Siete diputados morelenses son vinculados a crimen organizado y delitos
Alfonso Miranda Gallegos
El más notorio de ellos es el exalcalde de Amacuzac, Alfonso Miranda Gallegos.
Los
órganos de inteligencia del gobierno federal y de Morelos detectaron
que siete diputados locales estarían relacionados con el crimen
organizado, entre ellos se encuentra: el petista Alfonso Miranda
Gallegos, cuyo sobrino Santiago Mazari Miranda "El Carrete", funge como líder de "Los Rojos" en la entidad.
Los Rojos son los rivales de Guerreros
Unidos, quienes también operan en Morelos y se les adjudica la
desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, a raíz de la cual se
iniciaron las indagatorias que condujeron a dicho hallazgo.
De acuerdo con Milenio, unos informes probarían la presunta relación de Miranda Gallegos con "El Carrete", así como de otros legisladores que tienen vínculos sospechosos.
Alfonso Miranda se desempeñó como
presidente municipal de Amacuzac de 2009 a 2012; los informes dicen que
en 2010, militares y federales se enfrentaron en contra de una banda
delincuencial donde fallecieron tres. Tras los sucesos el entonces edil
denunció allanamiento de morada y tortura a los habitantes por parte de militares.
En agosto de 2011, una mujer denunció de
manera formal ante la Procuraduría de Justicia de Morelos a los
hermanos Miranda Gallegos: Alfonso y Cándido, posteriormente la mujer
desapareció, según la hija de dicha mujer, "El Carrete" se ocultó en
casa de su madre, amenazándola de muerte mientras era perseguido por el
Ejército, abandonando en la propiedad joyas y ropa, las cuales
reclamaron el exedil y su hermano.
En 2012 el alcalde Noé Reynoso Nava
denunció al exedil por amenazas y agresiones a su persona y su familia
en su domicilio, por parte de hombres armados y encapuchados.
Un año después, la PGJ de Morelos
comenzó una investigación por la muerte del mando policial de Amacuzac,
Justo Buenaventura Jaimes y su escolta, donde uno de los investigados
fue Miranda Gallegos.
Las denuncias continuaron para este año:
la presidenta del Partido del Trabajo local, Tania Valentina Rodríguez,
informó sobre la suspensión de derechos partidistas por una
investigación interna tras denuncias de corrupción.
El 23 de enero, Alfonso organizó una
fiesta en su oficina donde un grupo norteño lo deleitó con
narcocorridos, por lo cual no fue sancionado.
En febrero se le volvió a investigar
porque habría pagado la fianza de un expolicía, Pedro Ramos Hernández,
quien fue detenido por lesiones dolosas contra un vecino de Amacuzac,
además de que posteriormente se le acusó de cometer diversos secuestros
en el sur de Morelos.
Por otra parte, Noé Reynoso,
responsabilizó públicamente al diputado Alfonso del secuestro de su
padre y del asesinato del director de Seguridad Pública, Justo
Buenaventura.
Aunque Miranda Gallegos sea el más
notorio, otros legisladores del Congreso morelense también estarían
involucrados en ilícitos: el panista Javier Bolaños Aguilar,
por actos de corrupción como titular de la Comisión Estatal de Agua y
Medio Ambiente, así como de negocios con el exgobernador Sergio Estrada
Cajigal de los cuales resultaron 200 millones de pesos que no pudieron
comprobarse.
El priista Matías Nazario Morales
es acusado de compra de voluntades y de participar en el desvío de 10
millones de pesos durante la campaña de Amado Orihuela Trejo para
gobernador; además de su compañero de partido Manuel Martínez Garrigós, a quien se le acusa de administración fraudulenta y la desaparición de 40 vehículos.
El ahora priista Juan Carlos Rivera Hernández también es acusado por irregularidades económicas durante su trayectoria política.
Mientras el verde ecologista Ángel García Yáñez es relacionado con actos de extorsión desde su puesto en la Comisión de Hacienda del Congreso de Morelos.
Por su parte, el comisionado estatal de
Seguridad de Morelos, Alberto Capella, fue citado a declarar ante los
diputados tras informar que algunos miembros estaban involucrados con la
delincuencia, para lo cual exigieron pruebas.
Con información de Milenio
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