que había hasta ahora eran conjeturas”, afirma Fátima Aguado, secretaria internacional de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras.
Tras la filtración de tres documentos secretos de trabajo que sirven de
base para las negociaciones del Tratado Transatlántico de Comercio e
Inversiones (TTIP) entre EE UU y la UE, las conjeturas se convirtieron
en certezas. “Lo que quieren hacer es abrir el mercado de los servicios públicos a las empresas estadounidenses”, dice.
“Lo que quieren hacer es abrir el mercado de los servicios públicos a las empresas de EE UU”, dicen desde CC OO En los documentos, publicados el pasado 13 de junio a través de Filtra.la, proyecto en el que colaboran Diagonal, junto con eldiario.es, La Marea y Mongolia, se enumeran los servicios que la Comisión Europea está dispuesta a negociar con el Gobierno de EE UU. Saneamiento de aguas, mutuas, servicios sociales y asociados a la sanidad o la educación son algunos de los sectores que, según los documentos filtrados, podrían ser objeto de liberalización.
El TTIP es un extenso ajuste legislativo que desde verano de 2013 están negociando la UE y EE UU. La sexta ronda de negociaciones tendrá lugar en Bruselas a partir del 14 de julio. “El objetivo de la Comisión Europea y los funcionarios estadounidenses es llevar a cabo las conversaciones lo más rápidamente posible y sin que los detalles lleguen a la opinión pública, con la esperanza de cerrar las negociaciones antes de que la ciudadanía en Europa y EE UU descubra la verdadera envergadura de la amenaza que supone el TTIP”, comenta John Hillary, de la organización londinense War on Want.
Como han admitido funcionarios de ambas partes, la principal función de este tratado es eliminar las “barreras” que limiten los beneficios de las corporaciones a ambos lados del Atlántico. Estas “barreras” son en realidad normativas en materia de derechos sociales, laborales y ambientales. “Además de su programa desregulador, el TTIP también pretende crear nuevos mercados abriendo el sector de los servicios públicos y la contratación pública a las empresas transnacionales, lo que amenaza con provocar nuevas olas de privatizaciones en sectores clave como la sanidad o la educación”, alerta Hillary.
En una carta a John Boehner, portavoz de la Cámara baja de EE UU, el representante de Comercio de EE UU, Demetrios Marantis, confirmaba que usará el TTIP para “cuestionar el funcionamiento de cualquier monopolio designado”
en el ámbito de los servicios públicos. En consecuencia, como relata
John Hillary, algunos miembros del Parlamento británico han alertado de
que el TTIP podría “destruir” el Servicio Nacional de Salud (NHS) si
las compañías estadounidenses se hacen con el derecho de adjudicarse
contratos de gestión clínica.
Por ello, colectivos como Pacientes Organizados en Defensa del NHS se han sumado a la campaña contra el TTIP. También en el Estado español, la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) denuncia que el TTIP agranda el peligro para el sistema público de sanidad. La federación señala varias amenazas para la sanidad pública europea. En concreto, los gobiernos no podrán recuperar los servicios externalizados o privatizados, aunque “sean un desastre y sus gastos exorbitantes”. Con el TTIP en vigor, el mercado debería abrirse a las corporaciones transnacionales y garantizar que se ofrece a los inversores y proveedores de servicios extranjeros el mismo trato que a los proveedores locales, algo que se conoce en la jerga del derecho comercial como “trato nacional”.
Las compañías de seguros médicos o de servicios hospitalarios podrían impugnar legalmente las políticas públicas de salud
Esta cláusula podría constreñir la capacidad de los Estados para controlar el número y el tamaño de los proveedores privados que entran en el mercado europeo y que dirigen los sistemas de salud. Las compañías de seguros médicos o de servicios hospitalarios podrían impugnar legalmente las políticas públicas de salud. El tema está generando preocupación en sindicatos y en las mareas.
La Comisión Europea ha negado repetidas veces que se esté negociando la liberalización de los servicios públicos. No obstante, también reconoció en el pasado que la cláusula no protege los servicios públicos, dada la restringida definición sobre qué servicios pueden ser excluidos.
En efecto, tal como afirma Pablo Sánchez, responsable de comunicación de la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (EPSU), todo depende de la definición de servicio público. “Cuando la Comisión habla de sanidad pública se refiere a la sanidad financiada por el Estado, pero no a una concesión que una empresa privada, por ejemplo, puede tener con un hospital, y esto deja abierta la puerta casi a cualquier cosa”, añade. El comercio de servicios es una categoría muy amplia que incluye, por ejemplo, la telemedicina, el turismo médico o el movimiento temporal de enfermeras.
