Guerrilla de izquierdas declara la guerra a los narcos que mataron a estudiantes en México
17:49 10/10/2014
Ciudad de México, 10 oct (Nóvosti)
En la emboscada de los narcos fueron asesinadas 6 personas, 20 resultaron heridas y 43 aspirantes a maestros fueron secuestrados.
"Se convoca al interior de nuestras filas y al pueblo en general a la conformación de la Brigada Popular de Ajusticiamiento 26 de Septiembre", indica un comunicado y un video difundido por el autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) en el montañoso y conflictivo Estado de Guerrero.
En el video, un encapuchado lee un comunicado, con el fondo de una bandera de México y fotos de los caudillos de la Revolución Mexicana de principios del siglo XX, Emiliano Zapata y Pancho Villa.
El grupo armado afirma que tomó la decisión de "romper el silencio (…) con todo el dolor ante la detención-desaparición de los compañeros normalistas –aspirantes a maestros– y el vil asesinato de otros civiles el pasado 26 de septiembre, en Iguala, Guerrero".
La noche del jueves, la Procuraduría General de la República (fiscalía) anunció que fueron encontradas cuatro fosas clandestinas más con cuerpos calcinados en los cerros que rodean Iguala –sin indicar cuántos – .
A este hallazgo se suman otras seis fosas donde el domingo pasado se encontraron 28 cuerpos más.
Los estudios genéticos podrían tardar al menos dos semanas.
Esa "brigada de ajusticiamiento" ha sido "expresamente fundada para enfrentar en aspectos político-militares esta nueva afrenta del narco-Estado mexicano y, particularmente, al cartel de sicarios del Estado, mal llamado "Guerreros Unidos", dice el comunicado firmado por el ERPI.
La pista del narco en la masacre
"Guerreros Unidos" es un grupo "derivado del cartel de los hermanos Beltrán Leyva, que pelea con otros por el control de Guerrero", dijo a la agencia Nóvosti José Reveles, autor de varios libros sobre narcotráfico, uno de ellos sobre la historia del violento clan Beltrán Leyva.
Ese clan ha venido sufriendo golpes desde 2008, el más reciente la semana pasada, cuando fue arrestado el último hermano, Héctor, apodado "El H", pocos días después de los ataques.
El alcalde de la ciudad de Iguala, a 200 kilómetros al oeste de la Ciudad de México, José Luis Abarca, fue vinculado al grupo de narcotraficante "Guerreros Unidos" en las confesiones de los policías que han sido arrestados, también ha sido declarado prófugo por las autoridades federales.
Abarca fue postulado al puesto por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) la tercera formación política de México, cuya dirección nacional ha pedido "perdón" a la ciudadanía mexicana.
"Hay que recabar toda la información sobre elementos, propiedades e intereses de dicho cártel y ponerlos a disposición del ERPI, por cualquier vía pública o secreta. Declaramos a la Corriente Nueva Izquierda del PRD como cómplice de los hechos del 26 de septiembre del 2014", asevera el grupo armado de izquierdas en su comunicado.
La animadversión contra el PRD en los círculos opositores radicales se hizo notable en las marchas realizadas en las principales ciudades de México el miércoles.
Aquel día, el líder histórico de ese partido, Cuauhtémoc Cárdenas (80 años) –tres veces candidato a la Presidencia– fue agredido por un grupo de manifestantes en las calles del centro histórico, resultando el asesor descalabrado.
Guerrero ha sido territorio de las guerrillas desde los años 70 cuando fueron combatidas y casi exterminadas.
El ERPI apareció con declaraciones en febrero de 1997 y sus primeras acciones armadas ocurrieron en 1998, cuando guerrilleros del grupo fueron cercados por el Ejército en una escuela rural del municipio El Charco, en Guerrero, donde resultaron asesinados 11 rebeldes y hubo 5 heridos y 22 detenidos.
Es una escisión de otra guerrilla, el Ejército Popular Revolucionario (EPR), que surgió en Guerrero después de la masacre de 17 campesinos, cometida por la policía en el poblado de Aguas Blancas en 1997.
Por su parte, el presidente de la República, Enrique Peña, reiteró el jueves que no permitirá la impunidad en este caso, mientras México recibe presiones desde EEUU, la ONU, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, organismos humanitarios y organizaciones civiles mexicanas para que acelere la investigación y castigue a lo culpables.
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