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- Fecha: 24 Jun 2014
- /
- Fuente: Rocío Méndez Robles
Denuncia Contralínea robo de expedientes periodísticos e información confidencial de reporteros
La revista "Contralínea" denuncia que en un
supuesto robo a sus instalaciones, fueron extraídos expedientes
periodísticos y documentos personales de los periodistas que trabajan en
la publicación.
La revista Contralínea. Periodismo de Investigación, denuncia el
asalto a sus instalaciones ubicadas la colonia Del Carmen, Coyoacán, en
la noche del pasado lunes 23 de junio de 2014. En el saqueo, "los
delincuentes se llevaron expedientes periodísticos de los reporteros.
También, documentación personal que algunos periodistas resguardaban en
sus escritorios", denuncia la publicación en un comunicado.
Además, fueron sustraídos 19 equipos de cómputo, incluidas las computadoras portátiles del director Miguel Badillo y el subdirector José Réyez, una cámara de video profesional, 3 pantallas de televisión, equipo de audio, incluida una consola de producción radiofónica. Los ladrones también se llevaron discos compactos con información editorial. Todos los escritorios, gavetas y cajones de la redacción fueron saqueados. Este acto intimidatorio se da en un contexto de agresiones constantes en contra del equipo de Contralínea. Tan sólo el 18 de abril pasado también fue asaltado el domicilio particular del director, sin que hasta la fecha la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal haya podido resolver el caso.
Ello a pesar de existir grabaciones en video de los asaltantes y el vehículo que emplearon (AP: FCY/COY-2/T2/0105071406). Ahora, destaca la revista, tras el robo se observa que la caja fuerte –localizada en la oficina del subdirector– fue violentamente forzada. Algunas puertas y ventanas fueron rotas, además de que los delincuentes movieron las cámaras de vigilancia y cortaron sus cables. Cabe destacar que dichas cámaras forman parte de las medidas cautelares dictadas por la Secretaría de Gobernación a favor de este medio, como parte de los protocolos del Mecanismo de Protección para Defensores y Periodistas. Ello, tras las peticiones hechas directamente por la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se garantizara el libre ejercicio de expresión e información del equipo de Contralínea.
Aunque dicho Mecanismo "también incluía vigilancia permanente al lugar de trabajo, esta nueva agresión demuestra la ineficacia de Gobernación para garantizar y proteger la labor periodística", detalla el equipo editorial.
Como se recordara, a lo largo de su historia Contralínea ha sido
objeto de amenazas, persecuciones, juicios, robos, allanamientos, vetos
publicitarios e informativos gubernamentales, un arresto y una
emboscada. Por ejemplo, el 5 de agosto de 2007 representantes del Grupo
Zeta Gas irrumpieron en las instalaciones de Contralínea; amenazaron con
desaparecer la publicación y exigieron que se les revelaran los nombres
de fuentes de información. Un día después iniciaron las acciones
judiciales. Jesús Zaragoza López, director de Zeta Gas, presentó la
primera de tres demandas por supuesto daño moral ante el Juzgado 44
Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. La demanda
contra la revista y sus periodistas se resolvió en diciembre de 2008
con una resolución condenatoria. Entre las irregularidades del caso
destaca que el juez se excedió al dictar su resolución e impuso
obligaciones de imposible cumplimiento; además, el juzgador de primera
instancia pretendió respaldar su decisión con consideraciones no
jurídicas, sino de apreciación personal y de valor en contra de los
periodistas y del medio.
El 7 de noviembre de 2007 Oceanografía, SA de CV, interpuso un juicio civil por “daño moral” ante el Juzgado 40 de lo Civil, en contra de la revista y de algunos de sus reporteros. Durante las audiencias se cuestionó la calidad de los periodistas, así como de las pruebas ofrecidas por ellos. Se desecharon pruebas de la misma naturaleza y calidad que las ofrecidas por la parte demandante, sin que a ésta se le hayan desechado.
El 13 de agosto de 2008 los abogados Graham Alberto Zubía Félix, Francisco Cuellar Ontiveros, Diego Romero Velasco, el actuario Juan Manuel Aguilar Maya y el perito auxiliar Sergio Guillermo Gonzáles Pulido, de la empresa gasera Zeta Gas, allanaron las instalaciones de Contralínea acompañados por guardaespaldas armados y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Contralínea interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por acoso judicial y amenazas de muerte el 12 de septiembre de 2008.
El 16 de enero de 2009 elementos de la Policía Bancaria e Industrial del Distrito Federal arrestaron a Miguel Badillo, director de Contralínea. El 11 de febrero de 2009 representantes del Grupo Zeta Gas allanaron de nueva cuenta las instalaciones; exigían ingresar a los escritorios y archivos de los trabajadores y periodistas.