Una ambigüedad que puede ser muy rentable para el capital privado y puede profundizar las desigualdades sociales. “En algunos países los servicios sociales se hacen a través de mutuas, es decir, con financiación privada. En otros, como Rumanía, directamente no existen los servicios sociales. Por poner otro ejemplo, Sanitas se ocupa con un contrato de los casos de alzheimer de la Comunidad de Murcia. Todo esto estaría abierto a la liberalización con la firma del tratado”, explica.
Es a través del procesamiento y saneamiento, “el león del proceso productivo”, donde el tratado con EE UU intenta avanzar en la “privatización del agua”
La definición de servicio público de la Comisión Europea tampoco protege el carácter público del agua. Es a través del procesamiento y saneamiento, “el león del proceso productivo”, donde el tratado con EE UU intenta avanzar en la “privatización del agua”, afirma Sánchez. Un ejemplo es la ciudad de Bruselas, donde la gestión del agua es pública, pero el saneamiento es privado, y “cuando se enfadan cierran la planta y, literalmente, toda la mierda va al canal”.
Detrás del tratado, señala Aguado, hay una operación para equiparar a la baja los estándares ambientales, sociales y laborales: “EE UU incumple cinco convenios de la Organización Internacional del Trabajo, particularmente los que tienen que ver con los derechos a la negociación colectiva, la libertad sindical, el salario mínimo y cuestiones de igualdad”.
Otra de las conclusiones que se pueden extraer de la filtración es que será posible liberalizar servicios tan cruciales como la gestión de residuos tóxicos, las licencias de radiodifusión y los estudios de impacto medioambiental. “Ya no es la Administración pública la que con sus inspectores va a hacer un estudio sobre cuál es el impacto de un proyecto, sino que serán grandes corporaciones de auditoría como Deloitte, ‘socio’ de la compañía que desarrolla el proyecto”, dice Pablo Sánchez. Sin embargo, señala este sindicalista, la oposición al TTIP y las primeras filtraciones está dando resultados: “Intentaron hacerlo por la vía rápida y han visto que tienen que hacer consultas con la sociedad civil”.
“Lo que quieren hacer es abrir el mercado de los servicios públicos a las empresas de EE UU”, dicen desde CC OO En los documentos, publicados el pasado 13 de junio a través de Filtra.la, proyecto en el que colaboran Diagonal, junto con eldiario.es, La Marea y Mongolia, se enumeran los servicios que la Comisión Europea está dispuesta a negociar con el Gobierno de EE UU. Saneamiento de aguas, mutuas, servicios sociales y asociados a la sanidad o la educación son algunos de los sectores que, según los documentos filtrados, podrían ser objeto de liberalización.
El TTIP es un extenso ajuste legislativo que desde verano de 2013 están negociando la UE y EE UU. La sexta ronda de negociaciones tendrá lugar en Bruselas a partir del 14 de julio. “El objetivo de la Comisión Europea y los funcionarios estadounidenses es llevar a cabo las conversaciones lo más rápidamente posible y sin que los detalles lleguen a la opinión pública, con la esperanza de cerrar las negociaciones antes de que la ciudadanía en Europa y EE UU descubra la verdadera envergadura de la amenaza que supone el TTIP”, comenta John Hillary, de la organización londinense War on Want.
Como han admitido funcionarios de ambas partes, la principal función de este tratado es eliminar las “barreras” que limiten los beneficios de las corporaciones a ambos lados del Atlántico. Estas “barreras” son en realidad normativas en materia de derechos sociales, laborales y ambientales. “Además de su programa desregulador, el TTIP también pretende crear nuevos mercados abriendo el sector de los servicios públicos y la contratación pública a las empresas transnacionales, lo que amenaza con provocar nuevas olas de privatizaciones en sectores clave como la sanidad o la educación”, alerta Hillary.
