Al gobierno no importan los policías desaparecidos

Al gobierno no importan los policías desaparecidos

Fabiola Martínez

 

Periódico La Jornada
Lunes 20 de octubre de 2014, p. 11

El gobierno no busca a sus policías o agentes desaparecidos, denuncia la madre de una agente del Ministerio Público de quien no sabe nada desde hace cuatro años, cuando realizaba una misión antisecuestro en Durango.

Con la fotografía de su hija en la mano, Yolanda Montes Ortiz afirma que los propios colegas en estas tareas de procuración de justicia no pueden o no quieren ahondar en las investigaciones.
La joven Marasuba Teresa Gómez Montes desapareció el 29 de noviembre de 2010 junto con otros tres profesionistas que debería instalar en la capital duranguense la Unidad Especializada Antisecuestro.
La madre de la agente concluye, tras andar de oficina en oficina estos años, que el Estado mexicano ya no tiene poder.
Los familiares de los desaparecidos caminan juntos de gestión en gestión. Ante el grave problema de la injusticia y la impunidad, les es relativamente fácil llegar hasta los altos funcionarios estatales y federales. Sin embargo, ello no ha servido de nada, al menos en el objetivo central, hallar a sus seres queridos.
La amiga de esta madre fue Margarita Santizo, fallecida el jueves pasado y cuya última voluntad fue que la velaran frente al edificio de la Secretaría de Gobernación, para que no se olvidaran que ella buscó por cinco años, también de manera infructuosa, a su hijo Esteban.

No quiero irme de este mundo sin haber encontrado a mi hija, sin verla, expresa Yolanda.
Gobernación tiene que encontrar a los desaparecidos; que se hagan las pruebas de ADN”, clama.
Ahora es Guerrero, pero en 2011 fue Durango el estado donde se hallaron muchas fosas clandestinas, con más de 300 cuerpos.
Sin embargo, esa entidad no estuvo preparada para hacer los cotejos genéticos. Incluso, agrega, Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República mandó especialistas a capacitar a los médicos forenses de Durango, lo cual pone en evidencia que las autoridades estatales no tenían las habilidades para hacer un análisis eficiente de los cadáveres.
El presidente Enrique Peña Nieto y su equipo son servidores públicos y el Estado tiene que responder por las acciones de esas autoridades, exigió en entrevista realizada afuera de la Secretaría de Gobernación.