Vinculan a 13 nuevos municipios con cárteles

Vinculan a 13 nuevos municipios con cárteles

2014-10-20



Por Por MARIA VERZA

MÉXICO (AP) — La Policía Federal ha asumido el control de 13 nuevos municipios por presuntos vínculos con el crimen organizado y con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en el sur de México, informaron autoridades.

Monte Alejandro Rubido, comisionado nacional de seguridad, dijo que durante las investigaciones relacionadas con la búsqueda de los responsables de la desaparición de los alumnos de magisterio hace tres semanas, se han identificado "situaciones irregulares" de presuntos "nexos con la delincuencia organizada" en las policías locales de un total de 13 municipios

Estas localidades se extienden por un área de más de 200 kilómetros en torno a Iguala, donde ocurrieron los ataques a los estudiantes, y pertenecen tanto a la zona norte del sureño estado de Guerrero como al área conocida como Tierra Caliente y el Estado de México.

Por este motivo, Rubido anunció que la Policía Federal se ha hecho cargo de la seguridad pública de esos municipios, los jefes policiales han sido enviados a un centro especial para hacerles la correspondiente certificación y se están revisando todas sus armas.

Entre los municipios que quedan bajo custodia federal están los turísticos Ixtapan de la Sal y Taxco, a menos de 200 kilómetros al sur de la Ciudad de México, y Arcelia, localidad vinculada a las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros del ejército mexicano en Tlatlaya y que también son objetivo de investigación por parte de la fiscalía mexicana.

El resto son Apaxtla, Buenavista de Cuéllar, Coyuca de Catalán, General Canuto Neri, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Pilcaya, Pungarabato, San Miguel Totolapan, Teloloapan y Tlapehuala.

Rubido anunció también la detención del síndico de Iguala, Óscar Chávez Pineda. El alcalde, José Luis Abarca, presunto autor intelectual de las desapariciones y las 6 muertes que tuvieron lugar el mismo día, es buscado por la Interpol desde que se dio a la fuga cuatro días después de los sucesos junto con su esposa y el jefe de la policía.

Las fuerzas federales ya habían desarmado a las policías locales de Iguala y Cocula y habían detenido a un total de 36 agentes presuntamente involucrados en la detención de los estudiantes el pasado 26 de septiembre.

Jesús Murillo Karam, procurador general de la República, había dicho que las policías de esas dos entidades estaban a sueldo del grupo criminal Guerreros Unidos, una escisión del cártel de los hermanos Beltrán Leyva y cuyo líder, Sidronio Casarrubias Salgado, fue detenido el pasado jueves.

Casarrubias calificó los ataques a los estudiantes como "casuales" y negó haber dado la orden de desaparecer o asesinar a los jóvenes aunque dijo que fue informado de la situación y no se opuso, informó Karam entonces.

También reconoció que pagaba la totalidad de los salarios de las policías municipales tanto de Iguala, donde ocurrió la desaparición, como de la localidad vecina de Cocula, que ascendían a 600.000 pesos al mes (unos 45.000 dólares).

El anuncio de hoy implica que los vínculos de la delincuencia organizada con autoridades y policías locales, ya no son asunto de un par de municipios sino un mal mucho más extendido.

Mientras tanto, continúa la búsqueda de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa desparecidos tras los ataques ocurridos en Iguala el 26 de septiembre.

Los trabajos, dijo Rubido, se hacen por tierra, agua y aire —ya se han hecho casi 500 recorridos— , ahora en contacto con el Comité Internacional de la Cruz Roja y los familiares.

Rubido agregó que México ha solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares de protección a las víctimas y que la fiscalía ya ha permitido el pleno acceso de sus abogados a los expedientes de la investigación, una exigencia que los afectados llevaban semanas reclamando.

Las familias de los desaparecidos y estudiantes de la misma escuela acudieron el domingo por la tarde con grandes fotografías de los jóvenes, flores y velas, a una misa homenaje en la basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, donde dejaron constancia una vez más de su máxima exigencia: que las autoridades les entreguen con vida a sus hijos y lo hagan ya.

En la celebración religiosa estuvieron presentes el sacerdote y defensor de derechos humanos Alejandro Solalinde y el poeta y activista Javier Sicilia. Ambos hicieron un llamamiento al gobierno para que esclarezca los hechos de un suceso que calificaron como "crimen de Estado" y que haga alianzas con la ciudadanía.

"Que aparezcan los que estén vivos y se esclarezca el asesinato de los que no lo están. Las autoridades saben cosas que no nos dicen", dijo Solalinde, quien asegura haber hablado con dos testigos que le informaron de que al menos algunos de los jóvenes fueron asesinados e incluso quemados vivos.