Ataque a la sanidad pública
En una carta a John Boehner, portavoz de la Cámara baja de EE UU, el representante de Comercio de EE UU, Demetrios Marantis, confirmaba que usará el TTIP para “cuestionar el funcionamiento de cualquier monopolio designado”
en el ámbito de los servicios públicos. En consecuencia, como relata
John Hillary, algunos miembros del Parlamento británico han alertado de
que el TTIP podría “destruir” el Servicio Nacional de Salud (NHS) si
las compañías estadounidenses se hacen con el derecho de adjudicarse
contratos de gestión clínica.Por ello, colectivos como Pacientes Organizados en Defensa del NHS se han sumado a la campaña contra el TTIP. También en el Estado español, la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) denuncia que el TTIP agranda el peligro para el sistema público de sanidad. La federación señala varias amenazas para la sanidad pública europea. En concreto, los gobiernos no podrán recuperar los servicios externalizados o privatizados, aunque “sean un desastre y sus gastos exorbitantes”. Con el TTIP en vigor, el mercado debería abrirse a las corporaciones transnacionales y garantizar que se ofrece a los inversores y proveedores de servicios extranjeros el mismo trato que a los proveedores locales, algo que se conoce en la jerga del derecho comercial como “trato nacional”.
Las compañías de seguros médicos o de servicios hospitalarios podrían impugnar legalmente las políticas públicas de salud
Esta cláusula podría constreñir la capacidad de los Estados para controlar el número y el tamaño de los proveedores privados que entran en el mercado europeo y que dirigen los sistemas de salud. Las compañías de seguros médicos o de servicios hospitalarios podrían impugnar legalmente las políticas públicas de salud. El tema está generando preocupación en sindicatos y en las mareas.
La Comisión Europea ha negado repetidas veces que se esté negociando la liberalización de los servicios públicos. No obstante, también reconoció en el pasado que la cláusula no protege los servicios públicos, dada la restringida definición sobre qué servicios pueden ser excluidos.
En efecto, tal como afirma Pablo Sánchez, responsable de comunicación de la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (EPSU), todo depende de la definición de servicio público. “Cuando la Comisión habla de sanidad pública se refiere a la sanidad financiada por el Estado, pero no a una concesión que una empresa privada, por ejemplo, puede tener con un hospital, y esto deja abierta la puerta casi a cualquier cosa”, añade. El comercio de servicios es una categoría muy amplia que incluye, por ejemplo, la telemedicina, el turismo médico o el movimiento temporal de enfermeras.
Una ambigüedad que puede ser muy rentable para el capital privado y puede profundizar las desigualdades sociales. “En algunos países los servicios sociales se hacen a través de mutuas, es decir, con financiación privada. En otros, como Rumanía, directamente no existen los servicios sociales. Por poner otro ejemplo, Sanitas se ocupa con un contrato de los casos de alzheimer de la Comunidad de Murcia. Todo esto estaría abierto a la liberalización con la firma del tratado”, explica.
Es a través del procesamiento y saneamiento, “el león del proceso productivo”, donde el tratado con EE UU intenta avanzar en la “privatización del agua”
La definición de servicio público de la Comisión Europea tampoco protege el carácter público del agua. Es a través del procesamiento y saneamiento, “el león del proceso productivo”, donde el tratado con EE UU intenta avanzar en la “privatización del agua”, afirma Sánchez. Un ejemplo es la ciudad de Bruselas, donde la gestión del agua es pública, pero el saneamiento es privado, y “cuando se enfadan cierran la planta y, literalmente, toda la mierda va al canal”.
Acceso ilimitado
“La opinión mayoritaria de los sindicatos europeos es que el TTIP es la directiva Bolkestein por la puerta de atrás”, explica Fátima Aguado, de CC OO. Según los documentos filtrados, la Comisión Europea persigue un nivel de “profundidad sin precedentes” en los compromisos que la UE está dispuesta a asumir en la liberalización del sector de servicios para ofrecer un acceso ilimitado a las multinacionales de EE UU a los mercados europeos, y espera la misma respuesta del Gobierno de EE UU y de sus Estados federales para las multinacionales de la UE.Detrás del tratado, señala Aguado, hay una operación para equiparar a la baja los estándares ambientales, sociales y laborales: “EE UU incumple cinco convenios de la Organización Internacional del Trabajo, particularmente los que tienen que ver con los derechos a la negociación colectiva, la libertad sindical, el salario mínimo y cuestiones de igualdad”.
Otra de las conclusiones que se pueden extraer de la filtración es que será posible liberalizar servicios tan cruciales como la gestión de residuos tóxicos, las licencias de radiodifusión y los estudios de impacto medioambiental. “Ya no es la Administración pública la que con sus inspectores va a hacer un estudio sobre cuál es el impacto de un proyecto, sino que serán grandes corporaciones de auditoría como Deloitte, ‘socio’ de la compañía que desarrolla el proyecto”, dice Pablo Sánchez. Sin embargo, señala este sindicalista, la oposición al TTIP y las primeras filtraciones está dando resultados: “Intentaron hacerlo por la vía rápida y han visto que tienen que hacer consultas con la sociedad civil”.
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