El 22 de abril de 2009 Blue Marine Technology Group demandó a Contralínea y a sus periodistas por “daño moral”. Por otra parte, el 14 de septiembre de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 57/2009, donde acredita la discriminación publicitaria de la que es objeto la revista por el gobierno federal, detalla la publicación en un posicionamiento público donde denuncia una larga relación de agravios en contra del medio y su personal.
Además, fueron sustraídos 19 equipos de cómputo, incluidas las computadoras portátiles del director Miguel Badillo y el subdirector José Réyez, una cámara de video profesional, 3 pantallas de televisión, equipo de audio, incluida una consola de producción radiofónica. Los ladrones también se llevaron discos compactos con información editorial. Todos los escritorios, gavetas y cajones de la redacción fueron saqueados. Este acto intimidatorio se da en un contexto de agresiones constantes en contra del equipo de Contralínea. Tan sólo el 18 de abril pasado también fue asaltado el domicilio particular del director, sin que hasta la fecha la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal haya podido resolver el caso.
Ello a pesar de existir grabaciones en video de los asaltantes y el vehículo que emplearon (AP: FCY/COY-2/T2/0105071406). Ahora, destaca la revista, tras el robo se observa que la caja fuerte –localizada en la oficina del subdirector– fue violentamente forzada. Algunas puertas y ventanas fueron rotas, además de que los delincuentes movieron las cámaras de vigilancia y cortaron sus cables. Cabe destacar que dichas cámaras forman parte de las medidas cautelares dictadas por la Secretaría de Gobernación a favor de este medio, como parte de los protocolos del Mecanismo de Protección para Defensores y Periodistas. Ello, tras las peticiones hechas directamente por la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se garantizara el libre ejercicio de expresión e información del equipo de Contralínea.
Aunque dicho Mecanismo "también incluía vigilancia permanente al lugar de trabajo, esta nueva agresión demuestra la ineficacia de Gobernación para garantizar y proteger la labor periodística", detalla el equipo editorial.
Como se recordara, a lo largo de su historia Contralínea ha sido
objeto de amenazas, persecuciones, juicios, robos, allanamientos, vetos
publicitarios e informativos gubernamentales, un arresto y una
emboscada. Por ejemplo, el 5 de agosto de 2007 representantes del Grupo
Zeta Gas irrumpieron en las instalaciones de Contralínea; amenazaron con
desaparecer la publicación y exigieron que se les revelaran los nombres
de fuentes de información. Un día después iniciaron las acciones
judiciales. Jesús Zaragoza López, director de Zeta Gas, presentó la
primera de tres demandas por supuesto daño moral ante el Juzgado 44
Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. La demanda
contra la revista y sus periodistas se resolvió en diciembre de 2008
con una resolución condenatoria. Entre las irregularidades del caso
destaca que el juez se excedió al dictar su resolución e impuso
obligaciones de imposible cumplimiento; además, el juzgador de primera
instancia pretendió respaldar su decisión con consideraciones no
jurídicas, sino de apreciación personal y de valor en contra de los
periodistas y del medio.El 7 de noviembre de 2007 Oceanografía, SA de CV, interpuso un juicio civil por “daño moral” ante el Juzgado 40 de lo Civil, en contra de la revista y de algunos de sus reporteros. Durante las audiencias se cuestionó la calidad de los periodistas, así como de las pruebas ofrecidas por ellos. Se desecharon pruebas de la misma naturaleza y calidad que las ofrecidas por la parte demandante, sin que a ésta se le hayan desechado.
El 13 de agosto de 2008 los abogados Graham Alberto Zubía Félix, Francisco Cuellar Ontiveros, Diego Romero Velasco, el actuario Juan Manuel Aguilar Maya y el perito auxiliar Sergio Guillermo Gonzáles Pulido, de la empresa gasera Zeta Gas, allanaron las instalaciones de Contralínea acompañados por guardaespaldas armados y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Contralínea interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por acoso judicial y amenazas de muerte el 12 de septiembre de 2008.
El 16 de enero de 2009 elementos de la Policía Bancaria e Industrial del Distrito Federal arrestaron a Miguel Badillo, director de Contralínea. El 11 de febrero de 2009 representantes del Grupo Zeta Gas allanaron de nueva cuenta las instalaciones; exigían ingresar a los escritorios y archivos de los trabajadores y periodistas.
El 22 de abril de 2009 Blue Marine Technology Group demandó a Contralínea y a sus periodistas por “daño moral”. Por otra parte, el 14 de septiembre de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 57/2009, donde acredita la discriminación publicitaria de la que es objeto la revista por el gobierno federal, detalla la publicación en un posicionamiento público donde denuncia una larga relación de agravios en contra del medio y su personal.
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